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Full text of "Jose Enrique Rodo 1972 Actuacion Parlamentaria"

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REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

CAMARA DE SENADORES 

Oficina Asesora 


JOSE ENRIQUE RODO 

ACTUACION PARLAMENTARIA 


Recopilación, introducción y notas 
por el 

Dr. Jorge A. Silva Cencio 


Homenaje en el Centenario del Nacimiento de Rodó 

(1871 - 1971 ) 


Montevideo 

1972 




REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

CAMARA DE SENADORES 

Oficina Asesora 


JOSE ENRIQUE RODO 

ACTUACION PARLAMENTARIA 


Recopilación, introducción y notas 
por el 

Dr. Jorge A. Silva Cencío 


Homenaje en el Centenario del Nacimiento de Rodó 

(1871 - 1971 ) 


Montevideo 

1972 



CAMARA DE SENADORES 


Presidente: 
Primer Vicepresidente: 
Segundo Vicepresidente: 
Secretarios : 


SAPELLI, Jorge 
CAPUTI, Agustín C. 

ZORRILLA DE SAN MARTIN, Alejandro 

PASTOR SALVAÑACH, José 
FARACHIO, Mario 


Prosecretarios : 


DE LA BANDERA, Manuel M. 
ALDAMA, Orlando 


SENADORES 


BARBOT POU, Jorge 
BELTRAN, Washington 
CAPUTI, Agustín C. 

CARRERE SAPRIZA, Justino 
COSTANZO, Nelson D. 
ECHEGOYEN, Martín R. 

ERRO, Enrique R. 

FERREIRA ALDUNATE, Wilson 
GRAUERT, Héctor A. 

HEBER, Mario 

HIERRO GAMBARDELLA, Luis 
JUDE, Raumar. 

MACHADO BRUM, Guido 
MEDEROS, Carminillo 
MICHEUNI, Zelmar 
MONTANER, Jaime 


ORTIZ, Dardo 

PAZ AGUIRRE, Eduardo 

PEREYRA, Carlos J. 

RATH, Angel 
RAVENNA, Walter 

RODRIGUEZ CAMUSSO, A. Francisco 

RODRIGUEZ, Enrique 

SANTORO, Walter 

SINGER, Juan Adolfo 

TERRA, Juan Pablo 

VASCONCELLOS, Amílcar 

VAZ, Alembert 

ZABALZA, Pedro 

ZORRILLA DE SAN MARTIN, 

Alejandro 




Con la publicación de este trabajo sobre la actividad parlamentaria de 
José Enrique Rodó, la Secretaría de la Cámara de Senadores adhiere a los 
homenajes nacionales que en memoria del ilustre escritor se realizaran con 
motivo del centenario de su nacimiento (15 de julio de 1871 — 15 de julio 
de 1971). 

El Poder Legislativo, que integrara Rodó durante tres Legislaturas, no 
podía permanecer ausente ante este recuerdo nacional de una de las más 
grandes figuras de nuestras letras. Para ello nada mejor que dar a conoció 
miento público una recopilación sistematizada de la labor parlamentaria de 
Rodó, actividad que ocupara una parte importante de su vida. La existencia 
de un valioso trabajo sobre el tema preparado por el funcionario de la Oficina 
Asesora, Dr. Jorge A. Silva Cencío, permitió la rápida concreción de aquella 
finalidad. Esta se vio facilitada, además, por la circunstancia de haberse pro- 
ducido un superávit en el Rubro de Gastos de Impresiones de esta Secretaría, 
lo que permitió la publicación del trabajo sin gastos adicionales. Aconteci- 
mientos ajenos a la voluntad de esta Secretaría y del autor, impidieron la 
aparición de la obra durante el año 1971, tal como estaba previsto. 

La Secretaría de la Cámara de Senadores se complace en entregar ahora 
a los estudiosos de nuestro país, un importante material de trabajo para com- 
pletar el conocimiento de la totalidad de las actividades creadoras de José 
E. Rodó. 




INTRODUCCION 


1. — Dentro de la torrencial bibliografía existente sobre la vida y obra 
de Rodó, uno de los aspectos de su quehacer vital menos frecuentado ha sido 
el relativo a su actividad política y parlamentaria. 

Sin embargo, su intervención en estos campos ilumina adecuadamente 
otras manifestaciones de su itinerario creador, reafirmando las líneas directri- 
ces de su pensamiento, en algunos casos, y abriendo nuevos cauces para el 
enfoque de otras líneas menos advertidas, en otros. 

De ahí, el interés fundamental que un estudio profundo de ambos aspec- 
tos, obviamente interpenetrados, presenta como medio de completar una visión 
cabal del hombre Rodó y de su actividad creadora. 

2. — Representante de la clase medía uruguaya de comienzos de la cen- 
turia, integrante de la generación del 900, su obra se inserta en la corriente 
de la filosofía de la vida, que a fines del siglo XIX y comienzos del XX, 
opera en el campo de las ideas la sustitución del positivismo por una con- 
cepción más rica y compleja, con aportes de un nuevo esplritualismo idealista. 
Rodó supera al positivismo, que fuera el punto de partida de su formación, 
trascendiéndolo en nuevas direcciones, pero sin sacrificar la realidad, que será 
siempre el fundamento de su teoría de los valores. El reconocimiento de la 
vida, de las realidades sicológicas y sociológicas, en todos sus aspectos, en una 
interacción con los factores espirituales, se refleja no sólo en su obra mayor, 
sino también en su actividad política y en sus intervenciones parlamentarias. 

En la actual etapa de la valoración de la obra de Rodó, pueden consi- 
derarse definitivamente establecidos los rasgos que con precisión señala Artu- 
ro Ardao como característicos de su obra y de su acción. Rodó es un autén- 
tico representante de las nuevas corrientes filosóficas — filosofía de la vida — 
y precursor de orientaciones de singular importancia en la historia cultural de 
nuestro siglo. Sustenta un idealismo que hunde sus raíces en una concepción 
empirista y realista del conocimiento. Es un defensor entusiasta de la actividad 
científica y de sus aplicaciones concretas. Reconoce ideas de perfeccionamiento 
individual y colectivo, de justicia social y política, de regeneración artística y 


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literaria. Si bien rehuye los unilateralismos y falsas oposiciones y predica la 
tolerancia, se define con claridad en todos los problemas que se plantea. Como 
veremos, fue un político militante y de larga trayectoria y toda su obra, in- 
serta en el vitalismo de su pensamiento, es un himno a la acción. Tiene una 
viva preocupación por las realidades de su tiempo y lugar y condena con 
dureza al torremarfilismo y al diletantismo. Es un pensador comprometido 
con la realidad histórica circundante. Su interés por las cuestiones sociales 
no va a la zaga de otras direcciones u opciones de su pensamiento. Condena 
a la sociedad mercantilista y utilitaria, no ajustada a su ideal democrático. 
Combate toda forma de oligarquía política y exalta el valor del pueblo en 
la historia. Su americanismo militante constituye una de las direcciones esen- 
ciales de su pensamiento y su acción, con una entrega difícilmente superable. 

Escritor representativo de la actitud que Gaos asigna al pensamiento en 
lengua española — ensayístico, militante, inmanente, estetizante — su contri- 
bución a la historia de las ideas en América es de primera magnitud. Su lugar 
es el de un fundador, un adelantado en muchas dilecciones del pensamiento. 

En su doble condición de artista y pensador, de estilista y de escritor de 
ideas, pocos prosistas pueden parangonársele en nuestro continente. 

3. — Caracterizada sucintamente la obra y actividad de Rodó, podemos 
ahora detenernos en los dos aspectos que ocupan nuestra atención primordial, 
es decir, sus actividades políticas y parlamentarias. Si bien nuestro tema se 
relaciona con las segundas, algunas referencias a las primeras, que esperan 
una necesaria investigación exhaustiva, sirven para completar el conocimiento 
y comprensión de su labor parlamentaria. 

Como todos los hombres del 900, Rodó no se sustrajo a la problemática 
partidaria. Fue un político militante, hombre del Partido Colorado, del Par- 
tido de la Defensa, de temprana iniciación en la vida política, por la que 
mantuvo permanente interés, en una vocación paralela y conflictual, con su 
vocación literaria. Toda su actividad política aparecerá signada, desde sus 
comienzos, por ciertos rasgos generales que conforman su actuación en este 
campo: veneración hacia las tradiciones de su particLo y fe en su futuro; res- 
peto de la legalidad y de la libertad política en todas sus manifestaciones, 
por encima de los intereses circunstanciales de su colectividad política; actitud 
serena y firme en la defensa de las propias convicciones, pero tolerante con 
relación a las opiniones contrarias; equilibrio permanente entre el pensamiento 
y la acción creadora. 

A su inicial vinculación periodística con la candidatura de Cuestas, en 
1887, del que se apartará poco después, sucede, a comienzos del siglo y ya 


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consagrado por su Ariel, su múltiple actividad dentro del grupo juvenil del 
Partido Colorado. Propulsor de la unificación de su partido, el grupo redacta 
manifiestos, organiza actos — en algunos de los cuales Rodó es el principal 
orador — realiza homenajes, manifestaciones, actividades en el interior del país. 
Funda además, el Club Libertad, del cual Rodó será designado primer vi- 
cepresidente. Producida la escisión en esta institución y reducida la impor- 
tancia que el grupo juvenil llegara a adquirir dentro de su partido. Rodó, sin 
ataduras visibles con ninguno de los líderes de su colectividad, y vinculado 
al grupo de ‘independientes”, que apoyará la candidatura presidencial de Juan 
C. Blanco, ingresa a la Cámara de Representantes en la XXI Legislatura 
(1902-1905), en su calidad de primer suplente de la mayoría por el Departa- 
mento de Montevideo, luego de la renuncia de algunos titulares. 

Todo lo relativo a su actuación parlamentaria en esta época, lo veremos 
más adelante. Sólo cabe recordar que, desechada la candidatura presidencial 
de J. C. Blanco, Rodó, al igual que la mayor parte de los “independientes”, 
se inclinará por la de Batlle y Ordóñez, a quien votará en la Asamblea Ge- 
neral. También cabe señalar como afectó su espíritu — por entonces en plena 
gesta de su Proteo — la guerra civil de 1904 y en general todos los procedi- 
mientos políticos que se manejaban, coincidiendo con uno de los períodos de 
hastío y desaliento que es posible marcar en su trayectoria. Toda su corres- 
pondencia durante el período es venero inagotable sobre el tema. 

En 1905, un estado de ánimo similar, lo llevará a renunciar a la banca 
para la que fuera electo como diputado por Montevideo para la XXII Legis- 
latura (1905-1908), conforme lo adelantara a sus más cercanos amigos. 

Por lo demás, en ese rico material de su correspondencia, es posible ubi- 
car como uno de los temas recurrentes, no sólo en esa época, sino también 
en los años posteriores, el de su actividad política. Encontramos como una 
especie de justificación frente a sus corresponsales por dedicarse a esa tarea 
que lo sustrae de otros altos menesteres. 

Pero en 1908, mientras trabajaba aún en el Proteo, es electo nuevamente 
diputado por Montevideo para la XXIII Legislatura (1908-1911). De su ac- 
tuación política en este período, casi exclusivamente centrada en su actividad 
parlamentaria y en el Club Vida Nueva, cuya presidencia ejerció, cabe resal- 
tar sus actitudes independientes frente a los círculos políticos de la época, 
aunque puede considerársele como vinculado con lazos más estrechos con los 
sectores que apoyaban a Batlle, en cuya lista resultará reelecto diputado en 
1911, y a quien votará en la Asamblea General para su segunda Presidencia. 

Pero los desencuentros que las actitudes siempre independientes de Rodó 
y hostiles a todo encasillamiento intelectual y político, habían generado entre 


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ambos, se agudizarán hasta la ruptura, a partir de 1911. Las ideas colegia- 
listas de Batlle y la polarización que la lucha a favor o en contra del ejecu- 
tivo pluripersonal provocó en el país, colocaron a Rodó en franca actitud 
opositora a los fines del Presidente de la República. En general, todas las 
bases — no ya ideológicas o programáticas, sino de política práctica — sobre 
las que se asentaba la gestión del gobernante y los métodos de acción políti- 
ca y partidaria — que Rodó caracterizaría con nítidos perfiles en múltiples ar- 
tículos — opusieron al escritor y al Presidente de la República. La batalla, con 
múltiples escaramuzas, se planteó frontalmente en la Cámara de Diputados 
con motivo del estudio del tema de la Reforma Constitucional (recuérdese el 
mecanismo de reforma previsto en la Constitución de 1830), durante cuya 
consideración Rodó se convirtió en el líder natural de la oposición anticole- 
gialista en la Cámara. A ello se une una intensa actividad en el periodismo 
político y en actos públicos del coloradismo anticolegialista, de cuyo Comité 
Ejecutivo será primer vicepresidente. Por su parte, la prensa batllista atacará 
duramente a Rodó durante esos años. 

Terminada la actuación parlamentaria de Rodó, su prédica política conti-* 
nuó en la prensa anticolegialista. Constituye éste otro de los períodos de ma- 
yores dificultades y pesadumbres en la vida del escritor, hasta que finalmen- 
te y merced a los buenos oficios de sus amigos, puede “oxigenar su alma” en 
su ansiado viaje a Europa, a la postre sin retorno. 

4. — Podemos, ahora, entrar a examinar concretamente la actuación par- 
lamentaria de Rodó. Esta no lia sido hasta hoy estudiada en toda su pro- 
fundidad. El material impreso en libros se limita a dos ediciones. Una de la 
Editorial Cervantes de Barcelona, que incluía junto a otros escritos de Rodó, 
ocho de sus intervenciones parlamentarias más importantes, seleccionadas en- 
tre la primera (XXI) y la tercera (XXIV) Legislaturas en que actuó. Otra, 
en la edición de las Obras Completas de la Editorial Aguilar, para la cual 
Rodríguez Monegal selecciona veintidós de sus más importantes intervencio- 
nes en la Cámara de Representantes, incluidos algunos proyectos de leyes. 

No se ha investigado, en cambio, la actuación de Rodó en el ámbito in- 
terno del Parlamento, en lo relativo a las Comisiones que integró, elemento 
muy importante para orientarnos acerca de los temas que más íntimamente 
movían su interés. 

Tampoco se ha hecho referencia hasta ahora a su actuación en otros órga- 
nos parlamentarios que integró: la Asamblea General, como es obvio, en su 
calidad de representante y la Comisión Permanente, para la cual fuera de-> 
signado en 1912. 


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Toda investigación en el ámbito parlamentario debe limitarse a los Dia- 
rios de Sesiones de la Cámara de Representantes, Asamblea General y Comi- 
sión Permanente, por cuanto no existen actas o versiones taquigráficas de las 
sesiones de las comisiones que integró, en algunas de las cuales tuvo intensa 
actuación, según surge de los debates en Sala o del examen de apuntes que 
es posible ubicar en el Archivo Rodó. 

Intentando una primera aproximación sobre estos temas de su actuación 
parlamentaria poco frecuentados y con omisiones en quienes a ellos han¡ aludido, 
cabe encarecer la conveniencia de conocer la totalidad de la labor parlamen- 
taria de Rodó a nivel de plenario y de comisiones. En parlamentarios de con- 
tinua e intensa intervención en los temas en debate, carece de sentido el exa- 
men atento de todas sus intervenciones, debiendo limitarse éste a aquellas 
de más amplia trascendencia. En el caso de Rodó, la utilidad de examinar 
la totalidad de su actividad parlamentaria, incluso aquellas manifestaciones 
que por su naturaleza de mero procedimiento interno o accesorias al tema 
en debate no suelen ser incluidas en recopilaciones de este tipo, se justifica 
por tratarse d,e un legislador de espaciada actuación, con discursos bien equi- 
librados y armónicos, sin aparentes improvisaciones, no gustoso del debate 
y la réplica fácil. Ciertas interrupciones más o menos vehementes, algunas 
mociones de preferencia, de ordenamiento del debate o constancias de votos, 
etc., son — mucho más que en aquellos legisladores en que tales intervenciones 
son frecuentes — índices reveladores de los temas que le inquietaban y le exi- 
gían una intervención más activa en el debate parlamentario de la que solía 
cumplir. En muchas de las intervenciones de Rodó hasta ahora no publicadas 
en libro, pueden rastrearse ciertas pistas a sumar a las que se encuentran en 
sus discursos más extensos y publicitados. Toda su actuación parlamentaria 
contribuye a iluminar aspectos de su pensamiento y de sus opciones. 

Atendiendo a este criterio totalizador, puede intentarse una sistematiza- 
ción de su labor parlamentaria. Como rasgos generales de la misma, señala- 
remos que su actuación en el Poder Legislativo lo muestra con los caracteres 
básicos de su actitud política y personal: tolerante, deseoso de servir al país, 
propulsor de la pacificación nacional, de la sustitución del odio interpartida- 
rio por la lucha cívica franca y leal y defensor de la organización legal de 
la República. 

Sus intervenciones no son muy frecuentes y en general, sobre todo en su 
primera Legislatura, no gusta de la polémica y la esgrima dialéctica. En las 
otras dos Legislaturas, especialmente en la última, parece ya más suelto, con 
mayor oficio, con intervenciones más frecuentes y diálogos más abundantes, 
como lo exigiría su nueva condición de paladín de la causa anticolegialista en 


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la Cámara de Representantes. Todos sus discursos mayores asumen una es- 
tructura bien delineada y un lenguaje rico, aunque sin alardes literarios. No 
los alargaba indefinidamente con largas tiradas metafóricas ni cúmulo de citas. 
Sostenía que “por regla general, creo en la conveniencia de que la discusión 
parlamentaria se contenga dentro de breves límites. . .” y si bien no leía sus 
intervenciones, solía preparar amplios borradores para sus discursos más im- 
portantes, muchos de los cuales es posible ubicar en el Archivo Rodó. 

En general asistente ai las sesiones, permanecía períodos más o menos 
largos sin intervenir en los debates, abstrayéndose, por diversos medios, de 
la labor parlamentaria. También son relativamente escasos los proyectos de 
ley que presentó y los informes de comisiones que suscribió. Respecto de los 
proyectos presentados en conjunto con otros legisladores y los informes co- 
lectivos, salvo casos notorios — como el Informe sobre el proyecto de horario 
obrero — cabe la duda de si fueron redactados por Rodó o por otro de los 
firmantes. El examen del Archivo Rodó en este aspecto no arroja nueva luz 
sobre el problema. Sin embargo, en la medida en que fueron presentados 
por él, tratándose de proyectos o llevan su firma sin discordias, en el caso de 
los informes, cabe considerarlos como expresivos y representativos de su pen- 
samiento en los temas correspondientes. 

5. — En su primer período parlamentario, Rodó presenta cuatro proyec- 
tos de ley y un artículo aditivo a otro en Sala. Este último y uno de los pro- 
yectos se refieren a temas universitarios: interpretación de una disposición 
constitucional sobre compatibilidades entre el cargo de catedrático de la Uni-* 
versidad y el de legislador — es su primer proyecto y sobre él hará sus pri- 
meras manifestaciones en Sala — y artículo del proyecto sobre supresión de 
exámenes generales y de tesis en la Universidad. El otro proyecto de tras-» 
cendente importancia se refiere a las limitaciones a la libertad de prensa, con 
motivo de los acontecimientos de 1904, procurando minimizar las restricciones 
frente al proyecto más severo del Poder Ejecutivo. Presenta luego un pro- 
yecto interpretativo de una disposición de la ley, una vez sancionada. El últi- 
mo proyecto se refiere a los honores fúnebres a tributar al Presidente de la 
Asamblea General, Dr. Dufort y Alvarez. 

La única Comisión para la que es designado en 1903, es la de Milicias, 
la que no presenta ningún informe. En el año 1904, abandona ésta y es de- 
signado miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales y Constitucio- 
nales. En el mismo año, integra dos Comisiones Especiales para dictaminar 
sobre la situación de los diputados inasistentes y, ante la ausencia en Sala 
de dos de sus miembros, es designado para integrar la Comisión de Legis- 
lación para el estudio sobre tablas del proyecto de amnistía a los participan- 


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tes en los sucesos revolucionarios de 1904. Integra también en este último 
período de la Legislatura, la Comisión de Reforma del Reglamento de la 
Cámara. 

En la Asamblea General, es designado para integrar la Comisión Especial 
de recepción al electo Presidente de la República, José Batlle y Ordóñez. 

Los Informes de Comisión que lucen su firma correspondientes a la Co- 
misión de Asuntos Constitucionales e Internacionales, son los dos relativos a 
la limitación de la libertad de prensa, el de modificaciones a un artículo de 
la Ley de Registro Cívico y de Elecciones, el de Reforma electoral — que fir- 
ma discorde — , el relativo a una Convención Sanitaria Internacional y el de 
Reforma Constitucional. Por la Comisión de Legislación, firma el informe 
sobre amnistía a los participantes en los sucesos políticos de 1904, y ante las 
discrepancias entre las dos Cámaras acerca de este proyecto, al considerarse 
en la Asamblea General, integra la Comisión de Legislación de ésta, firmando 
el informe sobre el texto definitivamente aprobado. Los otaos dos informes 
que suscribe son los de las Comisiones Especiales para informar acerca de 
la situación de los diputados inasistentes, y uno con los integrantes de la 
Comisión de Peticiones sobre una pensión graciable. 

En cuanto a las intervenciones, hemos registrado algo más de cincuenta 
en el total de la Legislatura, de las cuales las más importantes se relacionan 
con los acontecimientos políticos del período. En el tema de las limitaciones 
a la libertad de prensa con motivo de las informaciones sobre los sucesos de 
la guerra civil de 1904, su actuación es prominente, siendo su más importante 
intervención parlamentaria de la XXI Legislatura. El tema que le sigue en 
número de intervenciones y dedicación es otro también relacionado con los 
acontecimientos de 1904, que tanto afectaran a Rodó, y es el relativo a los 
diputados inasistentes y presumiblemente incorporados a las filas revolución 
narias, su emplazamiento y separación del cargo. Anteriores intervenciones 
con motivo del levantamiento de 1903, la necesaria pacificación del país y 
la amnistía a los participantes en el mismo, las manifestaciones con motivo de 
la petición sobre la paz presentada por el Congreso Ganadero a mediados 
de 1904, así como su oposición por razones de oportunidad a la reforma elec- 
toral, propiciada por el Poder Ejecutivo, y su adhesión a la Reforma Cons- 
titucional, completan su actuación en el campo de la temática política, que 
supera largamente a todas las otras en esta Legislatura. 

El otro tema que le sigue, en orden de importancia, es el vinculado a 
cuestiones de la enseñanza: compatibilidad del cargo de legislador con el de 
catedrático de la Universidad, fundamentando su proyecto; supresión de exá- 
menes generales y de tesis en la Universidad; certamen para premiar la me- 
jor obra sobre la defensa de Montevideo. 


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El tercer rubro está constituido por su intervención en asuntos internos 
de la Cámara: publicación de las versiones de las sesiones en la prensa, mo- 
ciones de rectificación de votaciones o prórrogas de hora, reforma del Regla- 
mento de la Cámara, excusación de un representante. 

Las otras intervenciones se vinculan con temas de la previsión social: 
una pequeña modificación meramente gramatical a un artículo de la Ley de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles y manifestaciones sobre dos pensiones gra- 
ciables. 

Ninguna intervención registra en temas económico-financieros, de admi- 
nistración, de salud pública, militares, de fomento rural e industrial, de obras 
públicas, de Derecho Civil, Penal y Procesal, etc. Tampoco interviene en otros 
debates, además de los señalados, sobre otros temas electorales, de enseñanza, 
culturales, de relaciones exteriores, etc. 

En la Asamblea General, su actuación se reduce a la constancia de dos 
votaciones: negativa a la aprobación del informe de la Comisión de Legis- 
lación sobre senadores desterrados y afirmativa a la candidatura presidencial 
de Batlle y Ordóñez. 

6. — En la XXIII Legislatura (1908-1911), la segunda que integró. 
Rodó presenta seis proyectos de ley, individual o colectivamente. Tres tienen 
carácter de homenaje a figuras de nuestra historia cultural o a acontecimien- 
tos históricos: aumento de la contribución del Estado a la realización del 
monumento a José Pedro Varela, elevación de un monumento a Samuel Blixen, 
fondos para la construcción de un monumento al Grito de Asencio. Otros dos 
proyectos se refieren a temas culturales: el que otorga una pensión anual a 
Florencio Sánchez, a fin de que se traslade a Europa y el que exonera de 
impuestos de aduana a los libros que se introduzcan a la República. El último 
se refiere a una pensión graciable. También presenta un proyecto de reso- 
lución sobre procedimiento para la votación de las pensiones graciables. 

En 1908, es designado para integrar las Comisiones de Trabajo y de Bi- 
blioteca, de la que fue elegido Presidente, así como la de Reforma Constitu- 
cional. En el mismo año, integra una Comisión Especial para intervenir en 
los actos de repatriación al Brasil de los restos mortales de los almirantes 
Barrozo y Saldanha da Gama. En 1909, es confirmado en las tres Comisiones 
de Trabajo, Reforma Constitucional y Biblioteca. Y lo mismo ocurre en 1910, 
en que integra también la Comisión Especial de Represión del Alcoholismo. 

En la Asamblea General, es designado para integrar la Comisión que re- 
cibe al Presidente de la República, al inaugurarse el 2° Período de la XXIII 
Legislatura. 


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Como integrante de la Comisión de Reforma Constitucional, firma dos 
informes: el relativo al procedimiento a seguir en el estudio de la Reforma 
de la Constitución y el referente al plazo para la presentación de las enmien- 
das a la Constitución. Como integrante de la Comisión de Trabajo, los dos 
informes medulares sobre los dos únicos temas de la legislación del trabajo 
y de la seguridad social estudiados en la Legislatura: el de horario obrero 
— cuya redacción le pertenece — y el de accidentes del trabajo — realizada 
por E. Lagarmilla — . Es de destacar que el informe sobre el proyecto de ley 
de horario obrero, será el único de sus trabajos parlamentarios, que Rodó in- 
cluirá, con pequeñas modificaciones y adaptaciones, en 1913, en su libro El 
Mirador de Próspero, bajo el título Del Trabajo Obrero en el Uruguay. 

Sus intervenciones en la Legislatura son escasas, pudiéndose registrar alre- 
dedor de cuarenta, sobre temas diversos. Su intervención más importante y 
extensa es la relacionada con la Reforma de la Constitución. La siguen en 
orden decreciente, las manifestaciones pronunciadas con motivo de tratarse 
temas culturales: el proyecto de ley sobre propiedad literaria y artística, que 
origina abundantes intervenciones y el proyecto por él presentado sobre 
exoneración de derechos de aduana a los libros extranjeros importados. Tam- 
bién interviene a favor de la pensión a Florencio Sánchez, de cuyo proyecto 
era co-firmante. En cuestiones de la enseñanza, interviene en el tema de la 
forma de designación del Rector de la Universidad, al considerarse el proyecto 
de nueva ley orgánica de ésta, y en el de supresión de los estudios de latín 
de los planes de estudios secundarios. En asuntos internos, se limita a inter- 
venciones sobre licencias de legisladores e interpretación del Reglamento so- 
bre proyectos sustitutivos. En materia de relaciones exteriores, su única in- 
tervención es el importante discurso sobre el Tratado de Límites con el Brasil. 
En el terreno de la salud pública, sólo encontramos una mera corrección gra- 
matical a un artículo de la ley de farmacias. Igualmente breve es una inter- 
vención en temas agropecuarios, al tratarse el proyecto de exterminación de 
la langosta. En asuntos financieros, sólo propone pequeñas modificaciones 
escritas a planillas presupuéstales, y en el ámbito de la previsión social, inter- 
viene en la aprobación de dos pensiones graciables. En el campo de la legis- 
lación del trabajo, interviene en dos casos: en un tema relativo a trabajos riesgo- 
sos de los menores, al considerarse la ley de protección general al menor y en 
el de accidentes del trabajo, apoyando una extensión del ámbito de aplicación 
de la ley. Pronuncia también un discurso de homenaje fúnebre. 

No hay ninguna intervención de Rodó, en esta Legislatura, sobre temas 
vinculados a la organización de la administración de justicia, de Derecho Civil, 
Comercial o Penal, en asuntos militares, económicos, financieros, de adminis- 


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tración, de obras públicas, de ciudadanía y electorales, de fomento agrario e 
industrial, de conmemoraciones y feriados, etc., que son algunos de los temas 
considerados en la Legislatura. Tampoco interviene, aparte de los casos men- 
cionados, en otros temas culturales, de relaciones exteriores, de enseñanza, de 
previsión social. 

En cuanto a sus intervenciones en la Asamblea General, se reducen a dos: 
manifestaciones con motivo del proyecto de ley vetado por el Poder Ejecutivo 
relativo a los honores militares que deben tributarse a la Iglesia Nacional y 
presentación de una moción, votada afirmativamente, sobre dietas para la si- 
guiente Legislatura. 

7. — En la XXIV Legislatura (1911-1914), la importancia de la actua- 
ción parlamentaria de Rodó aumenta considerablemente. Las circunstancias 
políticas ya referidas le obligan a esta actividad más intensa, sobre todo al 
comienzo de la Legislatura. 

En cuanto a los proyectos de ley presentados individual o colectivamente, 
los temas serán los habituales: prórroga del plazo de inauguración del mo- 
numento al Grito de Asencio, envío a Europa de una persona idónea en estu- 
dios históricos para realizar en España una investigación sobre documentos de 
interés relacionados con la historia nacional, supresión de los días de duelo 
nacional, honores de Ministro a los restos mortales de José Pedro Ramírez, mo- 
dificaciones varias al proyecto de Reforma Constitucional. 

En esta Legislatura, es designado, en 1911, para integrar las Comisiones 
de Instrucción Pública, Biblioteca y Reforma de la Constitución. De las dos 
primeras, será nombrado Presidente. También es designado este año para in- 
tegrar la Comisión Permanente del Poder Legislativo, para el período 1911 - 
1912. En la Comisión Permanente, a su vez, es designado para integrar la 
Comisión de Cuentas. En 1912, habiendo finalizado sus tareas la Comisión 
de Reforma Constitucional, es confirmado en las Comisiones de Instrucción 
Pública y de Biblioteca, presidiendo ambas. También se le designa para la 
Comisión Especial de Represión del Alcoholismo. En 1912, había sido también 
nombrado para integrar una Comisión Especial de tres miembros que concu- 
rriría con una delegación gubernamental al Brasil, con motivo de la muerte del 
Barón de Río Branco, viaje que finalmente no se realizó. En 1913, integra las 
tres Comisiones de Instrucción Pública, de Biblioteca y de Represión del Alcoho- 
lismo y es también designado para integrar una Comisión de parlamentarios 
que intervendrá .en los actos de conmemoración del Centenario de las Ins- 
trucciones del año XIII. 


16 



Excepto los informes de las¡ Comisiones Especiales de Reforma de la Cons- 
titución, que firma discorde en parte, y de Represión del Alcoholismo, todos 
los demás, numerosos, corresponden a la Comisión de Instrucción Pública: gas- 
tos de preparación en el extranjero del personal necesario para la organización 
de establecimientos escolares, documentos de historia a extraer de los archi- 
vos de España, adquisición por el Estado de ejemplares de diversas obras, tí- 
tulos de ingenieros agrónomos y péritos agrónomos, inversiones para construc- 
ción y reparación de edificios escolares, creación de los dieciocho liceos de- 
partamentales de enseñanza secundaria, recompensa a otorgar a Zorrilla de 
San Martín por su obra sobre Artigas, pensión vitalicia a María Stagnero de 
Munar, subvención a la Sociedad Amigos de la Educación Popular, adquisi- 
ción de radium, sueldos progresivos de los profesores de la Universidad, otor- 
gamiento de pensiones a artistas nacionales para que puedan seguir estudios 
en el exterior o prórrogas de los plazos a quienes ya las gozaban. 

En una Legislatura de intensa actividad, con profusión de temas debati- 
dos, las intervenciones de Rodó se hacen más abundantes, superando el cen- 
tenar. Nuevamente los temas político-institucionales ocupan el primer plano 
de su interés. Sus manifestaciones sobre el tema de la Reforma Constitucio- 
nal son múltiples y su actividad indeclinable. La residencia del Presidente 
de la República fuera de la Capital motiva, asimismo, abundantes intervencio- 
nes. También participa en los debates sobre interpelación al Ministro del Inte- 
rior sobre casas de juego y deportación de extranjeros, en los relacionados 
con la elección de 1er. vicepresidente de la Cámara, en los problemas ori- 
ginados por las elecciones en los Departamentos de Rocha y Paysandú, en lo 
referente a la ley de elecciones de la Convención Nacional Constituyente y en 
los motivados por el proyecto de prórroga del plazo de inscripción en el Re- 
gistro Cívico Permanente. Tratándose de temas culturales y de enseñanza, 
registra diversas intervenciones, de las cuales la más importante, con múltiple 
actuación, es la relativa al proyecto de creación de los dieciocho liceos de- 
partamentales, en cuya consideración actúa como miembro informante. También 
realiza diversas manifestaciones con relación a su proyecto de envío a España de 
un investigador a efectos de obtener los documentos atinentes a la historia na- 
cional, a la recompensa a otorgar a Zorrilla de San Martín por su obra sobre 
Artigas, al estado de la Biblioteca Nacional y partidas para la adquisición de 
libros, al otorgamiento de títulos de peritos agrónomos e ingenieros agróno- 
mos, a la subvención a la Sociedad Amigos de la Educación Popular, a la 
compatibilidad del cargo de legislador con el de catedrático de la Universi- 
dad. En las cuestiones internas de la Cámara, registra también una intensa 
actividad: manifestaciones sobre hora de comienzo de las sesiones, reforma 


17 



del Reglamento, excusación de un diputado para integrar una Comisión, se- 
siones sin quorum, errores en la versión taquigráfica, tratamiento de la re- 
nuncia de un diputado, solicitudes de sesiones extraordinarias, mociones de 
orden, declaratorias de sesión permanente, licencia de un legislador, etc. Tam- 
bién propone en dos años consecutivos, un aguinaldo para el personal de la 
Cámara de Representantes y un aumento de retribución a un funcionario. 
En el ámbito presupuestal general, sus únicas intervenciones se limitan a pe- 
queñas modificaciones en planillas presupuéstales. En materia de adminis- 
tración, se interesa en el proyecto sobre adjudicación definitiva de tierras fis- 
cales en ciudades, villas y pueblos del interior e interviene en una cuestión 
lateral planteada durante la discusión de la implantación del monopolio de 
los seguros por el Estado. En lo relativo a derechos individuales, interviene 
en un debate promovido por Fxugoni con relación al derecho de reunión. En 
materia internacional, hace breves manifestaciones al tratarse la creación de 
cargos diplomáticos. Interviene cuando se considera su proyecto de abolición 
de los días de duelo nacional y realiza homenajes ante la desaparición de 
Carlos de Castro y José Pedro Ramírez. Con motivo del conflicto tranviario, 
realiza manifestaciones con relación a una moción propuesta. En el campo de 
la legislación del trabajo, interviene al considerarse el proyecto de ley de ho- 
rario obrero. 

Al igual que en las Legislaturas anteriores, no interviene en debates so- 
bre temas económico-financieros, de fomento agrario o industrial, o de admi- 
nistración, particularmente intensos en estos años, frente a los proyectos de 
nacionalización de diversos servicios. Tampoco lo hace en los temas vincula- 
dos a la salud y las obras públicas, a la administración de justicia, a modifi- 
caciones en la codificación, a las relaciones exteriores, a asuntos militares o 
de previsión social. Algunas cuestiones relacionadas con los temas de la ense- 
ñanza o culturales, tampoco merecen su atención. 

En la Asamblea General, sus dos únicas intervenciones, por cierto de muy 
opuesto signo, son el voto a Batlle como Presidente Constitucional para el 
período 1911 - 1915 y el levantamiento del veto interpuesto por Batlle al pro- 
yecto de honores fúnebres a los restos de Julio Herrera y Obes. 

En el período en que actuó en la Comisión Permanente no registra inter- 
venciones. 

8. — En cuanto a los criterios seguidos para la presentación de esta re- 
copilación, pueden realizarse ciertas aclaraciones: 

1) Siguiendo el criterio totalizador a que hemos aludido y por las ra- 
zones que lo justifican, hemos incluido la totalidad de las intervenciones par- 


18 



lamentarías de Rodó, desde sus discursos mayores hasta sus más pequeñas 
intervenciones, así como todos los proyectos que presentó, individual o colec- 
tivamente, los informes que firmó y la referencia a las Comisiones que integró!, 

2) La totalidad de la actuación parlamentaria de Rodó ha sido dividida 
por Legislaturas, y dentro de ellas, por fichas o numerales, cuyo contenido se 
explica a continuación. 

3) La presentación de cada una de las actividades parlamentarias de 
Rodó en fichas separadas, responde a dos criterios, uno cronológico y otro te- 
mático. Cuando un mismo tema, motiva intervenciones de Rodó en diferentes 
sesiones, cada numeral comprende todas las manifestaciones realizadas en una 
misma fecha, con remisión a las demás fichas donde el tema también es con- 
siderado. Cuando en una misma sesión, las intervenciones versan sobre temas 
diferentes, cada una de ellas es presentada en numerales separados. El título 
que encabeza cada actuación alude al tema principal de la misma. 

4) Las breves notas que inician y cierran cada intervención tienen por 
objeto destacar, dentro de la historia política de la época o de la historia 
parlamentaria del tema, la oportunidad y el alcance de la actuación de Rodó. 

5) A los efectos de ubicar más rápidamente, los distintos tipos de acti- 
vidades parlamentarias a que responde cada numeral, arriba y a la izquierda 
del título, aparecen las iniciales P, I, M, C. o V. 

La primera significa proyecto de ley presentado; la segunda, informe de 
comisión suscrito; la tercera, manifestaciones o intervenciones realizadas en 
Sala; la cuarta, comisiones para las que fuera designado; la quinta, constan- 
cia de voto afirmativo o negativo, en caso de votaciones nominales. Cada nu- 
meral puede comprender una o más de estas distintas clases de tareas, siem- 
pre que hayan sido efectuadas en la misma sesión y sobre el mismo tema. 

6) Con la misma finalidad de facilitar la búsqueda del lector, en el ángu- 
lo superior externo de cada página, se inserta la referencia al año en que se 
desarrolló la actividad de que se trata. 

7) En cuanto al criterio utilizado para la reproducción de los docu- 
mentos, se transcriben los Diarios de Sesiones de los correspondientes órganos 
legislativos, de acuerdo a las siguientes pautas: a) Se ha modernizado la 
ortografía de los vocablos, especialmente en lo que tiene relación con la acen- 
tuación de vocales; b) Se han sustituido las minúsculas por mayúsculas, en la 


19 



denominación de personas públicas, órganos y titulares de los mismos, ajus- 
tándonos a los usos actuales, ya que en los textos de los Diarios de Sesiones 
de la época es muy escasa su utilización; c) En cambio, se ha mantenido fiel- 
mente la puntuación y el frecuente uso de rayas, en la mitad de las frases o 
a su comienzo, que origina, muchas veces, dudas en cuanto a su procedencia; 
d) Algunos notorios errores tipográficos han sido corregidos en el texto. Cuan- 
do ello importa la sustitución de una palabra por otra, se hace la aclaración 
correspondiente al pie de la página. 

JORGE A. SILVA CENCIO. 


20 



XXI LEGISLATURA 




1902 


1) INCORPORACION A LA CAMARA DE REPRESENTANTES. 

En las elecciones del 24 de noviembre de 1901, Rodó figuraba como suplente 
en dos listas: en la proclamada por la Comisión Departamental Colorada de Mon- 
tevideo, encabezada por Carlos de Castro, Blengio Rocca y Serrato, en la que 
aparecía como tercer suplente, y en la “Lista Popular y Patriótica”, encabezada 
por José Saavedra, Martín C. Martínez y Joaquín de Salterain, en la que Rodó era 
el cuarto suplente. Realizada la votación y el escrutinio, la Junta Electoral de 
Montevideo proclamó como representantes electos por la mayoría colorada, a Carlos 
de Castro, A. Dufort y Alvarez, J. Serrato, J. A. Capurro, E. Iglesias, Joaquín de 
Salterain, J. Saavedra y Martín C. Martínez. Y como suplentes a José E. Rodó 
— resultó electo primer suplente con 4911 votos — , L. Brito, A. Guillot, L. Varela, etc. 

En la 1» Sesión Preparatoria de la Cámara de Representantes, del 8/2/902, 
los representantes electos José Saavedra, Martín C. Martínez y Joaquín de Salte- 
rain presentan sus poderes y simultáneamente renuncian al cargo (D. S. C. RR. 
T. 167. Pág. 4). En la misma sesión, la Comisión Departamental del Partido Colo- 
rado de Montevideo, eleva protesta parcial de las elecciones para representantes 
a la XXI Legislatura por ese Departamento. (D. S. C. RR. T. 167. Pág. 4). En 
la 2* Sesión Preparatoria, del 13/2/902, se da cuenta del informe de la Comi- 
sión General de Poderes sobre las protestas de las elecciones en Montevideo, Cane- 
lones y Maldonado y respecto de las renuncias presentadas por los Sres. Saavedra, 
Martínez y Salterain (D. S. C. RR. T. 167. Pág. 10). El informe, que pasa a 
ser considerado en esa sesión, aconseja que se desestimen las protestas — fundadas 
en la intromisión del Poder Ejecutivo convertido en agente electoral y en el de- 
fectuoso escrutinio practicado por la Junta Electoral de Montevideo, en el caso — 
aceptándose los poderes de los representantes electos y que se faculte a la Mesa 
para gestionar el retiro de las renuncias presentadas (D. S. C. RR. T. 167. Págs. 15-16). 
Luego de leído, se aplaza la consideración del informe (D. S. C. RR. T. 167. 
Pág. 17). 

En la 1* Sesión Ordinaria, del 20/2/902, comienza a discutirse el informe. 
Luego de un amplio debate, se levanta la sesión, sin adoptarse resolución (D. S. 
C. RR. T. 167. Págs. 28-83). En la 2* Sesión Ordinaria, del 22/2/902, conti- 
núa la discusión, que finaliza nuevamente sin resolución (D. S. C. RR. T. 167, 
Págs. 86-102). En la 3" Sesión Ordinaria, del 25/2/902, continúa la deliberación, 
sin que tampoco haya pronunciamiento (D. S. C. RR. T. 167. Págs. 105-124). 
Lo mismo ocurre en la 4’ Sesión Ordinaria, del 27/2/902 (D. S. C. RR. T. 167. 
Págs. 128-141). En la 5® Sesión Ordinaria, del 1/3/902, se vota negativamente una 
moción presentada por el Diputado Capurro al iniciarse el debate, que proponía 
el pase del asunto a la Comisión General de Poderes integrada con la de Legis- 
lación (D. S. C. RR. T. 167. Págs. 144-159). Al considerarse nuevamente el tema 
en la 6® Sesión Ordinaria, del 6/3/902, el Diputado Pereda presenta un proyecto 
sustitutivo del propuesto por la Comisión de Poderes, por el cual se declaraban 
nulos los poderes de los tres representantes cuestionados, así como los de algunos 
suplentes proclamados. Sin embargo, se vota afirmativamente el proyecto presen- 
tado por la Comisión de Poderes, en su Art. 19 , por el cual se aceptaban los po- 
deres (D. S. C. RR. T. 167. Págs. 167-176). En esa sesión y en la siguiente, 
del 8/3/902, se discuten otras protestas incluidas en el informe y proyecto. Al con- 
siderarse el artículo que proponía se gestionara el retiro de las renuncias, el Dipu- 


23 



1902 


tado Fiorito presenta una moción sustitutiva, aceptada por la Comisión de Pode- 
res, por la cual directamente se rechazaban las renuncias. Es votada negativamente. 
El diputado Pereda, por su parte, presenta una moción, aceptando las renuncias 
y convocando a nuevas elecciones. El Diputado Lacueva Stirling mociona para que 
se acepten las renuncias y se convoquen a los suplentes respectivos. Se vota nega- 
tivamente la moción de Pereda y afirmativamente la de Lacueva Stirling (D. S. 
C. RR. T. 167. Págs. 196-208). 

En la 8* Sesión Ordinaria, del 13/3/902, la Comisión de Peticiones eleva in- 
forme y proyecto de decreto, convocando a José E. Rodó, Laureano Brito y Al- 
varo Guillot, para ocupar cargos de representantes por Montevideo. Se vota afir- 
mativamente el proyecto (D. S. C. RR. T. 167. Pág. 211). 

En la 10® Sesión Ordinaria, del 18/3/902, Rodó se incorpora a la Cámara de 
Representantes, prestando el juramento de orden (D. S. C. RR. T. 167. Pág. 216). 


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1902 


P. M. 


2) COMPATIBILIDAD DEL CARGO DE LEGISLADOR CON EL DE CATEDRA- 
TICO DE LA UNIVERSIDAD. 

En la 29» Sesión Ordinaria, del 22|5|902, Rodó presenta su primer proyecto y 
hace su primera intervención parlamentaria. El Presidente da cuenta: 

Se va a dar lectura de un proyecto. 

(Se lee lo siguiente): 

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del 
Uruguay, etc., etc. 


DECRETAN: 

Artículo 1° — Los catedráticos de la Universidad de la República no son 
considerados en la condición de empleados del Poder Ejecutivo para los efec- 
tos de los artículos 25 y 31 de la Constitución. 

Art. 2 9 — Comuniqúese, etc. 


José Enrique Rodó 
Representante por Montevideo 


(Apoyados) 

Habiendo sido suficientemente apoyado pasa a la Comisión de Asuntos 
Internacionales y Constitucionales. 

SEÑOR RODO. — No es de ahora, señor Presidente, que profeso yo so- 
bre los artículos 25 y 31 de la Constitución el concepto interpretativo a que 
responde el proyecto que he presentado a la H. Cámara. 

Más de una vez, en conversaciones amistosas, he defendido esa interpre- 
tación, y si no la he formulado públicamente en ocasiones en que hubiese sido 


25 



1902 


oportuno hacerlo, como por ejemplo, durante las últimas elecciones de dipu- 
tados, ha sido sólo porque la condición en que me colocaba mi carácter de 
catedrático de la universidad hubiese privado a mi palabra de la imparciali- 
dad levantada sobre toda sospecha de interés personal que ella pueda tener 
ahora, cuando he dejado de desempeñar una cátedra. 

Establece el proyecto que acaba de leerse que los catedráticos de la uni- 
versidad de la República no serán considerados en la condición de empleados 
del Poder Ejecutivo para los efectos de los artículos 25 y 31 de la Constitución. 

Como se sabe, el artículo 25 incluye a los empleados dependientes del 
Poder Ejecutivo, por servicio a sueldo, entre los ciudadanos exceptuados de 
la posibilidad de ser elegidos representantes; y el artículo 31 hace extensivo 
a las elecciones de senadores el alcance del artículo 25. 

Por más que en los debates de la Asamblea Constituyente no aparece 
definido de una manera precisa el motivo y el alcance de esa disposición 
constitucional, yo creo, señor Presidente, que en lo esencial ese motivo es 
claro y manifiesto. 

Se trata, por medio de esa disposición constitucional, de garantir en el 
candidato a la representación nacional la condición de independencia moral 
respecto del Poder Ejecutivo, independencia difícilmente conciliable con la 
subordinación en que se encuentra el empleado administrativo. 

Tal vez al mismo tiempo se trata en esa disposición constitucional, se 
funda esa disposición constitucional en la incompatibilidad que existe, sin du- 
da, entre las exigencias de la disciplina administrativa y la absoluta libertad 
de acción y de palabra en que conviene que se encuentre el candidato que 
aspira al voto popular. 

Estos fundamentos pueden variarse en lo accesorio, en lo accidental. Re- 
cuerdo, por ejemplo, que alguna vez en esta Cámara, en periodos anteriores, 
se ha dicho por un distinguido colega que ocupa en este período también una 
banca legislativa, se ha dicho que el único fundamento que aparece claramente 
establecido para el artículo 25 en los debates de la constituyente, es el de que 
el Poder Ejecutivo podría ejercer presión sobre el ánimo del empleado por 
obligarlo a aceptar o renunciar el cargo legislativo. Pero de cualquier manera, 
en lo fundamental, el motivo permanece el mismo; — el motivo fundamental 
es la restricción que se reconoce en la libertad del empleado; el motivo funda- 


26 



1902 


mental es la vinculación moral, más o menos forzosa, que se supone entre el 
empleado administrativo y su superior jerárquico, el Presidente de la Repú- 
blica. 

Ahora bien, señor Presidente: si se tiene en cuenta que en la época en 
que se discutió y sancionó la Constitución de la República no existían cate- 
dráticos de la Universidad, puesto que no existía Universidad; y si se demos- 
trase que la índole y naturaleza de las funciones que desempeña el catedrático 
de la Universidad se diferencian esencialmente de las que desempeña el em- 
pleado administrativo, yo creo que sería lógico deducir de ahí que la mente 
de los constituyentes no pudo ser incluir entre los ciudadanos exceptuados por 
el artículo 25 a los que se encuentran en las condiciones de los catedráticos de 
la Universidad. 

Una salvedad explícita, literal, a favor de los catedráticos, no es extraño 
que falte en el artículo 25, puesto que, como ya he dicho, no existían antes 
catedráticos porque no existía Universidad. Pero interpretando de una ma- 
nera recta el espíritu del artículo 25, me parece que quedan fuera de él, que 
quedan fuera de su alcance las condiciones de los catedráticos de la Univer- 
sidad. 

En efecto: la independencia moral de los catedráticos de la Universidad, 
su libertad para la profesión y manifestación de ideas políticas, para la pro- 
paganda de la prensa, de la tribuna, de los clubs, para la intervención activa 
en la dirección superior de los partidos, y en general para todo lo que pueda 
contribuir a alejar la posibilidad de una acción restrictiva sobre ellos de parte 
del Poder Ejecutivo, son antecedentes consagrados, antecedentes indiscutidos 
en los que reposa en gran parte la autonomía de la Universidad y también su 
prestigio. 

Nadie que conozca medianamente la organización de la institución uni- 
versitaria, y más que la organización, el espíritu que la anima, puede desco- 
nocer que la cátedra en nuestro país es una suma inaccesible a las influencias 
y sugestiones del poder, y que se encuentra colocada, desde ese punto de 
vista, en condiciones completamente distintas a las de los empleos adminis- 
trativos. 

Tan es así que, aún en épocas de grandes subversiones políticas, la inde- 
pendencia moral de la Universidad se ha mantenido incólume, lo que ha per- 
mitido que sus catedráticos militasen en la política, escribieran en la prensa. 


27 



1902 


frecuentaran los clubs, sin que se les ocurriese nunca que esa libertad de 
acción pudiera ser coartada como consecuencia de su situación respecto del 
poder administrador. 

Yo no creo que haya nadie, en teoría, que hoy pueda discutir esos dere- 
chos de los catedráticos, porque discutirlos significaría pretender arrebatar a 
la Universidad elementos valiosos que no podrían resignarse a una abstención 
cívica permanente, o en caso contrario, sería arrebatar al movimiento político 
del país, inteligencias y voluntades de primer orden y quizás irreemplazables, 
como son en gran parte los catedráticos. 

Pues bien, señor Presidente: si en nuestro país el catedrático de la Uni- 
versidad puede ser, frente a los actos del Poder Público, puede ser periodista, 
tribuno, propagandista, hombre político; si lo ha sido siempre y sigue siéndolo 
en nuestro país, se sigue de aquí que el sentido del artículo 25 no le alcanza, 
desde que ninguna de las presunciones de coacción que militan contra el 
empleado administrativo son razonables y justas en lo que se refiere al ca- 
tedrático, cuya libertad de acción puede llegar hasta la propaganda militante 
contra la política del gobierno. 

Incluir dentro de los términos, Empleados dependientes del Poder Eje- 
cutivo, a los catedráticos de la Universidad, identificar la dependencia remota 
y en ningún caso restrictiva de los derechos políticos en que se encuentran 
los catedráticos respecto al Poder Administrador, con la dependencia del em- 
pleado administrativo a que se refiere el artículo 25 de la Constitución, no 
me parece razonable, puesto que, aparte de otras consideraciones, la diferen- 
cia esencial que existe entre la situación de ambos para el caso, está eviden- 
ciada por el hecho de que el ejercicio de la política activa, en su más ilimita- 
da amplitud, aún cuando envuelva oposición a los actos del Poder Público, 
es compatible con la condición de catedrático y no lo es en ese y otros casos 
con la condición de empleado. 

Por estas consideraciones, creo yo que una interpretación recta y acertada 
del artículo 25 de la Constitución nos llevaría a eximir de su alcance a los 
catedráticos de la Universidad. Yo sé bien que la opinión general, la opinión 
casi unánime, es que debería ser así: — no sé si la opinión unánime y general 
es que, efectivamente, es así con arreglo a una interpretación recta de la 
Constitución; pero leyendo yo los debates de la Asamblea Constituyente, en 
lo que se refieren al artículo 25, he encontrado ciertos pasajes, ciertas palabras 
que considero completamente favorables a mi tesis. 


28 



1902 


En el seno de aquella asamblea, el defensor más entusiasta, el defensor casi 
único que tuvo el artículo 25 de la Constitución de la República, referente a 
los empleados, fue el constituyente don Antonino Costa. En la peroración del 
constituyente don Antonino Costa, en favor del inciso del artículo 25, encuen- 
tro yo palabras que interpreto en un sentido favorable a mi tesis. 

Hablaba ese constituyente de la conveniencia de excluir de la Asamblea 
Legislativa a los empleados — cito sus propias palabras — a los empleados que 
dependen por su nombramiento del Poder Ejecutivo y que le están sujetos 
inmediatamente. El constituyente don Antonino Costa, defensor del artículo 
25 en el seno de la Constituyente, creía que el alcance de ese artículo se li- 
mitaba a excluir a los empleados dependientes, por su nombramiento, del 
Poder Ejecutivo y que le están sujetos inmediatamente. 

Ahora bien: ni los catedráticos de la Universidad dependen por su nom- 
bramiento exclusivamente del Poder Ejecutivo, puesto que éste sólo hace visar, 
ratificar o sancionar los nombramientos del Consejo Universitario, ni tampoco 
puede hablarse, a propósito de esos catedráticos, de una dependencia inmedia- 
ta como aquella a que se refería el constituyente Costa, sino a lo sumo de una 
dependencia relativa y muy remota. 

Aparte de estas consideraciones de interpretación del artículo constitu- 
cional, podrían hacerse valer otras referentes a la conveniencia práctica de esa 
interpretación, a la utilidad que tendría el país con ella. 

Entre nosotros, señor Presidente, la cultura intelectual no ha llegado to- 
davía a ese grado de adelanto que permite cierta diferenciación, cierta sepa- 
ración entre las funciones intelectuales. 

En los pueblos muy adelantados, de cultura muy avanzada, en los pueblos 
muy civilizados, el catedrático de la Universidad es un especialista como otro 
cualquiera, un profesional que se mantiene recluido en el ambiente de su 
cátedra, lejos de la vida pública; pero entre nosotros, en nuestro país, los ele- 
mentos constitutivos de la alta cultura intelectual son todavía desgraciadamen- 
te restringidos. De modo que necesita del concurso, de la contribución de las 
luces de todos los hombres de estudio al servicio de los grandes intereses 
generales. 

La Universidad perdería gran parte de su fuerza y de su brillo si hubiese 
de privarse de los elementos del Parlamento; y el Parlamento perdería también 
gran parte de su fuerza y de su brillo, si hubiera de privarse de los elementos 
que puede suministrarle la Universidad. 


29 



1902 


Con estas consideraciones me parece haber fundado el proyecto que he 
presentado, y si acaso él llegase a ser discutido, abundaré en consideraciones 
más extensas. 

He concluido. 


(Apoyados) 


(D.S.C.RR. T. 168. Págs. 190 - 192) 

Los Arts. 25 y 31 de la Constitución de 1830, a los que alude el proyecto, dis- 
ponían: Art. 25. No pueden ser electos Representantes: l 9 Los empleados civiles o 
militares, dependientes del Poder Ejecutivo, por servicio a sueldo, a excepción de 
los retirados o jubilados; 2 9 Los individuos del clero regular; 3 9 Los del secular 
que gozaren renta con dependencia del Gobierno. Art. 31. Las calidades exclusivas 
que se han impuesto a los Representantes en el artículo veinticinco, comprenden 
también a los Senadores. 

El proyecto de Rodó no llegó a ser considerado. Años después, Rodó volvería 
sobre el tema (VER: XXIV LEGISLATURA. Nos. 53 y 56). 


30 



1902 


M. 


3) PUBLICACION DE LAS VERSIONES TAQUIGRAFICAS DE LAS 

SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES. 

En la 35» Sesión Ordinaria del 10/6/902, el Diputado Areco, ante la propuesta 
presentada por uno de los periódicos de la Capital para la impresión de las ver- 
siones taquigráficas de las sesiones de la Cámara y habiéndose presentado esa sola 
proposición al llamado a licitación efectuado por la Mesa, mociona para que se au- 
torice a ésta a contratar con la empresa periodística que elija y en la forma que 
crea conveniente, la publicación de las versiones de aquellas sesiones de la Cámara 
que revistan alguna importancia. Rodó apoya la moción en estos términos: 

SEÑOR RODO. — A mí me parece excelente la moción del diputado señor 
Areco; sin embargo, yo la haría extensiva en el sentido de que las versiones 
taquigráficas que se publicasen no fuesen sólo en parte, sino que abarcasen 
el total de las sesiones de la Cámara. 

(Apoyados) 

La moción del diputado señor Areco tiende a que se haga una versión 
pública de las sesiones que revistan alguna importancia. De modo que se 
deja librado al criterio de la Mesa el avaluar o aquilatar la mayor o menor 
importancia de los temas que se traten en cada sesión de la Cámara. Por 
más que yo tenga la más alta idea del criterio de la Mesa, me parece que este 
criterio, por el hecho de ser un criterio humano, no es infalible; y puede con- 
siderar falto de importancia un asunto que, en realidad, revista una importan- 
cia superior. 

En vista de esto, yo hago moción para modificar la del doctor Areco en 
el sentido de que se ordene por la H. Cámara la impresión pública de todas 
las sesiones de esta rama del Cuerpo Legislativo y no solamente de una parte 
de ellas. 

He concluido. 

(Apoyados) 

SEÑOR ARECO. — Desde luego, empiezo por manifestar que no tengo 
inconveniente ninguno en aceptar la ampliación a mi moción, que acaba de 
formular el señor diputado por Montevideo. 


31 



1902 


El fin que me guiaba al determinar que sólo se publicasen las versiones 
taquigráficas de las sesiones que revistiesen alguna importancia, era el de pro- 
curar un ahorro, puesto que entiendo que no podrá hacerse esa publicación a 
precio menor de cuatro o cinco pesos por columna, y hay en realidad muchas 
sesiones que no tienen importancia de ninguna especie para que se autorice 
un gasto semejante . . . 

SEÑOR RODO. — Pero ¿quién gradúa la importancia? 

(D.S.C.RR. T. 168. Pág. 338) 

Se vota afirmativamente la moción con la ampliación propuesta por Rodó. 

El tema se replanteará en la Sesión del 6/9/902 (VER: N 9 6). 


32 



1902 


M.P. 

4) SUPRESION DE EXAMENES GENERALES Y DE TESIS EN LA 

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA. 

En la 16» Sesión Ordinaria del 12/4/902, el Diputado Feliciano Viera presen- 
ta un proyecto, por el cual se propone la supresión de los exámenes generales y 
de las tesis en la Universidad para optar a los grados académicos. En la 41» Se- 
sión Ordinaria del 24/6/902, comienza a considerarse el proyecto, con las modi- 
ficaciones introducidas por la Comisión de Legislación, que aumenta a seis el nú- 
mero de artículos del proyecto y que suprime los exámenes generales teóricos en 
las diversas facultades, pero no los prácticos y las tesis. En esa misma sesión se 
aprueban los dos primeros artículos del proyecto. En la sesión siguiente, celebrada 
el 26/6/902, continúa la discusión y se aprueban con modificaciones, todos los ar- 
tículos. En esas circunstancias, Rodó propone: 

SEÑOR RODO. — Voy a proponer un artículo aditivo del cual pido a la 
Mesa se sirva hacer dar lectura. 


(Lo manda a la Mesa y se lee lo siguiente): 

Artículo 79 — La presentación de tesis no es obligatoria para la obten- 
ción de grados académicos; pero la Universidad llamará a concurso a los gra- 
duandos que quieran presentarlas y premiará en la siguiente forma las tesis 
que conceptúe sobresalientes o notables, si las hubiere: 

Un primer premio, que consistirá en la exención de los derechos de título 
al autor y la impresión de la tesis por cuenta de la Universidad. 

Un segundo y un tercer premio, que consistirán en la impresión de la 
tesis por cuenta de la Universidad. 

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿Ha sido apoyado? 

(Apoyados) 

En discusión. 

SEÑOR RODO. — Señor Presidente: en la petición de los estudiantes, 
que ha dado motivo al proyecto de la Comisión de Legislación que estamos 


33 



1902 


discutiendo, hay un punto sobre el cual la Comisión ha creído conveniente 
aconsejar el mantenimiento de las prácticas vigentes. Me refiero a la presen- 
tación de tesis académicas. 

La Comisión de Legislación funda su parecer a ese respecto, de una ma- 
nera breve y somera. Sin embargo, yo creo que en la petición de los estu- 
diantes no hay ningún punto más fundado, más justificado, que el referente 
a la presentación de tesis. 

(Apoyados) 

Y participando yo de la creencia de que la tesis, como condición obli- 
gatoria, no debe subsistir: pero reconociendo, a pesar de eso, que la supresión 
absoluta y radical de la tesis encierra inconvenientes que luego expresaré, me 
ha parecido poder conciliarse las razones que militan en uno y en otro sen- 
tido, por medio del artículo aditivo que he presentado a la H. Cámara. 

Empiezo en ese artículo por quitar a la tesis todo carácter obligatorio. 
Y no sin razón, señor Presidente; porque, si hemos concedido lo más, si liemos 
concedido la supresión absoluta del examen general teórico y la sustitución 
del examen general práctico por otros medios de prueba que hemos conside- 
rado más eficaces, no veo porqué hemos de negar lo menos, siendo así que 
por muy probada que esté la inconveniencia o la inoportunidad de los exá- 
menes generales, nunca me parecerán ellos tan injustificados, como esa fór- 
mula, enteramente rutinaria, enteramente vacía de la tesis obligatoria. 

Mi parecer sobre la inoportunidad o inconveniencia de la tesis obligato- 
ria, puede formularse por medio de la siguiente disyuntiva: o constituye la 
tesis una exigencia absolutamente vana e inútil, que no demuestra nada, que 
no revela nada, que no requiere ningún esfuerzo apreciable, o constituye la 
tesis, en caso contrario, una exigencia exagerada e injusta, muy por encima de 
las imposiciones razonables a que tiene derecho la Universidad sobre el nivel 
común de los estudiantes. 

Voy a exponer la razón de lo que digo. 

La tesis, como condición obligatoria es una exigencia inútil, vana, incon- 
ducente, si lo que se quiere, al pedirla, es un ejercicio de estudiante, si es 
simplemente un trabajo de compilación, de extractos verificados en textos, sin 
novedad, sin espontaneidad de criterio, sin estilo: sin otros méritos que el de 
la exactitud y el de una laboriosidad mecánica. 


34 



1902 


En ese caso, no solamente la tesis es inútil como prueba de suficiencia, 
porque no añade nada, absolutamente nada a las que el estudiante ya ha 
rendido, sino porque para escribir y presentar un trabajo en esas condiciones, 
no es necesario siquiera haber entrado a estudiar seriamente la ciencia o pro- 
fesión sobre que verse la tesis. 

Puede escribirla entonces cualquiera, absolutamente cualquiera a quien 
no falte un conocimiento superficial del vocabulario técnico, que tenga cierta 
aptitud elemental de redacción, y cierto hábito también elemental de manejar 
libros; y puede escribirla, no sobre una ciencia o profesión determinada, sino 
sobre todas las ciencias y profesiones, aún aquellas que no haya saludado ni 
aún por cortesía. Bastará para ello que se resigne a pasar algunas horas dia- 
rias, durante una o dos semanas, entre los estantes de una biblioteca regular- 
mente nutrida; que lea y extracte diferentes obras que versen sobre determi- 
nado tema, y que diluya después el resultado de esos extractos en una forma 
más o menos personal y correcta. Un abogado o un médico puede escribir 
por ese procedimiento tesis de ingeniería; un ingeniero, tesis jurídicas o me- 
dicales; y cualquier otra persona, a quien no falte cierta facilidad de asimila- 
ción y redacción, puede escribir así tesis sobre todas las ciencias de la enci- 
clopedia, tesis que no tendrán novedad, ni criterio propio, ni mérito superior 
alguno, pero que no carecerán de la exactitud y laboriosidad a que me refería. 
Y en cuanto al examen oral complementario de la tesis, que se exige sobre el 
mismo tema de que ella trata, no me parece que exceda tampoco del alcance, 
del esfuerzo común e indocto, la tarea de improvisar sobre un punto aislado, 
concreto, de la ciencia, un barniz de suficiencia más o menos efímero. 

Ahora, si lo que se exigiese al imponer una tesis, fuera un trabajo verda- 
deramente personal, — la exposición de un juicio propio, una teoría asimilada 
o modificada más o menos personalmente; una crítica honda y certera, una 
observación interesante y sagaz — entonces la tesis pasaría a ser un trabajo 
seriamente científico, que no solamente tendría sobrado valor como prueba 
de suficiencia, sino que envolvería grande honor para el estudiante que fuera 
capaz de presentarlo. 

Pero ocurre preguntar a este respecto, señor Presidente, ¿sería lícito a la 
Universidad exigir de todos los estudiantes semejante cosa; convertir en exi- 
gencia general una tesis de esas condiciones? ¿Es posible que la enseñanza 
universitaria tenga la virtud de convertir en condición general, en propiedad 
de todos, lo que sólo por excepción concede la naturaleza sin el auxilio de la 


35 



1902 


sabiduría acrisolada por la experiencia y por la madurez del juicio? ¿Es po- 
sible que la enseñanza universitaria tenga la virtud de convertir en condición 
general, en propiedad de todos, esa facultad excepcional de ver más clara- 
mente que la generalidad ciertos aspectos de las cosas o de imprimir a la 
dilucidación de las cuestiones el sello vigoroso de que sólo es capaz el talento 
auxiliado por la perseverancia de la vocación y el estudio? 

Indudablemente no. Trabajos de esa naturaleza, tesis así no faltan entre 
las que registran los anales universitarios — yo me complazco en reconocerlo — 
pero ello son el fruto de la inteligencia excepcional, o de una contracción y 
laboriosidad también excepcionales que, sin evidente injusticia no podrían con- 
vertirse en regla común, en condición que pesase indistintamente sobre todos. 

¿Qué hará entonces la Universidad, señor Presidente? ¿Rechazar todas 
las tesis que no se encuentren en este último caso? — No lo hace, ni puede 
ni debe hacerlo. — Así como la Universidad no tiene el derecho de exigir de 
todos los estudiantes exámenes notables y sobresalientes; sino que debe con- 
tentarse con exámenes mediocres y aceptarlos como prueba de suficiencia, así 
también la Universidad no puede exigir de todos los estudiantes tesis que se 
levanten sobre el nivel de la mediocridad. 

Pero hay una diferencia esencialísima: — un examen mediocre vale y sirve 
y es realmente útil como prueba de suficiencia; un examen es universitaria- 
mente bueno siempre que la información científica demostrada por el estu- 
diante en determinada asignatura, es relativamente satisfactoria, — porque con- 
diciones de criterio excepcional y espontáneo no es posible exigirles de todos 
los estudiantes, — mientras que una tesis mediocre, una tesis cuyo único ba- 
gaje consista en una información científica relativa, sobre un punto aislado, 
concreto, de la ciencia, es nulo como prueba de suficiencia porque no añade 
nada a las que el estudiante ya ha rendido; es nula del punto de vista de la 
utilidad, y es nula del punto de vista del mérito. 

Es eso en mi sentir lo que invalida y desautoriza por completo la tesis. 
La Universidad tiene que dar por válidas las tesis aún cuando sean insignifi- 
cantes y anodinas, aún cuando no importen más que un trabajo mecánico, de 
compilación y de resumen, y un trabajo vulgar de redacción; aún cuando no 
revele ni una penetración intelectual más arriba de lo común, ni una contrac- 
ción verdaderamente meritoria, ni una erudición científica excepcional. La 
Universidad sólo rechazará una tesis cuando vea en ella inexactitudes e in- 
correcciones, de que rara vez o nunca se da el caso. Efectivamente: se trata, al 


36 



1903 


escribir una tesis, de un trabajo que el estudiante verifica en su casa, teniendo 
a su disposición amplísimos medios para la depuración y rectificación de da- 
tos de que se vale. 

Resumiendo la argumentación que he aducido hasta ahora, llégase a esta 
conclusión: una tesis verdaderamente buena, la Universidad no tiene derecho 
de exigirla de todos los estudiantes; y una tesis mediocre es inútil, apreciada 
como prueba de suficiencia, y no tiene, por otra parte, ningún interés ni utili- 
dad para el movimiento científico del país. 

Pero se me dirá, señor Presidente, (y es un argumento que insinúa ya 
la Comisión de Legislación en su informe), si se reconoce que entre las tesis 
presentadas había algunas notables y sobresalientes, bien vale la pena de man- 
tener la tesis como condición general, a fin de dar lugar a que esas tesis so- 
bresalientes o notables se presenten. La excepción, se dirá, justifica en este 
caso la regla. Preséntense en buen hora cien tesis insignificantes o mediocres, 
con tal que la Universidad gane dos o tres tesis verdaderamente útiles y bri- 
llantes. 

Yo reconozco la parte de verdad que hay en este argumento; yo lo reco- 
nozco más que nadie, porque tengo apasionado entusiasmo por todo lo que 
pueda significar para mi país un honor o un progreso en la esfera intelectual, 
y mal podría yo, conscientemente, tender a que se disminuyera en lo más mí- 
nimo la posibilidad de que en mi país se produjesen trabajos intelectuales de 
mérito. Pero en el proyecto que he presentado a la H. Cámara está prevista y 
resuelta esta dificultad. 

Rige actualmente en la Universidad una disposición muy sabia y muy 
justa, según la cual se recompensan las tesis notables o sobresalientes, por me- 
dio de ciertos privilegios y exenciones *. Mantengamos, en buen hora, esta dis- 
posición; estimulemos a los estudiantes a que se apliquen con verdadero ahín- 
co, con amor verdadero, a escribir tesis que salgan de la esfera de lo vulgar. 
El estudiante que se considere con fuerzas para ello, el estudiante que tenga 
aptitudes naturales, contracción, laboriosidad, dedicación suficientes para escri- 
bir una tesis que merezca ser leída y aprobada, escribirá y presentará tesis, 
no solamente porque será movido a ello por el estímulo material de la exen- 
ción de sus derechos de título, sino porque tendrá también el estímulo moral 
de salir de la Universidad con el antecedente de una distinción honrosa y 


* En el original del Diario de Sesiones, excepciones en lugar de exenciones. 


37 



1902 


halagüeña, que al mismo tiempo que puede ser el punto de partida de su 
reputación intelectual, puede favorecerle para el ejercicio lucrativo de su pro- 
fesión . 

De manera que, por el artículo aditivo que yo he propuesto, la tesis con- 
serva * todos sus inconvenientes, deja de ser una fórmula vana como es ahora, 
y se convierte en un verdadero torneo intelectual, con influencia positiva en 
el estímulo de la producción científica. 

El único argumento que la Comisión de Legislación insinúa a favor del 
mantenimiento de la tesis en su forma actual, es el de que ella constituye una 
costumbre tradicional, con arraigo en las viejas Universidades. Pero, desde 
luego, me parece que la tradición por sí sola es un argumento poco decisivo 
en tiempos en que la ciencia y los métodos de la enseñanza, en todas partes 
del mundo, se modifican bajo poderosos impulsos de innovación que llegan a 
abolir, sin temor alguno, prácticas y costumbres que se consideraban definiti- 
vamente consagradas. 

Así, más tradicional todavía que la tesis, más esencial, más orgánico que 
ella en el régimen de las Universidades, parece, por ejemplo, el examen, (no 
me refiero ahora al examen general, sino al examen parcial de cada asignatu- 
ra), y sin embargo, una corriente de opinión que adquiere cada día más pres- 
tigio y más influencia en los pueblos europeos, tiende a la supresión de los 
exámenes, sustituyéndolos con la observación metódica y diaria del catedrático 
sobre el discípulo. Y esta corriente de opinión que ya se ha impuesto en la 
práctica y ha sido ensayada con éxito en diversas Universidades europeas, ha 
tenido repercusión, si no me engaño, en nuestro propio consejo universitario, 
que quizás no tarde mucho tiempo en tomar una iniciativa en tal sentido. La 
tradición, por sí sola, no es un argumento; y el progreso en todas las esferas 
de la actividad, no es otra cosa que el resultado del triunfo de la razón sobre 
la tradición. 

No dudo, pues, de que la Comisión de Legislación acepte el procedimien- 
to conciliatorio que propongo por medio de mi proyecto. Espero ver opinar en 
ese sentido al ilustrado miembro informante de la Comisión. 

Estimulemos, señor Presidente, en buena hora, a la juventud de nuestro 
país para que adquiera la tendencia a la producción intelectual, para que ad- 
quiera el hábito de la expresión escrita y de la publicidad de las ideas; pero 
renunciemos a imponérselo por medio de fórmulas aparatosas y vetustas, que 

* Si bien hemos mantenido el original tal como aparece en el Diario de Sesiones, 
debe sustituirse conserva por pierde. 


38 



1902 


por lo mismo que son generalmente vanas, carecen de fuerza como estímulo 
para que dentro de ellas se de alguna vez una nota verdaderamente original 
y poderosa. 

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES. — ¡Muy bien! 

(Aplausos en la Barra) 

(D.S.C.RR. T. 168. Págs. 549-552) 

Se vota afirmativamente la moción de Rodó. El Senado sanciona el proyecto 
el 9/7/902. Es la Ley N 9 2768 de 11/7/902. 


39 




1902 


v. 

5) MEDIDAS PRONTAS DE SEGURIDAD Y DESTIERRO DE DOS 
SENADORES. 


En el mes de junio de 1902, la Policía de Montevideo descubrió una presunta 
conspiración para asesinar al Presidente Cuestas. Se consideró comprometidos en 
ella a dos Senadores colorados, Rufino T. Domínguez y José R. Mendoza, por en- 
tonces distanciados del Presidente de la República. Cuestas los hizo arrestar y 
ordenó su deportación a Buenos Aires. 

El 14 de julio de 1902, el Presidente Cuestas y su Ministro Mac Eachen dan 
cuenta a la Asamblea General de que en cumplimiento de los Arts. 76 y 81 de la 
Constitución han tomado las medidas que requerían el orden y la seguridad del 
Estado, por las que han dispuesto el arresto y destierro de los Senadores Domín- 
guez y Mendoza, por incurrir en actividades subversivas. 

La Asamblea General se reúne el mismo día y el tema pasa a la Comisión 
de Legislación, que se expide en la misma sesión, manifestando que las razones 
esgrimidas por el Poder Ejecutivo no son bastantes para autorizar las graves me- 
didas dictadas, que desconocen las garantías que la Constitución y las leyes acuer- 
dan a la libertad de los ciudadanos y especialmente a los legisladores. Pero como 
el Poder Ejecutivo manifiesta que comunicará los detalles del caso a la Asamblea 
General, ésta espera que ese envío de antecedentes se hará inmediatamente a fin 
de adoptar resolución. La propuesta origina un amplio debate, al impugnar algu- 
nos legisladores el informe, entendiendo que deben revocarse inmediatamente las 
medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo. Ace vedo Díaz presenta una moción sus- 
titutiva, por la cual la Asamblea General declara que el Poder Ejecutivo ha vio- 
lado la Constitución al privar de libertad y deportar a los Senadores, exigiendo 
que sin dilaciones, se levante el destierro impuesto. Areco, por su parte, mociona 
para que se dirija comunicación al Poder Ejecutivo, haciéndole presente que debe 
revocar de inmediato el decreto de extrañamiento de los Senadores, sin perjuicio 
de que la Asamblea se pronuncie sobre el fondo del asunto, una vez que le sean 
remitidos todos los antecedentes. Vázquez Acevedo adhiere a la moción de Aceve- 
do Díaz, introduciéndole modificaciones que suavizan su redacción, pero que igual- 
mente declaran que el Poder Ejecutivo no ha estado en el caso de usar de la fa- 
cultad del Art. 81 de la Constitución y que deben dejarse sin efecto las medidas 
adoptadas, restituyendo a los ciudadanos deportados y aprehendidos al pleno goce 
de su libertad personal. Acevedo Díaz y Areco retiran sus mociones anteriores. 
Rodó no interviene en el debate, pero su posición surge claramente de la votación. 
En efecto, se resuelve efectuar votación nominal de las dos mociones que quedan 
en pie: la de la Comisión de Legislación y la de Vázquez Acevedo. Se vota en 
primer lugar la de la Comisión. Rodó vota por la negativa (D.S.A.G. T.X. Págs. 44, 
46). El informe y proyecto de la Comisión resulta aprobado por 43 votos contra 36. 

El 18 de julio, Cuestas deja sin efecto el decreto de destierro de los dos Se- 
nadores. 


41 




1902 


6) PUBLICACION DE LAS VERSIONES TAQUIGRAFICAS DE LAS 

SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES. 

Al iniciarse la 9’ Sesión Extraordinaria del 6/9/902, la Presidencia da cuenta 
de que no ha podido cumplir la resolución sobre publicación de las versiones (VER 
N* 3), en virtud del costo de la misma y dado que no se ha votado la cantidad 
necesaria para sufragarlo. Puesto el tema a discusión, se origina el siguiente de- 
bate: 

SEÑOR RODO. — Cuando yo presenté a la Cámara, en este asunto, la 
moción que fue sancionada, para que se dieran a la publicidad todos los de- 
bates parlamentarios, y no solamente una parte de ellos, ignoraba que esa 
publicación importara una erogación tan considerable. 

Opiné que todos los debates y no solamente una parte de ellos debían 
ser dados a la publicidad, porque creo que, por el hecho de presentarse a la 
consideración de la Cámara, todo asunto reviste cierto grado de interés públi- 
co; si no interesa a la opinión en general, interesa, por lo menos, a una parte 
de la opinión, a cierta parte de la sociedad, a ciertos gremios, a cierta suma 
de interés; pero después de lo que acaba de manifestar el señor Presidente, yo 
convengo en que la utilidad de esa publicación general de todos los asuntos, 
no es proporcional a la magnitud de la erogación que ella importa. 

Convengo, pues, en desistir, por mi parte, de la opinión que formulé en 
ese caso, y creo que lo que la Cámara debe resolver, es facultar al señor Pre- 
sidente, cuyas condiciones de equidad y de criterio son reconocidas por todos 
nosotros, para determinar cuales debates deben ser dados a la publicidad, cua- 
les asuntos deben ser dados a la publicidad, toda vez que la Cámara tendría 
siempre el derecho de resolver que un asunto — cuya publicación hubiera 
omitido el señor Presidente — fuera dado a la publicidad. 

Hago moción en ese sentido. 

(Apoyados) 

(Se lee la moción) 

“Salvo los casos de resolución expresa de la Cámara”. 


43 



1903 


SEÑOR PRESIDENTE. — Habiendo sido apoyada la moción, está en 
discusión. 

SEÑOR PEREDA. — Yo soy de los que creen que hay conveniencia pú- 
blica en que se den a luz los debates de la Cámara, para que el país sepa 
cómo trabaja y cómo piensa el Cuerpo Legislativo; pero me parece que no 
es aceptable la moción que acaba de formular el diputado señor Rodó, en la 
forma en que la hace. 

Es cierto que si se hiciera la publicación de todas las sesiones, no sólo 
costaría la cantidad que indica el señor Presidente, sino que creo que llegaría 
a 1.000 o 1.200 pesos mensuales, según una de las propuestas que he visto y 
que ha tenido la deferencia de enseñarme. Habrá indudablemente algunos 
debates que absorban varias sesiones y toda la hora de las sesiones de la H. 
Cámara, y esto sólo causará una gran erogación. 

En otros años, cuando las publicaciones las hacía El Siglo — aún en la 
época en que Carlos María Ramírez levantó tanto el nivel intelectual de la 
prensa en nuestro país — se cobraba una cantidad sumamente equitativa: ten- 
go entendido que era de quince a veinticinco reales por columna, y hoy, lo 
que se propone, creo que son siete pesos por columna. 

Me parece, pues, que si hemos de autorizar a la Mesa o a una Comisión 
Especial, a que haga la publicación de aquellas sesiones de mayor importan- 
cia, deberíamos, cuando menos — para evitar contraer un compromiso que pu- 
diera ser gravoso a la Cámara — establecer a la vez que no se podrá hacer 
contrato, porque si resulta que las sesiones son caras, lo mejor es pasar como 
estamos pasando sin que se publiquen. 

(Apoyados) 

Yo aceptaría, pues, o bien que sea la Mesa la que pueda determinar cuá- 
les son las sesiones que han de publicarse, o una Comisión, pero en cualquier 
sentido, que no se autorice ni a la Mesa ni a la Comisión a hacer contrato. 

( Apoyados ) 

SEÑOR PRESIDENTE. — Debo hacer presente que la Mesa no tiene 
sino dos propuestas: una de El Siglo , cuando llamó a licitación por cinco pe- 
sos columna; y otra de El Día, por seis pesos columna. 


44 



1902 


SEÑOR RODO. — La indicación del señor Pereda no está de ninguna 
manera, en contradicción con la mía. 

SEÑOR PEREDA. — No: es una ampliación. 

SEÑOR RODO. — Es una ampliación, y yo, por mi parte, la acepto. 

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿Quiere el señor Pereda consignar la moción? 

(Se lee la moción del señor Rodó) 

SEÑOR PEREDA. — Agregarle a la moción del diputado señor Rodó: 
“sin que se celebre contrato con el diario que haga las publicaciones”. La Se- 
cretaría puede darle forma: ese es el pensamiento. 

Es lo único que iba a decir. 

Prosigue el debate, proponiéndose otras mociones. Cuando el Diputado Goso 
alude a que Rodó había retirado su moción, éste interviene. 

SEÑOR RODO. — Es una moción que es Resolución de la Cámara. 

(D.S.C.RR. T. 169. Págs. 154-155) 

Finalmente se vota negativamente la moción de Rodó con la ampliación del 
señor Pereda, y afirmativa la moción de Goso, por la cual el proyecto pasa a 
Comisión. 


45 




1903 


c. 


7) DESIGNACION COMO INTEGRANTE DE LA COMISION DE MILICIAS. 

En la 6* Sesión Preparatoria del 14/2/903, la Presidencia da cuenta de la de- 
signación de los miembros de las Comisiones Permanentes de la Cámara para el 
2« Período de la XXI Legislatura. En la Comisión de Milicias es designado Rodó, 
junto con el Dr. Bernardo García, Santos Icasuriaga, Solano Riestra, Dr. Agustín 
Ferrando y Olaondo, Dr. Alfredo Vidal y Fuentes y Ventura Enciso (D.S.C.RR. 
T. 171. Pág. 22). La Comisión no presenta ningún informe durante el período. 


47 




1903 


v. c. 


8) ELECCION DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA EL PERIODO 

1903 - 1907. 

En la 3* Sesión Ordinaria de la Asamblea General, del 1/3/903, se procede a 
la elección de Presidente de la República para el período 1903-1907. Rodó, que 
había apoyado anteriormente la candidatura de Juan Carlos Blanco, vota, como 
todos los legisladores colorados y conforme al pacto previamente suscrito, por José 
Batlle y Ordóñez (D.S.A.G. T.X. Pág. 334), quien resulta electo por 55 votos con- 
tra 23 de Enrique Anaya. 

La Mesa designa posteriormente una Comisión compuesta de dos Senadores y 
cinco Representantes para recibir al nuevo Presidente. Rodó es designado para in- 
tegrarla (D.S.A.G. T.X. Pág. 335) . 


49 




1903 


M. 


9) REVOLUCION DE 1903. CUARTO INTERMEDIO Y CELEBRACION DE 

SESION. 

El 19/3/903, la Asamblea General es citada para considerar el mensaje del 
Poder Ejecutivo dando cuenta de la adopción de Medidas Prontas de Seguridad con 
motivo de haberse levantado en rebelión contra el Presidente Batlle, algunos Je- 
fes Políticos de filiación nacionalista. Al iniciarse, el mismo día, la 6* Sesión Ordi- 
naria de la Cámara de Representantes, la Presidencia (A. M. Rodríguez) y el Dipu- 
tado Cuñarro proponen la suspensión de la sesión a fin de concurrir a la Asam- 
blea General. Angel F. Costa propone suspender la sesión y concurrir a la Asam- 
blea General y si no hubiera quorum en ella, continuar la sesión de la Cámara. 
Rodó apoya esta solución e interviene después en un debate que se suscita: 

SEÑOR RODO. — Complementando la idea del doctor Costa, que me 
parece muy acertada, creo que la Cámara debería autorizar a la Mesa para 
convocar a sesión a una hora que ésta designe hoy mismo, — esta misma tarde. 


SEÑOR FIORITO. — Me consta, señor Presidente, que en el Senado no 
hay suficiente número de señores senadores. 

He estado allí y no hay número para poder celebrar sesión. 

Podría, señor Presidente, pasar a cuarto intermedio la Cámara, y en ese 
cuarto intermedio ir al H. Senado, y si no hay número, volver a celebrar se- 
sión. . . 

SEÑOR COSTA. — Eso es. 


SEÑOR RODO. — Por eso digo, que la Mesa designe una hora para po- 
der reunimos. 


SEÑOR FIORITO. — Pasar a cuarto intermedio. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Perfectamente: si no hubiera oposición se pro- 
cederá de acuerdo con las indicaciones formuladas, es decir, la Cámara pasa- 
rá a cuarto intermedio con el objeto de concurrir a Asamblea General. Ter- 
minada la Asamblea, seguiríamos nuestra sesión. 

(Apoyados) 


51 



1903 


Si no hay oposición, se procederá de esa manera. 

SEÑOR ARECO. — En previsión de que después de cuarto intermedio 
quedara sin número la Cámara — y en vista de los sucesos que están agitando 
al país, me parece que es conveniente la sanción de la moción que voy a 
formular: para que la Cámara celebre sesiones diarias. 

(Apoyados) 

SEÑOR PRESIDENTE. — Bueno: se votarán por su orden las indica- 
ciones . 

Primero: si la Cámara pasa a cuarto intermedio con el objeto de con- 
currir a Asamblea General. 

Los señores por la afirmativa, en pie. 

( Afirmativa ) 

Segundo: si la Cámara ha de celebrar sesiones diarias con motivo de los 
sucesos extraordinarios que preocupan al país. 

Los señores por la afirmativa, en pie. 

(Afirmativa) 

La Cámara pasa a cuarto intermedio. 

(Así se efectúa, y vueltos a Sala. . . ) 

Por falta de quorum no puede continuar la sesión. 

SEÑOR COSTA. — ¡Pero señor Presidente, esto no puede continuar así! . . 

SEÑOR RODO. — No se ha dado tiempo para que entren algunos seño- 
res diputados que están en antesalas. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Los oficiales de Sala me han comunicado que 
no hay quorum ni aún con los que están en antesalas. 


52 



1903 


SEÑOR COSTA. — No ha podido retirarse ningún señor diputado. 

SEÑOR SUAREZ. — Y ademas ha habido una Resolución de la Cámara 
para continuar la sesión después de cuarto intermedio; y con arreglo al Re- 
glamento no ha podido retirarse ningún señor diputado de la Cámara sin la 
venia de la Mesa. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Es exacto; pero el hecho es que no tenemos 
número. 

SEÑOR RODO. — ¡Pero insista el señor Presidente en el llamado a los 
señores diputados que están en antesalas! . . 

SEÑOR ARECO. — Y en las antesalas del Senado debe haber también 
algún señor diputado. 

SEÑOR RODO. — Yo creo que vale la pena de hacer una gestión más. . . 

SEÑOR PRESIDENTE. — Está bien, señor. 

SEÑOR GOSO. — Aunque hubiera diputados en antesalas, después de 
haber dicho el señor Presidente que se levanta la sesión por falta de quorum, 
me parece que ha terminado el acto. 

SEÑOR COSTA. — ¡Pero no podemos ceñirnos a un formulismo tan estricto 
en estos momentos! 

SEÑOR GOSO. — Hay que ceñirse a esos formulismos porque así lo 
establece el Reglamento. 

SEÑOR RODO. — ¡Hay momentos en que no debe haber formulismos! 

SEÑOR PRESIDENTE. — La Mesa cree que hay momentos en los cua- 
les puede prescindirse del rigorismo de las fórmulas, pero se me ha informa- 
do oficialmente por el oficial de Sala que no hay número en la casa. 

( Murmullos ) 


53 



1903 


SEÑOR SOLE Y RODRIGUEZ. — En las antesalas del Senado hay algu- 
nos señores diputados. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Bueno. Los señores diputados que aseguran 
que hay número con los que se hallan en antesalas, están en un error. No hay 
número en la casa para celebrar sesión: este es el hecho. 

De manera que no hay más recurso que levantar la sesión. 

(D.S.C.RR. T. 171. Págs. 126-127) 


54 



1903 


M. 


10) RECTIFICACION DE UNA VOTACION. 

El 3/7/902, el Diputado Luis Segundo presenta un proyecto de ley sobre cobro 
del impuesto mensual de alumbrado público en el Departamento de San José. La 
Comisión de Hacienda aconseja su aprobación el 11/3/903. En la 8* Sesión Ordi- 
naria del 2/4/903, se vota afirmativamente en la discusión general y se propone 
su tratamiento inmediato en discusión particular. Se vota afirmativamente, pero 
Rodó expresa: 

SEÑOR RODO. — Como tengo dudas respecto del resultado de la vota- 
ción que se ha verificado para tratar del asunto sobre tablas, me agradaría 
que la Mesa lo pusiera nuevamente a votación y rectificara el resultado de 
ellas. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a rectificar la votación formulada re- 
cientemente. 

SEÑOR RODO. — Se necesitan dos terceras partes de votos. 

(D.S.C.RR. T. 171. Pág. 156) 

La votación es afirmativa y el proyecto es aprobado y pasa al Senado. 


55 




1903 


M. 


11) AMNISTIA A LOS PARTICIPANTES EN LOS SUCESOS 
REVOLUCIONARIOS DE 1903. 

El 1/4/903, el Poder Ejecutivo, con las firmas de Batlle y Ordóñez y Cam- 
pisteguy envía al Poder Legislativo mensaje y proyecto de ley, declarando am- 
nistiados a todos los que directa o indirectamente hubieran participado en los úl- 
timos sucesos políticos, con excepción de los reos de delito común. 

En la 9* Sesión Ordinaria del 4/4/903, el Diputado Suárez mociona para que 
se realice un cuarto intermedio a fin de que la Comisión de Legislación se reúna 
y suscriba el informe respectivo. El Diputado Tiscornia propone se invite al Mi- 
nistro de Gobierno a que concurra a la sesión en que se trate el tema. Cuando la 
Mesa se dispone a poner a votación esta última moción, Rodó manifiesta: 

SEÑOR RODO. — Pero está en pie la moción, señor Presidente, de pasar 
a cuarto intermedio para seguir la sesión. 

SEÑOR COSTA. — Aún no está suscripto el informe porque no ha habido 
materialmente tiempo. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Se votará en primer término la moción del 
señor Suárez. 


SEÑOR SUAREZ. — Yo entiendo que es previa. 

SEÑOR RODO. — La moción del doctor Suárez es previa. 


SEÑOR PRESIDENTE. — Perfectamente: se va a votar en primer tér- 
mino. 


(D.S.C.RR. T. 171. Pág. 166) 


Se vota afirmativamente la moción de Suárez y negativa la de Tiscornia. 
Vueltos a Sala, Rodó propone: 


SEÑOR RODO. — Estando próxima, relativamente, la hora en que debe 
terminar la sesión y habiendo perdido un buen espacio de tiempo en este 
cuarto intermedio, me parece que, dada la importancia del asunto que tene- 
mos entre manos, podría prorrogarse la sesión una hora después del término 
reglamentario. 


57 



1903 


Hago moción en ese sentido. 

( Apoyados ) 

(No apoyados) 

( Murmullos ) 

SEÑOR TISCORNIA. — Desearía, señor Presidente, que se rectificase la 
votación realizada pocos momentos antes de pasar a cuarto intermedio. 

SEÑOR RODO. — Señor Presidente, mi moción es previa. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Perfectamente, señor diputado. 

SEÑOR RODO. — Mi moción es en el sentido de que se prorrogue por 
una hora la sesión. 

SEÑOR TISCORNIA. — Mi moción tiene que ser previa en todo caso, 
porque es una rectificación, y las rectificaciones tienen que ser inmediatas. 

SEÑOR PRESIDENTE. — La moción del diputado señor Rodó no exclu- 
ye que se defiera al pedido del diputado señor Tiscomia, que se refiere a la 
rectificación de una votación . . . 

SEÑOR TISCORNIA. — No es una moción. 

SEÑOR PRESIDENTE. — . . .realizada en momentos en que se pasó a 
cuarto intermedio. 

Así es que, sin perjuicio de votar enseguida la moción del diputado señor 
Rodó, se va a rectificar, como lo solicita el diputado señor Tiscornia, la mo- 
ción relativa a la invitación del señor Ministro de Gobierno. 

Los señores por la afirmativa, en pie. 

( Afirmativa ) 

Va a votarse ahora la moción del diputado señor Rodó, para que se pro- 
rrogue por una hora más la presente sesión. 


58 



1903 


Los señores por la afirmativa, en pie. 
(Afirmativa) 


(D.S.C.RR. T. 171. Pág. 167) 

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Legislación y el Diputado Muró 
propone se pase a cuarto intermedio mientras se espera al Ministro de Gobierno. 
Rodó interviene: 

SEÑOR RODO. — A mí me parece, en principio, muy bien la indicación 
del diputado señor Muró; pero le encuentro este inconveniente: hemos pro- 
rrogado por una hora la sesión y es incuestionable que invitar al señor Mi- 
nistro de Gobierno para concurrir a la sesión de hoy, es en realidad que no 
se celebre sesión hoy; porque en una hora no va a haber tiempo necesario 
para que se invite al Ministro y éste concurra. 

SEÑOR MURO. — Es una hora y cuarto, señor Rodó. 

SEÑOR RODO. — Aún cuando sean dos horas, me parece que no es 
tiempo suficiente para invitar al señor Ministro para que concurra. 

SEÑOR MURO. — Entonces no tiene objeto la moción del diputado señor 
Tiscomia para que se invite al señor Ministro para que concurra a la sesión. 

SEÑOR TISCORNIA. — Apoyado. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Ante esa dificultad, la Mesa consultaba a la 
Cámara cual era el deseo de la mayoría, si comenzar el debate sin la presencia 
del señor Ministro o suspender brevemente la sesión para dar tiempo a que 
concurra. 

(D.S.C.RR. T. 171. Pág. 168) 

Finalmente, se aprueba una moción postergando el tratamiento del asunto para 
una próxima sesión (VER N 9 12). 


59 




1903 


¡vi. 

12) AMNISTIA A LOS PARTICIPANTES EN LOS SUCESOS 
REVOLUCIONARIOS DE 1903. 

En la 10* Sesión Ordinaria del 6/4/903, al iniciarse la consideración del tema 
en discusión general (VER N 9 11), Rodó es el primer orador: 

SEÑOR RODO. — En antesalas, señor Presidente, mi distinguido amigo 
y colega el diputado Tiscornia, me insinuó que debía precederle en el uso 
de la palabra debido a la naturaleza de mi discurso, que va a referirse, en 
cierto modo, a una cuestión previa a la que él va a abordar. 

Yo voy a tratar esta cuestión de un punto de vista general; y antes que 
la Cámara entre a preocuparse especialmente de las condiciones de esta ley 
de amnistía, yo quiero decir algo sobre lo que tiene esta cuestión de político; 
porque es indudable que la sanción que nosotros prestemos a esta ley de 
amnistía y de olvido, será la forma o expresión con que se manifieste nuestro 
asentimiento a la paz que acaba de realizarse. 

Y bien, señor Presidente: yo no puedo dar mi voto a esa paz sin hablar 
antes; y no puedo dar mi voto a esa paz en otras condiciones, porque tengo 
declaraciones que hacer en lo que se refiere a mi actitud personal y mi voto. 

Por otra parte, un cuerpo esencialmente político — como lo es esta Hono- 
rable Cámara — no puede dejar pasar un acontecimiento tan trascendental, en 
ese sentido, como la paz que acaba de realizarse, sin encararlo por su efecto 
político. 

Empezaré por reconocer que este Mensaje y esta ley de amnistía, antes 
de presentarse, antes de llegar al seno de esta H. Cámara, han sido presenta- 
dos a una autoridad más alta, a una autoridad superior, a una autoridad que 
nos obliga materialmente, dentro del mecanismo de las instituciones, pero que, 
moralmente, a todos nos obliga: la autoridad de la opinión; el juicio del 
pueblo. 

Con manifestaciones inequívocas, el pueblo ha sancionado por su parte 
la idea de la paz, la idea de esta amnistía y de este olvido; y nosotros, vamos 
a ratificar esa sanción del pueblo sin que se produzca quizás una nota di- 
vergente; porque aquellos, de entre nosotros, que creyeron que debía buscarse 


61 



1903 


a toda costa la paz, la ven ahora realizada; y aquellos — si hubo alguno — que 
pensaron que la paz no debía hacerse, comprenderán, sin duda, la inoportu- 
nidad y lo impolítico que tendría un voto de oposición tratándose de hechos 
ya definitivamente consumados. 

SEÑOR TISCORNIA. — No apoyado. 

SEÑOR RODO. — Después hablará el señor diputado. Esa es mi idea. . . 

SEÑOR TISCORNIA. — Pero yo debo salvar mi opinión. 

SEÑOR RODO. — ... es el concepto que tengo de las cosas. 

Señor Presidente: al pedir el uso de la palabra, mi objeto no ha sido 
hacer la apología de una paz ya victoriada y festejada de todos modos, y 
mucho menos levantar contra ella una protesta que consideraría de todo punto 
antipatriótica. No; mi objeto se reduce a exponer por qué voy a votar esta 
paz; o, si se quiere, en qué concepto, en virtud de qué interpretación que doy 
yo a este acto de la paz, es que voy a votarla, y cómo encaro ese importante 
acontecimiento, cuya significación y trascendencia no todos, seguramente, in- 
terpretan de igual modo. 

Porque no es la idea de la paz, en sí misma, lo que ha podido levantar 
en ningún momento, resistencias que no procedan de espíritus extraviados o 
ilusos; no es tampoca la materialidad de las condiciones actuales de la paz, 
que siempre resultarían sobradamente compensadas por la magnitud del be- 
neficio que ella importa. No! Es que este hecho de la paz, como resultado 
de un pacto, tiene una trascendencia política que en concepto de muchos, 
— en concepto de la opinión pública quizás, — significa la renovación, y aún 
la renovación indefinida, de un estado de cosas que todos considerábamos esen- 
cialmente provisional, que todos reconocíamos como subsistente todavía, y con 
derecho a subsistir, pero también como próximo a tocar a su desenlace, den- 
tro de los medios indicados por las instituciones: dentro del ejercicio de las 
actividades cívicas de los partidos, resolviendo, en lucha pacífica, sus rivali- 
dades, al amparo de la libertad. 

( ¡Muy bien!) 

La solemne confirmación o renovación de este estado de cosas no impor- 
taría, en mi concepto, un mal ni un peligro (antes importaría un gran bien) 


62 



1903 


si se la interpretase tal como creo yo que debe hacerse y como voy a procurar 
definir. Pero importaría en mi concepto, un gran mal y un gran peligro, si, 
como parece entenderlo parte de la opinión, significase un punto de partida 
para prolongar más allá de sus límites naturales la situación de expectación, 
la situación provisional por excelencia, en que se encuentra el país del punto 
de vista de las relaciones de sus dos partidos; relaciones que un diario de ayer 
caracterizaba, con justicia, diciendo que están regidas por una especie de de- 
recho internacional, que empieza por reconocer la existencia de un Estado 
dentro del Estado. 

Señor Presidente: de una manera más o menos tácita, más o menos ex- 
presa, y, si no en la integridad de sus condiciones, en espíritu por lo menos, 
ha sido renovado el pacto de la Cruz. Este es el hecho; y debemos agregar 
que, sin ello, no hubiera sido posible llegar a la consecución de la paz. 

Bien, pues; soy de los que creen que el pacto de setiembre fue una 
imposición de las circunstancias, enteramente justificada, oportuna, quizás sal- 
vadora. Pero es necesario no olvidar, señor Presidente, siempre que de esto 
se trate, y sobre todo por lo que importa en cuanto a la interpretación de esta 
nueva paz, es necesario no olvidar que la cláusula fundamental del pacto de 
setiembre, Ja cláusula por la que se explicaban todas las otras, la piedra angu- 
lar — podría decirse — de aquel acto de reconciliación cívica, fue la promesa] 
que se hizo al Partido Nacionalista de garantir el ejercicio de la libertad elec- 
toral siempre que los partidos concurriesen a la lucha de las urnas; y todas 
las otras cláusulas y condiciones no tuvieron, en rigor, otro carácter que el 
de garantías afectadas al cumplimiento de aquella cláusula suprema, cumpli- 
da o satisfecha la cual, era lógico suponer que las demás caducaran por su 
base. 


( Apoyados ) 

Es menester reconocer, señor Presidente que, desde entonces, no se han 
verificado en el país elecciones generales que se encuentren en tales con- 
diciones, debido a la renovación de los acuerdos que yo también he con- 
tribuido a votar, dentro de mi partido, en circunstancias en que creí que eran 
para él una necesidad angustiosa, debido a culpas y errores que ahora no es 
oportuno entrar a precisar. De modo que faltando el gran veredicto popular 
que resolviese en la contienda histórica de los partidos, las condiciones de la 
paz de setiembre han podido o debido considerarse subsistentes por la sub- 


63 



1903 


sistencia de las circunstancias que la determinaron. Y así lo entendió el actual 
Presidente de la República, cuando, formulando sus ideas de gobierno como 
candidato a la primera magistratura del país, en declaraciones que hizo pú- 
blicas el diario El Tiempo , expresaba que las condiciones de la paz de se- 
tiembre, O' su espíritu, debían ser respetadas, en cuanto a las relaciones de 
los partidos políticos, dando como fundamento de ello la circunstancia de que 
aún no se había hecho práctica la libertad electoral de la cual debía surgir 
el fallo inapelable de la contienda de nuestras dos colectividades históricas. 

Tal fue, pues, el espíritu de la paz de setiembre: remitir las disidencias 
de los partidos al fallo de la soberanía popular; y considerar todo lo demás 
como provisorio y en el carácter de prenda que se daba para asegurar el cum- 
plimiento de aquello. 

Ahora bien: yo creo, señor Presidente, que votando esta nueva paz, ha- 
cemos obra sabia y patriótica; pero creo también que no nos daríamos cuen- 
ta del verdadero significado, del único significado, que a mis ojos es lícito 
atribuir a esta paz, si no la relacionáramos con ese íntimo espíritu de aquella 
obra; espíritu cuya observancia o cumplimiento es, esta vez, verdaderamente 
impostergable. Yo creo que, votando esta paz, no debemos considerar que 
hemos creado un estado de cosas normal ni siquiera duradero; no; debemos 
considerar tan sólo que hemos propendido a mantener o a asegurar las con- 
diciones más propicias para preparar la entrada definitiva al régimen de las 
instituciones, fuera de todo pacto, en los comicios libres y sin acuerdo de 1904. 

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES. — ¡Muy bien! 

SEÑOR RODO. — Si la opinión, señor Presidente, o parte de ella creen 
que hemos votado en otro concepto o con otro espíritu esta paz, en lo que a 
mí y a otros diputados se refiere, la opinión, o parte de ella, se equivoca. 

Es sabido, señor Presidente, que estos pactos o convenios políticos, más 
que por la materialidad de sus cláusulas y condiciones, se caracterizan, ante la 
opinión, por la repercusión que dejan en el ambiente. 

Nadie ignora que anda flotando ya en la atmósfera una idea que, en de- 
terminado momento, puede tomar contornos, concretarse. Vaticinio que se 
concretará. Es la idea de que este pacto de paz trae consigo, como consecuen- 
cia lógica, la idea de un nuevo acuerdo, y que ese es el verdadero espíritu 
de esta paz, en vez del radicalmente distinto que yo, por mi parte, le atribuyo. 
Y como, por su propia naturaleza, un nuevo acuerdo traería en sus entrañas 


64 



1903 


un nuevo pacto con la fatalidad con que las premisas traen la consecuencia, 
resultaría de ahí, que según el concepto que la opinión tiene formado, en gran 
parte de esta paz, lo que habríamos consagrado desde ahora, votándola, es la 
ratificación indefinida de la política de los pactos y de los acuerdos, que to- 
dos hemos aceptado y bendecido en determinadas circunstancias; que todos 
hemos considerado necesaria alguna vez para la salud de la patria; pero que, 
como normalidad o como estado de cosas duradero, yo, por mi parte, absoluta 
y decididamente repudio. 

La repudio, señor Presidente, por subversiva de las instituciones; por disol- 
vente de toda fibra cívica, y contraria a la educación del ciudadano; por res- 
trictiva de las facultades legales de los gobernantes; porque importaría una re- 
nuncia embozada al régimen del gobierno institucional y un reconocimiento 
implícito de nuestra incapacidad para ejercerlo. 

La repudio hasta como amigo ferviente de la paz. Porque, aunque a pri- 
mera vista parezca contradictorio y paradójico, acuerdo permanente, pacto de 
paz permanente, significa amenaza de revolución permanente. 

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES. — ¡Muy bien! 

SEÑOR RODO. — Lo único que puede garantir la paz, de una manera 
estable y duradera — lo digo con convicción profunda — es la práctica leal y 
resuelta de las instituciones, es el régimen franco de la legalidad. Por eso yo 
voy a votar esta paz, de una manera decidida, sin restricciones mentales, aun- 
que también sin infantiles optimismos, pero voy a votarla como la última e 
impostergable manifestación de un provisoriato que debe tener su solución 
institucional y pacífica en los comicios del año venidero. 

Hace treinta años, señor Presidente, se dijo por una voz inspirada, y se 
ha repetido hace pocos días por otra palabra digna de alto respeto, que la 
guerra civil por la guerra civil no tiene término. Es cierto, y en ese sentido 
nada habría suficientemente enérgico para expresar la esterilidad deplorable 
de ese recurso desastroso. Pero, tampoco tienen término, en el sentido de lle- 
var a una solución institucional, los acuerdos por los acuerdos, los pactos por 
los pactos, la paz facticia que se renueva por otra paz facticia, la suspensión 
del régimen de las instituciones que conduce a una nueva suspensión de ese 
régimen. No: lo único que tiene un término, lo único que lo constituye, en 
el sentido de llevar a la solución institucional, es la decisión de afrontar, una 


65 



1903 


vez por todas, con la práctica del voto, el régimen de las instituciones; es la 
voluntad inquebrantable de sujetarse leal e incondicionalmente a los resulta- 
dos de la lucha cívica. 

Creo innecesario advertir, señor Presidente, que, cuando hablo en esta 
forma de los pactos políticos, no confundo el hecho material del pacto con la 
idea de coparticipación idea esta que significa una hermosa conquista, ya in- 
corporada definitivamente a la conciencia pública, y que no puede faltar, ni 
faltará jamás, en ninguna política que no sea mezquina, reaccionaria y estre- 
cha. Y formulada esta declaración, sostengo, señor Presidente, que si, como 
parece constatado, este pacto de paz, por una de sus condiciones, debe durar 
todo el término de la Presidencia actual, es indudable que después de reali- 
zados los comicios libres el año 1904, ese pacto podrá quedar y quedará sub- 
sistente por la fidelidad del Presidente de la República a sus compromisos 
contraídos; pero desde ese mismo momento el pacto habrá perdido toda su 
autoridad moral; desde el momento en que haya habido en el país comicios 
libres, de los cuales surja una situación normal institucionalmente, este pacto 
de paz significará sólo una irregularidad y un convencionalismo. 

Creo, en efecto, señor Presidente, que en el instante en que el país, por 
la práctica del sufragio libre, hubiese entrado definitivamente al régimen de 
las instituciones, en ese mismo instante habría caducado, inmediata y definiti- 
vamente también todo pacto surgido de la guerra civil, porque este pacto ca- 
recería de fuerza moral con que imponerse dentro de un régimen surgido de 
la voluntad popular, consultada por los medios de la ley. 

Siempre que me ha tocado hablar a la juventud de mi partido, o escribir 
sobre política de actualidad, no he tenido reparo en decir a mis correligiona- 
rios y mis amigos que el Partido Colorado debe renovar su predominio en la 
fuente legítima del sufragio, si se considera digno de seguir gobernando la 
República; porque después de cuarenta años consecutivos de gobierno, empie- 
za ya a tomar los caracteres de una gran anomalía histórica esta perpetuación 
indefinida en el poder sin títulos saneados de legalidad. 

(Apoyados) 

(No apoyados) 

Sil es la verdad; hay que decirlo porque es la verdad. 


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1903 


Pues bien, señor Presidente: complemento esa declaración, que he hecho 
reiteradas veces, agregando que, si el Partido Nacionalista, en comicios libres, 
llega alguna vez a mejorar o aumentar las posiciones que tiene dentro del 
Poder Legislativo, yo, como colorado, lo sentiré mucho, porque tengo senti- 
miento partidario; pero como ciudadano, como legislador, como escritor pon- 
dré incondicionalmente mi voto, mi palabra, mi pluma, para contribuir a so- 
focar y a rechazar toda protesta que se levante contra ese hecho natural, den- 
tro del régimen de las instituciones. 

Pues bien, señor Presidente: con la misma sinceridad con que he formu- 
lado estas declaraciones, voy a formular otra, y es que no creo que pueda 
haber en las filas del Partido Nacionalista un solo hombre de pensamiento y 
de equidad que sostenga que, una vez entrado el país a un régimen normal 
de instituciones como resultado del sufragio libre, pueda haber, desde ese 
mismo instante, en el país, elementos en disposición permanente de ocurrir a 
la protesta armada, como no sea por grandes subversiones institucionales; pue- 
da haber en el país, entonces, ascendientes o prestigios militares que no se 
deriven de grados adquiridos en el escalafón del Ejército de la República; 
pueda haber, entonces, en el territorio de la República, otros parques de gue- 
rra que el parque donde el Estado deposita las armas que ha de confiar al 
ciudadano y al soldado, para velar por la integridad de las instituciones; y 
pueda haber, en fin, circunscripciones territoriales intangibles, infeudadas a 
perpetuidad a uno u otro partido; condición esta última la más triste y de- 
plorable de todas, señor Presidente, porque si se prolonga por algunos años 
más, y se constituye en hábito, y crea, por decirlo así, una especie de derecho 
consuetudinario que se sustituya a la ley escrita, llegará hasta a quebrantar 
la unidad de la patria, tiñendo de un color el suelo de unos departamentos 
y de otro color el suelo de los otros. 

(Apoyados) 

(¡Muy bien!) 

Señor Presidente: hago votos porque la confraternidad y la concordia rea- 
licen las promesas de esta paz como acto de noble conciliación cívica, previo 
a la entrada definitiva en el régimen de las instituciones, de los comicios li- 
bres de 1904. 


67 



1903 


He dicho. 

( ¡Muy bien!) 

(Aplausos en la Cámara y en la Barra) 


(D.S.C.RR. T. 171. Págs. 172-176) 

Luego de un debate, con participación del Ministro de Gobierno, se aprueba 
en general y en particular el proyecto, que pasa al Senado. En éste es sanciona- 
do el 15/4/903. Es la Ley N 9 2791 de 17/4/903. 


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1903 


i. 


13) PENSION GRACIABLE A LA VIUDA E HIJOS DE JOSE L. TERRA. 

En la 11» Sesión Ordinaria del 14/4/903, varios Representantes presentan un 
proyecto de ley acordando a la viuda de José L. Terra e hijos menores una pensión 
vitalicia. El 16/4/903, la Comisión de Peticiones eleva informe, que luce también 
la firma de Rodó, y que fue considerado y aprobado en la 12» Sesión Ordinaria 
de esa misma fecha, comunicándose al Senado. El informe expresa: 


COMISION DE PETICIONES. 


H. Cámara de Representantes: 

Vuestra Comisión de Peticiones ha tomado en la debida consideración el 
proyecto de decreto presentado a la H. Cámara por algunos de sus miembros 
acordando una pensión a la señora viuda del doctor José Ladislao Terra e 
hijos menores. 

La Comisión de Peticiones considera que es un acto de evidente justicia 
amparar a los deudos del doctor Terra que atraviesan por una situación pe- 
nosa habiendo su causante servido al país por más de treinta años en los altos 
puestos enumerados por el diputado doctor Castro, en su elocuente discurso 
pronunciado en la sesión del 14 del corriente, con gran dedicación y evidente 
competencia. 

Vuestra Comisión de Peticiones os aconseja, pues, la sanción del proyecto 
de decreto de que se ocupa. 

Sala de la Comisión, abril 16 de 1903. 

Federico Brito del Tino. Lauro A. Olivera. Santiago Bambino. Manuel 
Herrero y Espinosa. U baldo Ramón Guerra. José Enrique Rodó. 

(D.S.C.RR. T. 171. Págs. 213-214) 

En el Senado es sancionado el 8/5/903. Es la Ley N ? 2796 de 12/5/903. 


69 




1903 


M. 


14) PENSION GRACIABLE A LA VIUDA E HIJAS DE SEGUNDO FLORES. 

En la 39* Sesión Ordinaria del 7/7/903, varios Representantes presentan un 
proyecto de ley acordando como gracia especial a la Sta. María Flores Reissig, 
nieta del Brigadier General Venancio Flores, una pensión inembargable. El 11/7/903, 
la Comisión de Peticiones informa favorablemente el proyecto, haciéndolo exten- 
sivo a la Sra. Josefina Reissig de Flores. En la 43» Sesión Ordinaria del 11/7/903, 
Rodó propone: 

SEÑOR RODO. — Había solicitado la palabra, señor Presidente, con el 
objeto de proponer que se trate sobre tablas la solicitud presentada por la 
viuda e hijas de don Segundo Flores. 

No quiero abundar en consideraciones a propósito de esta moción que 
hago, porque lo considero innecesario, teniendo en cuenta sobre todo, lo li- 
mitado del tiempo de que disponemos. 

Creo que todos los miembros de esta Honorable Cámara se darán cuenta 
de las consideraciones de orden moral que justifican esta moción, y por eso 
me limito a proponerla sin fundarla. 

(Apoyados) 

SEÑOR PRESIDENTE. — Presumo que el señor diputado aludirá a un 
proyecto presentado por varios honorables colegas, acordando pensión a la 
nieta del General Flores . . . 

SEÑOR RODO. — Y que está informado favorablemente por la Comisión 
de Peticiones. 

(D.S.C.RR. T. 172. Págs. 361-362) 

Se vota afirmativamente la preferencia y el proyecto en discusión general y 
particular, comunicándose al Senado, donde es sancionado el 15/7/903. Es la Ley 
N* 2848 de 17/7/903. 


71 




1903 


M. 


15) JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL CIVIL DE LA 
ADMINISTRACION. 

El 10/7/896, el Diputado Antonio M. Rodríguez presenta un proyecto de ley 
sobre jubilaciones del personal civil de la Administración. La Comisión de Legis- 
lación informa el 5/6/903, proponiendo un proyecto sustitutivo. En la sesión del 
15/10/903, se aprueba el proyecto en general. En la sesión del 10/11/903 comien- 
za la discusión particular. Al tratarse el Art. 8, que exigía que ciertas designa- 
ciones se hicieran por el Directorio de la Caja en sesión plena, es decir, con cierto 
quorum, se impugna esta redacción. Rodó interviene: 

SEÑOR RODO. — Yo creo que puede quedar así el artículo: ‘en sesión 
de dicho congreso, con asistencia de dos terceras partes de sus miembros”, su- 
primiendo la palabra plena y las palabras es decir. 

SEÑOR RODRIGUEZ (don A. M.). — Es que hay otros casos en la ley 
en los que se exige sesión plena, y se ha querido definir cual es el quorum. 

SEÑOR RODO. — Bueno; pero yo creo que la supresión de la palabra 
plena no perjudica en nada la claridad del artículo. 

( Interrupciones ) 

Si se dice en sesión de dicho congreso con asistencia de dos terceras par- 
tes de sus miembros, el sentido queda perfectamente determinado. 

SEÑOR RODRIGUEZ (don A. M.). — Entonces, cada vez que en la ley 
se exija la sesión plena va a haber que explicar cual es el quórum. Más ade- 
lante, al hablar de las jubilaciones de los empleados, de los casos en que 
puedan ser privados de los beneficios de la jubilación ciertos empleados o 
para proyectar modificaciones a esta ley, se exige también sesión plena. 

SEÑOR FIORITO. — Pero dice sesión plena. Se entiende de todos los 
miembros. 


73 



1903 


SEÑOR RODRIGUEZ (don A. M.). — No puede ser de todos los miem- 
bros. Toda corporación tiene un quorum legal: el quórum legal es o la mitad 
más uno o las dos terceras partes, que es lo que se ha querido exigir en este 
caso. 


(Murmullos) 

Cuando me comunicó en voz baja el diputado señor Fajardo su enmien- 
da, me pareció al principio que no ofrecía inconveniente; pero veo que lo 
tiene por la circunstancia de que en este artículo se ha definido con relación 
a toda la ley, cual es el quórum que se exige en el consejo para que haya 
sesión plena. Para sesión plena se necesitan siempre dos tercios de votos; por 
eso se dice: sesión plena importa la presencia de dos terceras partes de los 
miembros. 

SEÑOR RODO. — Pero en ese caso me parece que debía ser motivo de 
un artículo aparte esa definición de que es sesión plena. 

(D.S.C.RR. T. 173. Pág. 343) 

Se aprueba el artículo con la redacción propuesta por Roxlo. En la sesión del 
30/5/904 se aprueba el proyecto. En el Senado es aprobado en la sesión del 7/10/904, 
con modificaciones. Estas son aceptadas por la Cámara de Representantes en la 
sesión del 11/10/904, pasando al Poder Ejecutivo. Es la Ley N? 2910 de 14/10/904. 


74 



1904 


M. 


16) DIPUTADOS INASISTENTES Y SOSPECHOSOS DE HABERSE 
INCORPORADO A LA REVOLUCION DE 1904. 

El año 1904 se inicia con la Revolución nacionalista contra el Presidente Bat- 
lle. El 5 de enero, éste envía al Poder Legislativo la notificación de que había 
estado de guerra en la República. Los Senadores y Diputados nacionalistas comien- 
zan a incorporarse a las filas revolucionarias. 

En la 46* Sesión Extraordinaria del 7/1/904, se presenta una moción propo- 
niendo el envío de una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, que establez- 
ca que en virtud del conocimiento por parte de la Cámara de Representantes de 
que el Diputado por Canelones Dr. García, ha tomado parte activa en la rebelión 
contra los poderes públicos, ruega al Poder Ejecutivo quiera enviar los datos y an- 
tecedentes que tuviera para comprobar la actitud del Dr. García. Planteado el de- 
bate sobre el tratamiento urgente de la moción y los sucesos políticos de 1904, in- 
terviene Rodó: 

SEÑOR RODO. — Señor Presidente: necesito decir algunas palabras que, 
en mi sentir, resuelven una contradicción que se presenta entre las opiniones 
manifestadas por los diputados que han hablado antes de mí, a propósito de 
la naturaleza del delito en que han incurrido los diputados sospechados de 
haberse levantado en armas contra los poderes constituidos. 

Se dice que no constituye un delito infamante el hecho de insurreccionar- 
se contra las autoridades constituidas. 

Es indudable, señor Presidente. En este país, todos o casi todos los hom- 
bres que tienen una actuación más o menos larga en la vida pública, han 
sido alguna vez revolucionarios: nadie podría tirar la primera piedra. 


SEÑOR HERRERO Y ESPINOSA. — Apoyado. 

SEÑOR RODO. — Si alguno pudiera excusarse de ese delito, sería so- 
lamente escudado en el escaso tiempo desde el cual toma parte en los asuntos 
públicos. 

No atribuyo yo, pues, a culpa de esos diputados el hecho de que se 
hayan insurreccionado contra los poderes públicos, si en ese caso obedecen a 
sus convicciones; pero para mí hay un procedimiento que estaba perfectamen- 
te indicado: hay un procedimiento que esos diputados pudieron tomar en el 


75 



1904 


caso de creerse obligados a hacer armas contra las autoridades constituidas, y 
ese procedimiento es el haber enviado su renuncia a la H. Cámara, 

( Apoyados ) 

(Aplausos en la Barra) 

el haber enviado su renuncia de diputados a esta H. Cámara antes de ir a 
los campos de batalla. 

Otra observación que me considero en el caso de hacer, es referente a 
algunas de las palabras pronunciadas por el diputado señor Aguirre. 

Decía este distinguido colega que el Cuerpo Legislativo no debía soli- 
citar informes al Poder Ejecutivo sobre la conducta de tal o cual diputado en 
las presentes circunstancias, porque el Cuerpo Legislativo podía verificar esas 
informaciones por sí mismo. 

Para mí, esta afirmación del diputado señor Aguirre destruye por su base 
toda la diferencia fundamental institucional que hay entre las funciones de 
los poderes. El Poder Legislativo no puede verificar por sí mismo investiga- 
ciones que son de la incumbencia del Poder Ejecutivo. 

Eran las observaciones que yo me consideraba en el caso de hacer, para 
determinar el motivo por el cual voy a dar mi voto a la minuta de comu- 
nicación. 

He dicho. 


(D.S.C.RR. T. 174. Págs. 472 - 473) 

Se vota negativamente el tratamiento urgente de la minuta de comunicación 
(VER Nos. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28). 


76 



1904 


M. 


17) DIPUTADOS INASISTENTES Y SOSPECHOSOS DE HABERSE 
INCORPORADO A LA. REVOLUCION DE 1904. 

En la 47’ Sesión Extraordinaria del 9/1/904, la Comisión de Asuntos Constitu- 
cionales se expide aconsejando la aprobación de la minuta de comunicación al Po- 
der Ejecutivo presentada en la sesión anterior (VER N ? 16). El Diputado Herrero 
y Espinosa sostiene, en cambio, que debe emplazarse al Diputado García por el 
término que se estime conveniente y si no respondiera al emplazamiento, la Cáma- 
ra adoptaría resolución. Rodó interviene en el debate: 

SEÑOR RODO. — Yo, señor Presidente, he meditado algo sobre esta 
cuestión: pensaba que se produjeran dos informes, según lo había manifesta- 
do la prensa — que se produjera un informe de la Comisión en mayoría, fa- 
vorable a la minuta de comunicación presentada, y otro informe que aconse- 
jara el procedimiento que ha indicado, en breves palabras, el doctor Herrero 
y Espinosa. 

No ha sucedido así: se ha presentado un solo informe, y el señor doctor 
Herrero y Espinosa se ha limitado a manifestar brevemente su disconformidad 
con ese informe, y ha indicado, también con brevedad, cual es la resolución 
que le parece conveniente. 

Voy a tratar de fundar mi opinión en el sentido de que la solución que 
corresponde es aquella que aconseja la Comisión de Asuntos Constitucionales 
y no la que ha indicado el diputado señor Herrero y Espinosa. 

Lamento que no se halle presente en esta sesión el diputado señor Aguirre, 
que fue el que insinuó en la sesión anterior razones y consideraciones diver- 
gentes de aquellas en que se funda el informe de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales. 

En efecto: el diputado señor Aguirre impugnaba la medida cuya sanción 
aconseja la Comisión, diciendo que no le parecía propio ni correcto dar in- 
tervención al Poder Ejecutivo en un asunto que, según el artículo 52 de la 
Constitución, está reservado a esta Honorable Cámara. Decía el doctor Agui- 
rre que había implicancia, e implicancia grave, en comprometer a otro Poder 
del Estado en un punto cuya consideración debe ser privativa de esta H. 
Cámara. 


77 



1904 


Yo, como decía al empezar, he meditado sobre esta cuestión, y he lle- 
gado al convencimiento de que se equivoca el doctor Aguirre — de que no hay 
tal implicancia, de que la medida aconsejada por la Comisión de Asuntos 
Constitucionales no tiende a dar intervención indebida a otro Poder del Estado 
en asunto que nos compete exclusivamente a nosotros. 

Esta medida tiende únicamente a solicitar datos, informaciones, elemen- 
tos de juicio que puedan llevamos a una resolución acertada. 

Solicitamos del Poder Ejecutivo esos datos, informaciones y elementos de 
juicio, como puede solicitarlos esta H. Cámara cuando lo considere necesario 
para ilustrar cualquier cuestión que haya de resolver. 

Nadie negará que ella tiene la facultad de solicitarlos del Poder Ejecuti- 
vo, siempre que ello convenga al mejor conocimiento del asunto que está 
pendiente de su resolución. 

Ahora bien: ni en este ni en ningún otro caso, ese pedido de datos e 
informaciones significa contraer el compromiso y la obligación de fundar en 
los datos que se nos suministren las soluciones a que arribemos. Podemos 
atender esos datos; podemos desestimarlos en parte, o desecharlos en absolu- 
to, concediéndoles el valor que en nuestro sentir deba concedérseles, y nin- 
guno más; y yo no veo que haya en esto nada que comprometa en lo más 
mínimo la libertad de juicio y de acción de la H. Cámara, ni que se opon- 
ga a la letra o al espíritu del referido artículo de la Constitución. 

No dudo, señor Presidente, de que en otros casos, en la mayor parte 
de ellos, cuando se trate de resolver sobre la conducta de un diputado, la 
Cámara puede y debe investigar con prescindencia de datos o informaciones 
solicitadas del Poder Ejecutivo; pero la necesidad de solicitar estas informa- 
ciones puede estar determinada por las condiciones especiales de un caso 
dado: este, por ejemplo. No creo que en el presente caso la Cámara pueda 
tener a su disposición otros datos que aquellos que le suministre el Poder 
Ejecutivo. 

Se trata de un hecho que se relaciona con los acontecimientos que ocu- 
rren en el interior del país, estando éste convulsionado por la guerra: no po- 
demos disponer de otros datos que aquellos que nos trasmita el Poder Eje- 
cutivo, que es el Poder encargado del mantenimiento del orden, y el que 
puede tener noticias serias y verídicas sobre esos sucesos. 

Se dirá que se puede prescindir de toda información, lo mismo propia que 
ajena, a propósito de la actitud del señor García, y atenerse a la solución que 


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1904 


el diputado señor Herrero y Espinosa aconsejaba; pero yo entiendo que esta 
solución sería mucho más inadecuada y mucho más injusta que aquella que 
aconseja la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

Yo no podría votar el emplazamiento del diputado señor Bernardo Gar- 
cía mientras no supiese que hay datos serios y fundamentos atendibles que 
nos hagan sospechar de su actitud de rebelde; y no podría votar en otras con- 
diciones el emplazamiento del diputado señor Bernardo García, porque eso 
significaría colocar a este señor diputado en una situación de desigualdad in- 
justa respecto de otros señores diputados que tampoco concurren a las sesio- 
nes de la Cámara y respecto de los cuales nadie propone un emplazamiento. 
De modo que nuestra actitud significaría en ese caso una desigualdad evi- 
dente, una desigualdad atentatoria para con el diputado señor García. 

Lo colocaríamos arbitrariamente en condiciones distintas de los demás 
diputados inasistentes: lo emplazaríamos fundados solamente en sospechas que 
no podríamos cohonestar sin habernos preocupado antes de tomar datos cier- 
tos que justificasen esas sospechas y que justificasen lo excepcional de la me- 
dida que tomábamos a su respecto. 

No hay duda para mí, de que la medida propuesta por la Comisión de 
Asuntos Constitucionales es mucho más acertada y justa. Ella no prejuzga 
nada: la prensa ha formulado una denuncia; la H. Cámara se siente interesa- 
da altamente en esa denuncia; solicita datos de quien puede suministrarlos, 
y espera que vengan esos datos a su seno para proceder en consecuencia. 

Por esas consideraciones, señor Presidente, y por otras que omito en obse- 
quio a la brevedad y porque no se ha producido debate, como lo esperaba, 
voy a votar la resolución aconsejada por la Comisión de Asuntos Constitu- 
cionales. 

He dicho. 

(D.S.C.RR. T. 174. Págs. 482-483) 

A continuación, se vota afirmativamente la minuta de comunicación (VER 
Nos. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28). 


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1904 


M.V. 


18) DIPUTADOS INASISTENTES Y SOSPECHOSOS DE HABERSE 
INCORPORADO A LA REVOLUCION DE 1904. 

En la 48» Sesión Extraordinaria del 11/1/904, el Poder Ejecutivo remite los an- 
tecedentes solicitados en la sesión anterior (VER Nos. 16, 17). El Diputado Areco 
propone que la Cámara se constituya en sesión permanente, facultándose a la Me- 
sa para designar una Comisión de cinco miembros con el cometido de informar 
en cuarto intermedio, aconsejando las medidas a adoptar. Se promueve debate so- 
bre el tema, presentándose otra moción por el Diputado Mora Magariños. Se plan- 
tea el problema de cómo realizar la votación y Rodó propone: 

SEÑOR RODO. — Hago moción para que la votación sea nominal. 


(D.S.C.RR. T. 174. Pág. 493) 

Se vota afirmativamente. A continuación, Rodó vota afirmativamente la mo- 
ción de Areco que resulta aprobada. La Comisión designada aconseja, después del 
cuarto intermedio, declarar cesante al Dr. Bernardo García en su cargo de Repre- 
sentante por Canelones. Luego de un debate, en votación nominal y con el voto 
afirmativo de Rodó (D.S.C.RR. T. 174. Pág. 514), se aprueba el proyecto de re- 
solución. El tema se replanteará luego con relación a otros Representantes nacio- 
nalistas (VER Nos. 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28). 


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1904 


v. 


19) DIPUTADOS INASISTENTES Y SOSPECHOSOS DE HABERSE 
INCORPORADO A LA. REVOLUCION DE 1904. 

El 3/1/904, el Poder Ejecutivo pone en conocimiento de la Cámara que el Dipu- 
tado Arturo Berro ha sido detenido en infraganti delito de rebelión, acompañando 
la información sumaria practicada. En la sesión del 4/1/904, la Cámara dirige 
minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, solicitando sea puesto a disposición 
del Cuerpo el Diputado Berro y resuelve designar una Comisión Especial para instruir 
el sumario respectivo e informar a la Cámara. Instruido el sumario, la Comisión 
aconseja el desafuero del Diputado Berro. En la 49» Sesión Extraordinaria del 14/ 
1/904, comienza a discutirse el tema, que como en el caso del Diputado García 
(VER Nos. 16, 17, 18), origina un amplio debate. En la 50» Sesión Extraordinaria 
del 11/1/904 continúa el mismo, que finaliza cuando en votación nominal y con el 
voto afirmativo de Rodó (D.S.C.RR. T. 174. Pág. 565), se aprueba el proyecto de 
la Comisión Especial. En sesiones posteriores el tema se planteará nuevamente con 
relación a otros Diputados (VER Nos. 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28). 


83 




1904 


M. 

20) DIPUTADOS INASISTENTES Y SOSPECHOSOS DE HABERSE 
INCORPORADO A LA REVOLUCION DE 1904. 

Como en los casos anteriores (VER Nos. 16, 17, 18, 19), al iniciarse la 51* 
Sesión Extraordinaria del 16/1/904, se promueve el siguiente debate: 

SEÑOR RODO. — El motivo del pedido de convocatoria que hemos pre- 
sentado, se basa en la inasistencia de algunos señores representantes a las se- 
siones de la Cámara, y me parece que puede concretarse ese motivo en la 
moción de que pido se tome nota por Secretaría. Dice así: (Dicta): “Para que 
sean citados por tres veces los señores representantes que hayan dejado de 
asistir a cinco sesiones consecutivas ...” 

SEÑOR COSTA. — ¿Será sin permiso de la Cámara? 

SEÑOR RODO. — Sí: se entiende que quedan eliminados los que tengan 
licencia de la Cámara. 

... a fin de que concurran a las sesiones, en cumplimiento de los deberes 
que les impone el artículo 208 del Reglamento, con prevención de que no 
concurriendo a tres sesiones consecutivas se considerará que han hecho aban- 
dono del cargo y se procederá en consecuencia”. 

(Se lee esta moción) 

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿Ha sido apoyada? 

(Apoyados) 


Se va a votar, en primer término, si la H. Cámara desea celebrar sesión 
extraordinaria para ocuparse del asunto a que se refiere la moción del dipu- 
tado señor Rodó. 

Los señores por la afirmativa, en pie. 

(Afirmativa) 


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1904 


Se va a dar cuenta. 

( Se lee lo siguiente ) : 

El Poder Ejecutivo acusa recibo de la comunicación de V. H. remitiendo 
el decreto relativo al desaforo del señor representante por Montevideo, doctor 
don Arturo Berro. 

Archívese. 

Está en discusión la moción presentada por el diputado señor Rodó. 

SEÑOR ARECO. — He pedido la palabra al solo objeto de obtener una 
aclaración del autor de la moción. 

Desde que en esa moción se establece que deben ser citados los diputa- 
dos ausentes, por tres veces consecutivas, entiendo que debe presuponerse que 
la Cámara debe reunirse, y como hay pendiente otra moción formulada por 
el señor Pereda, que en mi opinión, no obsta a que el señor Presidente pueda 
citar a la Cámara cuando lo crea conveniente, estableciendo que la Mesa sólo 
citaría cuando hubiera asuntos urgentes, dejándolo al criterio de la Mesa, y 
determinando que la Cámara... 

SEÑOR CUÑARRO. — Después de esta resolución, yo pensaba hacer 
moción expresa para que la Cámara celebrara sesión en los días y horas 
ordinarios. El señor Presidente indicaría los asuntos que pudieran tratarse. 

SEÑOR RODO. — O si no se podría complementar la moción en esta 
forma: la Mesa dará cuenta a la H. Cámara del resultado de la citación y la 
convocará siempre que haya lugar a ocuparse del resultado de esta cuestión. 

SEÑOR ARECO. — ¿Siempre que haya lugar?.. Yo pediría que se mo- 
dificara, que se dijera: convocar a la Cámara como de costumbre en los días 
ordinarios. 

SEÑOR CUÑARRO. — Pero yo no he hecho la moción todavía. . . 

SEÑOR RODO. — Eso es aparte. 


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1904 


SEÑOR CUÑARRO. — Yo voy a hacer moción para . . . 

SEÑOR PRESIDENTE. — La Mesa entiende que podrían tratarse por 
separado las dos cuestiones, porque son independientes. 

De modo que si no insiste el diputado señor Rodó, la segunda parte de 
su moción podía ser objeto de una resolución posterior. 

SEÑOR RODO. — No hay inconveniente. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Está en discusión la primera parte de la mo- 
ción del diputado señor Rodó. 

SEÑOR SOLE Y RODRIGUEZ. — Voy a pedir una aclaración al dipu- 
tado señor Rodó, autor de esta moción. 

Me parece que hay cierta ambigüedad en un punto de la moción, muy 
importante por cierto: el que se refiere al número de sesiones a que hayan 
faltado los señores diputados ausentes. 

¿El autor de la moción se ha querido referir a las sesiones que celebre 
esta H. Cámara después de sancionada la moción, o a las sesiones que ya 
han tenido lugar? 

SEÑOR RODO. — A las sesiones que se hayan celebrado antes de la 
moción. Por eso se dice: que hayan faltado a cinco sesiones consecutivas. 

SEÑOR SOLE Y RODRIGUEZ. — De modo que la H. Cámara, en el 
caso de que sea sancionada esta moción, se limitaría a convocarlos por tres 
veces solamente. 

SEÑOR RODO. — A aquellos que hubieran faltado cinco veces antes de 
la convocatoria. 

SEÑOR SOLE Y RODRIGUEZ. — Perfectamente: es lo que quería saber. 

SEÑOR RODO. — Voy a tratar de exponer cuales son los motivos en 
que se funda esta moción que he tenido el honor de presentar. 

La H. Cámara, en una de las sesiones anteriores, resolvió el cese del ex 
diputado don Bernardo García, y en la sesión de ayer el desaforo del dipu- 


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1904 


tado doctor don Arturo Berro, a mérito de la participación comprobada del 
primero en el movimiento revolucionario que convulsiona al país, y de la pre- 
sunción de hallarse el segundo en caso semejante. 

Cuando deliberábamos sobre las denuncias relativas a la actitud del ex 
diputado don Bernardo García, que dio lugar a que nos dirigiéramos al Poder 
Ejecutivo en procura de datos suficientes, se sostuvo por uno de los señores 
diputados que procedía el emplazamiento del ex representante por Canelones 
y no otra resolución, y recuerdo que, refutando este parecer, aduje entonces 
que ese emplazamiento significaría una desigualdad injusta para con dicho ex 
diputado, puesto que no era él el único inasistente ni el único cuya inasisten- 
cia coincidía, más o menos, en el tiempo, con los sucesos que han conmo- 
vido el orden público. 

Ahora bien, señor Presidente: es notorio que la inasistencia de algunos 
señores diputados, inasistencia ya prolongada, persiste; es notorio también el 
hecho de que algunos de los diputados inasistentes se encuentran actualmen- 
te fuera de la capital sin haber solicitado licencia de la Cámara; y es notorio, 
por último, que versiones más o menos fidedignas, más o menos concretas, 
pero que no resultan inverosímiles si se les aprecia en el conjunto de los 
acontecimientos políticos, relacionan la inasistencia de algunos de esos señores 
diputados con motivos análogos a aquellos que han determinado el cese del 
ex diputado don Bernardo García y el desaforo del diputado don Arturo Berro. 

En la Resolución que la Cámara ha adoptado en el caso de estos dos se- 
ñores, ella ha manifestado implícitamente cual es el criterio con que entiende 
deber proceder en las críticas circunstancias presentes. Ha creído la H. Cá- 
mara que su responsabilidad solidaria en la defensa de las autoridades consti- 
tuidas, de las cuales forma parte y hasta el sentimiento de su propio decoro, 
le impiden ser indiferente en cuanto a la necesidad de mostrarse ante el país, 
en estos momentos, íntegra, en el doble concepto de su integridad material o 
numérica y de la integridad de su autoridad moral, compareciendo sin defec- 
ciones ni vacilaciones en el puesto que el deber le señala. 

Yo no sé si la ausencia de algunos diputados inasistentes puede relacio- 
narse o no con los motivos a que me refería; pero sé que hay alto interés para 
la Cámara en adquirir sobre ello plena certeza, y ante el hecho de esa pro- 
longada inasistencia y de esa ausencia no autorizada por la Cámara, y ante 
los precedentes que hemos creado con nuestras resoluciones de días anteriores, 
creo que es de evidente conveniencia y de evidente equidad que, procediendo 


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1904 


de un modo general que aleje la posibilidad de desigualdades injustas después 
de las resoluciones que hemos adoptado, recurramos al medio disciplinario de 
comprobar si todos los miembros de esta Cámara permanecen en las presentes 
circunstancias con ella y están en actitud de concurrir a nuestro llamado, ofre- 
ciendo así a los diputados inasistentes, y con particularidad a aquellos sobre 
cuyo domicilio actual nada sabemos, la oportunidad de explicar o justificar su 
ausencia. 

Fuera del motivo que he indicado y refiriéndome ahora a la totalidad de 
los diputados inasistentes, y no sólo hipotéticamente a algunos de ellos, me 
parece indudable, señor Presidente, que en momentos de prueba, en circuns- 
tancias críticas y solemnes como esta porque atraviesa la Cámara, debe ser 
singularmente celosa en el cumplimiento de ciertas prescripciones reglamenta- 
rias, sobre cuya observancia, en tiempos normales, nunca hemos sido severos. 
En circunstancias tales se necesita más que nunca el concurso de todos y se 
necesita más que nunca la presencia de todos: la Cámara tiene el derecho y 
aún el deber de reclamarla. 

La negligencia de una asamblea amenazada por la rebelión en casos co- 
mo este, no podría redundar sino en menoscabo de su autoridad y de su pres- 
tigio, que es la fuerza moral de que principalmente puede valerse para su 
defensa propia y para la defensa de las instituciones. 

Presumo que contra la resolución que propongo pueda aducirse un argu- 
mento que se ha hecho valer en días anteriores contra otras resoluciones aná- 
logas. Se dirá que en estas circunstancias puede ser calificada de inoportuna 
toda medida que en algún modo tienda a alejar la posibilidad de una solu- 
ción de paz, de una solución de concordia en los acontecimientos que aflijen 
al país. 

Por mi parte, señor Presidente, creo y digo con toda sinceridad que lo que 
realmente constituiría, en mi concepto, un factor de encono y de discordia, 
sería que a favor de nuestra negligencia y de nuestro abandono cundiera este 
ejemplo de inasistencia, de ausentismo, de alejamiento, por parte de alguno 
de los elementos de la Cámara. 

La concordia de las voluntades, la aproximación de los espíritus, no tie- 
nen nada que ganar y sí mucho que perder con que este ejemplo de inasis- 
tencia cunda y se generalice. Si esa concordia y esa aproximación son po- 
sibles, es más fácil que ellas se produzcan aquí en el seno de la Cámara, 
merced a la concurrencia de todos; es más fácil que ellas se produzcan en 


89 



1904 


el seno de la Cámara cuya autoridad se levanta sobre todos indistintamente 
y donde todos nos sentimos unidos por la identidad de nuestro mandato. 

Está en la naturaleza de las cosas que sea más fácil que los hombres se 
avengan cuando se ven, cuando se hablan, y aún cuando discutan, que no 
cuando permanecen separados por la distancia y el silencio. 

Si, como deseo y espero, ninguno de los diputados inasistentes lo es por 
el hecho de estar comprometidos en actos subversivos, este llamado, este em- 
plazamiento, no tendría respecto a ellos otro alcance que el de una mani- 
festación de nuestro deseo de que vuelvan a prestamos su concurso, a man- 
tener la integridad numérica de la Cámara y a acompañarnos en estos crí- 
ticos momentos. Si, por desdicha, hubiera alguno que no estuviera en ese 
caso, nadie negará que la conminación, que significaría para él ese emplaza- 
miento *, estaría plenamente justificada. 

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES. — ¡Muy bien! 

(Apoyados) 

SEÑOR RODO. — Hay una conclusión, señor Presidente, que surge evi- 
dente de los debates habidos en esta Cámara a propósito de casos análogos 
en recientes sesiones. Esa conclusión es la imposibilidad moral de que la Cá- 
mara tolere la situación observada de que uno de sus miembros sea al propio 
tiempo revolucionario, que haga armas contra su autoridad; y la imposibili-' 
dad moral, no menor de que la Cámara se resigne a no saber con certeza si 
esa situación se ha producido. 

Desde el momento en que esa incompatibilidad de buen sentido se da, 
la Cámara debe resolverla de inmediato, imponiendo la eliminación forzosa 
allí donde no se ha producido la renuncia espontánea; a menos que el dipu- 
tado revolucionario no se anticipe a la Resolución de la Cámara enviando su 
renuncia, como debe a todas luces hacerlo, siempre que no considere que la 
Cámara es indigna de ese acto de consideración: caso que no debe ser el 
presente, puesto que habiendo los aludidos diputados formado parte de esta 
Cámara hasta hace pocos días, lo que prueba que no la consideraban indigna, 


* En el Diario de Sesiones original: aplazamiento en lugar de emplaza- 
miento. 


90 



1904 


en el trascurso de esos días no se ha producido ningún acto que arroje des- 
honor sobre ella o que menoscabe en lo más mínimo el concepto de dignidad 
que merecidamente goza. 

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES. — ¡Muy bien! 

SEÑOR RODO. — Por eso, cuando se ha dicho más de una vez aquí que 
el decoro de la H. Cámara está comprometido en casos como este, se ha dicho 
bien; y se ha dicho tanto mejor cuanto que, por mucho que sean los agravios 
que los aludidos diputados tengan o pretendan tener contra uno de los Po- 
deres Públicos o contra el conjunto del Poder Público, como miembros de un 
partido político, ellos, personalmente, como miembros de esta H. Cámara, no 
pueden tener contra ella agravio alguno, porque entiendo que han sido tra- 
tados y considerados con todo el respeto, con toda la deferencia que merecen: 
que doblemente merecen en el concepto de diputados de la Nación y por sus 
perfectas condiciones de caballerosidad. 

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES. — ¡Muy bien! 

SEÑOR RODO. — Hay, pues, verdaderas consideraciones de decoro que 
imponen a la Cámara en estos casos una actitud enérgica y digna: la Cámara 
debe ser celosa de su dignidad, que es la base de su autoridad moral y de 
su prestigio, nunca más necesario que en los momentos de peligro y de prueba. 

SEÑOR PEREDA. — Estoy conforme con la moción del diputado señor 
Rodó y la votaré. 

Creo que es conveniente que una vez siquiera se dé cumplimiento estricto 
al Reglamento para con aquellos que no concurren a la Cámara inmotivada- 
mente; pero voy a hacer una observación de forma puramente. 

Como la Cámara, en virtud de una moción mía que ha recordado el dipu- 
tado señor Areco, resolvió no reunirse sino en los casos urgentes, quizás se 
llenaría el objeto que persigue el señor diputado estableciendo un plazo de 
seis ú ocho días en vez de tres sesiones consecutivas, salvo que la Cámara 
quiera en realidad tratar algunos otros asuntos. 

Yo le propondría esta modificación declarando, sin embargo, que, aún 
cuando no la aceptase el señor diputado, daría mi voto, por considerarla justa, 
a la moción. 


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1904 


SEÑOR RODO. — Por mi parte, señor Presidente, no tengo inconve- 
niente en aceptar la modificación del diputado señor Pereda en el sentido de 
que se fije un término de seis días . . . 

SEÑOR PEREDA. — Seis u ocho. 

SEÑOR RODO. — Era esa precisamente mi intención, suponiendo que 
hubiera sesiones alternadas. 

UN SEÑOR REPRESENTANTE. — Sería necesario que hubiera sesiones. 

SEÑOR RODO. — Precisamente por eso. Eso viene a abonar la oportu- 
nidad de la observación del diputado señor Pereda: desde el momento que no 
hay sesiones, fijemos un término que podría ser, como decía el señor diputado, 
de seis días. 

SEÑOR ARECO. — Yo, señor Presidente, voy a insistir ahora haciendo 
moción sobre lo que antes manifesté, que solicitaba aclaración. Me refiero a 
la necesidad que hay de que la Cámara celebre sus sesiones en los días 
ordinarios. 

(Apoyados) 

No veo motivo ni causa de ninguna especie para que los legisladores del 
pueblo puedan perder la cabeza en estos momentos y no puedan dedicarse 
con todo interés a resolver las cuestiones que tienen a su estudio; y para abo- 
nar esta pequeña disertación con un ejemplo histórico, que es de oportunidad, 
me bastaría recordar, señor Presidente, que cuando Aníbal golpeaba las puer- 
tas de Roma, el Senado deliberaba tranquilamente. 

He terminado. 

SEÑOR CUÑARRO. — Voy sencillamente a observar que no me parece 
reglamentario el imponer a los diputados inasistentes la > comparecencia duran- 
te ocho días, que supongo que sería simplemente a la Secretaría. Los dipu- 
tados tienen deberes, y se ha invocado precisamente por el señor diputado 
autor de la moción el artículo 208 del Reglamento, que es el que impone 
la asistencia a las sesiones. Este es el deber de los diputados; por consiguien- 


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te, insisto en creer que la moción primera del señor Rodó está perfectamente 
y es la que se ajusta al Reglamento. La otra me parece que sería inconve- 
niente; que no se puede imponer a los diputados, sin cierta violencia, la con- 
currencia cuando no haya sesión. 

(Apoyados) 

SEÑOR PRESIDENTE. — Antes de proseguir, la Mesa invita al diputado 
señor Areco a que dé forma a su moción pendiente. 

SEÑOR ARECO. — Mociono, señor Presidente, para que la Cámara ce- 
lebre sesión los días ordinarios, siempre que haya asuntos que figuren en la 
orden del día o de los que deba ocuparse. 

(Apoyados) 

SEÑOR PRESIDENTE. — Sin limitación para la Mesa. 

SEÑOR CUÑARRO. — La Mesa podrá indicar los asuntos. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Perfectamente, porque antes de ahora la Cá- 
mara había resuelto que sólo los asuntos de carácter urgente constituyesen la 
orden del día. 

SEÑOR CUÑARRO. — La Mesa tendrá la facultad que ordinariamente 
le acuerda el Reglamento. 

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿Ha sido apoyada la moción? 

(Apoyados) 

Se tomará en consideración después de votarse la del diputado señor Rodó. 

SEÑOR RODO. — Cuando manifesté mi conformidad con la modifica- 
ción que el señor Pereda propuso a propósito de mi moción, lo hacía en el 
concepto de que la Cámara debería celebrar en lo sucesivo sesiones alternas. 
De modo que mi conformidad a la modificación del señor Pereda depende 
de esa condición; es decir, depende de que sea aceptada por la Cámara la 


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moción del señor Areco: de no, yo me atengo a mi primera moción y creo 
que lo conveniente sería citar, durante tres sesiones consecutivas, cualquiera 
sea el plazo dentro del cual se celebren las sesiones. 

(Apoyados) 

SEÑOR MURO. — En el fondo, señor Presidente, estoy de acuerdo con 
que se emplace a los diputados inasistentes, en tesis general, porque muchí- 
simas veces he sido de los que he protestado contra la inasistencia de los se- 
ñores diputados; pero en este caso creo que hay que ser más concretos, creo 
que andamos por las gavias. 

Mi nombre figura entre los firmantes de la solicitud para que la Cámara 
celebrara esta sesión extraordinaria, y al hacerlo he creído que la citación ha 
sido con el objeto de concretar y no hablar de una manera abstracta; no ex- 
tender el emplazamiento a todos los señores diputados. 

Creo que lo que debe tratarse es lo siguiente: 

Es público y notorio que por lo menos tres señores diputados, que son 
los señores Febrino Vianna, Carlos Berro y Carlos Roxlo, están en las filas 
revolucionarias. Es a ellos a quienes debemos emplazar: y no para que, si 
no vienen a primera, segunda o tercera sesión, se les descuenten las dietas, 
sino para que vengan a dar cuenta a la H. Cámara del delito que se les 
imputa, del delito de rebelión, precisamente el caso del doctor García. 

SEÑOR RODO. — El señor diputado no ha reparado en los términos de 
mi moción. 

UN SEÑOR REPRESENTANTE. — Se trata de dejar vacantes los puestos. 

SEÑOR MURO. — Veo que me he equivocado, que no habla de las die- 
tas la moción; pero se desprende, pues parece que la primera y segunda ci- 
tación serán para descontarles las dietas y después se les hará cesar por no 
asistir. 

SEÑOR RODO. — Es para reivindicar el derecho de declararlos cesantes. 

SEÑOR MURO. — Perfectamente: no hago cuestión. 


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SEÑOR RODRIGUEZ (don L. B. ). — Creo que la moción formulada por 
el señor diputado por Montevideo, en su última parte, no se ajusta estricta- 
mente a los términos del Reglamento. 

Si es cierto que esa moción ha sido presentada de acuerdo con el artículo 
208, hay un artículo inmediato, el 210, que se refiere a la inasistencia de los 
diputados a las sesiones de la Cámara. Esa inasistencia es juzgada con arre- 
glo a este artículo, y es penada también por él. Se establecen tres casos, y 
según ellos se determina la responsabilidad en que incurre el diputado; pero 
en este artículo 210 no se establece ninguna pena de la categoría de aquella 
que apunta el señor diputado por Montevideo, doctor Rodó. 

El Reglamento no expresa que pueda la Cámara establecer como pena el 
abandono del puesto por el diputado inasistente o cuya inasistencia se ha 
comprobado después de las citaciones que se le hayan hecho. Por consiguien- 
te, habría que juzgar este caso con arreglo a otro principio, que no es el prin- 
cipio que prevalece en el artículo 208. 

SEÑOR MURO. — A eso iba, señor diputado. Es otra manera de pensar 
la que tengo respecto de este asunto. 

Creo que nosotros debemos emplazar a los diputados para que vengan a 
dar explicaciones a la Cámara de que forman parte respecto del delito de que 
se les acusa, respecto del delito de rebelión — en caso de que no asistan — 
fijándoles un plazo prudencial — que será, como mejor lo entienda la Cá- 
mara, por los días que crea conveniente. Creo que si no concurren, es el 
caso de declararlos cesantes, porque el no venir a defenderse o justificar su 
ausencia, quiere decir que es cierto el delito de rebelión de que hablé ante- 
riormente, o que en el mejor de los casos hacen presumir el abandono de sus 
cargos, y por eso voy a formular la siguiente moción: 

“Que habiéndose generalizado la noticia de que los señores diputados doc- 
tor Carlos Berro, don Carlos Roxlo y don Febrino Vianna, se encuentran en 
las filas revolucionarias, se emplace a dichos señores por el término de diez 
días para que concurran a dar explicaciones a esta H. Cámara respecto del 
delito que se les imputa, y para el caso de que no hiciesen o no justificasen 
su ausencia, cesarán en el desempeño de sus cargos”. 

El objeto es el mismo; pero no generalizo la medida a todos los señores 
diputados, desde que tengo el convencimiento de que esos señores están en 
la revolución, como es público y notorio; y si no lo están, concurriendo a la 


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Cámara quedará desvirtuado el cargo formulado por todo el mundo, porque 
hay diputados que pueden haber faltado a las sesiones y no estar en las filas 
revolucionarias, y no me parece correcto ahora que se extienda a ellos la 
medida. Esto sin perjuicio de que yo le preste mi voto a una moción más 
general en otro caso; pero este es un caso especial para algunos diputados que 
han cometido el delito de rebelión o al menos se les ha imputado. 

Por estas razones hago moción en este sentido. 

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿Ha sido apoyada la moción? 

( Apoyados ) 

Está en discusión conjuntamente con la del diputado señor Rodó. 

SEÑOR RODO. — No estoy de acuerdo con la moción sustitutiva que 
ha presentado nuestro distinguido colega el doctor Muró: creo que no es el 
caso de personalizar la cuestión con referencia a tres personas determinadas. 

Creo, además, que la medida que yo propongo, por lo mismo que tiene 
un carácter más general, tiene una eficacia mucho mayor, puesto que no 
solamente alcanza a los diputados a quienes se refiere la moción del diputado 
señor Muró, sino que alcanza a los demás diputados: no hay solución a la 
cual se pueda llegar por intermedio de la moción del diputado señor Muró, 
que no se pueda llegar también a ella por intermedio de la mía, y en cambio 
la moción del diputado señor Muró, omite procedimientos que en mi sentir 
son necesarios para tender a restablecer la asistencia normal de los diputados 
a las sesiones de esta Cámara. 

Por esas consideraciones no acepto la moción sustitutiva del señor doctor 
Muró. 

SEÑOR RODRIGUEZ. — (don G. L.). — Yo voy también a dar mi voto 
a la moción formulada por el diputado señor Rodó: la considero más en ar- 
monía con el espíritu de elevación que debe predominar en esta Cámara en 
momentos solemnes como son los que actualmente pasa la República. 

El diputado señor Rodó sostiene una doctrina constitucional aplicable a 
todos los casos en general y no a un caso determinado, como es el que pre- 
senta en la suya el diputado señor Muró. 


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Desde luego, para la moción del diputado señor Muró, sería menester que 
hubiera un acusador en esta Cámara, que acusase a los tres diputados a quie- 
nes se ha referido, del delito presumible que se les imputa. Sería una misión 
un poco ingrata para cualquiera de los honorables colegas la de acusar a 
estos señores del delito de rebelión, no teniendo pruebas evidentes y sólo pre- 
sunciones muy fundadas, perfectamente concebibles. 

SEÑOR MURO. — No tomaría yo el cargo de acusador, señor diputado. 
Empecé por decir que yo no digo que estén en la revolución: son noticias 
fundadas, generales, de que están en la revolución; pero por el hecho de con- 
currir pueden quedar destruidas; pero no puede quedar esa imputación sobre 
los señores diputados de que están en la revolución. 

SEÑOR RODRIGUEZ (don G. L. ). — Es muy posible, señor diputado, 
que yo piense como usted, que esos señores diputados están en la revolución. 
Sin embargo, yo no tengo una prueba evidente del hecho para poder conde- 
narlos por el delito de rebelión ... 

SEÑOR MURO. — Mi moción no dice que se les va a condenar por el 
delito de rebelión; dice que por el hecho de no concurrir, lo que haría pensar 
que están en la revolución, cesarían en el desempeño de su cargo por aban- 
dono: nada más; es la consecuencia. 

SEÑOR RODRIGUEZ ( don G. L. ) . — ... mientras que la moción del 
diputado señor Rodó, con la latitud de términos que le da, es una moción 
más constitucional. 

Desde luego, al entrar a Sala yo tenía mis dudas de si podía procederse en 
la forma que lo desea el diputado señor Muró; tenía mis dudas y mis escrú- 
pulos constitucionales, porque los artículos del Reglamento no autorizan el 
procedimiento a que se quiere llegar tanto por la moción del diputado señor 
Rodó, como por la moción del señor diputado por Paysandú; mientras que en 
la forma constitucional en que encara el asunto el señor diputado por Mon- 
tevideo, creo que la Cámara puede proceder sin temor de cometer un error 
constitucional; y me parece muy bien que el señor diputado por Montevideo 
abarque a todos los señores diputados inasistentes para que no se le dé un 
carácter de partidarismo inconveniente o de ensañamiento con tres únicos se- 
ñores diputados: debía haceise con todos, y debe servir de precedente para 


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el futuro, y debemos regularizar por ese medio las sesiones del Cuerpo Le- 
gislativo que generalmente no puede sesionar por falta de número entre sus 
miembros, porque la mayor parte de los diputados y senadores desconocen la 
misión del mandante con que el pueblo los ha investido: son funcionarios pú- 
blicos como los demás funcionarios del Estado, nombrados en otra forma, y 
desde que el resto de los funcionarios de la Nación no puede faltar al cum- 
plimiento de sus deberes, tampoco pueden faltar los señores diputados y se- 
nadores, sino por motivos muy justificados. 

Aquí se abusa hasta de la concesión de licencias por largo plazo, licencias 
indeterminadas, que sería menester votarlas con mucha cautela, y saber por 
qué y en virtud de qué razones se acuerdan esas licencias. 

De manera que la moción del diputado señor Rodó va a servir, no sólo 
para el caso presente, sino para los casos futuros. 

Estas breves razones me inducen a votar de preferencia la moción del 
diputado señor Rodó. Creo que los dos tendrán el mismo alcance político, 
y que la Cámara podrá quedar más tranquila aceptando el temperamento pro- 
puesto por el señor diputado por Montevideo, que la moción del señor diputa- 
do por Paysandú. 

(Apoyados) 

SEÑOR MURO. — Deseo solamente hacer una aclaración. 

Según se desprende de lo manifestado por mi distinguido colega el señor 
diputado Rodríguez, mi moción es antipática . . . 

SEÑOR RODRIGUEZ (don G. L.). — No, señor. 

SEÑOR MURO. — ... es poco menos que personal y no es así, señor 
diputado, ni motivos hay para que sucediera así, porque me liga muy buena 
amistad con esos señores diputados. 

Pero el caso es completamente distinto. No vamos a juzgar de la misma 
manera a los diputados respecto de los cuales tenemos la conciencia de que 
están en la revolución, que aquellos otros señores diputados que por sus ocu- 
paciones o por otras circunstancias no hayan concurrido a cinco sesiones. 

SEÑOR RODRIGUEZ (don G. L. ). — Pero eso lo expondrán oportuna- 
mente los diputados que estén en ese caso: expondrán cuales son los motivos 


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de su inasistencia. Se le concede a cada diputado el medio de justificar su 
inasistencia: si la puede justificar, tanto mejor. 

SEÑOR MURO. — Pero entonces, para ser consecuente, la Cámara, en 
el caso del doctor García, debería haber adoptado ese mismo temperamento, 
de emplazar a aquel señor diputado, porque no teníamos nada más que unas 
cartas. 

SEÑOR RODO. — No hubiera sido inoportuno. Yo, si combatí la mo- 
ción de emplazamiento del diputado señor García, fue precisamente porque 
no se hacía lo mismo con los demás señores diputados inasistentes; pero si se 
hubiera adoptado el mismo procedimiento para todos . . . 

SEÑOR MURO. — Yo creo que se podrían votar las dos mociones por 
separado: una emplazando aquellos por sospecha del delito de rebelión, y 
otra, por inasistencia . . . 

SEÑOR RODO. — Yo no veo el objeto de esa moción. 

SEÑOR MURO. — Pero son dos casos distintos. No vamos a involucrar 
los diputados que son revolucionarios, repito, con algunos otros de la misma 
filiación política que, como dije antes, faltan porque tal vez tengan sus mo- 
tivos para no venir, y cuyo proceder debemos respetar. 

SEÑOR RODO. — Pero a mí no me consta que haya diferencia entre 
la actitud de esos diputados. 

SEÑOR ARECO. — Y sobre todo, que los que tengan causa justificada 
de su inasistencia, darán cumplimiento a las prescripciones reglamentarias; 
darán aviso a la Mesa explicando las razones que tengan para justificar su 
inasistencia a la Cámara. 

SEÑOR RIESTRA. — Yo siento sobremanera no poder acompañar ningu- 
na de las dos mociones presentadas, ni la del diputado señor Rodó, ni la del 
doctor Muró, porque creo que las dos son completamente inconstitucionales 
y antireglamentarias. 


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El caso de inasistencia a las sesiones está explícitamente penado en el 
artículo 210 del Reglamento. El diputado que no concurre a las sesiones, sólo 
tiene por pena el descuento de sus dietas. 

Yo no sé en virtud de qué artículo constitucional podría la Cámara esta- 
blecer el abandono que pretende el diputado señor Rodó. 

SEÑOR ARECO. — En virtud del artículo 52 que autoriza a la Cámara 
para castigar los desórdenes de conducta de sus miembros. 

SEÑOR RIESTRA. — Yo soy consecuente con mis opiniones. Yo creo 
que el caso del doctor García, en mi modo de sentir, ha sido solucionado in- 
constitucionalmente . . . 

SEÑOR ARECO. — ¡Ah! bueno: yo creo lo contrario. 

SEÑOR RIESTRA. — . . .de manera que estoy perfectamente bien en la 
tesis que sostengo, porque es evidente . . . 

SEÑOR RODO. — Procede en este caso de acuerdo con las ideas que 
manifestó en la sesión anterior. 

SEÑOR RIESTRA. — Y de acuerdo con lo que creo que dice la Cons- 
titución . 

Por otra parte, pienso que la mejor política que se debe hacer en estos 
casos, es la política de la verdad. Si realmente se justifica por cualquier me- 
dio que sea, que esos señores diputados forman parte de las filas revoluciona- 
rias, lo que correspondería sería lo que siempre he sostenido: su desaforo, para 
después, en oportunidad, ser sometidos . . . 

SEÑOR ARECO. — ¡Si no hay desaforo posible, sino mediante una acu- 
sación ante la Cámara! 

SEÑOR RIESTRA. — ¿Por qué? 

SEÑOR ARECO. — No hay desaforo posible, porque desaforo quiere de- 
cir quitarle la inmunidad a un diputado para que lo pueda juzgar la justicia, 
por ejemplo. 


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SEÑOR RIESTRA. — Precisamente para que pueda ser juzgado; y eso 
mismo lo puede hacer la Cámara, de acuerdo con el artículo 51 de la Cons- 
titución. 

Me parece que esa moción del diputado señor Rodó, que tiende a colo- 
car a los diputados inasistentes en la condición de imposibilitados moralmen- 
te para seguir desempeñando el cargo, no es ni constitucional ni políticamente 
conveniente. 

SEÑOR COSTA. — En vista de las disidencias que se pronuncian en la 
Cámara sobre la forma que ha de escogitarse para tomar una medida represi- 
va contra los inasistentes a ella, me parece que lo que procede es que se nom- 
bre una Comisión Especial para aconsejar a la Cámara el temperamento a 
seguirse. . . 

(Apoyados) 

(No apoyados) 

... a ver si es posible armonizar tantas opiniones discordantes, y que se expi- 
da en cuarto intermedio. 

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿Ha sido apoyada? 

(Apoyados) 

Habiendo sido apoyada la moción del diputado señor Costa, está en 
discusión. 

SEÑOR RIESTRA. — ¿Es una moción previa? 

SEÑOR PRESIDENTE. — Es una moción previa. 

SEÑOR COSTA. — Para que se expida en cuarto intermedio. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar 
la moción del diputado señor Costa, para que las distintas mociones presenta- 
das se destinen a estudio de una Comisión Especial con encargo de expedirse 
en cuarto intermedio, suspendiéndose entre tanto el debate. 


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Los señores por la afirmativa, en pie. 

(Afirmativa) 

SEÑOR CUÑARRO. — Voy a hacer una moción de orden. 

Hago moción para que se prorrogue la sesión por una hora más, si fuese 
necesario, hasta ¿concluir este debate, 

(Apoyados) 

porque es probable que la Comisión necesite más tiempo y vengamos aquí y 
no tengamos tiempo de discutir. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar. 

Si se prorroga la sesión hasta las siete de la noche con el objeto de ter- 
minar este asunto. 

Los señores por la afirmativa, en pie. 

(Afirmativa) 

La Mesa designa para formar la Comisión Especial a los diputados se- 
ñores Costa, Varela, Rodó, Lauro Rodríguez y Anaya. 

SEÑOR RODO. — Yo, como autor de una de las mociones, me excusaría 
de formar parte de esa Comisión; deseo que mi moción sea apreciada y juz- 
gada por otros señores diputados. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Perfectamente. Se designa al señor Cuñarro, 
entonces. 

La Cámara pasa a cuarto intermedio. 

( Así se efectúa, y vueltos a Sala . . . ) 

Continúa la sesión. 

Va a darse lectura del informe de la Comisión Especial. 


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(Se lee lo siguiente): 

La Comisión Especial constituida para aconsejar una resolución con mo- 
tivo de la inasistencia de algunos de sus miembros, os aconseja el siguiente 
dictamen, por las razones que expondrá el miembro informante: 

19 Cítese a los miembros que no hayan asistido durante cinco sesiones 
consecutivas y sin haber recabado la licencia o dado aviso a la H. Cámara con 
arreglo al reglamento, bajo apercibimiento de aplicárseles las penas que él esta- 
blece en su artículo 210. 

29 Cítese a los diputados don Febrino Vianna y don Carlos Roxlo, a quie- 
nes la voz pública imputa haberse ausentado de la capital para tomar parte 
en el movimiento revolucionario, para que comparezcan a la sesión del día 
23 del corriente a fin de dar explicaciones a la Cámara sobre los motivos de 
su inasistencia, bajo apercibimiento de aplicárseles la sanción del artículo 52. 

39 Declárase a los señores diputados don Carlos A. Berro y don Rodolfo 
Fonseca, en virtud de su carácter de miembros del Directorio de la fracción del 
Partido Nacional que se ha alzado en armas contra los Poderes Públicos del 
Estado, y a mérito de las facultades que el artículo 52 de la Constitución con- 
fiere a la H. Cámara, cesantes en sus cargos de diputados, debiendo procederse 
a la convocación de sus respectivos suplentes. 

Montevideo, 16 de enero de 1904. 

Angel Floro Costa — Luis Varela — Benito M. Cuñarro — Lauro V. 

Rodríguez — Eduardo B. Anaya. 

(D.S.C.RR. T. 174. Págs. 567-576) 

Planteado el debate acerca de este informe de la Comisión, el Diputado Cu- 
ñarro propone que se postergue la consideración del tema hasta el lunes próximo. 
El Diputado Pereda acompaña esta moción, adelantando su opinión contraria al 
proyecto de la Comisión Especial. Rodó expresa entonces: 

SEÑOR RODO. — Voy a hacer una manifestación análoga a la que 
acaba de hacer el diputado señor Pereda. Había pedido la palabra cuando el 
doctor Cuñarro formuló su moción de orden. Deseaba hacer uso de ella para 


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insistir en mi moción y combatir el informe de la Comisión, sobre todo, como 
ha dicho muy bien el diputado señor Pereda, en su última parte, con la que 
estoy radical y absolutamente discorde. 

Era lo que tenía que decir. 

(D.S.C.RR. T. 174. Pág. 581) 

Se vota afirmativamente la moción del Diputado Cuñarro. (VER Nos. 21, 22, 
23, 25, 26, 28.) 


1908 


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M. 

21) DIPUTADOS INASISTENTES Y SOSPECHOSOS DE HABERSE 
INCORPORADO A LA REVOLUCION DE 1904. 

En la 52* Sesión Extraordinaria del 18/1/904 continúa la discusión del tema 
(VER Nos. 16, 17, 18, 19, 20). El primer orador es Rodó, promoviéndose el si- 
guiente debate: 

SEÑOR RODO. — Como sé que algunos señores diputados han manifes- 
tado ciertas dudas sobre la interpretación que debe darse a la última parte de 
mi moción, declaro que no tendría inconveniente en modificarla en el sentido 
de que se especificara que los diputados que no atendieran a las citaciones de 
la Cámara, quedarían por el hecho cesantes en sus puestos. 

Si la Comisión informante se manifiesta conforme con mi moción, modi- 
ficada en este sentido, yo no haré uso de la palabra; pero si persiste en la 
resolución que ha aconsejado anteriormente, yo, desde ya, pido seguir hacien- 
do uso de la palabra para impugnar el dictamen de la Comisión. 

SEÑOR CUÑARRO. — Deseo manifestar que la Comisión, sin cambiar 
ideas previamente, no podría hacer esa manifestación, porque no ha tenido 
oportunidad de consultar la opinión de cada uno de sus miembros, y hay 
además la imposibilidad material, en materia tan grave, en resolver en una 
conversación ligera de la Cámara. 

SEÑOR ARECO. — Pero podría la Mesa, para facilitar la solución de este 
asunto, sin mayor debate o sin hacerlo muy extenso, invitar a la Cámara a 
pasar a cuarto intermedio, para que la Comisión pueda cambiar ideas, porque 
se ha modificado fundamentalmente la faz de la cuestión, en vista de la indi- 
cación que hace el diputado señor Rodó. 

SEÑOR RODO. — El objeto fundamental no se ha modificado. 

SEÑOR ARECO. — Tiene razón el señor diputado. 

SEÑOR RODO. — El objeto fundamental de mi moción tiene el mismo 
sentido, el mismo alcance que la anterior. 


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SEÑOR ARECO. — Se ha aclarado. 

SEÑOR ANAYA. — Siento la necesidad de manifestar, señor Presidente, 
que al suscribir el informe de la Comisión Especial de que tengo el honor de 
formar parte, no lo hice sino violentando sentimientos personales de la más 
alta consideración. 

Independiente de los vínculos de compañerismo que nos son comunes a 
los miembros de este Cuerpo, me ligan a algunos de los colegas a que se 
refiere el informe, lazos de estrecha y sincera amistad que probablemente que- 
darán resentidos, y que hubiera deseado conservar inalterables. 

Pero entiendo que muy por encima de mis afectos personales, están mis 
deberes de legislador; y es en nombre de esos deberes que he puesto mi fir- 
ma al pie de aquel informe. 

Dicho esto, agregaré que, a mi juicio, en buena lógica y recta justicia, el 
temperamento aconsejado, tan radical como se quiera, es, en definitiva, el que 
procede. 

Por punto general, son contraproducentes las situaciones ambigüas y los 
términos velados: las primeras no hacen sino aplazar y aumentar dificultades 
que habría conveniencia en suprimir de inmediato; y los segundos, debilitar, 
cuando no encubrir responsabilidades que sería correcto y previsor fijar con 
precisión y con verdad . . . 

SEÑOR ARECO. — ¿Me permite, diputado señor Anaya?. . Yo creo que 
está tratando el fondo de la cuestión y yo hice una moción, que me parece 
que es previa. Si el colega permitiera, primero se votaría. 

SEÑOR RODRIGUEZ (don L. V.). — No habría ningún inconveniente 
que el diputado señor Anaya fundara su voto respecto del informe suscrito. 

SEÑOR ANAYA. — Como he firmado el informe, tengo necesidad de 
hacer algunas aclaraciones . . . 

SEÑOR COSTA. — ¡Es claro!.. 

SEÑOR ANAYA. — Continúo, señor Presidente. Por poco que se inves- 
tigue, por qué en plena época de resurrección institucional, administrativa y 
económica, se exterminan los orientales entre sí, llenan de luto los hogares 


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1904 


y de escombros la República, y hasta comprometen su propia soberanía, — por 
poco que se investigue, digo, será forzoso convenir en que la causa principal 
no es otra que la tolerancia de situaciones indefinidas y la falta de energía 
para concretar y exigir responsabilidades. 

(Apoyados) 

Debemos, pues, aprovechar estas lecciones de la experiencia que nos hie- 
ren hondo en carne viva, para proceder dentro de la órbita de los principios, 
con todo el rigor posible. 

Se observa que el informe va más allá de donde debiera ir. Yo creo 
que no. 

No hay lógica, en mi concepto, en declarar cesante, como acabamos de 
hacerlo, al doctor Bernardo García, porque tenemos la conciencia moral de 
que se encuentra en la rebelión . . . 

SEÑOR ARECO. — Y la prueba material emanada del propio revolu- 
cionario. 

SEÑOR ANAYA. — ... y no adoptar medidas semejantes respecto de aque- 
llos señores diputados que notoriamente forman también parle de esa rebelión, 
o notoriamente la han fomentado y la representan. 

(Apoyados) 

No pertenezco, señor Presidente, al número de los que niegan el pan, el 
agua y la sal, a los que no piensan como ellos, — casi siempre en nombre de 
una altivez de carácter que, casi siempre también, no es más que la máscara 
con que se cubren muchas debilidades y no pocas cobardías. 

Opino, sí, que la solemnidad de los momentos actuales reclama imperio- 
samente la adopción de medidas que salven el decoro de este Alto Cuerpo y 
señalen rutas definitivas. 

Concluiré declarando, señor Presidente, que mi adhesión al informe no 
quiere decir que si, como ha manifestado mi distinguido colega el señor Rodó, 
se proponen fórmulas que, por distintos medios, lleguen a la misma conclusión, 
no esté dispuesto a aceptar esas fórmulas. 


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VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES. — ¡Muy bien! 

SEÑOR ANAYA. — Dejo, con lo dicho, explicada mi actitud. 

He concluido. 

SEÑOR RODO. — Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE. — La Mesa desea saber si el diputado señor Are- 
co insiste en su moción previa. Creyó la Mesa que el diputado señor Anaya 
iba a ocuparse de la moción previa, que fue apoyada. 

SEÑOR ARECO. — Pero, señor Presidente, si el diputado señor Rodó 
quiere contestar al diputado señor Anaya, yo no puedo, decorosamente, insis- 
tir en mi moción; yo no puedo impedir que hable. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Perfectamente; tiene la palabra el señor Rodó. 

SEÑOR RODO. — Yo convengo con el diputado señor Areco en cuanto 
a la alta conveniencia de que lleguemos a una conclusión conciliatoria; no sería 
yo, ciertamente, un obstáculo para que se arribara a esa solución conciliatoria. 

Si la Cámara entiende que conviene pasar a cuarto intermedio para tratar 
de encontrar esa solución, yo adhiero a esa resolución desde ahora. 

(Apoyados) 

SEÑOR PRESIDENTE. — Está, pues, en discusión la moción previa del 
diputado señor Areco, para que la Cámara pase a cuarto intermedio con el 
objeto de tomar en consideración las nuevas aclaraciones que presenta el dipu- 
tado señor Rodó respecto del alcance de su moción. 

SEÑOR COSTA. — Sería bueno que formulara su nueva moción. 

SEÑOR ARECO. — La Comisión puede llamar al diputado señor Rodó 
a su seno. . . 

SEÑOR CUÑARRO. — Y también a algunos otros señores diputados. 


108 



1904 


SEÑOR PRESIDENTE. — Si no se hace uso de la palabra se va a votar. 

Si se aprueba la moción del diputado señor Areco, para que la Cámara 
pase a cuarto intermedio con el objeto de que la Comisión Especial oiga las 
explicaciones del diputado señor Rodó y de algunos otros señores diputados 
que deseen intervenir en la solución de este incidente. 

Los señores por la afirmativa, en pie. 

(Afirmativa) 

La Cámara pasa a cuarto intermedio. 

( Así se efectúa, y vueltos a Sala . . . ) 

Continúa la sesión. 

SEÑOR COSTA. — En el desempeño de nuestro cometido hemos llamado 
a algunos de los señores que han presentado mociones distintas, al seno de 
la Comisión; y de la discusión, cambios de ideas que hemos tenido, hemos lle- 
gado a una fórmula definitiva. 

El informe anterior de la Comisión constaba de tres artículos: ha que- 
dado refundido en dos, que son los que pido al señor Presidente ordene que 
dé lectura el señor Secretario. 

(Se lee lo siguiente): 

Artículo 1^ — Cítese por tres veces a los señores representantes que ha- 
yan dejado de asistir sin causa justificada a cinco sesiones consecutivas, a fin 
de que concurran a las sesiones en cumplimiento de los deberes que le impo- 
ne el artículo 208 del Reglamento, con prevención, de que no concurriendo a 
tres sesiones consecutivas, se considerará que han hecho abandono del cargo 
y se procederá en consecuencia. 

Art. 29 — Cítese por edictos publicados en tres diarios de la capital a los 
diputados don Carlos A. Berro, don Rodolfo Fonseca, don Febrino Vianna y 
don Carlos Roxlo, a quienes la notoriedad pública atribuye: a los dos pri- 
meros, el carácter de miembros del directorio de la fracción del Partido Na- 
cionalista que se ha alzado en armas contra los poderes del Estado, y a los 
segundos, haberse ausentado de la capital para tomar parte en el movimiento 


109 



1904 


revolucionario encabezado por don Aparicio Saravia, para que dentro del pe- 
rentorio término de ocho días comparezcan a la Cámara a dar explicaciones 
de su inasistencia, librando a su espontánea caballerosidad de mandatarios del 
pueblo, regularizar su situación, con relación a la Cámara de que forman 
parte y bajo apercibimiento de aplicárseles la sanción legal que prescribe el 
artículo 52 de la Constitución. 

(D.S.C.RR. T. 174. Págs. 584-586) 

El debate continúa luego en torno a esta nueva propuesta, en cuya oportu- 
nidad participa Rodó en el siguiente diálogo: 

SEÑOR RODO. — Voy a significar simplemente, porque mi propósito 
no es contribuir a que se prolongue la discusión, que yo no estoy conforme 
con la solución a que ha arribado la Comisión Informante, y así tuve el honor 
de manifestárselo a los señores que la componen. 

Las mismas consideraciones y los mismos motivos que hicieron que no 
retirase mi moción frente a la resolución aconsejada por la Comisión Dicta- 
minante en la sesión anterior, esas mismas consideraciones y esos mismos mo- 
tivos, con poca diferencia, hacen que yo insista en mi moción primera. Y 
abreviando y resumiendo los motivos de mi disconformidad con la resolución 
aconsejada hoy por la Comisión, diré que entiendo que mi moción anterior 
conducía exactamente al mismo resultado práctico que la que se presenta 
ahora, con la ventaja de no hacer diferencia entre unos diputados y otros, di- 
ferencia que me parece injustificada. 

SEÑOR MURO. — No apoyado. 

SEÑOR RODO. — Entiendo, señor Presidente, que la moción que yo 
propuse conducía a que se aplicase la sanción penal a que haya lugar a todos 
aquellos que pueden considerarse comprometidos en trabajos revolucionarios, 
con la ventaja de que además se obligaba a los miembros de esta Cámara, 
remisos o inasistentes contumaces, a que concurriesen a sus sesiones, y todo 
ello sin personalizarse con nadie, de un modo general, empleando términos 
levantados. 

Si se produjera debate y se impugnara mi moción y se defendiera la re- 
solución aconsejada por la Comisión, yo volvería a hacer uso de la palabra 
expresándome de una manera más detenida. 


110 



1904 


SEÑOR MURO. — Ayer, al terminar la sesión y con el objeto de faci- 
litar el debate, retiré la moción que había presentado; pero, desgraciadamente, 
lejos de facilitar el debate, ha venido a hacerse más complicado y a informarse 
nuevamente de una manera completamente distinta de la que se había acon- 
sejado ayer y distinta de mi moción y de la del diputado señor Rodó. 

Vengo, señor Presidente, a insistir en mi moción, modificada en parte, es 
decir, para no tomar una resolución inmediata sino dando un plazo deter- 
minado. 

De manera que vendría a tener este objeto: citar a los diputados señores 
Carlos Berro, Carlos Roxlo y Febrino Vianna, para que concurran dentro del 
término de ocho o diez días a esta H. Cámara, a dar las explicaciones por el 
delito que se les imputa, que es voz corriente y que nosotros estamos ya con- 
vencidos de que están en la revolución. Y digo que creo estar en io cierto, 
y por eso vuelvo a insistir en mi moción, porque toda la discusión de la Co- 
misión ha versado sobre la forma de procedimiento, y ésta no depende sino 
de que se quiere medir con la misma vara a todos los señores diputados. 

El caso de los diputados que he nombrado es un caso especialísimo: es 
el caso del diputado García, de quien tomamos una resolución que dió por 
resultado el cese de ese diputado. 

Es verdad que existían cartas . . . 

SEÑOR RODO. — Previo informe del Poder Ejecutivo, señor diputado. 

SEÑOR MURO. — ... y se habían pedido informes al Poder Ejecutivo; 
ahora no existen cartas. 

Yo no digo que esos señores estén en la revolución: es voz corriente que 
lo están, — y si no lo están, se presentarán dentro del término de ocho o diez 
días; y entonces por el solo hecho de su presentación, habrá quedado con- 
cluido el asunto. 

Después que nosotros tomemos una resolución de esta naturaleza con 
respecto a esos diputados — que todo el mundo cree que están en la revolu- 
ción — es el caso de tomar una medida de carácter disciplinario, como es la 
que indica el diputado señor Rodó. 

De esta manera yo creo que habriamos salvado el inconveniente, habría- 
mos llegado a un acuerdo. 


111 



1904 


Creo que habría mayoría para votar mi noción, en primer término, que 
es la que urge, y mayoría también para votar la del diputado señor Rodó, 
posteriormente de carácter general. 

Ahora, excuso decir lo que dije ayer, de que en cuanto a la parte que se 
refiere al directorio del Partido Nacional, es decir, que se refiere al doctor 
Fonseca, no estoy de acuerdo. El doctor Fonseca no ha firmado documento 
de ninguna clase que diga que se haga solidario de los hechos. . . 

SEÑOR ARECO. — Al contrario: pudiéndose quedar en la revolución, 
se ha venido a la capital de la República. 

SEÑOR RAMON GUERRA. — Y ha concurrido a una de las últimas 
sesiones. 

SEÑOR MURO. — Precisamente viene en apoyo de lo que estoy sos- 
teniendo. 

En vista de estas consideraciones, insisto en mi moción modificada en 
esa forma. 

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿La ha entregado a la Mesa el señor diputado? 

SEÑOR MURO. — Es la misma de ayer. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Léase. 

( Se lee lo siguiente ) : 

Emplázase por el término de diez días a los señores diputados doctor don 
Carlos A. Berro y señores Carlos Roxlo y Febrino L. Vianna, para que concu- 
rran a la sesión que se celebrará el martes 26 a dar cuenta del delito de re- 
belión que se les imputa públicamente. 

SEÑOR RAMON GUERRA. — Se hará por la prensa el emplazamiento. 

SEÑOR MURO. — Por la prensa se puede hacer. 

(Dicta): “Para el caso de no concurrir, la Cámara será citada para tomar 
la resolución que corresponda”. 


112 



1904 


SEÑOR PRESIDENTE. — ¿Ha sido apoyada? 

(Apoyados) 

Está en discusión conjuntamente con las demás y con el dictamen de la 
Comisión. 

SEÑOR SUAREZ. — Pido que se dé lectura de la moción presentada por 
el diputado señor Muró. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Léase. 

(Se vuelve a leer) 

SEÑOR ARECO. — Por el término de diez días. 

SEÑOR RAMON GUERRA. — Para la sesión que se celebre el día 26. 

SEÑOR SUAREZ. — Esa segunda parte parece demás desde el momen- 
to que la Cámara ya queda citada para el martes, y en ese momento tomará 
la resolución. 

« •' f 

SEÑOR MURO. — No tengo inconveniente en suprimir esa parte, si es 
motivo de disidencia. 

SEÑOR PEREDA. — Tenía el propósito de combatir, como lo anuncié 
en la sesión anterior, el articulado propuesto ayer por la Comisión Especial, y 
estoy también en desacuerdo con el temperamento que hoy aconseja. 

Yo creía, y sigo creyendo, que la medida más prudente, porque no hace 
personal la cuestión, es la que encierra la moción del diputado señor Rodó; 
pero se ha insistido tanto respecto a que tres miembros de esta Cámara, los 
que nombra el doctor Muró en su moción, no asisten a nuestras deliberaciones 
por hallarse formando en las filas revolucionarias, que voy a darle mi voto 
a la del señor representante por Paysandú. 

Hasta cierto punto, con la nueva forma que le ha dado, desaparece la 
violencia que entrañaba * la que nos propuso ayer, por cuanto que no se acon- 


* En el original del Diario de Sesiones: extrañaba en lugar de entrañaba. 


113 



1904 


seja desde ya cuál es la resolución definitiva que va a tomarse, sino que 
apenas se fija un plazo perentorio para que dentro de él concurran a la Cá- 
mara a dar explicaciones de sus actos los señores representantes sindicados de 
rebeldes, dejando a este Cuerpo adoptar la determinación que crea, con arre- 
glo a las circunstancias, según el resultado de la intimación que se les haga. 

De manera, pues, que por estas razones, hoy adhiero a la moción del 
señor doctor Muró, aun cuando creo que habría convenido mejor la del dipu- 
tado señor Rodó. 

Por lo demás, eso de particularizarse con los miembros del directorio del 
Partido Nacional, con todos ellos al menos — es decir, con los que forman par- 
te de esta Cámara — no me parece cuerdo ni justo. 

Es público y notorio, señor Presidente, — porque se ha consignado en 
artículos editoriales del diario que, como ha dicho el doctor Costa, figura co- 
mo oficial, — que varios miembros del directorio nacionalista fueron a entre- 
vistarse con el señor Aparicio Saravia llevando bases de acuerdo, que se atri- 
buyen al Presidente de la República, y entre los que llevaban esas bases — se- 
gún es también de pública notoriedad — figurabai el doctor Fonseca. El doctor 
Fonseca ha regresado y ha concurrido a nuestras sesiones, mientras que varios 
de los que le acompañaban han quedado formando parte del ejército revolu- 
cionario. 

Esto quiere decir, o esto da a entender, a lo menos, o que el doctor Fon- 
seca no participa del movimiento revolucionario, o que, si participa de él, 
guarda una actitud pasiva; y me parece que no es prudente que prejuzguemos 
y que entremos a leer en la conciencia de los hombres. 

No existe, pues, motivo fundado alguno para comprenderlo en la conmi- 
nación de que se trata, y, en consecuencia, debe excluírsele de ella. 

Voy a votar, repito, por estos fundamentos, la moción del señor diputado 
por Paysandú, y no dudo que la Cámara rechazará lo aconsejado por la Co- 
misión Especial. 

SEÑOR BRITO. — Yo voy a votar, señor Presidente, la moción del señor 
diputado por Paysandú, doctor Muró, pero me parece que podemos adelantar 
camino haciendo de la moción del señor diputado por Paysandú y de la del 
señor diputado por Montevideo, doctor Rodó, una sola moción, y propondría 


114 



1904 


al efecto que la moción del doctor Rodó figurase como artículo 29, porque de 
ese modo quedaría perfectamente determinado el temperamento a adoptarse 
para casos venideros análogos a* éste. 

Así que, en tal virtud, yo invitaría a los señores diputados por Paysandú 
y por Montevideo para que de sus dos mociones hiciesen una sola, figurando 
en esa moción, como artículo 19 la moción del señor Muró, y como artículo 
29 la del señor Rodó. 

(Apoyados) 


SEÑOR RODO. — Aunque, en realidad, con la solución que propone el 
señor Brito no se eliminan los inconvenientes que yo encontré desde el primer 
momento para votar la moción del señor Muró, como veo que la opinión de 
la Cámara se inclina a favor de esta moción, y como entre votar esta moción 
por sí sola y votar una que resulte del acuerdo de ella con la mía, opto por 
esta última y retiro la moción que presenté primeramente y adhiero a la fór- 
mula que ha propuesto el diputado señor Muró. 

He dicho. 

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿El diputado señor Rodó retira su moción o 
consiente que forme como segunda parte de la del doctor Muró? 

SEÑOR RODO. — Consiento que forme como segunda parte de la mo- 
ción del señor Muró. 

SEÑOR GIL (don Mario). — Solamente voy a dejar constancia que no 
voy a votar el temperamento aconsejado por la Comisión Especial, y voy a 
dar mi voto a la moción del señor diputado por Paysandú. 

Yo creo, señor Presidente, que a pesar de las consideraciones hechas por 
el doctor Costa respecto de la responsabilidad de otros diputados en los su- 
cesos que actualmente se desarrollan en el país, a pesar de que esas consi- 
deraciones son muy dignas de tenerse en cuenta, esas responsabilidades son 
más bien de carácter político, de carácter moral, que de carácter legal; que 
por consiguiente la Cámara, sin salir de su esfera institucional no debe llevar 


115 



1904 


su acción, sus procederes, sino a aquellos diputados que están sindicados como 
de tomar parte activa en el movimiento revolucionario. 

(Apoyados) 

Creo que nos falta un elemento de juicio. 

La Cámara no tiene del Poder Ejecutivo una palabra oficial respecto de 
la actuación de los ciudadanos miembros del directorio en la responsabilidad 
de estos sucesos. No bastan, a mi juicio, las informaciones de la prensa, por 
más afinidades oficiales que quiera atribuírsele y a que se refería el doctor 
Costa. 

El Poder Ejecutivo ha silenciado, al dirigirse a la Comisión Permanente 
respecto del origen de las causas, los pretextos, si se quiere, de este movi- 
miento revolucionario, y la intervención que han podido tener, antes de ini- 
ciarse, los ciudadanos del directorio nacionalista. 

No hay base, pues, para que nosotros determinemos responsabilidades le- 
gales respecto de un colega, como el doctor Fonseca, que ha asistido hasta 
las últimas sesiones de esta Cámara. 

Es, pues, en consecuencia de ello que voy a negar mi voto al tempe- 
ramento aconsejado por la Comisión Especial. 

Era lo que tenía que decir. 

SEÑOR ENCISO. — Pido que se dé lectura de la moción del diputado 
señor Muró conjuntamente con la del doctor Rodó. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Van a leerse. 

(Se leen) 

Si no se hace uso de la palabra se va a votar. 

SEÑOR ARECO. — Hago moción para que se prorrogue la sesión hasta 
terminar este pequeño incidente. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar. 

Si se prorroga la sesión por un cuarto de hora más. 


116 



1904 


Los señores por la afirmativa, en pie. 

(Afirmativa) 

SEÑOR RODO. — En la forma en que se ha leído mi moción incorpo- 
rándola como artículo 29 a la del señor Muró, se presenta mi moción primera 
alterada en una forma radical, fundamental, que en mi concepto la desvirtúa. 
La moción que yo presenté era en el sentido de considerar que habrían hecho 
abandono de sus cargos aquellos diputados que no hubiesen asistido a cinco 
sesiones consecutivas antes de la citación que les hiciese la Cámara. 

Y lo que resulta del artículo 29 que ha leído el señor Secretario . . . 

SEÑOR PRESIDENTE. — El Secretario no ha hecho otra cosa que va- 
riar la primera palabra. 

SEÑOR RODO. — ¿Quiere hacer dar lectura nuevamente el señor Pre- 
sidente? 

SEÑOR PRESIDENTE. — La moción antigua decía: para que sean ci- 
tados. Dándole forma imperativa, hay que poner cítense. 

(Se lee lo siguiente): 

“19 Emplázase a los señores Carlos Berro, Carlos Roxlo y Febrino L. 
Vianna, para que concurran a la sesión del día 26 del corriente a fin de dar 
exph'caciones sobre su actuación en el movimiento revolucionario de que se 
les acusa públicamente. 

“29 Cítese por tres veces a los señores representantes que hayan dejado 
de asistir a cinco sesiones consecutivas, a fin de que concurran a las sesiones 
en cumplimiento de los deberes que les impone el artículo 208 del Regla- 
mento, con prevención de que no concurriendo a tres sesiones consecutivas 
se considerará que han hecho abandono del cargo y se procederá en conse- 
cuencia”. 


SEÑOR RODO. — Perfectamente. Había interpretado mal la primera lec- 
tura. Así la acepto. 


117 



1904 


Mi observación consistía en que si no se refería la moción a los diputados 
que no hubiesen asistido a cinco sesiones consecutivas, quedarían comprendi- 
dos dentro del alcance de esta moción todos los que no concurriesen después 
de la citación. Esa no era la mente. Ahora, así como está, la acepto. 

Se refiere a las sesiones anteriores. 

SEÑOR ARECO. — A cinco inasistencias anteriores. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Cinco inasistencias sin causas justificadas. 

SEÑOR RAMON GUERRA. — Está sobrentendido. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar. 

Si se da el punto por suficientemente discutido. 

Los señores por la afirmativa, en pie. 

( Afirmativa ) 

Se van a votar en primer término Jas mociones refundidas de los diputa- 
dos señores Rodó y Minó, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del 
Reglamento. Si esto fuese desechado se votará la moción sustitutiva que pro- 
pone la Comisión Dictaminante. 

Léase. 

(Se lee como artículo 1° la moción del señor Muró). 

Si se aprueba. 

Los señores por la afirmativa, en pie. 

(Afirmativa) 

Léase el artículo 2*?. 


118 


(Se lee como artículo 29 la moción del señor Rodó). 
SEÑOR FIGARI. — Sin causa justificada, se había dicho. 



SEÑOR PRESIDENTE. — Se puede agregar sin causa justificada. 
(Se lee con el agregado). 

Los señores por la afirmativa, en pie. 

(Afirmativa) 

(D.S.C.RR. T. 174. Págs. 600 - 604) 

(VER Nos. 22, 23, 25, 26, 28.) 




1904 


M. 

22) DIPUTADOS INASISTENTES Y SOSPECHOSOS DE HABERSE 
INCORPORADO A LA REVOLUCION DE 1904. 

Al iniciarse la 53* Sesión Extraordinaria del 26/1/904, nuevamente Rodó es el 
primer orador (VER Nos. 16, 17, 18, 19, 20, 21), originándose el siguiente debate: 

SEÑOR RODO. — Señor Presidente: cuando se produjo el informe de 
la Comisión encargada de dictaminar sobre la moción que presenté a la H. 
Cámara, y que ésta aceptó y figura hoy como artículo 2? de la ley que fue 
sancionada, me manifesté en desacuerdo con él en cuanto aconsejaba la eli- 
minación inmediata de los diputados señores Berro y Fonseca, por el hecho 
de ser miembros del directorio nacionalista. 

Creía, señor Presidente, que por mucho que fuera el sentimiento íntimo 
y la convicción moral que cada uno de nosotros pudiera tener respecto de las 
responsabilidades anexas al cargo político de miembros de aquel directorio, 
en los antecedentes de los sucesos producidos, esa convicción moral, ese sen- 
timiento íntimo, no bastaban para dejar establecido un precedente tan peli- 
groso como el de que los miembros de una comisión o junta política, pudie- 
ran ser eliminados de lá Cámara por el hecho de que elementos que les fueran 
afines se hubieran alzado en armas contra las autoridades públicas. 

Además, no tengo inconveniente en manifestar que uno de los motivos 
por los cuales yo me opuse a esa parte del dictamen de la Comisión, fue el 
de estar comprendido en ella el señor doctor Rodolfo Fonseca, por cuya per- 
sonalidad tengo merecidas consideraciones; pero desde el día en que se pro- 
dujo ese debate hasta ahora, han ocurrido sucesos que modifican fundamen- 
talmente las condiciones de la discusión a ese respecto. 

Es notorio que el doctor Rodolfo Fonseca se ha ausentado del país sin 
autorización y sin conocimiento previo de la Cámara; y el doctor Fonseca se 
ha ausentado del país de esa manera irregular, en circunstancias en que era 
imposible que ignorase el llamado que la Cámara dirigió a los que antes que 
él habían procedido de igual modo. 

Se ha alejado el doctor Fonseca de la Cámara sin darle aviso, sin solicitar 
autorización de ella, en momentos en que, en este mismo recinto, su condición 


121 



1904 


de miembro del directorio nacionalista daba lugar a que se discutiera la parte 
de responsabilidad que podía tocarle en los sucesos producidos; es decir: en 
los momentos en que más podía y debía interesarle, sincerarse y desvanecer 
toda sospecha, en el caso de que le interesara permanecer fiel a la Cámara de 
que forma parte. 

Esta actitud del doctor Fonseca, el modo y forma como se ha verificado 
su salida del país en compañía de otras personas que son miembros de la 
misma junta o directorio de que también él forma parte, y otras circunstan- 
cias igualmente significativas, constituyen, en mi concepto, un conjunto de 
antecedentes bastantes para justificar que la Cámara tome respecto de dicho 
señor diputado una resolución análoga a la que creyó conveniente adoptar 
respecto de los señores Roxlo, Vianna y Berro. 

Había pedido la palabra para hacer moción en este sentido: para que la 
Cámara proceda respecto del doctor Fonseca en la misma forma que ha pro- 
cedido respecto de los señores Roxlo, Vianna y Berro: citándolo para la sesión 
que se celebrará el día 30 del corriente, bajo apercibimiento igual al que se 
dirigió a los referidos señores diputados. 

(Apoyados) 

SEÑOR PRESIDENTE. — Habiendo sido apoyada la moción del dipu- 
tado señor Rodó, está en discusión. 

¿Quiere dictar su moción el señor diputado para que la Secretaría tome 
nota? 

SEÑOR RODO. — Mi moción debe calcarse en los términos de la que 
se sancionó para los otros señores diputados, con la diferencia de fecha y 
nombre. 

Yo fijo la sesión del 30 del corriente para el doctor Fonseca. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Perfectamente. 

Está en discusión la moción del diputado señor Rodó. 

Léase. 

(Se lee lo siguiente): 


122 



1904 


“Emplázase al señor diputado doctor Rodolfo Fonseca para que concurra 
a esta Cámara a la sesión que se celebrará el sábado 30 del corriente, a dar 
cuenta del delito que se le imputa públicamente”. 

SEÑOR SOLE Y RODRIGUEZ. — Yo creo que no se puede tomar en 
consideración este asunto, desde que altera la orden del día, sin que la Cámara 
resuelva previamente si puede ser tomado en consideración. 

SEÑOR ARECO. — Pero este es un asunto de orden interno. 

SEÑOR RODO. — Es una moción previa, un asunto que no está com- 
prendido en la orden del día. 

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿El señor diputado insiste en su indicación? 

SEÑOR SOLE Y RODRIGUEZ. — Me parecía que era alterar la orden 
del día. 

SEÑOR RODO. — No está comprendido en la orden del día este asunto. 

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿No insiste el diputado señor Solé y Ro- 
dríguez? 

SEÑOR SOLE Y RODRIGUEZ. — Si la Mesa cree que puede tratarse, 
no insisto. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Es una indicación previa a la orden del día, 
que puede tratarse. 

Si no se hace uso de la palabra se va a votar. 

Si se aprueba la moción del diputado señor Rodó. 

Los señores por la afirmativa, en pie. 

(Afirmativa) 


(D.S.C.RR. T. 174. Págs. 611-613) 

A continuación, el Diputado Areco mociona para que se designe una Comisión 
de cinco miembros para que se expida acerca de la situación de los diputados que 
no han concurrido al emplazamiento decretado. Se vota afirmativamente. La Co- 
misión aconseja el siguiente proyecto: 


123 



1904 


PROYECTO DE DECRETO 

Artículo l 9 — Decláranse cesantes en los cargos de diputados que ejercen 
los señores doctor don Carlos A. Berro, don Carlos Roxlo y don Febrino L. 
Vianna, procediéndose a la convocación de sus respectivos suplentes. 

Art. 2 9 — Cítese a todos los señores diputados inasistentes a las últimas 
sesiones extraordinarias de la H. Cámara para que comparezcan a la sesión del 
30 del corriente a dar explicaciones sobre su inasistencia, bajo apercibimiento 
de aplicárseles las sanciones a que haya lugar. 

Martín Suárez — Angel Floro Costa — Lauro V. Rodríguez — Eduardo 
B. Anaya. 


(D.S.C.RR. T. 174. Pág. 614) 

Se vota afirmativamente el Art. 1. Al considerarse el Art. 2, el Diputado G. 
L. Rodríguez interroga: 

SEÑOR RODRIGUEZ (don G. L.). — Deseo saber si en este artículo 
29 está comprendida la moción que formuló hoy el diputado señor Rodó res- 
pecto del diputado señor* Fonseca, o si la Cámara se verá en el caso de adop- 
tar dos temperamentos: uno para resolver lo que corresponda con relación a 
la moción formulada por el diputado señor Rodó, y otro para el informe de 
la Comisión. 

SEÑOR ESCUDER. — Comprende a todos los diputados, sin excepción 
alguna. 

SEÑOR RODO. — Entiendo que la moción que yo presenté hoy, la Cá- 
mara la ha sancionado, y no caía dentro de los puntos sobre que debía infor- 
mar la Comisión dictaminante. 

El espíritu de mi moción, y así lo ha entendido la Cámara, ha sido colocar 
al doctor Fonseca en el mismo caso de los señores Roxlo, Berro y Vianna, a 
quienes se les expulsa de la Cámara por el artículo que ha sido sancionado. 

Repito que no estaba comprendida la moción que presenté hoy dentro 
de los puntos sobre que debía informarse. 

(D.S.C.RR. T. 174. Pág. 616) 

Luego de otras aclaraciones, se vota el Art. 2 del proyecto. 

En otras sesiones, volverán a debatirse los casos de otros diputados inasisten- 
tes (VER Nos. 23, 25, 26, 28). 


124 



1904 


c. i. 


23) DIPUTADOS INASISTENTES Y SOSPECHOSOS DE HABER SE 
INCORPORADO A LA REVOLUCION DE 1904. 

En la 54* Sesión Extraordinaria del 30/1/904, el Diputado Eduardo Anaya pro- 
pone se nombre una Comisión Especial para informar acerca del emplazamiento 
del Diputado Fonseca, similar a otros anteriores (VER Nos. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22). Se vota afirmativamente. La Mesa designa a Rodó como miembro de la Co- 
misión (D.S.C.RR. T. 174. Pág. 624). Esta informa, luego de un cuarto intermedio: 


Honorable Cámara de Representantes: 

La Comisión que suscribe entiende que, de conformidad con el prece- 
dente establecido por V. H. en el caso de los ex diputados Berro, Roxlo y 
Vianna, procede, respecto del caso sometido a su dictamen, la siguiente re- 
solución: 

Artículo único. — Declárase cesante al señor diputado por Rivera doctor 
don Rodolfo Fonseca, y convóquese al suplente respectivo, previo informe de 
la Comisión de Peticiones. 


Montevideo, enero 30 de 1904. 


Enrique Rodó — L. Vareta — Lauro V. Rodríguez — Eduardo B. 
Anaya — Martín Suárez. 


(D.S.C.RR. T. 174. Pág. 625) 

Se aprueba el informe, sin discusión. 

En sesiones posteriores se tratarán otros casos similares (VER Nos. 25, 26, 28). 


125 




1904 


c. 

24) DESIGNACION COMO MIEMBRO DE LA COMISION DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES Y CONSTITUCIONALES. 

En la 5* Sesión Preparatoria del 13/2/904, la Mesa designa a los integrantes 
de las Comisiones Permanentes de la Cámara para el 3er. período de la Legisla- 
tura. En la de Asuntos Internacionales y Constitucionales, se designa a José E. 
Rodó, conjuntamente con los Dres. Carlos de Castro, M. Herrero y Espinosa, Mar- 
tín Ag uir re, A. Ferrando y Olaondo, Ricardo J. Areco y Manuel E. Tiscomia 
(D.S.C.RR. T. 175. Pág. 13). 


127 




1904 


M. 


25) DIPUTADOS INASISTENTES Y SOSPECHOSOS DE HABERSE 
INCORPORADO A LA REVOLUCION DE 1904. 

En la 1* Sesión Ordinaria del 18/2/904, ante una pregunta del Diputado Anaya, 
Areco aclara que la Comisión nombrada para informar sobre la situación de los 
diputados inasistentes (VER Nos. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23), no lo ha hecho por 
haber finalizado las sesiones extraordinarias y cesado todas las comisiones el 8 
de febrero. Anaya propone que se nombre otra Comisión especial, para que se ex- 
pida en cuarto intermedio. En el debate que se origina, Rodó expresa: 


SEÑOR RODO. — Habiendo manifestado el diputado señor Areco que 
el único motivo por el cual no ha podido expedirse la Comisión designada fue 
la falta de tiempo, me parece que lo que procede en este caso es confirmar 
a los miembros de esa Comisión en la designación de que fueron objeto. 


(Apoyados) 


Hago moción en ese sentido, para que se confirme a los miembros de esa 
Comisión en la designación de que fueron objeto, a fin de que se expidan 
en cuarto intermedio. 


SEÑOR FAJARDO. — Deseo, simplemente, dejar constancia, señor Pre- 
sidente, de que yo entiendo que ese asunto debe pasar a la Comisión de 
Asuntos Constitucionales; que no hay necesidad ninguna de nombrar una Co- 
misión Especial desde que estamos funcionando en sesiones ordinarias y exis- 
ten Comisiones para todos los asuntos. Lo que corresponde es esto: que la 
Comisión de Asuntos Constitucionales . . . 


SEÑOR VARELA. — Eso está resuelto: hay una Comisión Especial nom- 
brada. 


SEÑOR FAJARDO. — Pero acaba de manifestarse que esa Comisión ha 
cesado y se hizo moción para que la Mesa nombrara otra nueva Comisión. 


129 



1904 


Yo no se quienes son los señores que componen la Comisión de Asuntos Cons- 
titucionales; pero me parece que no hay por qué despojarla de las facultades 
que les corresponden. 

SEÑOR RODO. — Eso ha sido objeto de una Resolución de la Cámara. 
La Camara ha entendido que debe pasar a u’na Comisión Especial . . . 

(D.S.C.RR. T. 175. Pág. 17) 

Se vota afirmativamente la moción de Anaya (VER Nos. 26, 28). 


130 



1904 


C. I. M. 


26) DIPUTADOS INASISTENTES Y SOSPECHOSOS DE HABERSE 
INCORPORADO A LA REVOLUCION DE 1904. 

En la 2* Sesión Ordinaria del 23/2/904, se da cuenta de un mensaje del Po- 
der Ejecutivo anunciando que varios señores diputados han obtenido asilo en las 
legaciones de la República Argentina y del Brasil. El Diputado Areco mociona para 
que la consideración del asunto pase a una Comisión especial, para que se expida 
en cuarto intermedio. Se vota afirmativamente el pase a la Comisión especial ya 
constituida (VER Nos. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25). Ante la ausencia de dos 
de los Diputados integrantes de la Comisión, la Mesa designa a Rodó y Ramón 
Guerra para integrarla (D.S.C.RR. T. 175. Pág. 46). Luego de un cuarto interme- 
dio, la Comisión informa: 

Comisión Especial. 

H. Cámara de Representantes: 

Vuestra Comisión os aconseja, en vista de los informes suministrados por 
el Poder Ejecutivo y sin perjuicio de las explicaciones que dará el miembro 
informante de ella si le fueran solicitados, el siguiente 


PROYECTO DE RESOLUCION 

Artículo l 9 — Cesan en su cargo de diputados los ciudadanos doctor don 
Diego M. Martínez, doctor Leopoldo González Lerena, doctor Escolástico Imas, 
doctor Francisco H. López, don BeriTardino E. Orique y don Luis Eduardo 
Segundo. 

Art. 2 9 — Convóquese por Secretaría a los suplentes respectivos, previo 
informe de la Comisión de Peticiones. 

Sala de la Comisión, febrero 23 de 1904. 

José E. Rodó — Ricardo J. Areco — Eduardo B. Anaya — Lauro V. 

Rodríguez — U baldo Ramón Guerra. 

(D.S.C.RR. T. 175. Pág. 46) 


131 



1904 


Iniciado el debate, y frente a un pedido de aclaración del Diputado Fajardo, 
Rodó expresa: 

SEÑOR RODO. — Entiendo, señor Presidente, que basta que haya un 
solo miembro de esta Cámara que solicite explicaciones, para que la Comisión 
deba darlas. 

Debo manifestar, en primer lugar, que uno de los señores diputados a 
quienes hace alusión la nota del Poder Ejecutivo, el doctor Rodolfo Fonseca, 
se ha considerado eliminado en esta resolución, puesto que ya la Cámara lo 
ha declarado cesante en su calidad de representante. 

Respecto de los otros señores diputados, creo que la Resolución que la 
Comisión aconseja está evidentemente justificada, y lo está, desde luego, por 
el precedente que la Cámara dejó establecido en ocasión de la resolución to- 
mada respecto del ex diputado Fonseca. Si a este señor diputado se le declaró 
cesante por el hecho de haberse ausentado del país sin autorización de la 
Cámara en momentos que pesaba sobre él la acusación de tener responsabi- 
lidades solidarias en los trabajos revolucionarios, con tanta más razón debe 
tomar una resolución análoga respecto de los señores diputados que estando 
en el mismo caso, tienen todavía respecto del doctor Fonseca la desventaja 
de haberse asilado en una legación extranjera. 

Esa actitud de los referidos señores diputados parece revelar, efectiva- 
mente, que se consideran ellos mismos culpables, desde el momento en que 
eluden las sanciones de la ley alejándose del país en esa forma anómala; y 
en el caso de ser y considerarse inocentes, esa actitud importaría la más grave 
ofensa que se le puede inferir a este honorable Cuerpo, desde el momento que 
afirmaría implícitamente que la Cámara es incapaz de tutelarlos en sus de- 
rechos y de protegerlos en sus inmunidades, hasta el punto de buscar garantías 
bajo el amparo de un pabellón extranjero. 

(Apoyados) 

( ¡Muy bien!) 

Creo, señor Presidente, y me parece que este es uno de esos casos de 
imposibilidad moral que cae bajo el alcance del artículo 52 de la Constitución. 

(Apoyados) 


132 



1904 


Así lo ha entendido la Comisión de que formo parte y confío en que así 
lo ha de entender la H. Cámara. 


(Apoyados) 

Son las razones que tenía que dar. 


(D.S.C.RR. T. 175. Págs. 47-48) 

Luego de otro corto debate, se aprueba el proyecto de resolución, así como 
otro presentado por Anaya, por el cual también se declara cesante al Diputado 
Arturo Berro. 

El tema volverá a considerarse en sesiones posteriores (VER N* 28). 


133 




1904 


>f. 


27) DESCUENTOS DE REMUNERACIONES A DIPUTADOS INASISTENTES. 

En la 3» Sesión Ordinaria del 1/3/904, el Diputado Areco, ante las dificulta- 
des para reunir quorum para sesionar, mociona para que la Comisión de Legisla- 
ción se expida sobre la aplicación de los artículos del Reglamento que penan la 
inasistencia de miembros, según un estudio ya efectuado por la Comisión. El Dipu- 
tado Suárez, en nombre de ésta, informa que la recomendación es simplemente la 
de cumplir estrictamente el Reglamento vigente de la Cámara en todas sus par- 
tes, el cual ya prevé los descuentos. Se vota afirmativamente la moción de Areco. 
Se debate luego acerca de si se modifican disposiciones del Reglamento o si se 
aprueba lo aconsejado por la Comisión de cumplir estrictamente el actual. Areco 
adelanta a la Cámara “la halagüeña noticia de que mi distinguido colega el Dipu- 
tado señor Rodó, se preocupa de esta cuestión” — la reforma del Reglamento — y 
agrega: 

... y decía que daba a la Cámara la halagüeña noticia de que el señor Rodó 
formulará en una de las próximas sesiones, según me lo ha anunciado, una 
moción para que se constituya una Comisión a fin de que formule todas las 
modificaciones que juzgue necesarias al Reglamento vigente, o la elaboración 
de un Reglamento nuevo. . . 


SEÑOR RODO. — Es cierto. 

(D.S.C.RR. T. 175. Pág. 60) 

Continúa el debate y el Diputado Tiscornia se opone a la moción de la Co- 
misión, por ser contrario al sistema de pago de dietas por reuniones a los legis- 
ladores: 

SEÑOR TISCORNIA. — Bueno; yo decía que se quiere establecer un 
sistema repudiado por todos los Reglamentos que yo conozco. 

SEÑOR SUAREZ. — Está establecido, señor diputado. 

SEÑOR RODO. — ¡Si el Reglamento de la Cámara lo establece así!.. 

(D.S.C.RR. T. 175. Pág. 62) 


135 



1904 


El diputado Tiscornia argumenta a favor de su tesis, citando disposiciones 
aprobadas por la Cámara. El diputado G. L. Rodríguez entiende que debe apro- 
barse el informe de la Comisión: 

SEÑOR RODRIGUEZ (don G. L. ). — Esa resolución, señor diputado, 
no dice que se derogue el artículo 3*? ni el 210. Esa disposición de la Comi- 
sión de Legislación es un temperamento conciliador y momentáneo . . . 

SEÑOR RODO. — Transitorio. 

SEÑOR RODRIGUEZ (don G. L.). — ...y transitorio, reservándose la 
Comisión de Legislación adoptar otro en el futuro. 

SEÑOR TISCORNIA. — Pero las reglas de hermenéutica dicen que cuan- 
do hay dos disposiciones sobre un mismo asunto, la última deroga la anterior. 

SEÑOR RODO. — El Reglamento está incólume, no está alterado. 

(D.S.C.RR. T. 175. Pág. 64) 

Se vota afirmativamente lo aconsejado por la Comisión. 


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1904 


M. 


28) DIPUTADOS INASISTENTES Y SOSPECHOSOS DE HABERSE 
INCORPORADO A LA REVOLUCION DE 1904. 

En la 3* Sesión Ordinaria del 1/3/904, Areco mociona para que se nombre una 
Comisión especial para que aconseje a la Cámara el temperamento a seguir con los 
diputados emplazados y que no han concurrido (VER Nos. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 25, 26). El diputado Cuñarro y la Mesa expresan la conveniencia de que sea 
la misma Comisión anterior la que dictamine. Rodó propone: 


SEÑOR RODO. — Si el señor diputado mocionante estuviese conforme, 
yo propondría la modificación de su moción en este sentido: que la Comisión 
se expidiera en cuarto intermedio y que se prorrogase la sesión hasta la re- 
solución de este asunto. 


(Apoyados) 

SEÑOR CUÑARRO. — Por una hora más. 

SEÑOR ARECO. — Con media hora basta. Habiendo sido apoyada, no 
tengo inconveniente en aceptarla. 

SEÑOR CUÑARRO. — Se puede poner una hora. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Habiendo sido apoyada la moción del diputa- 
do señor Rodó, complementaria de la del diputado señor Areco. . . 

SEÑOR ARECO. — Yo retiro la mía. 

SEÑOR RODO. — No hay necesidad de que la retire: es simplemente un 
complemento lo que propongo. 

(D.S.C.RR. T. 175. Pág. 68) 

Como en esa misma sesión estaba anunciada una exposición del Dr. A. F. 
Costa, ante el pedido de éste, Rodó expresa: 


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1904 


SEÑOR RODO. — Pero, señor Presidente, entiendo que el diputado señor 
Areco había retirado su moción. 

SEÑOR ARECO. — Yo la había retirado antes; queda la del señor Rodó. 

SEÑOR RODO. — Por la parte que me toca, la retiro para que se acceda 
al pedido del doctor Costa. 

(D.S.C.RR. T. 175. Pág. 70) 

Se resuelve considerar el tema en una próxima sesión. 


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1904 


M.C. 

29) REFORMA DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA. INASISTENCIAS, 
DESAFUEROS Y EXPULSIONES DE REPRESENTANTES. 

Al iniciarse la 4 o Sesión Ordinaria del 8/3/904, Rodó toma la palabra: 

SEÑOR RODO. — Señor Presidente: he pedido hacer uso de la palabra 
con anterioridad a la orden del día, no sólo porque se trata de una moción 
ajena a ella, sino porque existe cierta relación, aunque indirectamente, entre 
el alcance de esa moción que presentaré y los dos primeros asuntos para que 
hemos sido citados: los relativos a la penalidad de la inasistencia. 

La indicación que voy a someter a juicio de la H. Cámara, me ha sido 
sugerida principalmente por los debates que desde hace dos meses sostenemos 
sobre la citación de los diputados inasistentes y sobre la expulsión de los ina- 
sistentes contumaces y de los claramente comprometidos en la insurrección. 

Es sabido que para la solución de estos debates, nuestra ley interna, el 
Reglamento de la H. Cámara, no nos ha prestado auxilio alguno, por sus injus- 
tificables omisiones, y en parte también por los obstáculos que nacen del des- 
uso en que han caído aquellas de sus disposiciones, que en algún caso — aun- 
que no de los más graves — hubieran podido considerarse oportunas. 

El Reglamento de la H. Cámara es actualmente el mismo que regía hace 
50 años, medio siglo, la vida de una generación; y apenas ha sido comple- 
mentado por algunas ampliaciones o interpretaciones posteriores. 

No sé si el texto principal de ese Reglamento fue formulado y sancionado 
de una vez o si se le formó sobre la base de un Reglamento anterior, o en 
virtud de resoluciones sucesivas, rectificadas y sustituidas en parte, — aunque 
algo de esto podría inferirse de la deficiente uniformidad y correlación de sus 
disposiciones. 

El hecho es que basta una breve experiencia parlamentaria para notar en 
nuestro Reglamento lo deficiente del conjunto y lo desacertado de alguna de 
las partes. Mientras estos defectos no dieran lugar a otras dificultades, que 
las de una mayor o menor inconveniencia en punto de mero procedimiento, 
podría dudarse de la urgencia de la revisión; pero cuestiones de mucha más 
entidad que, como decía, han preocupado la atención de la H. Cámara, y que 


139 



1904 


se relacionan con deficiencias de su Reglamento, han venido a patentizar la 
necesidad de proceder a esa revisión sin demora. 

Entre las prerrogativas de este Alto Cuerpo que atañen a su disciplina y 
a las relaciones de la Cámara, colectivamente con cada uno de sus miembros, 
no hay ninguna más importante que la facultad de expulsión que le acuerda 
el artículo 52 de la Constitución de la República. 

Pues bien: por una anomalía inexplicable, esta facultad importantísima 
no está legislada, no está reglamentada, no está mencionada siquiera en el 
texto de nuestro Reglamento; y como los términos del artículo constitucional, 
por su propia amplitud, carecen de la precisión suficiente para evitar dife- 
rencias de interpretación, resulta que nada hay determinado de un modo ge- 
neral sobre el uso que la Cámara debe hacer de atribución tan grave; y aun- 
que esta atribución, en principio, es discrecional, nadie puede desconocer la 
conveniencia de ajustarla en la práctica a ciertos límites y a ciertos procedi- 
mientos uniformes. 

Tampoco hay establecido nada general sobre la facultad de corrección 
disciplinaria a que se refiere el mismo artículo de la Constitución; y estas 
omisiones son tanto más sensibles, cuanto que en anteriores legislaturas la 
Cámara ha hecho uso, más de una vez, de ambas facultades y no se ha pen- 
sado nunca en fijar y generalizar los precedentes que se dejaban establecidos. 

Como consecuencia de ello, pasa lo que ha ocurrido en casos recientes: 
que la Cámara ha debido interpretar y discutir estas facultades en presencia 
del caso concreto, bajo el apremio de las circunstancias, dando lugar quizás, 
por parte de muchos, a la sospecha injusta e insidiosa, de que se procedía 
inspirándose en propósitos del momento y no en una interpretación recta y 
sincera de las prescripciones constitucionales. 

SEÑOR FIORITO. — Apoyado. 

SEÑOR RODO. — Se involucran entonces cuestiones de política mili- 
tante en la solución de un punto que si estuviera claramente reglamentado 
con anterioridad al caso concreto, sería de simple e indiscutible aplicación de 
disposiciones expresas. 

Me parece urgente, pues, preocuparse de establecer un criterio general 
para lo venidero. — Cuáles son los casos de imposibilidad moral a que se 
refiere el artículo 52 de la Constitución de la República; cuáles los desórdenes 
de conducta aludidos en el mismo artículo constitucional; cuándo procede el 
desaforo, cuándo la expulsión; cuándo la suspensión en el caso de que se con- 


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1904 


sidere conveniente introducir este nuevo medio de pena; cuándo la inasisten- 
cia puede ser penada excepcionalmente con sanciones más graves que las que 
rijan para la generalidad de los casos; todo, señor Presidente, hay necesidad 
de establecerlo y definirlo, aun en lo relativo al castigo disciplinario de la 
inasistencia en circunstancias normales, la crítica más concluyente que podría 
hacerse de las actuales disposiciones reglamentarias, está en señalar el desuso 
en que ellas han caído; de manera que, inaplicadas estas disposiciones por des- 
uso, la Cámara ha permanecido durante mucho tiempo sin un medio eficaz 
de reprimir la inasistencia, y este es el momento en que todavía se discute si 
en realidad pueden o no considerarse vigentes 0 las referidas prescripciones re- 
glamentarias. 

Además, se reproduce en este caso la misma dificultad de orden moral 
a que me refería hace un momento. Precisamente en esta sesión vamos a 
discutir y quizás a resolver sobre la penalidad de la inasistencia, y vamos a 
hacerlo en presencia de un caso determinado; sino dictando disposiciones ex- 
presas para este caso, por lo menos rehabilitando para él disposiciones que 
habrían caído en desuso; y todo esto en momentos en que, por razones de 
delicadeza política, todos nosotros desearíamos — si fuera posible, — que no 
lo es — todos desearíamos poder eximirnos de necesidad tan dolorosa. No 
sucedería así si rigiera un criterio reglamentario, fijo y seguro y constante- 
mente aplicado. 

Otros puntos, todavía, relativos a la penalidad de la inasistencia y a los 
medios eficaces de asegurar la regularidad de las sesiones de la Cámara, po- 
drían indicarse como motivo para proceder a la revisión del Reglamento; por 
ejemplo, el que se refiere al número de asistentes que integran el quorum 
reglamentario, y el relativo a la facultad que se concede a cinco señores dipu- 
tados, para reclamar sesión treinta minutos después de la hora reglamentaria; 
sin contar los puntos que no dicen relación a la asistencia, pero que también 
requieren en el Reglamento una revisión urgente, aconsejada por la experiencia. 

Sólo me resta agregar que me consta que existen en Secretaría abun- 
dantes elementos de estudio, de consulta, de confrontación, que harían más 
fácil la tarea de las personas que tuvieran a su cargo este honroso cometido. 

Creo con esto haber dejado suficientemente fundados los motivos de la 
moción que voy a presentar, y de la cual pido a la Mesa se sirva hacer tomar 
nota por Secretaría. 

* En el original del Diario de Sesiones: urgentes en lugar de vigentes. 


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SEÑOR PRESIDENTE. — Sírvase dictar el señor diputado. 

SEÑOR RODO — (Dicta): “Para que la Mesa designe una Comisión de 
cinco miembros encargada de proponer las modificaciones que crea convenien- 
tes en el actual Reglamento de la H. Cámara, o de proyectar un Reglamento 
sustitutivo.” 

( Apoyados ) 

SEÑOR PRESIDENTE. — Habiendo sido apoyada la indicación del 
diputado señor Rodó, está en discusión. 

SEÑOR PEREDA. — Encuentro muy acertada la medida que propone 
el diputado señor Rodó; pero no creo que comprenda todo su pensamiento, 
a lo menos si no he interpretado mal sus palabras. 

El artículo 52 de la Constitución no puede ser materia de Reglamento, 
sino de interpretación. De manera, pues, que si entra en el propósito del 
señor diputado que la Comisión que deba nombrarse comprenda en la re- 
glamentación de nuestro orden interno la forma en que han de celebrarse las 
sesiones, etc., interpretar ese precepto constitucional, yo la votaré, pero so- 
lamente en el primer sentido de que sólo se trata de cometer a esa Comisión 
la reforma del Reglamento, y entonces yo propondría a la vez que se come- 
tiese a la misma Comisión o a otra la interpretación del artículo 52. 

SEÑOR RODO. — Debo decir, en primer lugar, que la moción mía debe 
votarse ateniéndose a los términos. Los fundamentos en que yo la he apoyado 
es cuestión mía, es la exposición de los motivos que yo he tenido personal- 
mente para presentar esta moción; pero no obligan a nadie: votar la moción 
no significa votar los fundamentos de ella. 

(Apoyados) 

Ahora, en cuanto a la objeción que hacía el diputado señor Pereda sobre 
las facultades del artículo 52, de que es objeto de interpretación y no de 
reglamentación, diré que entiendo que aun cuando esa facultad de la Cá- 


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1904 


mara se reglamentara, la Cámara no se desprendería en ningún caso del de- 
recho de interpretar el artículo constitucional en la ocasión que considerase 
conveniente. 

SEÑOR PEREDA. — Apoyado. 

SEÑOR RODO. — Cualquiera facultad de la Cámara puede encausarse 
dentro de ciertos procedimientos reglamentarios. 

SEÑOR PEREDA. — Yo no tengo inconveniente, señor Presidente, como 
dije al principio, en votar la moción del diputado señor Rodó, porque la 
encuentro utilísiima. 

Quería únicamente que se aclarase la duda que asaltaba a mi espíritu, 
y lo expuesto por su autor me basta. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Si no se hace uso de la palabra se va a votar. 

La Mesa se permite hacer una simple indicación al autor de la moción, 
y es que, si no tiene inconveniente, la Comisión sea de siete miembros, porque 
tal vez sea más su composición. 

SEÑOR RODO. — No tengo inconveniente. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar. 

Léase nuevamente la moción del diputado señor Rodó. 

(Se lee) 

Los señores por la afirmativa, en pie. 

( Afirmativa ) 

La Mesa designa para constituir esta Comisión Especial a los señores 
Alberto Capurro, José E. Rodó, doctor Areco, doctor Tiscornia, don Setembri- 
no E. Pereda, don Solano A. Riestra y el doctor Mario Gil. 

(D.S.C.RR. T. 175. Págs. 94-97) 


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1904 


M.P. 


30) HONORES FUNEBRES AL PRESIDENTE DEL SENADO, 

DR. ANACLETO DUFORT Y ALVAREZ. 

Ante el fallecimiento del Dr. Anacleto Dufort y Alvarez, en la 5* Sesión Or- 
dinaria del 10/3/904, se propone por varios Representantes acordar una pensión 
vitalicia a la viuda e hijos menores y se considera el Mensaje del Poder Ejecutivo 
solicitando autorización para tributar honores de Ministro a los restos del Presidente 
del Senado. Se aprueba en primer término la pensión (VER Nos. 31, 32) y en 
esas circunstancias Rodó expresa: 

SEÑOR RODO. — Voy a proponer, señor Presidente, un artículo adi- 
cional a este proyecto que se acaba de votar. 

Me parece que falta una resolución que evidentemente procede: que se 
vele el cadáver del doctor Dufort y Alvarez . . . 

SEÑOR PRESIDENTE. — Esta es una ley independiente, señor diputado. 

El diputado señor Rodó, sin duda alguna, alude a los honores públicos 
que solicita el Poder Ejecutivo que se le autorice a tributar. 

SEÑOR RODO. — Eso es. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a dar lectura del Mensaje, y entonces 
alguno de los señores diputados presentes podría presentar un proyecto de ley 
de acuerdo con el pedido del Poder Ejecutivo. 

SEÑOR RODO. — Muy bien; reservo para entonces la indicación. 

(Se lee lo siguiente): 


Poder Ejecutivo. 


Montevideo, marzo 10 de 1904. 


H. Asamblea General: 

Habiendo fallecido en el día de hoy el ciudadano doctor don Anacleto 
Dufort y Alvarez, que prestó al país importantes servicios en la prensa y en 


145 



1904 


el desempeño de elevados cargos públicos, y que actualmente ocupaba la Pre- 
sidencia del H. Senado, y deseando el Poder Ejecutivo asociarse al justo dolor 
que embarga en estos momentos a sus conciudadanos por tan sensible pér- 
dida, y como merecido homenaje a las relevantes condiciones que poseía el 
doctor Dufort y Alvarez, tiene el honor de dirigirse a V. H. solicitando la 
aquiescencia necesaria para tributarle en su entierro los honores fúnebres co-^ 
rrespondientes a la categoría de Ministro Secretario de Estado. 

Dios guarde a V. H. muchos años. 

JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ. — Eduardo Vázquez. 


SEÑOR PRESIDENTE. — Ha llegado la oportunidad de que el diputado 
señor Rodó, si desea hacer alguna indicación o presentar algún proyecto de 
ley, haga uso de la palabra. 

SEÑOR RODO. — Me parece, señor Presidente, que procede aprobar el 
Mensaje del Poder Ejecutivo, con la agregación que yo proponía. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Lo que procede es que se presente un pro- 
yecto de ley autorizando al Poder Ejecutivo a tributar honores públicos. Cual- 
quiera de los señores diputados puede presentar ese proyecto, porque el Men- 
saje no puede votarse. Es un pedido; hay que votar un proyecto de ley, que 
puede formular cualquiera de los señores diputados. 

SEÑOR RODO. — Está bien, señor Presidente. Pido que la Secretaría 
tome nota del proyecto que voy a presentar. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Muy bien, señor. 

SEÑOR RODO. — (Dicta): “Artículo l 9 — Autorízase al Poder Ejecutivo 
para tributar honores de Ministro de Estado al extinto Presidente de la Asam- 
blea General, doctor don Anacleto Dufort y Alvarez. 

“Art. 2 9 — El cadáver de ese ciudadano será velado en el recinto del 
Cuerpo Legislativo. 


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“Art. 3 9 — Las exequias fúnebres serán costeadas por el Tesoro Nacional. 
“Art. 4 9 — Comuniqúese, etc.”. 

(Apoyados) 

(D.S.C.RR. T. 175. Pág. 120) 

A continuación, el proyecto es aprobado y comunicado al Senado, que lo san- 
ciona en el día. Es la Ley N9 2877 de 10/3/904. 


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1904 


M. 


31) PENSION A LA VIUDA E HIJOS 

DEL DR. ANACLETO DUFORT Y ALVAREZ. 

El proyecto aprobado por la Cámara de Representantes (VER N9 30) es mo- 
dificado en el Senado el 10/3/904, aumentándose el monto de la pensión de $2.000 
a $2.800 anuales. Al iniciarse la 6® Sesión Ordinaria del 12/3/904, el diputado 
Areco solicita se traten sobre tablas las modificaciones del Senado. Varios legis- 
ladores se oponen al aumento, originándose un debate. Entre otros argumentos se 
dice: 


SEÑOR PEREDA. — Además, no se toman en cuenta las razones de 
peso, muy juiciosamente aducidas por el doctor Costa, relacionadas con otros 
ciudadanos eminentes, que han prestado grandes servicios al país, y a cuyas! 
viudas e hijos no se les ha asignado una pensión tan elevada como la que 
hoy se pretende votar. 


SEÑOR RODO. — Pero que no han muerto en el desempeño de ese 
cargo de Vicepresidente de la República. 

(D.S.C.RR. T. 175. Pág. 127) 

Finalmente, se vota negativamente la moción de Areco (VER N® 32). 


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1904 


M. 

32) PENSION A LA VIUDA E HIJOS DEL DR. ANACLETO DUFORT 
Y ALVAREZ. PRESIDENCIA DEL SENADO Y VICEPRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA. 

En la 7* Sesión Ordinaria del 15/3/904, el diputado Ramón Guerra solicita 
nuevamente que se trate sobre tablas el proyecto de pensión (VER Nos. 30 y 31). 
Se vota afirmativamente esta moción. Sobre el fondo del asunto, se pronuncia en 
contra el diputado Pereda, originándose el siguiente debate: 

SEÑOR PEREDA. — No sé cuales habrán sido las razones poderosas 
dadas por la Comisión al señor diputado por el Salto y que lo han convencido, 
modificando radicalmente su criterio; pero si esas razones son las que figuran 
en el informe que acaba de leerse, yo, por mi parte, declaro que no me han 
convencido y que, por el contrario, arraigan más en mi espíritu la convicción 
de que no es posible votar estas clases de pensiones sin cometer un acto de 
injusticia, sin dejamos llevar por un sentimentalismo que puede sentar un mal 
precedente. 

Cuando yo hablaba, en la sesión anterior varios señores diputados me 
interrumpían diciendo: "¡Pero, señor diputado, se trata del Vicepresidente de 
la República!”. No contesté de inmediato, porque ni era mi propósito pro- 
nunciar un discurso, ni creía que los que me interrumpían de esa manera 
guardarían absoluto silencio, no exponiendo argumentación alguna contra lo 
que con toda amplitud se había aducido. 

Me tomó de sorpresa que entre los que me interrumpían figurasen preci- 
samente tres miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, soste- 
niendo una verdadera herejía constitucional. 

SEÑOR RODO. — Ya le contestaré. 

SEÑOR PEREDA. — La Comisión no llama ya Vicepresidente de la 
República al ciudadano cuyos méritos se trata de premiar en su viuda y en 
sus hijos, sino que va más lejos, — llega a calificarlo de segundo magistrado 
del país. 

Señor Presidente: yo invito a los miembros de la Comisión de Peticiones 
que suscriben ese informe, invito también a mis honorables colegas que en 


151 



1904 


la sesión anterior sostenían que se trata de un Vicepresidente de la República, 
a que citen una sola disposición que figure en nuestra carta fundamental que 
arroje ni siquiera la sospecha, la más leve duda de que pueda consagrarse 
por ella el cargo o título que se le da al Presidente del Senado. 

SEÑOR ARECO. — ¿Me permite el distinguido colega? 

Yo le diré que esa disposición está ahí. Es el artículo de la Constitución 
que establece que en caso de ausencia o muerte del Presidente, éste será 
sustituido por el Presidente del Senado. ¿Qué más consagración se necesita? 

SEÑOR FAJARDO. — ¿Me permite el señor diputado? 

SEÑOR PEREDA. — Me van a permitir que concluya. 

Esa disposición a que alude, o el artículo a que se refiere el señor diputa- 
do por Treinta y Tres, es el mismo artículo en el cual me apoyo para sostener 
lo contrario, y es el artículo 77, que no puede ser más claro y terminante. Lo 
voy a recordar por si alguno no tiene fiel memoria de él. 

En ese artículo se establece que: “En los casos de enfermedad o ausencia 
del Presidente de la República, o mientras se proceda a nueva elección por 
su muerte, renuncia, o destitución, o en el de cesación de hecho por haberse 
cumplido el término de la ley, el Presidente del Senado le suplirá y ejercerá 
las funciones anexas al Poder Ejecutivo, quedando entretanto suspenso de las 
de senador”. 

SEÑOR RODO. — ¿Qué significa eso? 

SEÑOR PEREDA. — Esto significa sencillamente, lo que dice el artículo 
77: significa que en un caso de fuerza mayor podrá, por un breve plazo, el 
Presidente del Senado ejercer las funciones anexas al Poder Ejecutivo. 

SEÑOR RODO. — Luego, de hecho es el Vicepresidente de la República. 

SEÑOR PEREDA. — Mientras tanto, como se podrá ver en todas las 
Constituciones del mundo donde existe realmente la Vicepresidencia de la 
República. . . 


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SEÑOR RODO. — Eso es aparte. 

SEÑOR PEREDA. — ... otro es el procedimiento, otra es la manera de 
elegir, otro es el carácter de la elección de ese magistrado. 

Si tomamos, por ejemplo, para no citar otros países, la República Argen- 
tina, verán los señores diputados que se sorprenden de que haga esa pregunta, 
que allí, por segundo grado, como se eligen los senadores entre nosotros, se 
elige el Presidente y el Vicepresidente . . . 

SEÑOR RODO. — Eso no es una revelación para nosotros. 

SEÑOR PEREDA. — . . .y si el Presidente de la República al segundo 
día de ocupar su puesto, fallece, el Vicepresidente lo ocupa por todo el pe- 
ríodo presidencial . . . 

SEÑOR RODO. — No es una revelación para nosotros. 

SEÑOR PEREDA. — ... en tanto que aquí, no sólo el Presidente del 
Senado — en caso de fallecimiento o en cualquier otra circunstancia que tenga 
que desempeñar las funciones anexas al Poder Ejecutivo — las ejerce por un 
breve lapso de tiempo, sino que mientras en nuestro país un Presidente ocupa 
la Presidencia por cuatro años, en el Senado durante ese breve período se 
eligen cuatro Presidentes. 

No se aduce, pues, realmente, argumento ninguno en favor de la doctrina 
que se sostiene, y lo que se arguye en contrario como argumento serio, no 
justifica una pensión tan elevada como la que se quiere otorgar a la familia 
de un legislador, por el solo hecho de haber fallecido ejerciendo la Presidencia 
del Senado. 

Dice también la Comisión que hay que ser consecuente por cuanto se 
han votado honores de Ministro. 

Yo voté esos honores, y voté precisamente por la circunstancia de que se 
trataba de la muerte del Presidente de la Asamblea; pero no porque lo con-) 
siderase como el Vicepresidente de la República . . . Porque no se trata de 
un criterio recientemente formado por mi parte: estas son las ideas que he 
sostenido toda mi vida, y no veo fundamento alguno que me convenza de lo 
contrario; y aun cuando me convenciera, aun cuando en realidad no se tratara 


153 



1904 


de un Presidente accidental cuando ocupa las funciones anexas al Poder Eje- 
cutivo, sino de un verdadero Vicepresidente de la República, no sería ésta 
una razón bastante para que estuviéramos votando pensiones fastuosas . . . 

SEÑOR RODO. — No son fastuosas. 

SEÑOR PEREDA. — Me va a permitir que hable, y después me replicará. 

Cuando invoqué en la sesión anterior la Ley de 5 de mayo de 1838, ci- 
tando la exigua cantidad que queda como compensación mensual a los que 
tienen las más altas remuneraciones en nuestro país, olvidé un detalle de 
verdadera importancia. Los funcionarios que después de fallecer dejan dere- 
cho a sus familias de percibir una pensión, puede decirse que tienen paga 
esa pensión, por cuanto han abonado el montepío. 

Más aun, señor Presidente: a estas pensiones graciables que estamos vo- 
tando, y que sólo deben votarse — de acuerdo con la Constitución — a los que 
prestan grandes y extraordinarios servicios al país, se les da el carácter de 
inembargables, y esta es ya una mayor ventaja. 

Por otra parte, si mañana, como tendrá que ocurrir algún día y como ya 
lo ha enunciado la prensa, porque creo que aquí no presentó ningún proyecto 
el señor diputado por el Salto, doctor Costa, el 19, el 10 y el 5 % que hoy 
se descuenta a los empleados públicos, se deroga por una ley, serán real- 
mente fastuosas todas estas pensiones graciables que estamos ahora votando, 
además de ser excesivas, como lo son. 

Se invoca por la Comisión la situación precaria en que ha quedado la 
familia del extinto. 

¡Señor!.. ¡Es un mérito ser pobre!.. 

¿Es la pobreza que se premia, o son los grandes servicios de un ciu- 
dadano?. . 

De manera, pues, que si mañana un hombre que ha llenado las páginas 
de la historia con eminentes servicios prestados a la humanidad y a la patria, 
fallece y deja una fortuna a su familia, aquel hombre no es un benemérito 
de la patria, ¿ese ciudadano no sería digno de una recordación que perpetúe 
su memoria ante la posterioridad y que constituya un timbre de honor para 
los suyos?. . 

Me parece que con este criterio cometeríamos, señor Presidente, muchí- 
simas injusticias. 


154 



1904 


Yo no comparto esas ideas. Por eso insisto en no prestar mi voto ni mi 
asentimiento en forma alguna al aumento de 800 pesos hecho en el Senado 
y que aconseja la Comisión Informante. 

Se dice que no se pueden dar pensiones ridiculas, mezquinas, que hieran 
el decoro de la familia, y se reconoce que entre los ciudadanos distinguidos, 
a cuyas familias se les ha votado pensiones, hay algunos que han prestado 
cuantiosos beneficios, mayores beneficios que los del extinto; y por lo visto 
en el criterio de la Comisión, la falta de decoro sólo es tomada en cuenta 
cuando se trata de una familia y no cuando se trata de otras. 

No es tampoco un argumento, y me parece que no debería ni siquiera 
haberse enunciado en el informe de una Comisión. 

La Comisión no ha aducido, en realidad, ningún argumento que con- 
venza. Ha necesitado hacer un informe, que, si se imprime tendrá las di- 
mensiones de un folleto o de un opúsculo . . . 

SEÑOR RODO. — Pero una Comisión puede producir un informe de 
las dimensiones que quiera. 

SEÑOR PEREDA. — ... pero no es con informes extensos sino con ra- 
zones que se convence de la justicia para aumentar una pensión cualquiera. 

No quiero demorar más la solución de este asunto; no quiero hacer de 
estas breves manifestaciones de mi parte un extenso discurso: mi único pixn 
pósito ha sido que quede constancia de mi manera de pensar en este asunto, 
porque quizás tenga que hablar en algunos otros casos y oponerme. 

Ahora mismo el señor diputado por el Salto acaba de presentar un pro- 
yecto de pensión a un soldado que ha muerto heroicamente en el Paso del 
Parque, sosteniendo el principio de autoridad, y tras de este proyecto han 
de venir otros; y si no son proyectos que emanen del seno de la Cámara, han 
de ser pedidos — como lo dije en la sesión anterior — que vendrán dilecta- 
mente a nosotros de los que han perdido sus deudos, como el heroico coronel 
Olivera, en los campos de batalla, defendiendo la causa de las instituciones, 
y que no tengan para sus hijos, o para sí propios, un pedazo de pan que les 
prive de una muerte segura y temprana. 

Con esto me basta, señor Presidente, para oponerme a la sanción de lo 
aconsejado por la Comisión Informante y salvar responsabilidades futuras. 


155 



1904 


SEÑOR RODO. — Señor Presidente: no pensaba hacer uso de la palabra 
en la discusión de este asunto, porque creí que la Cámara lo votaría sin de- 
bate; pero después del discurso pronunciado por el señor diputado por Pay- 
sandú, considero necesario contestarle, y este es el único motivo por el cual 
voy a fundar mi opinión favorable al proyecto tal como lo ha devuelto el 
H. Senado y como lo aconseja el informe de la Comisión de Peticiones. 

No se me oculta, señor Presidente, que la oposición a este género de 
pensiones y la tendencia a aminorarlas, se presenta siempre ante la opinión 
rodeada de una aureola prestigiosa, y se presta a una fácil defensa; pero creo 
que en esta, como en las demás circunstancias, es menester cuidar de que lo 
que hay de bien inspirado y de plausible en esa tendencia general, no se 
convierta en injusticia con relación a las condiciones excepcionales de un caso 
dado. 

Yo reconozco, como el que más, la necesidad de que usemos de un cri- 
terio severo, siempre que se trate de pensiones de esta naturaleza; pero en- 
tiendo que esa severidad nuestra debe manifestarse limitando tales pensiones 
a las evidentemente justas y procedentes, y no escatimando el de las que 
evidentemente son justas y deben ser estimadas, en todo caso, decorosamente, 
con arreglo a la entidad de los servicios que se recompensan. 

Ahora bien, señor Presidente: para justificar estos servicios, puede optarse 
por dar principal importancia a la categoría de las funciones públicas que 
haya desempeñado la persona de que se trate, o bien puede preferirse justi- 
preciarlas independientemente de las posiciones oficiales, por la significación 
y los actos de su vida cívica; si bien me parece que el criterio exacto sería el 
que resultara de la aplicación conjunta de esos dos, no olvidando ni la po- 
sición a que haya llegado esa persona como servidor del Estado, ni los méritos 
que haya acreditado como ciudadano. 

En el primer respecto, señor Presidente, y a pesar de todo lo que se ha 
dicho en la sesión anterior y de lo que en esta propia sesión ha aducido el 
diputado señor Pereda, creo que no es posible prescindir, ni por un momento, 
de la circunstancia de que el doctor don Anacleto Dufort y Alvarez, murió 
ocupando la Vicepresidencia de la República, es decir, la más alta dignidad 
republicana después de la Presidencia misma, la magistratura de más honor 
después de ésta y la que, por otra parte, se identifica dentro de nuestro ré- 
gimen con la Presidencia de la Asamblea General, es decir, con la más alta 
representación dentro del Poder Legislativo. 


156 



1904 


Y si el señor Pereda me argumenta diciendo que no hay en el texto de 
la Constitución ninguna disposición expresa que designe un Vicepresidente de 
la República, le diré que, por lo menos, la Constitución ha atribuido tal im- 
portancia y tan alta dignidad al cargo de Presidente del Senado, que ha 
considerado a quien lo desempeña con títulos suficientes para ocupar el vacío 
que deje, por cualquier causa, el Presidente de la República, lo cual, para 
el hecho pertinente a este caso, significa tanto como ser Vicepresidente de 
la República. 

(Apoyados) 

SEÑOR PEREDA. — Donde hay Vicepresidente — si me permite — tam- 
bién el Presidente del Senado, si faltara este último, ocupa momentáneamente 
la Presidencia de la República. 

SEÑOR RODO. — Pero aquí, donde no hay Vicepresidente expresamen- 
te designado, quien suple en todos los casos al Presidente titular es el Presi- 
dente del Senado. 

No es el señor Pereda el primero que hace uso de este argumento. Ya 
en la sesión anterior se adujo por otros señores diputados que el doctor Dufort 
y Alvarez sólo habría sido Vicepresidente de la República accidentalmente ; 
y yo manifesté en una breve interrupción que esa palabra no tenía aquí sen- 
tido apreciable, porque si lo que se quería significar con ella era que el doctor 
Dufort y Alvarez era Vicepresidente de la República sólo como derivación de 
su puesto de Presidente del Senado, esto es propio de nuestras instituciones; 
si lo que se quería significar era que el doctor Dufort y Alvarez desempeñaba 
transitoriamente tan alto cargo, es indudable que ello es de la naturaleza del 
cargo mismo, y en general de todos los puestos públicos que por su índole 
son transitorios y accidentales; y, en fin, si lo que se quería expresar era que 
el doctor Dufort y Alvarez llegó a la Vicepresidencia de la República por una 
causa accidental, en virtud de una circunstancia fortuita, digo que es inexacto, 
y afirmo que el doctor Dufort y Alvarez fue llevado a la encumbrada posi- 
ción que ocupaba, en virtud de un propósito político, notorio y definido de 
sus electores, y teniéndose más en cuenta para su elección que de ordinario, 
que se elegía no solamente Presidente del Senado, sino también y principal- 
mente Vicepresidente de la República. 


157 



1904 


SEÑOR PEREDA. — Si no lo molestara, le haría una interrupción. 

SEÑOR RODO. — Todas las que quiera. 

SEÑOR PEREDA. — Si en nuestro país se entendiera que el Presidente 
del Senado es Vicepresidente de la República, no habríamos tenido el ejemplo 
de que durante veintiún días un ciudadano legal desempeñara las funciones 
anexas al Poder Ejecutivo, o en el sentir del señor diputado la Vicepresidencia 
de la República, puesto que por la Constitución sólo los ciudadanos naturales 
pueden ocuparla. 

SEÑOR RODO. — Pero yo no puedo detenerme a defender un hecho 
histórico del cual no me hago solidario. Lo que afirmo al señor diputado, es 
que si la Constitución no designa de una manera expresa al Presidente del 
Senado con el nombre de Vicepresidente de la República, por lo menos atri- 
buye al puesto de Presidente del Senado tal representación, tal alta dignidad, 
que considera a este merecedor de ocupar la Presidencia de la República en 
ausencia del Presidente efectivo. 

SEÑOR PEREDA. — Las funciones anexas al Poder Ejecutivo. 

SEÑOR RODO. — Tanto da: las funciones anexas a un puesto, son el 
puesto mismo. 

Además, señor Presidente, fuera de que me parecen suficientes los argu- 
mentos que he aducido para demostrar que el puesto que ocupaba el doctor 
Dufort y Alvarez en el momento de morir, establece una diferencia justificada 
respecto de los ciudadanos que se han citado — el doctor Terra, el señor Bauzá 
y el doctor Miguel Herrera y Obes — aparte de esto, creo que no es tan 
exacto lo que se ha dicho en la sesión anterior, y ha repetido en ésta el señor 
Pereda, respecto de la superioridad de los servicios que en general han pres- 
tado al país los tres mencionados ciudadanos, relativamente a los del doctor 
Dufort y Alvarez . . . 

SEÑOR PEREDA. — ¿Me permite? 

Yo no hice ese argumento, ni siquiera menté los servicios prestados por 
el doctor Dufort y Alvarez, ni por otros. Fue el doctor Costa: cargue él solo 
con el sambenito. 


158 



1904 


SEÑOR RODO. — Bien: cualquiera que sea quien lo haya dicho. 

SEÑOR PEREDA. — No quiero cargar con esa doctrina. 

SEÑOR RODO. — El hecho es que aquí se ha aducido ese argumento 
de la superioridad de servicios. 

SEÑOR PEREDA. — Y en el informe se dice, respecto del doctor Terra, 
que eran eminentes sus servicios. 

SEÑOR FAJARDO. — Y es indudable; y en él se explica por qué razón 
se le concedió una pensión que es menor: está perfectamente explicado eso. 

SEÑOR RODO. — Voy a ocuparme del argumento a que me refería, 
señor Presidente, porque creo que la suma de los servicios que moral o ma- 
terialmente preste un ciudadano a la causa pública, no se mide sólo por las 
posiciones * oficiales que haya ocupado, siendo notorio que no siempre la jus- 
ticia práctica y efectiva es la sanción de las acciones de los hombres, y mucho 
menos de los actos de los hombres políticos. 

SEÑOR PEREDA. — Apoyado. 

SEÑOR RODO. — Y entrando a este orden de consideraciones, diré, sin 
que me proponga establecer una relación matemática, porque sé bien que 
los merecimientos de los hombres no pueden compararse entre sí con la fa- 
cilidad y con la exactitud con que se comparan valores materiales, diré, que 
si en cierto género de servicios y de merecimientos públicos la personalidad 
del doctor Dufort y Alvarez cedería indudablemente a la de aquellos tres 
distinguidos ciudadanos, desde otros puntos de vista no sucedería lo mismo; 
y si el doctor Dufort y Alvarez no fue un financista de la ciencia excepcional 
del doctor Terra, ni un historiador y un tribuno parlamentario de la talla 
eminente de don Francisco Bauzá, ni un jurisconsulto de la indiscutible auto- 
ridad del doctor Herrera y Obes, en cambio el doctor Dufort y Alvarez llegó 
más adelante en el campo de la labor cívica: fue más activo en la propagan- 


* En el Diario de Sesiones original, posesiones en lugar de posiciones. 


159 



1904 


da de la libertad y las instituciones en épocas sombrías, y confundió más 
constantemente su espíritu con las aspiraciones y los sentimientos populares. 

( Apoyados ) 

( ¡Muy bien!) 

De manera que si poniéndome en el punto de vista de las posiciones pú- 
blicas u oficiales, yo creo que hay ventaja para el doctor Dufort y Alvarez, en 
el segundo caso creo que hay, no superioridad, pero sí igualdad; y en con- 
clusión, para el balance definitivo, siempre quedaría subsistente la ventaja que 
resulta del primer punto de vista. 

SEÑOR FAJARDO. — ¡Muy bien! 

SEÑOR RODO. — También me parece muy valedero el argumento que 
se deriva de la precaria situación en que queda la familia del doctor Dufort 
y Alvarez, que por su desvalimiento, por su composición numerosa, y por 
el hecho de formarla, además de la señora viuda, niños que no están en edad 
de subvenir por sí a las necesidades de la vida, merece que se la tenga muy 
en cuenta en este caso. 

Resumiendo, pues, los argumentos de que he hecho mérito, diré que, te- 
niendo en consideración, en primer lugar, la elevadísima posición política que 
ocupaba el doctor Dufort y Alvarez en el momento de morir; teniendo en 
consideración, además, los puestos encumbrados que había desempeñado 
antes, siendo representante, senador, Ministro de Estado, y desempeñándolos 
siempre con austeridad y con brillos, y teniendo en cuenta por último, dadas 
las necesidades de la familia que deja en la orfandad, me parece un acto de 
justicia nacional que sancionemos esta pensión, no fastuosa, sino sobria y mo- 
desta, para recompensar, en parte al menos, los méritos de aquel esclarecido 
ciudadano. 

He dicho. 

( ¡Muy bien!) 


(D.S.C.RR. T. 175. Págs. 155-160) 

Luego de otra breve intervención del Diputado Martorell, se aprueban las 
modificaciones del Senado y el proyecto pasa al Poder Ejecutivo. Es la Ley N* 
2878 de 16/3/904. 


160 



1904 


M. 


33) PAZ EN LA REPUBLICA. DERECHO DE PETICION. 

A mediados de 1904, parte de la prensa montevideana abogaba por la paz en 
la República, al igual que los comerciantes y hacendados. Un Comité de gana- 
deros visitaba al Presidente de la República y al Directorio Nacionalista, procu- 
rando obtener una paz negociada. Se propusieron diversos planes de paz que no 
prosperaron. Simultáneamente, el Congreso Ganadero se dirigió al Parlamento so- 
licitando interviniera en el problema. 

En la 36’ Sesión Ordinaria del 7/6/904, se da cuenta en la Cámara de Re- 
presentantes de una petición del Congreso Ganadero solicitando que la Cámara 
dicte las medidas conducentes a la realización de la paz de la República. La Mesa 
da cuenta de que por su naturaleza no la ha destinado a ninguna Comisión, co- 
rrespondiendo se nombre una especial. El Diputado Areco, entendiendo que debe 
rechazarse la solicitud a la brevedad, propone que se trate sobre tablas la peti- 
ción, declarándose la Cámara en sesión permanente, previo informe de una Comi- 
sión especial, que se expediría en cuarto intermedio. Se origina un amplio debate 
sobre el tema. Rodó expresa: 

SEÑOR RODO. — Voy simplemente a dejar constancia de que voy a 
votar en favor de la moción del diputado señor Areco, por dos razones: en 
primer lugar, porque creo que la petición está mal encaminada; que no es el 
Cuerpo Legislativo el que puede satisfacer las aspiraciones de los peticionantes; 

(Apoyados) 

y en segundo término, señor Presidente, porque creo que no se nos pide nada 
concreto, nada determinado: que se nos pide simplemente que nos ocupemos 
de un asunto sobre el cual no se nos indica ninguna solución, lo cual me 
parece que extralimita los límites, los términos del derecho de petición. 

Si se tratase de exponer estas ideas que he indicado someramente, lo 
haría con mucho gusto; pero mi objeto al hacer uso de la palabra, ha sido 
simplemente manifestar las razones por las cuales voy a votar a favor de la 
moción del diputado señor Areco. 

He dicho. 

(D.S.C.RR. T. 176. Pág. 165) 

Se vota afirmativamente la moción de Areco. El dictamen de la Comisión, luego 
del cuarto intermedio, aconseja que se apruebe un artículo único que expresa: “En 
oportunidad, téngase presente”. Luego de un amplio debate, Areco propone como 
proyecto sustitutivo otro que declara que el Cuerpo legislativo no tiene facultad 
para abordar el asunto. Se vota afirmativamente el proyecto de la Comisión. 


161 




1904 


i. 


34) LIBERTAD DE PRENSA. 

Invocando como fundamento los poderes generales de que disponía el Gobierno 
con motivo de la guerra, ya que no existía ninguna ley reglamentaria de la liber- 
tad de prensa, el Poder Ejecutivo dictó diversas resoluciones, disponiendo la censura 
y sancionando a los periódicos que hicieran propaganda a favor de la paz. 

En la 7* Sesión Ordinaria del 15/3/904, el Diputado Pereda presenta un pro- 
yecto de ley, conforme al cual la libertad de prensa podía ser limitada en los ca- 
sos graves de ataque exterior o conmoción interior, de conformidad a los procedi- 
mientos establecidos en el Art. 81 de la Constitución (Medidas Prontas de Segu- 
ridad). La limitación no era absoluta y se refería solamente a las noticias y ope- 
raciones de guerra y a la apreciación de los actos militares de los funcionarios 
públicos que intervinieran en ella. En la 27» Sesión Ordinaria del 9/6/904, la Co- 
misión de Asuntos Constitucionales e Internacionales, con la firma de Rodó, se 
expide sobre el proyecto: 

Comisión de Asuntos Constitucionales e Internacionales. 


H. Cámara de Representantes: 

Vuestra Comisión ha estudiado el proyecto de ley presentado a vuestra 
consideración por el señor representante por Paysandú, don Setembrino E. 
Pereda, referente a las limitaciones a la libertad de la prensa, — en los casos 
de ataque exterior o conmoción interior; — y ha llegado al convencimiento de 
que ese proyecto debe ser desechado por cuanto tiende a establecer que en 
ningún caso aquella limitación podrá referirse sino a la publicidad de noticias 
relativas a los hechos de guerra; lo que en nuestro concepto no interpreta ni 
la buena doctrina constitucional ni las conveniencias públicas. 


I 

Ante todo es preciso dejar establecido que en doctrina y con arreglo a 
nuestra Constitución, la libertad de imprenta puede ser limitada en los casos 
extraordinarios de convulsión. 

Es un derecho individual tan respetable y sagrado como la libertad per- 
sonal, la propiedad, la inviolabilidad del domicilio, la de la correspondencia, 


163 



1904 


el de petición, — el de entrada y salida del país — y trasladarse de un lugar 
a otro. Sin embargo, es evidente que todos estos derechos sufren restricción 
cuando su ejercicio los convierte en medio para Ilegal’ a propósitos contrarios 
al orden, a la moral, al derecho común. 

Y también la sufren cuando la sociedad reclama su concurso para man- 
tener su integridad amenazada o atacada. 

“La existencia de la patria — decían los constituyentes en su manifiesto 
de 1830, — depende del sacrificio que hacen todos los individuos de una parte 
de su libertad para conservar el resto. Las garantías individuales están sub- 
ordinadas a las garantías de la sociedad entera, de sus poderes públicos y 
de sus instituciones”. (Informe de la Comisión Especial de la Asamblea Ge- 
neral de 28 de noviembre de 1832, compuesta por don Juan F. de Larrobla, 
don Joaquín Campana, don Francisco Antonio Vidal, don Carlos Vidal y don 
Alejandro Chucarro). 

Cree, pues, la Comisión indiscutible que la limitación de la libertad de 
la prensa o su reglamentación, puede establecerse. 


II 


¿Quién puede dictar esa restricción o reglamentación? 

Sobre este punto no cabe duda ninguna, porque los preceptos constitu- 
cionales son claros y expresos. 

En épocas normales, la restricción y reglamentación debe ser dictada por 
el Cuerpo Legislativo, en uso de las facultades especialmente conferidas en 
el artículo 17, inciso 39 de la Constitución, debiendo ser promulgada por el 
Poder Ejecutivo, en cuya oportunidad puede este Alto Poder hacer previa- 
mente las observaciones que creyere, en la forma prescripta por el artículo 63. 

En épocas anormales, la restricción puede ser hecha por el Cuerpo Le- 
gislativo, en la misma forma anterior, o puede ser hecha por el Poder Ejecutivo 
como medida pronta de seguridad, en uso de la facultad que le confiere el 
artículo 81 de la Constitución. Pero en tal caso tiene que dar cuenta inme- 
diatamente a la Asamblea General, o en su receso a la Comisión Permanente, 
estando a su resolución. 


164 



1904 


En nuestro sistema de gobierno, como se ve, ningún derecho individual 
o político, puede ser restringido, sea en época normal o anormal, sin la re- 
solución obligada y definitiva del Poder Legislativo. 

El Poder Ejecutivo concune, pero la decisión, en todos los casos, es del 
Legislativo. 


III 

¿Hasta qué extremo, y con qué duración puede restringirse la libertad de 
la prensa? 

Hay, sin duda, al respecto una gran latitud que se subordina por mucho 
al criterio individual. 

La Comisión cree, como Grimke, que la prensa es una parte integrante 
del mecanismo del gobierno libre. Es el órgano de la opinión pública, y el 
oficio que ejerce es el de distribuir el poder entre la comunidad. Llena este 
fin distribuyendo los conocimientos, y difundiendo simpatías comunes entre 
la masa de la población. 

Piensa, como Lieber, que la libertad de la prensa es de una importancia 
verdaderamente trascendental, porque el hombre es hombre más por su orga- 
nización intelectual que por su organización corpórea, y afecta igualmente, 
aunque de un modo indirecto, al bienestar de toda la comunidad a la que 
sirve de escudo. 

Opina, por último, que es un poderoso medio de control de los actos 
de los funcionarios públicos, y cuando está bien inspirada, es valioso auxiliar 
para la sanción de las leyes y la difusión de su conocimiento. 

En su concepto, pues, la libertad de la prensa debe ser limitada sólo en 
lo indispensable y por el tiempo indispensable. El menor exceso constituye 
un abuso. 


IV 

¿La situación porque pasa actualmente el país, es conciliable con la com- 
pleta libertad de la prensa o con un régimen más amplio que el que está 
en vigencia? 

Vuestra Comisión llamó a su seno al señor Ministro de Gobierno, a fin 
de conocer las vistas del Poder Ejecutivo sobre este punto. 


165 



1904 


Dijo el señor Ministro que el Poder Ejecutivo deseaba como el que más 
la amplia libertad de la prensa; pero que en los actuales momentos creía in- 
dispensable mantener la limitación decretada, ya que ella no se refería a la 
prohibición de discutir los actos de los funcionarios públicos, ni las vastísimas 
materias de orden administrativo, político, judicial y aun sobre sucesos de 
actualidad y noticias referentes a los mismos sucesos, a la sola condición de 
que no se atacase clara ni veladamente la causa de las instituciones que de- 
fiende el Gobierno de la República, ni debilitarla por una propaganda que 
pueda hacer suponer en el Gobierno falta de las fuerzas suficientes para do- 
minar a la insurrección, o en ésta elementos de lucha y fuerzas de que en 
realidad no dispone. Agregó que era lo menos que podía haber decretado, 
y que eso mismo confiaba en que sería de poca duración. 

Y por último, interrogado sobre si el Poder Ejecutivo conceptuaba indis- 
pensable que la propaganda a favor de una paz que no significase el acata- 
miento al régimen de las instituciones debía seguir siendo objeto de prohibi- 
ción, contestó el señor Ministro afirmativamente. 

Desechada por nuestra parte, en mérito a las consideraciones que hemos 
aducido y a las más elementales exigencias de la seguridad y el orden público 
dentro de una situación revolucionaria, la idea de que se consienta una abso- 
luta libertad de propaganda, sin más restricciones que en lo informativo, como 
lo establece el proyecto del señor Pereda, presentóse a nuestra consideración, 
después de oídas las declaraciones del señor Ministro, el único punto que a 
nuestro juicio admite discusión: ¿conviene modificar de inmediato el régimen 
vigente en cuanto a la libertad de la prensa? ¿Ha llegado la ocasión de dictar 
una ley determinando los casos y el límite de la restricción de la prensa? 

Vuestra Comisión no ha logrado uniformar ideas sobre el particular, re- 
servándose cada uno de sus miembros la facultad de opinar al respecto en el 
debate, si lo considera conveniente; y se limita a recordar a V. H. que el 
Poder Legislativo está facultado para dictar en cualquier momento una ley 
que modifique, en el sentido que estime oportuno, las disposiciones actual- 
mente en vigencia sobre libertad de la prensa. 

Por tales consideraciones, vuestra Comisión os aconseja el siguiente 


PROYECTO DE RESOLUCION 


Archívese. 


166 



1904 


Sala de la Comisión, en Montevideo, a 19 de mayo de 1904. 

Manuel E. Tiscomia — Ricardo J. Areco — Agustín Ferrando y Olaondo 
Eduardo Vargas — José Enrique Rodó — Benito M. Cuñarro. 


(D.S.C.RR. T. 176. Págs. 189-190) 

A continuación, el Diputado Pereda insiste en su proyecto, con un extensísimo 
discurso, durante cuyo transcurso finaliza la sesión (VER Nos. 35, 36, 37, 38, 39, 
40). 


167 




1904 


M. 


35) LIBERTAD DE PRENSA. 

Al iniciarse la 28* Sesión Ordinaria del 14/6/904 se da cuenta del mensaje y 
proyecto del Poder Ejecutivo sobre limitaciones a la libertad de prensa, que ex- 
presa: 


Poder Ejecutivo. 

H. Asamblea General: 


Montevideo, junio 14 de 1904. 


El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a la consideración de V. H. 
el adjunto proyecto de ley, referente a las limitaciones de la libertad de la 
prensa, y cuya sanción cree oportuna. 

Las Resoluciones del Poder Ejecutivo de fecha 10, 11 y 17 de enero ppdo. 
actualmente en vigencia y relativas a la libertad de imprenta, tuvieron como 
fundamento las circunstancias especiales porque atravesaba el país, que impu- 
sieron como consecuencia inmediata la limitación de la misma. 

Como ya ha tenido el honor de expresarlo ante la Comisión de Asuntos 
Constitucionales e Internacionales, por intermedio del señor Ministro de Go- 
bierno, el Poder Ejecutivo anhela la más amplia libertad de la prensa, cuya 
trascendental importancia reconoce y cuyo control considera inconveniente* en, 
tiempos de paz; pero la anormalidad de los actuales momentos hace imposi- 
ble y peligroso para el orden público el cumplimiento de esa aspiración, vién- 
dose muy a pesar suyo en la necesidad de mantener, y por sólo el tiempo 
indispensable, algunas de las limitaciones decretadas. 

El adjunto proyecto aclara las dudas que pudieran tenerse respecto al 
alcance de las restricciones que rigen actualmente, y suprime la previa censura. 

Reitera el Poder Ejecutivo a V. H. las seguridades de su mayor consi- 
deración. 

JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ. Claudio Williman. 


* En el original del D. de Sesiones de la C. de Representantes: indispensable 
en lugar de inconveniente. 


169 



1904 


Ministerio de Gobierno. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del 
Uruguay, etc., etc., 


DECRETAN: 

Artículo 1^ — Desde la promulgación de la presente ley podrá emitirse 
el pensamiento sin previa censura, pero sujeto a las limitaciones y penas que 
en razón del estado de guerra en que se encuentra el país, se establecen en 
los artículos siguientes. 

Art. 29 — Queda prohibido: 

I. — Publicar datos, informaciones o noticias referentes a las operaciones 
de la guerra, con excepción de las oficiales, y hacer transcripciones de los 
diarios extranjeros sobre lo mismo. 

II. — Hacer apreciaciones de los actos militares de los funcionarios pú- 
blicos que intervengan en ella. 

III. — Dirigir censuras irrespetuosas, personales u ofensivas al Jefe del 
Estado en cuanto se refieran a la dirección general de la guerra y que afecten 
su autoridad y su prestigio. 

IV. — Abogar por la paz sobre otra base que no sea el sometimiento sin 
condiciones a la autoridad constituida. 

V. — Publicar ilustraciones, estampas y caricaturas que contravengan a 
estas disposiciones. 

Art. 39 — Los editores o impresores que contravengan estas disposiciones, 
serán penados con la suspensión de sus diarios o revistas por el término pru- 
dencial que juzgue el Poder Ejecutivo, sin que por sus establecimientos pue- 
dan editarse bajo otro nombre o formato. 

Art. 49 — Estas sanciones serán siempre sin perjuicio de las que estable- 
cen las leyes generales sobre abusos de la libertad de imprenta. 

Art. 59 — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Montevideo, junio 14 de 1904. 

CLAUDIO WILLIMAN. 

(D.S.C.RR. T. 176. Págs. 206-207) 


170 



1904 


El Diputado por Durazno, G. L. Rodríguez propone que se suspenda la discu- 
sión del proyecto anterior (VER N° 34) hasta que la Comisión de Asuntos Cons- 
titucionales dictamine sobre este proyecto del Poder Ejecutivo, a fin de que am- 
bos sean tratados conjuntamente. El Diputado Riestra se opone a esta moción y 
a continuación Rodó expresa: 

SEÑOR RODO. — Yo también me voy a oponer a la moción que acaba 
de presentar el señor diputado por el Durazno. 

Creo que el proyecto de ley que nos ha presentado el Poder Ejecutivo 
no aporta ningún elemento nuevo al debate, 

(Apoyados) 


por cuanto significa solamente consagrar, por medio de una ley, la subsis- 
tencia de las prohibiciones que actualmente están vigentes. 

(Apoyados) 

De manera que continuando sin ninguna interrupción la discusión de este 
asunto, podemos ocupamos de la conveniencia o inconveniencia de prestar 
nuestra sanción a lo que nos propone el Poder Ejecutivo. 

Estos son los motivos por los cuales voy a negar mi voto a la moción 
del señor diputado doctor Rodríguez. 


(D.S.C.RR. T. 176. Pág. 207) 


Se vota negativamente la moción de G. L. Rodríguez. Pero más adelante, en 
la misma sesión, el Diputado Areco mociona para que el proyecto del Poder Eje- 
cutivo se trate como proyecto sustitutivo del presentado por Pereda y en conse- 
cuencia, se considere conjuntamente con éste. Se vota afirmativamente y se entran 
a discutir ambos proyectos. Continúa su extenso discurso el Diputado Pereda. An- 
tes de finalizar la sesión, se origina el siguiente debate: 

SEÑOR PEREDA. — Lo que yo sostengo, y no puede decirse lo con- 
trario tratándose de estos autores, es que ni Grimke ni Lieber consienten la 
censura en ninguna época. 

Lieber, autor que me invocaban los señores diputados por Río Negro y 
por Rocha en la sesión anterior, habla de la limitación de la libertad . . . 


SEÑOR TISCORNIA. — De la suspensión. 


171 



1904 


SEÑOR PEREDA. — . . .pero jamás de la censura. 

SEÑOR TISCORNIA. — Ya ve: hasta ese extremo llega Lieber: hasta 
la suspensión completa. 

SEÑOR VARGAS. — La Comisión no ha aconsejado la censura, señor 
diputado. 

SEÑOR ARECO. — ¡Si no rige la censura! 

SEÑOR PEREDA. — Me extraña que un hombre ilustrado como el señor 
diputado, diga que no aconseja la censura; la Comisión aconseja el rechazo 
de mi proyecto, y como mi proyecto va contra la censura, luego aconseja la 
censura. 

SEÑOR TISCORNIA. — No, no va contra la censura. 

SEÑOR VARGAS. — Eso no es más que un silogismo, y un silogismo 
falso. 

SEÑOR RODO. — La Comisión no aconseja la censura. 

SEÑOR PEREDA. — Y si no la aconseja, ¿cómo la deja en pie? 

Ahora bien: voy a citar las palabras textuales de Lieber. 

En efecto, dice así: “¿Quién puede negar ese derecho de limitación o 
suspensión al comandante de una plaza sitiada ...” 

SEÑOR TISCORNIA. — O aún cuando no la tenga. 

SEÑOR PEREDA. — "... si la amenaza un motín o aun cuando no lo 
tema? Lo propio puede acontecer en una provincia sublevada o en un país 
envuelto por la guerra o próximo a verla estallar.” 

“Con todo — agrega Lieber — estas son las grandes excepciones de la li- 
bertad, las circunstancias extraordinarias, las grandes anormalidades porque 
pasan los pueblos.” 

SEÑOR TISCORNIA. — Y es lo que trata el capítulo 3 9 del informe, 
— precisamente de eso: hasta qué punto debe mantenerse la restricción, — nada 
más que mientras dure la anormalidad. 


172 



1904 


SEÑOR PEREDA. — La Comisión al aconsejar el rechazo de mi proyecto, 
repito, es porque no está de acuerdo con las doctrinas que se contienen en 
su artículo único. 

Yo establezco una limitación, y la Comisión, que cree que puede limitarse 
la libertad del pensamiento, aconseja, sin embargo, el rechazo del proyecto. 

SEÑOR RODO. — Pero no la previa censura. 

SEÑOR PEREDA. — Luego, repito, tendiendo mi proyecto a encarrilar 
esa limitación en las formas legales, tendiendo a que desaparezca la censura 
policial, si mi proyecto se rechaza, si la Comisión cree deber rechazarlo, en 
consecuencia también queda en pie esa censura e implícitamente viene la 
Comisión a sentar este principio. 

SEÑOR RODO. — No se ha fijado en la parte final del informe de la 
Comisión. 

(D.S.C.RR. T. 176. Págs. 223-224) 

El debate continuará en las sesiones posteriores (VER Nos. 36, 37, 38, 39, 40). 


173 




1904 


P. M. 

36) LIBERTAD DE PRENSA. 

Al iniciarse la 29” Sesión Ordinaria del 16/6/904, la Mesa da cuenta de un 
proyecto presentado por Rodó: 

El Senado y Cámara de Representantes, etc., etc., 

DECRETAN: 

Artículo 1° — Quedan sin efecto las disposiciones restrictivas de la liber- 
tad de la prensa, dictadas por el Poder Ejecutivo en uso de las facultades que 
le confiere el artículo 81 de la Constitución, con las únicas excepciones que 
en esta ley se establecen. 

Art. 2° — Mientras dure la actual rebelión armada, no será lícito a la 
prensa la publicación de noticias no autorizadas por el Poder Ejecutivo ni el 
comentario de las operaciones militares. 

Art. 3° — Será considerada como subversiva y punible por los procedi- 
mientos que se indican en los artículos 4? y 5?, la propaganda en favor de 
pactos que impliquen una violación del orden constitucional en cuanto a que- 
brantar la unidad política del país y coartar cualquiera de las facultades pro- 
pias de los poderes públicos. 

Art. 49 — Los editores de los diarios y periódicos que contravinieren las 
disposiciones de la presente ley, serán penados por el Poder Ejecutivo con la 
supresión temporal de sus publicaciones. 

Art. 5 9 — Si el término de dicha supresión fuese mayor de cuarenta y 
ocho horas, el Poder Ejecutivo deberá remitir dentro de las mismas los ante- 
cedentes respectivos al juez que corresponda. 

Art. 69 — Queda abolida la previa censura que establece la disposición 
del Poder Ejecutivo de fecha 11 de enero. 

Art. 79 — Con la terminación de la actual contienda armada, cesarán 
ipso fado las disposiciones de la presente ley. 

Art. 89 — Comuniqúese, publíquese, etc. 

Montevideo, 16 de junio de 1904. 

José Enrique Rodó 
Representante por Montevideo. 


175 



1904 


¿Ha sido apoyado? 

(Apoyados) 

Habiendo sido apoyado, pasa a estudio de la Comisión de Asuntos Cons- 
titucionales. 

(D.S.C.RR. T. 176. Pág. 227) 

El Diputado Vargas propone que el proyecto de Pereda, el del Poder Ejecu- 
tivo (VER Nos. 34 y 35) y el de Rodó pasen a la Comisión de Asuntos Constitu- 
cionales para que informe sobre ellos, buscando una solución conciliatoria, pasan- 
do la Cámara a cuarto intermedio hasta que se pronuncie la Comisión e invitando 
al Ministro de Gobierno a que concurra a su seno a dar las explicaciones necesa- 
rias. Se vota afirmativamente. Finalizado el cuarto intermedio y vueltos a Sala, 
se expresa: 

SEÑOR VARGAS. — Reunida la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
habiendo concurrido a su seno el señor Ministro de Gobierno, y después de 
cambiar ideas en general, aún cuando el señor Ministro adelantó que el pro- 
yecto presentado por el señor Rodó, en el fondo, es el del Poder Ejecutivo, 
suavizada la forma en muchos de sus artículos, no creyó poder emitir una 
opinión radical desde el primer momento sin consultar al Poder Ejecutivo, y 
con ese objeto mañana volverá a reunirse la Comisión de Asuntos Constitu- 
cionales con asistencia del señor Ministro y el sábado podrá informar a la 
Cámara presentando un proyecto a su consideración. 

El mismo señor Pereda, autor de uno de los proyectos, asintió a esta 
resolución en el seno de la Comisión, a la que fue invitado especialmente. 

Es lo que tenía que informar a la Cámara. 

SEÑOR PRESIDENTE. — De manera que la Comisión de Asuntos Cons- 
titucionales propone que se aplace hasta la sesión del sábado la consideración 
del proyecto de ley sobre libertad de imprenta. 

SEÑOR VARGAS. — Exactamente, señor Presidente. 

SEÑOR RODO. — Como autor del proyecto, pido usar de la palabra, 
para fundarlo; tanto más cuanto que, formando parte de la Comisión de Ne- 
gocios Constitucionales, que se expidió en sentido desfavorable al proyecto del 
señor diputado por Paysandú, quiero definir mi actitud en el seno de la Co- 
misión y dar las razones porque suscribí su informe. 


176 



1904 


SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR RODO. — Mientras el proyecto que he presentado a la consi- 
deración de la H. Cámara tiende exclusivamente a dictar una ley de circuns- 
tancias, de aplicación transitoria y actual, el proyecto del señor Pereda encara 
y resuelve la cuestión de modo general y permanente, fijando de manera de- 
finitiva los límites dentro de los cuales deberán contenerse las facultades ex- 
traordinarias del Poder Ejecutivo, respecto de la prensa, en cualquier caso de 
conmoción interior. De aquí mi disconformidad con dicho proyecto; por cuan- 
to creo que son las condiciones de determinada situación de anormalidad las 
que pueden fijar en cada caso esos límites, y no veo acierto ni conveniencia 
en dictar una ley que los establezca de modo permanente y los reduzca a los 
que el proyecto del señor Pereda señala. Si, en una ocasión dada, la Asamblea 
entiende que el Poder Ejecutivo, al usar de sus facultades extraordinarias con 
respecto a la prensa, ha llevado las restricciones más allá de lo necesario o 
las ha hecho durar sobrado tiempo, dicte en buenhora la Asamblea una ley 
de circunstancias que deje sin efecto las restricciones abusivas; por cuanto 
ella es la que debe resolver de la revocación o subsistencia de las medidas 
que el Poder Ejecutivo tome en uso de sus facultades extraordinarias. 

De conformidad con estas ideas manifesté en el seno de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales que suscribiría el informe de la Comisión desfavo- 
rable al proyecto del señor Pereda, siempre que el informe se limitase a expo- 
ner las razones de nuestra común disidencia respecto de ese proyecto, y a 
condición también de que hiciera la salvedad de que, en cuanto a lo demás, 
cada uno de los miembros de la Comisión se reservaba la facultad de opinar 
libre y personalmente en el seno de la Cámara. 

El hecho de que sea yo adversario del proyecto del señor Pereda no sig- 
nifica, pues, que haya profesado en ningún momento opinión favorable a la 
subsistencia del régimen vigente en materia de libertad de la prensa; hasta 
el punto que como lo recordó el mismo señor diputado por Paysandú en el 
discurso con que fundó su proyecto, hube yo de presentar, días antes, otro, 
inspirado en iguales propósitos, proyecto que sólo postergué por consideracio- 
nes del momento. 

Es el que ahora someto al ilustrado criterio de la Cámara. 

La solución de este asunto, señor Presidente, no admite dilación. 

Adquirido el hábito de una libertad, de la manera como este pueblo ha 
adquirido el hábito de la libertad de la prensa que, en circunstancias normales, 


177 



1904 


es de las conquistas desde hace tiempo incorporadas a sus progresos políticos, 
no se prescinde de ella sin dificultad y sin violencia; y cuando la restricción 
de esa libertad es llevada, como yo creo que sucede ahora, más allá de lo 
que exige la necesidad o un alto interés, tal restricción concluye siempre por 
determinar en el espíritu público una impaciencia sorda y creciente, que en 
este caso vendría a hacer aún mayor el malestar de una situación como la 
que atravesamos. 

No me satisfizo la manera como el Poder Ejecutivo respondió a la expec- 
tativa general, con el proyecto de ley que acompaña a su Mensaje. Ese pro- 
yecto no importa otra cosa que consagrar legalmente la subsistencia incondi- 
cional de las restricciones en vigencia. Y por más que en el Mensaje se dice 
que el Poder Ejecutivo sólo desea dejar subsistentes algunas de las prohibicio- 
nes decretadas, lo cierto y positivo es que en su proyecto se dejan subsisten- 
tes, no algunas, sino todas . . . 

SEÑOR FAJARDO. — Apoyado. 

SEÑOR PEREDA. — Y se agregan otras. 

SEÑOR RODO. — ... con la diferencia de que hasta ahora esas me- 
didas restrictivas no tienen el carácter de permanencia que les daría la sanción 
de una ley. 

SEÑOR FAJARDO. — Apoyado. 

SEÑOR RODO. — Una sola ventaja trae consigo el proyecto del Poder 
Ejecutivo respecto del régimen vigente, en cuanto a la libertad de la prensa, 
y es la que se refiere a la supresión de la censura; condición esta, no sólo la 
más contraria al espíritu de nuestra Constitución, que ha consagrado un ar- 
tículo a eliminar en expreso el procedimiento preventivo, en materia de impren- 
ta, la censura previa, sino también la que más violencia debe necesariamente 
causar en el ánimo del que padece la limitación de sus libertades, y la que 
menos consulta la dignidad democrática de esa institución popular de la pren- 
sa, sometida a la condición, un tanto deprimente, de una intervención policial. 
Pero, aparte de la forma en que la restricción se ha hecho práctica, el límite 
de la restricción ha sido llevado, sin duda, más allá de lo que la necesidad 


178 



1904 


consiente y autoriza. Y en este sentido, nada innova el proyecto del Poder 
Ejecutivo, que mantiene los términos de la restricción fuera de lo conveniente 
y de lo lícito. 

(Apoyados) 

En buena hora alcance la restricción a las informaciones de la guerra y 
a la crítica de la acción militar; en buena hora también, en uso de medidas 
extraordinarias, prevéase toda explotación de la propaganda política que, de 
los desfallecimientos y angustias del espíritu público, tome ocasión para pro- 
piciar nuevas violaciones del orden institucional, nuevas subversiones, males 
todavía mayores y más hondos que los inmensos males del presente. Todo esto 
se comprende y justifica. Pero la manifestación del deseo de la paz, y la 
propaganda en favor de fórmulas más o menos acertadas, más o menos dis- 
cretas y viables, para hallarla dentro del orden institucional, ¿por qué ha de 
ser objeto de prohibición, señor Presidente? ¿Por qué hemos de temerla y por 
qué hemos de vedarla? ¿Qué significaría, en rigor, esa propaganda, sino la 
resonancia pública, la sanción popular de los anhelos y aspiraciones que la 
mayoría de los miembros de la Asamblea expusieron al pueblo en su ma- 
nifiesto de hace dos meses, y que el propio Presidente de la República corro- 
boró e hizo suyos en las declaraciones de su nota de contestación al pedido 
de los enviados argentinos? . . Y si se tiene en cuenta que esa prohibición es 
la que más se explota, sin duda, por los interesados en el desprestigio de los 
poderes públicos, para arrojar sobre ellos el cargo calumnioso de que hay en 
su seno enemigos de la paz, como si esa enemistad absurda cupiese en ningún 
corazón bien puesto ni en ninguna razón sensata, ¿cuál es la consideración 
política que pueda movernos a dejar en pie esa prohibición? 

Y no es que sea yo optimista, aunque de todas veras quisiera serlo, en 
cuanto a la eficacia que en este caso pueda tener la propaganda de la prensa 
para encontrar la solución pacífica de los males que afligen al país. Es, en 
primer término, que la libertad no sufre restricción innecesaria, aunque lo 
restringido no fuera más que un ápice y aunque la restricción no durase más 
de un minuto. Y es además que basta la posibilidad de que, del lado del 
pueblo, surja un rayo de luz, para que demos ocasión a que la luz se haga. 

UN SEÑOR REPRESENTANTE. — ¡Muy bien! 


179 



1904 


SEÑOR RODO. — Abramos paso a la opinión. La opinión no tiene, 
ciertamente, rol alguno que desempeñar en lo que se refiere a la solución 
militar de la guerra, que es cosa que, por su naturaleza, debe levantarse por 
encima de toda discusión y toda crítica; pero ella tiene sí, y ha tenido siempre, 
derecho a que se le atribuya un rol en lo que podría llamarse la elaboración 
política de los sucesos, como promotora de ese cambio de ideas, de senti- 
mientos, de impresiones, con que se forma el ambiente en que respiran los 
gobiernos democráticos, y que en los momentos de prueba les permite com- 
partir con el espíritu público la iniciativa de sus actos y la responsabilidad 
de sus tendencias. 

Negarle ese rol resultaría, no ya inútil e ilícito, sino contraproducente; hoy 
más que nunca. Porque a mí me asiste la firme convicción de que si en los 
momentos actuales se dejara que esa poderosa voz anónima vibrara libremen- 
te en los aires, lo que primero se percibiría, lo que primero se haría sensible, 
en medio de todos los desalientos y a pesar de todos los desalientos del 
espíritu público, sería hasta qué punto la causa de las instituciones tiene de 
su lado, en esta dolorosa crisis, las aspiraciones y los sentimientos ciudadanos 
y el decidido concurso de todos los intereses legítimos. 

Tales son las consideraciones que me han movido a presentar el proyecto 
de que se ha dado cuenta. Creo que la solución que someto al juicio de la 
Cámara puede conciliar las opiniones en debate. Creo también que ella ofrece 
a la propia Cámara y al Poder Ejecutivo el medio de conjurar una grave 
cuestión política. 

No se me oculta que entre las restricciones que mi proyecto deja subsis- 
tentes hasta el restablecimiento del orden, hay una que acaso está destinada a 
ser objeto de controversia, y es la única que limita la extensión de la propa- 
ganda: la que pena como acto subversivo, como sugestión delictuosa, la ten- 
dencia a excitar el espíritu público en el sentido de soluciones violatorias del 
orden constitucional, por quebrantar la unidad política del país; es decir, por 
lesionar y poner en peligro la entidad misma de la patria. Es, de todos modos, 
el resultado sincero de mi reflexión sobre las calamidades que nos afligen, 
y de mi observación en cuanto al estado del espíritu público. 

Toda situación anormal — de las que la Constitución ha previsto al hablar 
de medidas extraordinarias — trae consigo condiciones propias, peculiares, de 
dificultad y de peligro; y a estas condiciones hay que atender, en uso de las 
facultades que lo excepcional de las circunstancias legitima, para conjurar los 


180 



1904 


males que no puedan ser convenientemente reprimidos dentro de las previ- 
siones y sanciones de la legislación vigente. 

No abusaré por más tiempo de la atención de la Cámara. Dejo fundado 
el proyecto sustitutivo que someto a su consideración, y hago votos porque 
él pueda servir de fórmula de avenimiento entre los partidarios del régimen a 
cuya sanción legal tiende el Mensaje del Ejecutivo, y los que profesan opinio- 
nes favorables al proyecto del señor Pereda. 

He dicho. 

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES. — ¡Muy bien! 

(D.S.C.RR. T. 176. Págs. 229-232) 

Se resuelve continuar con la consideración del tema en la siguiente reunión 
(VER Nos. 37, 38, 39, 40). 


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1904 


I. M. 

37) LIBERTAD DE PRENSA. 

En la 30* Sesión Ordinaria del 18/6/904, se da cuenta del informe de la Co- 
misión de Asuntos Constitucionales, sobre libertad de imprenta (VER Nos. 34, 35, 
36), que luce la firma de Rodó: 

Comisión de Asuntos Constitucionales. 

H. Cámara de Representantes: 

Vuestra Comisión, después de oídas las explicaciones del señor Ministro 
de Gobierno y de haber hecho un estudio detenido del proyecto del Poder 
Ejecutivo y del presentado por el señor Rodó, ha acordado con el represen- 
tante de aquel someter a vuestra aprobación el proyecto de ley que se enun- 
ciará más adelante. 

En realidad la Comisión, o mejor dicho, los firmantes del anterior infor- 
me, mantienen sobre lo fundamental las mismas opiniones ya expresadas, y la 
circunstancia de que las medidas solicitadas están encuadradas dentro de las 
que en situaciones anormales pueden dictarse de acuerdo con el artículo 81 
de la Constitución, excusan entrar en mayores consideraciones para fundarlo, 
sin perjuicio de las explicaciones verbales que dará, si fuese necesario, el 
miembro informante. 

Hacemos presente a V. H. que el Poder Ejecutivo retira su proyecto se- 
gún manifestación del señor Ministro de Gobierno, y que habiendo concurrido 
el señor Pereda a las reuniones de la Comisión, expresó en ella que también 
retira el suyo, por las razones y con las reservas que oralmente expondrá a 
la H. Cámara. 

Debemos hacer notar también a V. H. que el proyecto cuya sanción acon- 
sejamos es en el fondo el mismo del señor Rodó, con ligeras modificaciones 
que no afectan su parte fundamental. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Representantes, etc., etc., 


183 



1904 


DECRETAN: 

Artículo 1^ — Quedan sin efecto las disposiciones restrictivas de la liber- 
tad de la prensa dictadas por el Poder Ejecutivo en uso de las facultades que 
le confiere el artículo 81 de la Constitución, con las únicas excepciones que 
en esta ley se acuerda. 

Art. 29 — Mientras dure la actual rebelión armada, no será lícito a la 
prensa la publicación de noticias de la guerra no autorizadas por el Poder 
Ejecutivo, ni el comentario de las operaciones militares. 

Art. 39 — Será considerada como subversiva la propaganda en favor de 
concesiones o pactos que impliquen una violación del orden constitucional 
en cuanto tiendan a quebrantar la unidad política del país, coartar cuales- 
quiera de las facultades propias de los poderes públicos, o mermar su legíti- 
ma autoridad. 

Art. 49 — Los diarios o periódicos que contraviniesen a lo dispuesto en 
los artículos 29 y 39 podrán ser suspendidos por el Poder Ejecutivo hasta por 
diez días. 

Art. 59 — Queda abolida la previa censura que establece la disposición 
del Poder Ejecutivo de fecha 11 de enero. 

Art. 69 — Una vez restablecido el orden, quedarán sin efecto las dispo- 
siciones de la presente ley. 

Art. 79 — Comuniqúese, etc. 

Carlos de Castro — Eduardo Vargas — Ricardo J. Areco — José Enrique 
Rodó — Benito M. Cuñarro — Agustín Ferrando y Olaondo. 

(D.S.C.RR. T. 176. Pág. 251) 

El Diputado Pereda interviene nuevamente con amplitud en el debate. Igual- 
mente lo hace el Diputado Riestra, con quien en determinado pasaje se origina el 
siguiente diálogo: 

Decía en la sesión anterior el notable publicista nacional señor Rodó: “La 
opinión no tiene, ciertamente, rol alguno que desempeñar en lo que se refiere 
a la solución militar de la guerra, que es cosa que por su naturaleza debe le- 
vantarse por encima de toda discusión y toda crítica”. 

Yo no participo de esta afirmación, porque creo que la opinión pública 
está por encima de todo y de todos. Si la opinión pública considera que 


184 



1904 


nosotros llevamos el país a la desolación y a la ruina, tiene el derecho de 
decir, en un momento dado: “no quiero más guerra”. 

SEÑOR RODO. — ¿Me permite el señor diputado? 

SEÑOR RIESTRA. — Sí, señor, ¡cómo no! 

SEÑOR RODO. — El alcance de la frase mía que ha citado el señor 
diputado, es que la opinión pública no tiene derecho a intervenir en lo que 
se refiere a la crítica de las operaciones militares. Esa frase mía no tiene otro 
alcance que apoyar aquel artículo de mi proyecto y del proyecto del señor 
Pereda, que veda toda discusión sobre las acciones militares, sobre las opera- 
ciones militares: es el único alcance de la frase. 

SEÑOR RIESTRA. — ¿Pero a qué operaciones militares se refiere el 
señor diputado? ¿A las que están por hacerse o a las que ya se han ve- 
rificado? 

SEÑOR RODO. — A cualquiera de las operaciones militares que tengan 
lugar dentro del teatro de la guerra. Me refiero a que la opinión pública no 
tiene derecho a intervenir, a criticar las operaciones militares de la guerra: 
no en cuanto a pedir la paz. 

(D.S.C.RR. T. 176. Págs. 260-261) 

Finaliza la sesión con el Diputado Riestra en el uso de la palabra (VER Nos. 
38, 39, 40). 


185 




1904 


M. 

38) LIBERTAD DE PRENSA. LIBERTAD ELECTORAL. 

PACTOS POLITICOS. REVOLUCION. 

En la 31* Sesión Ordinaria del 21/6/904, continúa en el uso de la palabra el 
Diputado Riestra (VER Nos. 34, 35, 36, 37), en cuya oportunidad dice: 

El señor Rodó, en quien reconozco un talento claro, un pensador ya no- 
table y, lo que para mí vale más, muchísimo más, un defensor entusiasta de 
la verdad, de esa verdad que el celebrado escritor austríaco Max Nordau ha 
llorado proscrita de nuestra civilización, el señor Rodó — digo — manifestaba 
desde los asientos de esta H. Cámara lo siguiente: 

“Siempre que me ha tocado hablar a la juventud de mi partido, o escribir 
sobre política de actualidad, no he tenido reparo en decir a mis correligiona- 
rios y mis amigos, que el Partido Colorado debe renovar su predominio en 
la fuente legítima del sufragio, si se considera digno de seguir gobernando la 
República; porque después de cuarenta años consecutivos de gobierno, empie- 
za ya a tomar los caracteres de una gran anomalía histórica esta perpetuación 
indefinida en el poder sin títulos saneados de legalidad”. 


SEÑOR RODO. — Es cierto: lo he dicho y lo diré siempre. Me ratifico 
en lo que he dicho. 


(D.S.C.RR. T. 176. Pág. 270) 

Continúa luego Riestra su larga exposición. Luego hace uso de la palabra, 
también extensamente, el Diputado Marzol, quien anuncia que votará el proyecto 
de Rodó. El Diputado Areco hace la defensa del informe de la Comisión de Asun- 
tos Constitucionales, en otra extensa pieza oratoria. Reitera que el nuevo pro- 
yecto de la Comisión no es sino el proyecto de Rodó, con ligeras variantes de for- 
ma que no alteran su fondo. Desaparece la censura y se permite abogar por la 
paz, con la única limitación de que esa paz tiene que solicitarse dentro de las ins- 
tituciones. El Diputado Solé y Rodríguez adhiere a la fórmula de Rodó que per- 
mite hablar de la paz. Se solicita un cuarto intermedio para descansar y en esa 
circunstancia Rodó expresa: 

SEÑOR RODO. — Sin perjuicio de que se pase a cuarto intermedio, hago 
moción en el sentido de que la Cámara se declare en Sesión Permanente hasta 
la completa terminación de este asunto en general. 


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( Apoyados ) 
(No apoyados) 


(D.S.C.RR. T. 176. Pág. 286) 

Se vota negativamente la moción de Rodó. Se pasa a cuarto intermedio. Vuel- 
tos a Sala, el Diputado Fajardo anuncia que no votará el proyecto, por ser con- 
trario a toda limitación a la libertad de prensa. El Diputado Muró también se 
opone al proyecto. El Diputado Martorell niega su voto, por entender que el tema 
no es de competencia legislativa, sino privativo del Poder Ejecutivo. A continua- 
ción, Rodó pronuncia su discurso: 

SEÑOR RODO. — Señor Presidente: 

No es mi propósito propender a que la discusión del asunto que nos ocupa 
se extienda más alljá de sus límites convenientes, tanto más cuanto que la 
opinión espera con cierto anhelo la solución de este debate; y al Senado, que 
tiene en trámite un proyecto relacionado con la misma cuestión, le interesa 
conocer a la brevedad posible el resultado de nuestras deliberaciones. 

Como autor del proyecto modificado en parte por la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, me creo en el caso de exponer algunas consideraciones sobre 
él, a pesar de haber hecho ya uso de la palabra en ese sentido al presentarlo. 

Noto que entre todas las objeciones que se han opuesto por los adversa- 
rios del proyecto que está en debate, pocas hay que se refieran al proyecto 
en sí mismo, y la mayor parte se dirigen, no a él, sino a las restricciones im- 
puestas por el Poder Ejecutivo y al proyecto de ley que el mismo nos envió 
y luego fue retirado. 

Así, por ejemplo, el señor diputado por la Florida, en su meditado discur- 
so hizo uso de una copiosa argumentación, muy valedera y oportuna si se la 
aplica a juzgar las restricciones que actualmente pesan sobre la prensa; pero 
después que el Poder Ejecutivo ha retirado el proyecto de ley que nos propuso 
dando sanción legal a las restricciones en vigencia, creo que mucha parte de 
esa argumentación se pierde en el vacío y extralimita un tanto los términos 
en que está planteada la cuestión. 

Los que combaten el proyecto que está en discusión, a título de partida- 
rios de la libertad de la prensa, sólo podrán justificar su disidencia si la re- 
fieren a aquella parte del proyecto que establece una limitación de esa liber- 
tad, una única restricción de la propaganda política, determinando que será 
considerada subversiva y punible la propaganda en favor de concesiones o 


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pactos que importen una violación del régimen constitucional, una enajenación 
o cercenamiento de las facultades propias e inalienables de los poderes públicos. 

No me extraña que el señor diputado por la Florida considere injustificada 
esta restricción que el proyecto deja subsistente en la libertad de la propa- 
ganda política, puesto que nos ha manifestado que en su concepto ni aún la 
crítica de las operaciones militares debe ser objeto de prohibición en las cir- 
cunstancias presentes. 

Del punto de vista de esta identificación absoluta, que el señor diputado 
establece entre las condiciones de una época de paz y seguridad y las con- 
diciones de una época de conmoción interior en cuanto a los límites en que 
es lícito contener la libertad de la prensa, se explica bien que considere gra- 
tuita y falta de fundamento la más mínima restricción de la propaganda; pero 
si se opina que las necesidades de la defensa social legitiman, en principio, 
diferencias y limitaciones, lo cual para mí no admite duda, creo que no podrá 
menos de reconocerse que la sola restricción que mi proyecto deja en vigencia, 
aparece plenamente justificada cuando se la considera en relación a las con- 
diciones de la actualidad. 

Que la libertad de la propaganda política puede ser objeto de restriccio- 
nes en circunstancias anormales, no es para mí cosa discutible, ni del punto 
de vista de la constitucionalidad y la doctrina, ni del punto de vista de las 
conveniencias y los intereses públicos. 

Uno de los motivos fundamentales de mi disidencia con el proyecto del 
diputado señor Pereda, fue que ese proyecto no consultaba, en lo presente ni 
para lo porvenir, (porque su carácter no era circunstancial, sino definitivo) la 
necesidad posible de restringir la libertad de la propaganda política en de- 
terminadas circunstancias. “En ningún caso de conmoción interior — decía el 
proyecto — la restricción podrá versar sino sobre las noticias de la guerra y sobre 
el comentario de las operaciones militares. Y puesto que el señor Pereda re- 
conocía implícitamente que lo anormal de las circunstancias autoriza ciertas 
restricciones de la libertad de la prensa, desde el momento que su proyecto 
negaba a la prensa el derecho de dar noticias de guerra no autorizadas por 
el Poder Ejecutivo, y el de hacer el comentario de las operaciones militares: 
puesto que de esta manera el señor Pereda reconocía en principio que el 
interés público, las necesidades de la defensa social, legitiman, en tiempos 
anormales, ciertas restricciones de la libertad de la prensa, ocurría desde el 
primer momento, preguntar si dentro de esas restricciones que el interés pú- 


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blico autoriza, no puede ser forzoso incluir, en determinadas circunstancias, 
otras que no se refieran a la crítica de las operaciones militares, sino a ma- 
nifestaciones de la propaganda política, que en tiempos normales no caigan 
bajo la sanción penal de la legislación vigente, y que, sin embargo, con re- 
lación a las condiciones de una situación anormal, puedan causar males tan 
graves y dificultar tan seriamente, por lo menos, la solución de las calamida- 
des públicas, como esa crítica de las operaciones militares que el proyecto del 
diputado señor Pereda consideraba, con razón, inconveniente. 

SEÑOR PEREDA. — ¿Y por qué el señor diputado que es miembro de 
la Comisión y autor de este proyecto, no aconsejó ninguna ampliación o mo- 
dificación? Estaba en sus manos . . . 

SEÑOR VARGAS. — Quería aconsejarlas el diputado señor Rodó: esa fue 
la disidencia en el seno de la Comisión. 

SEÑOR RODO. — El diputado señor Pereda no ha reparado suficiente- 
mente en la parte final del informe. Ya en el discurso que pronuncié hace 
pocos días expliqué detenidamente por qué razón la Comisión no propuso 
como proyecto sustitutivo una ley de circunstancias; e hice la salvedad de 
que yo había sido siempre partidario de que la propusiera. 

Decía, señor Presidente, que las necesidades de la defensa social en cierto 
momento, pueden hacer forzosas determinadas restricciones a la libertad de 
la propaganda política, y que por eso es inconveniente el límite infranquea- 
ble aconsejado por el diputado señor Pereda, cuando proponía a la Cámara 
a determinar definitivamente que en ningún caso de conmoción interior la 
restricción de la libertad de la prensa se referiría sino a las noticias de la 
guerra, y a la crítica de las operaciones militares. 

Hasta que punto deban llevarse esas limitaciones de la propaganda y sobre 
qué hayan de versar, es cosa que sólo podrá resolverse con relación a las 
circunstancias de una situación dada, y dentro de esa situación misma. 

Toda situación anormal, por el hecho de serlo, traerá consigo condiciones 
propias, peculiares, de dificultad y de peligro; y estas condiciones, no sólo no 
serán nunca las mismas de un estado de cosas regular, sino que ni siquiera 
se parecerán siempre entre sí. Son condiciones esas imprevisibles por natu- 
raleza; porque anormalidad, ¿qué significa, señor Presidente? Significa desor- 
den; y el desorden es lo menos susceptible de previsión. 


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¿Quién negará, por ejemplo, que no es el mismo el efecto que una pro- 
paganda encaminada a minar la autoridad de la ley y de los poderes públicos, 
puede causar en una época de paz y seguridad cuando esa autoridad, mate- 
rialmente, es acatada por todos, que cuando ella es desconocida por una re- 
belión que la amenaza con las armas en la mano; y que no es el mismo el 
concurso que, consciente o inconscientemente, puede llevarse a la causa de 
la sedición, cuando la sedición no se ha manifestado de hecho, que cuando ella 
se ha manifestado y agita sus banderas de uno a otro extremo del territorio 
de la República? 

Ahora bien: la incitación a violar la ley, a subvertir la Constitución, es, 
en principio punible, aun dentro de una época de normalidad y de paz. ¿Y 
es mucho, señor Presidente, que interpretando y aplicando ese principio den- 
tro de las condiciones propias de una situación irregular, cuyos males y pe- 
ligros se relacionan de manera directa, en su origen, con repetidas violaciones 
al orden institucional, se interdicte como subversiva la propaganda que se 
dirija a abrir camino a la persistencia de esas violaciones? 

De este punto de vista, creo que quien sinceramente aprecie la única 
restricción que mi proyecto mantiene hasta tanto no se restablezca el orden, 
en la libertad de la propaganda política, ha de reconocer que ella no obedece 
a consideraciones del momento, ni a intereses de la actualidad, ni a tenden- 
cias a una solución política de circunstancias, sino que se inspira en motivos 
más hondos, los cuales no se ocultarán a la mirada del que estudie en su 
origen los males del presente y busque explicación a esta aparente anomalía 
de una revolución que estalla de una manera inopinada en una época de 
administración y libertad. 

(¡Muy bien!) 

Cuando la pacificación de marzo, señor Presidente, tuve el honor de hacer 
uso de la palabra en la Cámara, y manifesté entonces, por extenso, cual era 
mi criterio en cuanto al alcance y significación del estado de cosas que se 
creaba y que yo aceptaba sólo como un nuevo y último provisoriato que debía 
preceder a la solución definitiva que surgiría de las urnas, del voto público. 

Dije entonces: “Aunque a primera vista parezca contradictorio y paradó- 
gico, pacto de paz permanente, significa amenaza de revolución permanente”. 
Los hechos, por desdicha, no me desmintieron; y después de algunos meses de 
paz precaria, la revolución estallaba de nuevo y ya irreparable; porque la 


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revolución está en la lógica de pactos que nunca pudieron ser enteramente 
definidos, por su propio carácter subversivo e irregular: la revolución está 
en la lógica de una situación en que la mínima disidencia posible en cuanto 
a la interpretación de esos pactos, puede significar en determinado momento 
el estallido de la guerra civil; habiendo base permanente y consentida para 
la rebelión, territorio enfeudado donde ella se aperciba a estallar de nuevo, 
elementos de guerra retenidos fuera del poder del Estado. 

En una época aún no muy lejana, señor Presidente, porque no nos sepa- 
ran de ella más que veintitantos años, aún cuando existieran elementos adver- 
sos por su naturaleza a la vida de las instituciones, elementos nacidos para la 
asonada y el desorden, por lo menos los partidos de principios, los partidos 
de opinión habían inscrito unánimemente en sus programas esta cláusula her- 
mosa: la paz, la renuncia a la lucha armada, mientras ella no se justificara por 
grandes subversiones y grandes ignominias. Tan alto se tasaba el bien de la 
paz, que aun en presencia de gobiernos de fuerza, de gobiernos de represión, 
los partidos de principios aconsejaban a sus afiliados que se apurase hasta 
donde fuese posible los recursos de la lucha pacífica, y se renunciara hasta 
donde fuera decoroso a los extremos de la reivindicación armada. 

( Apoyados ) 

Así sucedió, por ejemplo, cuando aquel vigoroso despertar de las energías 
ciudadanas que siguió, en 1881, al lustro 9 sombrío de la dictadura; cuando se 
organizaban de nuevo, sobre bases cívicas, ambos partidos tradicionales y se 
fundaba el Partido Constitucional. Ya el Partido Nacionalista en su manifiesto 
de 1872, obra, si mal no recuerdo, de uno de los espíritus más vigorosos, de 
una de las inteligencias más preclaras que han irradiado su luz en la prensa 
de la República y en las bancas de este mismo Parlamento, obra del doctor 
don Agustín de Vedia, había consagrado ese mismo patriótico principio. 

La doctrina que prevalecía y contaba con el asentimiento de todos era 
esta: mientras un gobierno maneje honestamente los dineros públicos, y pro- 
teja la vida y la hacienda de los ciudadanos, y respete la libertad de pensa- 
miento y la libertad de reunión, y no haya conculcado la libertad del comicio, 
no es lícito por ningún motivo, por ningún pretexto, cualquiera de ellos sean, 
levantar la bandera de la revolución, y comprometer con ella la prosperidad, 
el crédito, el porvenir, el destino de la República! 

* En el original del Diario de Sesiones: lustre en lugar de lustro. 


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VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES. — ¡Muy bien! 

SEÑOR RODO. — Grande, redentora doctrina, que encierra la única sal- 
vación posible de nuestro porvenir; doctrina que ojalá fuera posible grabar 
con caracteres plásticos, tangibles, en el corazón de todos los ciudadanos y 
en el corazón de los niños que forman su personalidad futura en los bancos 
de la escuela! 

Pues bien, señor Presidente: al amparo de estos principios hubo un mo- 
mento en que el sentimiento de la paz parecía tan hondamente arraigado en 
la conciencia pública, que no faltó quien creyese conjurado para siempre el 
fantasma de la guerra civil. Era una ilusión prematura; y no es sin patriótica 
tristeza como debemos confesar que después de completada, tras costosos es- 
fuerzos, la reacción contra la obra de las dominaciones personales, la guerra 
civil ha representado una proporción de probabilidad mucho mayor que en 
la época de los gobiernos de fuerza, de los gobiernos de represión, cuando la 
libertad y el orden administrativo que hemos conquistado hubieran sido reci- 
bidos por todos como una bendición de Dios! 

Y bien: de esta anomalía, de este salto atávico, de esta manifestación re- 
gresiva, fluye la abrumadora condenación, no precisamente de los pactos, sino 
más bien de la situación irregular producida por la persistencia de pactos que 
sólo debieron tener una existencia transitoria, circunstancial, como el pacto de 
La Cruz, con sus feudos y su paz armada. La prolongación absurda y teme- 
raria de esas irregularidades más allá de los límites que las circunstancias 
estrictamente les fijaban, es lo que explica ante el criterio desapasionado, esta 
dolorosa anomalía que levanta revoluciones en épocas de administración y 
libertad. 

El día en que por la autoridad de la costumbre, siempre superior a la 
autoridad y eficacia de las leyes, quedara establecido que la paz pública sólo 
puede reposar en el país sobre la base de una repartición empírica y mons- 
truosa de las funciones propias del Estado, repartición que no hay que con- 
fundir en manera alguna con la idea de coparticipación que todos llevamos en 
el alma y que es una necesidad imprescindible de nuestro progreso político; 

(¡Muy bien!) 

el día que esto llegara a constituir en el país una especie de derecho consue- 
tudinario que prevaleciera sobre la ley escrita, no tardaríamos, señor Presi- 


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dente, en asistir al fraccionamiento de la nacionalidad, a su escisión irrepara- 
ble, a un verdadero naufragio de la conciencia nacional, que se habría mani- 
festado incapaz de vivificar un cuerpo organizado y único. 

Creo con toda sinceridad que pocas veces, en el transcurso de nuestra 
vida nacional, se habrá presentado a la consideración de los hombres públicos 
un problema de más entidad y más gravedad que el que plantea esta nueva 
faz que amenaza tomar la discordia de nuestros partidos, en el sentido de 
constituir cada uno de ellos un Estado que se relacione con el otro, por una 
especie de derecho internacional. 

Y estas experiencias de vivisección política, estos ensayos subversivos, no 
se repiten impunemente en la vida de ios pueblos. En ella, como en ia de 
los individuos, la repetición del acto es lo que determina la costumbre, y la 
costumbre se identifica y confunde con la propia naturaleza cuando no la sus- 
tituye y la vence. 

SEÑOR COSTA. — ¡Muy bien! 

SEÑOR RODO. — Es verdaderamente singular, señor Presidente, lo que 
pasa respecto de las críticas que este proyecto ha suscitado; y no me refiero 
en lo que voy a decir, a ninguno de los distinguidos miembros de la Cámara, 
que han manifestado opinión adversa a él, sino a los que, fuera de la Cá- 
mara, han escrito impugnando este proyecto. 

Se fulminan todos los rayos y centellas de las tempestades retóricas con- 
tra la más mínima restricción que transitoriamente se imponga a la libertad de 
la prensa en virtud de una ley de circunstancias; y se le fulmina a pretexto 
de una inconstitucionalidad que no se ha demostrado, ni se demostrará jamás, 
porque es absurda: se alardea para esto de inflexibilidad de principios, y en 
el mismo escrito, quizás en la misma columna, entrando a tratar de los pactos 
subversivos que certísimamente implican inconstitucionalidad, y que no la 
implican así como quiera, sino en lo que la Constitución tiene de más esencial 
y fundamental, es decir, en la fundación de un Estado uno, de una asociación 
política indivisible, entonces para cohonestar la inconstitucionalidad y subver- 
sión de esos pactos se argumenta con que es necesario encarar estas cosas, 
no del punto de vista de las especulaciones ideológicas, sino del punto de vista 
de la viviente realidad; y todo lo que era rigor de principios para fulminar la 
inconstitucionalidad, por otra parte falsa e ilusoria, de una ley de circunstan- 
cias, se convierte en una admirable benignidad posibilista para aceptar la 


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posibilidad de que se vuelva a incidir en la subversión de las subversiones, en 
la subversión que mina el orden constitucional por su base y divide al país 
en dos Estados antagónicos! 

(¡Muy bien!) 

Se dice también, señor Presidente: “el pueblo no es menor de edad; no 
le sometáis a tutela; dejadle plena libertad para que entre las fórmulas de 
paz posibles, examine y discuta también la que importa subvertir el orden 
constitucional y quebrantar la unidad del Estado, y preparar el desdoblamien- 
to de la nacionalidad”. Este argumento pertenece a la especie sofística de los 
que por probar demasiado no prueban nada . . . No con menos fundamento 
podría argüirse que la incitación franca y abierta a seguir las banderas de la 
revolución, tampoco debía ser vedada ni punida, porque el pueblo no es me- 
nor de edad para ceder a sugestiones insensatas, o bien porque si su voluntad 
es seguir a los que le incitan a hacer armas en contra de los poderes consti- 
tuidos, no debe coartársele en el uso de su voluntad. 

Dícese, por ultimo, que el proyecto de que soy autor y que en parte ha 
modificado la Comisión de Asuntos Constitucionales, no introduce sino leves 
diferencias respecto del régimen vigente. 

Los que esto dicen, o no recuerdan cuales son las restricciones del régi- 
men vigente, — lo que me extraña, porque lo que causa mortificación o per- 
juicio suele recordarse con facilidad, — o bien no han reparado en los términos 
y alcance del proyecto. 

Mucho más exacto sería decir que él establece muy leves diferencias con 
respecto a lo que es lícito en épocas normales. 

Podrá el periodista comentar, sin limitación alguna, los actos de los pode- 
res públicos; podrá censurarlos, si lo juzga conveniente, de todas las maneras 
y en todos los tonos como es posible hacerlo en una época de seguridad y de 
paz; podrá distribuir cargos y responsabilidades en lo que se refiere a la gue- 
rra, y en lo que no se refiere a la guerra; podrá (haciendo uso de un ejemplo 
de que se valía el diputado señor Muró) pedir, si le place, la renuncia del 
Presidente de la República, o la renuncia de los que estamos aquí, la renun- 
cia colectiva de la Asamblea; podrá historiar los antecedentes de los acon- 
tecimientos producidos y abogar en pro de su solución transaccional: lo único 
que se le veda, lo único que se considera punible, es incitar a la violación 
de las instituciones, a la abdicación o cercenamiento de las inalienables fa- 


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cultades de los poderes públicos; y esto, señor Presidente, en momentos en 
que se trata de reprimir una insurrección cuyos orígenes y antecedentes se 
relacionan con repetidas violaciones del régimen constitucional. 

(Apoyados) 

( ¡Muy bien!) 

Si esto no justifica la única y transitoria restricción que la libertad de la 
prensa sufriría con la sanción de mi proyecto, declaro que habría que renun- 
ciar a la doctrina, en mi sentir indiscutible, mucho más después de las citas 
que ha hecho valer nuestro distinguido colega el doctor Areco, de que la 
libertad de la propaganda política puede ser prudencialmente restringida en 
tiempos anormales, sin inconstitucionalidad, sin ilegalidad, sin opresión, cuan- 
do la salud pública exige la restricción transitoria de esa libertad y es la razón 
serena la que fija el límite de la restricción. 

Yo lo creo así de todas veras. Ignoro si esa es la opinión prevalente. 
Propendo, por natural tendencia de mi espíritu, a un individualismo, quizás 
exagerado, en materia de opiniones: formo las mías procurando apartarme de 
las influencias del ambiente en cuanto ellas puedan traer consigo sugestiones 
de pasión; y las enuncio tal como sinceramente las concibo, sin preocuparme 
nunca de volver la mirada para ver si de parte de lo que yo pienso está la 
opinión que representa el poder, o la opinión que representa el mayor número, 
o está una parte de la opinión, o estoy yo solo. 

( ¡Muy bien!) 

(Aplausos en la, Barra) 

(D.S.C.RR. T. 176. Págs. 293-298) 

Se da el punto por suficientemente discutido y se vota en general el proyec- 
to. En la discusión particular, se aprueban los Arts. 1 y 2, y al discutirse el Art. 
3, se origina el siguiente debate, con intervención de Rodó: 

SEÑOR RODO. — Señor Presidente: cuando yo acepté, sin hacer mayor 
oposición, en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que se agre- 
gara al artículo la frase: y mermar su legítima autoridad, lo hice en el concep- 
to de que esto entrañaba solamente una redundancia inofensiva, porque inter- 


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preté siempre que todo lo que fuera mermar la legítima autoridad de los 
poderes públicos caía dentro del alcance de la frase anterior: la que establece 
que no se podrá hacer propaganda en el sentido de coartar ninguna de las 
facultades propias de dichos poderes. 

Completamente en desacuerdo con la interpretación que da al artículo 
mi distinguido colega de Comisión el doctor Vargas, creo que la propaganda 
que se dirigiera a solicitar la renuncia del Presidente de la República, (sin 
que esto importe de manera alguna apreciar la sensatez y oportunidad de una 
propaganda de esa naturaleza) no caería dentro de las prohibiciones de este 
artículo, cuyo significado se limitó, en mi intención, a impedir propagandas 
en favor de pactos subversivos que importaran violación de la Constitución y 
de las leyes. Pedir la renuncia del Presidente de la República no es ir contra 
la observancia de la Constitución o de la ley. 

SEÑOR COSTA. — ¡Cómo no, señor! Es el acto más subversivo que hay. 

SEÑOR RODO. — No es ir contra la observancia de ninguna ley; no es 
propender a falsear la Constitución, que es lo único que yo tuve en cuenta 
en mi proyecto. 

SEÑOR COSTA. — En estos momentos, es un acto subversivo pedir la 
renuncia del Presidente de la República. 

SEÑOR FAJARDO. — ¡Cómo va a ser un acto subversivo el pedir la 
deposición! . . 

SEÑOR RODO. — Yo no lo interpreto así, y dejo de ello constancia, sal- 
vando mi opinión a este respecto. 

Pedir la renuncia del Presidente de la República, no es incitar a cometer 
una inconstitucionalidad ni una ilegalidad. 

SEÑOR PEREDA. — Si se estableciera en un pacto, sería distinto. 

SEÑOR ARECO. — Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿Ha terminado el diputado señor Rodó? 


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SEÑOR RODO. — Sí, señor. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el diputado señor Areco. 

SEÑOR ARECO. — Yo también, señor Presidente, tengo que salvar mi 
opinión con referencia a la interpretación que se da a este artículo por los 
estimados colegas señores Rodó y Pereda. 

Yo creo que en los momentos actuales, la propaganda que se hiciera en 
favor de la renuncia del Presidente de la República, importa, desde luego, 
darle una bandera a la rebelión, determinar que el Presidente de la República 
no cumple con sus deberes, que es malo y que es necesario eliminarlo y que, 
por consiguiente, todos los esfuerzos de los rebeldes que tiendan a esa eli- 
minación, son justos. 

(No apoyados) 

Como yo no lo creo así, tengo que declarar con toda sinceridad que cuan- 
do voté ese artículo en el seno de la Comisión, muy lejos de mi mente estuvo 
que pudiera consentirse, por su letra o por su espíritu, una propaganda de esa 
especie. 

Esta es idea vieja, que yo abrigo al respecto. La historia de nuestro país 
nos enseña que las renuncias exigidas a los Presidentes de la República no 
han sido sino un semillero de males . . . 

SEÑOR RODO. — Apoyado, en eso no hay discusión. 

SEÑOR ARECO. — . . .y me refiero, desde luego, a las renuncias de Ori- 
be y de Flores, la una el año 39, y la otra el año 53, que trajeron como conse- 
cuencia, la primera la Guerra Grande y la segunda, la revolución del 58 y todas 
las calamidades que desde entonces se han desencadenado contra nuestro país. 

Por estas razones dejo aclarado mi voto como miembro de la Comisión 
de Asuntos Constitucionales en cuanto al artículo que se discute y al alcance 
que al formular la Comisión ese artículo le dió, según mi leal saber y entender. 

SEÑOR RODO. — Yo creo que la cuestión que se ha suscitado plantea 
otra de gran gravedad, señor Presidente. Es necesario definir el alcance de 
este artículo de una manera clara, de una manera expresa, para evitar inter- 
pretaciones capciosas. 


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(Apoyados) 

No debe olvidarse que suprimida la censura, es el criterio del Poder Eje- 
cutivo el que va a resolver en cada caso si el periodista ha incurrido en la 
violación de esta ley. 

Si nosotros dejamos en duda cual es el alcance que tiene la parte final 
del artículo, el Poder Ejecutivo puede interpretarla de la manera como la in- 
terpretan los diputados señores Areco y Vargas, y eso no interpretaría la opi- 
nión de todos los miembros de la Comisión. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Dada la importancia de la cuestión, la Mesa 
propone que ella se decida por una votación expresa de la Cámara. 

(Apoyados) 

SEÑOR RODRIGUEZ (don G. L.). — Es justamente este artículo 3? 
del proyecto del señor Rodó el que motiva mayores discordias en el seno de 
la H. Cámara. 

Después que este distinguido compañero pronunció su hermoso discurso 
de esta tarde, me acerqué a felicitarle, complacidísimo de que en nuestro 
recinto se oyeran acentos tan vibrantes y de tan profundo pensamiento como 
fue el discurso de este distinguido colega, expresándole a la vez que le hacía 
esa manifestación, no obstante no estar de acuerdo con su proyecto. 

Me preguntó por qué, y le signifiqué que mi disidencia estaba precisa- 
mente en este artículo 3°. 

Creo que si hemos de consentir en virtud de esta ley que la prensa pue- 
da hacer propaganda en favor de la paz, no debemos ponerle reatos de ningún 
género; debemos consentir que sea una propaganda tan amplia como entien- 
dan los periodistas que por ella aboguen, tan amplia como cualquiera de 
nosotros podamos sostenerla dentro o fuera de este recinto. 

El hecho de que se haga esa propaganda no obliga, en manera alguna, a 
los poderes públicos a aceptar una solución que se indique en las columnas 
de la prensa. Será el Poder Ejecutivo y el Cuerpo Legislativo quienes, en últi- 
ma instancia, acepten o rechacen el pensamiento de cualquier proyecto de paz: 
pero entretanto el debate amplio e ilustrativo es el único que puede ilustrar 
realmente este punto fundamental. 


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Considero, pues, que ese artículo debe ser discutido con cierta amplitud, 
que no debe votarse casi después de tres o cuatro horas de sesión, cuando las 
imaginaciones están fatigadas y todos nos sentimos un tanto deprimidos por la 
permanencia en el recinto. De ahí que no haya votado tampoco la prórroga 
de una hora más de la sesión. 

Creo que sería esto prudente, hasta para que cada uno de los señores 
diputados pudiera emitir libremente sus opiniones respecto de este punto ca- 
pital; que la sesión se aplazase hasta el día de mañana a fin de poder conti- 
nuar el debate de este proyecto en su discusión particular. 

(Apoyados) 

(No apoyados) 

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿Hace moción el señor diputado? 

SEÑOR RODRIGUEZ (don G. L.). — Mociono en ese sentido. 

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿Ha sido apoyada? 

(Apoyados) 

(No apoyados) 

Habiendo sido apoyada, está en discusión la moción previa del señor dipu- 
tado por el Durazno. 

Se va a votar. 

Si se suspende la sesión, convocándose a la Honorable Cámara para el 
día de mañana a la hora de costumbre, a fin de continuar la discusión particu- 
lar de este asunto. 

Los señores por la afirmativa, en pie. 

(Negativa) 

Continúa la discusión particular. 

Si no se hace uso de la palabra se va a votar previamente la consulta 
que ha indicado la Mesa. 


200 



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Si el artículo 3? prohíbe toda propaganda tendiente a exigir la renuncia 
del señor Presidente de la República. 


Los señores por la afirmativa, en pie. 

(Afirmativa) 

SEÑOR RODO. — Deseo que quede constancia de mi voto negativo. 
SEÑOR PRESIDENTE. — Perfectamente: así se hará. 


(D.S.C.RR. T. 176. Págs. 303 - 305) 

Luego de otras constancias de votos negativos, se aprueba el Art. 3. Al dis- 
cutirse el Art. 4, el Diputado Pereda propone una nueva redacción que se aproxi- 
ma a la del primitivo proyecto de Rodó. El Diputado G. L. Rodríguez propone el 
artículo del proyecto de Rodó sin modificaciones. Se vota afirmativamente el ar- 
tículo 4, tal como fuera proyectado por la Comisión. Igualmente ocurre con los 
Arts. 5 y 6. El proyecto queda aprobado y? se comunica al Senado. En este órgano 
es sancionado el 5/7/904. Es la Ley N* 2888 de 6/7/904 (VER Nos. 39, 40). 


201 




1904 


M. 


39) LIBERTAD DE PRENSA. CLAUSURA DEL DIARIO “EL TIEMPO”. 

El 7/7/904, la Jefatura Política y de Policía de Montevideo comunica al Dia- 
rio “El Tiempo” su suspensión por el término de cinco días, por haber violado el 
Art. 3 de la recientemente sancionada ley de prensa (VER Nos. 34, 35, 36, 37, 38). 

Al iniciarse la 34 ? Sesión Ordinaria del 9/7/904, Rodó pronuncia el siguiente 
discurso: 

SEÑOR RODO. — Señor Presidente: la Jefatura Política y de Policía 
comunicó con fecha de anteayer al diario titulado “El Tiempo”, haberse re- 
suelto su suspensión por el término de cinco días, invocándose como funda- 
mento de esta resolución el hecho de haber violado el artículo 39 de la ley 
relativa a régimen de la prensa. 

No se habrá olvidado que cuando se discutió en la Cámara el referido 
artículo de la ley, hubo discrepancia de opiniones en cuanto al alcance de la 
frase final agregada al artículo por la Comisión de Asuntos Constitucionales; 
y como se manifestara que con arreglo a ella, la propaganda encaminada a 
pedir, como prenda de paz, la renuncia del Presidente de la República, debía 
considerarse incluida entre las prohibiciones de la ley, me opuse, por mi parte, 
a esa interpretación, como me hubiera opuesto a cualquiera otra tendiente a 
penar propagandas igualmente fuera de lo razonable y de lo sensato, pero 
que a pesar de ello, no se opusieran al espíritu de la ley, el cual en mi con- 
cepto fue siempre, pura y exclusivamente, el de prohibir propagandas que 
excitasen a violar el régimen constitucional, en el sentido de favorecer pactos 
que quebrantaran la unidad política del país o coartasen las inalienables fa- 
cultades de los poderes públicos. 

Insistí en esto, aunque desgraciadamente sin resultado; y observé que ha- 
bía verdadera conveniencia en que, limitando el alcance de la ley a ese único 
y exclusivo objeto, definiéndola así de una manera clara y precisa, imposibi- 
litaríamos multitud de dudas y ambigüedades de interpretación, que, de otro 
modo, serían inevitables, y que quizás tuvieran por efecto colocar a la prensa 
en una situación peor que aquella en que se encontraba bajo el régimen de 
la previa censura. 


203 



1904 


No se ha hecho esperar la comprobación de lo que decía. Pero el hecho 
que lo ha comprobado, señor Presidente, excede de mis previsiones, porque 
no tiene acomodo razonable ni aun dentro de la ley tal como quedó inter- 
pretada después de aquella parte del debate. 

La suspensión del diario “El Tiempo”, ordenada por el Poder Ejecutivo, 
según la nota policial de fecha 7 del corriente, es un hecho claramente viola- 
torio de la ley que, sobre régimen de la prensa, acaba de dictar la Asamblea. 

LOS SEÑORES FAJARDO Y RIESTRA. — Apoyado. 

SEÑOR RODO. — Es además un precedente que, si se le dejase en pie, 
colocaría a la prensa aun en peores condiciones que cuando intervenía el ase- 
sor policial. 

SEÑOR FAJARDO. — ¡Por supuesto! 

SEÑOR RODO. — Examinemos los fundamentos de la resolución y el 
hecho que la ha motivado. 

Se invoca en ella el artículo 3° de la ley y se dice que, tendiendo la pro- 
paganda del citado diario a desprestigiar la causa de las instituciones que de- 
fiende el gobierno de la República, ha violado, en el espíritu y en la letra, 
aquel artículo. Pero, señor Presidente: ¿qué concepto, qué frase, qué palabra 
del artículo 3*? de la ley, ni de ningún otro de los comprendidos en ella, se 
refieren a penas que puedan imponerse por el hecho de tender “a desprestigiar 
la causa de las instituciones’? El artículo 3° de la ley no se refiere a otro 
objeto de prohibición que a la propaganda en favor de pactos subversivos de 
la Constitución de la República o que mermen la autoridad legal de sus go- 
bernantes. Ese artículo no limita la libertad del periodista sino en cuanto a la 
defensa de determinadas fórmulas de paz. Tal es su espíritu, tal es su letra. 
Ni aun sometido el artículo a la acción de los rayos X, podría encontrarse, bajo 
su sentido literal, ninguna otra prohibición que esa, clara y patente. 

SEÑOR FAJARDO. — ¡Muy bien! 

SEÑOR RODO. — Las ambigüedades de interpretación que yo previ que 
se dejaban, no fueron esas. 

Cuando se agregó al artículo la frase “y mermar su legítima autoridad”, 
el sentido de la cláusula quedó intacto, en cuanto a referirse siempre a pactos 


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1904 


o concesiones que mermaran la legítima autoridad de los poderes públicos; no 
a propagandas que pudieran tender a mermar moralmente esa autoridad sin 
hablar de pactos de paz. 

La construcción del párrafo, para quien leal y sinceramente lo examine, 
no deja lugar a la más mínima duda sobre ello: en este punto el artículo es 
clarísimo e intergiversable. La duda que yo previ que se dejaba en pie — y 
por eso me opuse al agregado de la citada frase — es la relativa a qué condi- 
ciones de los pactos de paz podía considerarse que mermaran la legítima auto- 
ridad de los poderes públicos. 

Pero no solamente la orden policial a que me refiero, sostiene que la pu- 
blicación que ha motivado la clausura temporal del diario, contraría el espíritu 
de la ley, sino que sostiene también que ha sido violada la letra, es decir, 
que ha defendido pactos subversivos, de los aludidos en el artículo 3*-\ 

Y en efecto: la orden policial hace mención de una frase — separada cuida- 
dosamente de la publicación — por la cual ha sido penado el referido diario; 
una frase que es de uso común, que se emplea a cada momento para significar 
la necesidad o la urgencia con que debe procurarse determinado fin: la frase 
a toda costa, aplicada a la necesidad de que se haga la paz. ¡Este, según pa- 
rece, es el cuerpo del delito! ¡Esto es lo que hace del artículo de aquel diario, 
un alegato en favor de los pactos inconstitucionales o subversivos de la auto- 
ridad de los poderes públicos! 

Es necesario convenir, señor Presidente, en que si con esta suspicacia, con 
este rebuscamiento de ápices y de minucias, con este apego a las menudencias 
de la letra, han de ser juzgadas las publicaciones de la prensa, la labor del 
periodista será, en adelante, una verdadera carrera de obstáculos; y el perio- 
dista, a pesar de que por la naturaleza de su oficio está obligado a improvisar, 
se verá en la necesidad de releer y someter a prolijos análisis una y cien veces, 
todo lo que escriba, para evitar que se deslice en ello una locución, una frase, 
una palabra, que pudieran interpretarse, apurando el concepto, en un sentido 
que lo perjudicara. 

Todos los que somos aficionados a libros, señor Presidente, — y permíta- 
seme esta breve reminiscencia literaria, siquiera sea en obsequio a mis afi- 
ciones, — nos hemos recreado más de una vez, leyendo algunos de los infi J 
nitos comentarios que se han compuesto a propósito de una de las obras 
maestras del espíritu humano: a propósito del “Quijote”. 

Sucede con todas aquellas obras sobre las cuales se ha escrito inmensa- 
mente, que, después de agotarse los comentarios e interpretaciones razonables, 


205 



1904 


se llega a los comentarios alambicados y sutiles. Así, según algunos de los 
comentadores del “Quijote”, Cervantes resultaría un precursor de la filosofía 
racionalista; según otros, un precursor de la democracia, o de la revolución 
social, o bien del darwinismo, o del espiritismo... En lin: no hay doctrina, 
nc hay credo social o filosófico, aun los más opuestos e inconciliables entre 
sí, de que Cervantes no sea precursor, si hemos de atender a uno u otro de 
sus comentadores. Y la explicación de este hecho es sencilla. Toma el co- 
mentador una frase de Cervantes, la interpreta de cierta manera y de inter- 
pretación en interpretación, de deducción en deducción, mediante un poco de 
ingenio y de habilidad dialéctica, la frase llega al fin a significar todo lo que 
el intérprete quiere; y es así como quizás una misma frase del “Quijote” da 
lugar para que tres intérpretes distintos se jacten de haber descubierto en 
Cervantes un precursor o profeta de otras tantas doctrinas diferentes. 

Pues bien: a mí, aunque estas interpretaciones nunca me convencieron, 
con frecuencia me han entretenido, por la ingeniosidad que suelen revelar; 
pero confieso que toda la sutileza interpretativa, toda la habilidad dialéctica, 
que yo había admirado en los comentadores de Cervantes, palidece y se eclipsa 
ante la interpretación sutil en que se inspira esta nota del Jefe de Policía. 

El periodista usa, de paso, una frase hecha, una locución vulgar, para 
expresar con energía su anhelo de que la paz se haga urgentemente, y dice: 
“Hay que hacer la paz a toda costa”; y apoderándose al vuelo de estas tres 
palabras, el intérprete, que en este caso tiene la facultad de imponer inape- 
lablemente su interpretación, arguye: “Ha dicho usted que la paz debe hacer- 
se a toda costa ; luego, implícitamente ha dicho que debe hacerse también a 
costa de la Constitución; y como hay un artículo de la ley que prohíbe 
hacer propaganda a favor de pactos contrarios a la Constitución, usted indi- 
rectamente ha abogado en favor de esos pactos, ha violado la ley, y su diario 
debe ser cerrado por cinco días”. 

Con arreglo a este sistema de interpretación, así como la inmortal novela 
de Cervantes resulta, para algunos de sus comentadores, un libro precursor 
del darwinismo o de la doctrina espiritista, así dentro del criterio que informa 
la nota policial, el artículo del diario “El Tiempo”, resulta un alegato en favor 
de los pactos subversivos de la Constitución de la República. 

Pero lo peor de todo, señor Presidente, es que, según se deduce del texto 
de la citada orden policial, el Poder Ejecutivo entiende que toda propaganda 
encaminada, en su concepto, a desprestigiar o perjudicar moralmente la causa 


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1904 


de las instituciones, puede ser objeto de prohibición con arreglo a la ley que 
la Asamblea ha dictado; y yo no vacilo en afirmar que, interpretada y aplicada 
de esa manera la ley, lejos de haber beneficiado con ella la situación del 
periodista, la habríamos perjudicado; y la habríamos perjudicado en términos 
que significan una desventaja aún con relación al estado de cosas anterior a la 
sanción de la ley. Porque, suprimida la censura, y si el Poder Ejecutivo con- 
sidera que toda propaganda encaminada a desprestigiar la causa de las insti- 
tuciones cae dentro de las sanciones penales de la ley, ¿quién define la vague- 
dad de esta restricción? ¿Quién fija la línea divisoria entre lo lícito y lo ilícito? 
¿Cuándo la propaganda política desprestigia y perjudica moralmente la auto- 
ridad de los poderes públicos y cuándo no la desprestigia y no la perjudica? 
¿Dónde está el instrumento de precisión de que ha de valerse el periodista para 
contener sus arranques en la medida del criterio oficial? 

No es necesario meditar más que un instante para comprender que la in- 
terpretación que el Poder Ejecutivo parece dar a la ley que se ha dictado, ten- 
drá por inmediata y forzosa consecuencia la imposibilidad de toda propagan- 
da política. El Poder Ejecutivo resolverá discrecionalmente cuándo la propa- 
ganda de la prensa perjudique moral mente su autoridad; y siempre que en su 
concepto, se haya incurrido en tal delito, procederá inapelablemente a la sus- 
pensión del diario. En presencia de este peligro, señor Presidente, ¿no está 
claro que lo que la prensa hará será abstenerse de toda propaganda, desde 
que ya no hay censor al cual pueda remitir previamente sus escritos, y desde 
que no puede tener el periodista la intuición del grado de benignidad o de 
severidad con que el Poder Ejecutivo ha de juzgarle? 

SEÑOR FAJARDO. — ¡Muy bien! 

SEÑOR RODO. — Es necesario, pues, que por nuestra parte definamos 
esto de una manera inequívoca; si es posible, para que la Cámara restablezca 
la recta interpretación de la ley y desautorice la interpretación que le da el 
Poder Ejecutivo; y si esto no es posible, por lo menos para que la prensa 
tenga un criterio exacto y definido en cuanto a los límites en que se contiene 
actualmente su libertad, y también para que aquellos que estamos en absoluto 
disconformes con la interpretación que el Poder Ejecutivo da a esta ley de la 
prensa, salvemos nuestra responsabilidad después de haber contribuido, en una 
forma u otra, a los antecedentes de que surgió la ley que de tal manera se 
interpreta. 


207 



1904 


Tales son los motivos y fundamentos que me han inducido a presentar a 
la consideración de la H. Cámara la moción de que pido a la Mesa se sirva 
hacer dar lectura. 

(La manda a la Mesa) 

SEÑOR PRESIDENTE. — Léase. 

(Se lee lo siguiente): 

Para que se invite al señor Ministro de Gobierno a concurrir a la sesión 
del martes próximo, a fin de dar explicaciones sobre la manera como el Poder 
Ejecutivo interpreta el artículo 3*? de la ley sobre régimen de la prensa, invo- 
cado en la orden de suspensión del diario “El Tiempo”. 

¿Ha sido apoyada? 

(Apoyados) 


(D.S.C.RR. T. 176. Págs. 389-392) 

El Diputado Pereda apoya la moción de Rodó. El Diputado Fajardo anuncia 
que la votará favorablemente. El Diputado Tiscornia entiende que la moción tal 
eomo está redactada plantea una cuestión constitucional, ya que la interpretación 
de las leyes corresponde al Poder Legislativo y no al Poder Ejecutivo, que no 
debe interpretar la ley, sino ejecutarla. Tampoco podría la Cámara de Represen- 
tantes por sí sola, interpretarla, sino que debe serlo por el Poder Legislativo. En 
esas circunstancias se origina el siguiente debate y resolución: 

SEÑOR RODO. — Yo creo que la moción que he presentado se ajusta 
perfectamente a la tesis que acaba de sostener el señor diputado por Río Ne- 
gro: se trata de pedir explicaciones al Poder Ejecutivo sobre la manera cómo 
interpreta el artículo 3° de la ley, con motivo de la aplicación que ha dado a 
ese artículo en la suspensión del diario “El Tiempo”. 

SEÑOR TISCORNIA. — ¿Me permite una interrupción? 


208 


SEÑOR RODO. — Sí, señor. 

SEÑOR TISCORNIA. — Pero ya el elemento de juicio está dado. 



1904 


SEÑOR VARELA. — Apoyado. 

SEÑOR TISCORNIA. — Si el señor diputado entiende que el Poder Eje- 
cutivo ha obrado mal, debe sobre ese convencimiento tomar las medidas que 
le parezca. 

SEÑOR RODO. — Yo no prejuzgo, yo no pido que la Cámara prejuzgue. 

SEÑOR TISCORNIA. — Por de pronto, el diputado señor Pereda ha pre- 
juzgado, puesto que decía que era una disposición condenable. 

SEÑOR RODO. — Antes que la Cámara juzgue quiero oir al representan- 
te del Poder Ejecutivo, quiero que venga el señor Ministro de Gobierno al 
seno de la Cámara, a explicar cuáles son las razones que ha tenido el Poder 
Ejecutivo para ordenar la suspensión del diario “El Tiempo”. 

SEÑOR TISCORNIA. — En esa parte estoy de acuerdo; pero su moción 
se extiende a más, se extiende a que dé explicaciones sobre el alcance . . . 

SEÑOR RODO. — En cuanto se relacione con la suspensión del diario 
“El Tiempo”, nada más. 

SEÑOR TISCORNIA. — Pero aún respecto de ese caso, sería una redun- 
dancia, porque el Poder Ejecutivo vendría a declarar lo mismo que ha hecho. 
Diría: “Señor: yo entiendo el artículo en la forma en que ha sido cumplido”. 

SEÑOR RODO. — En el peor de los casos, señor Presidente, lo que re- 
sultaría sería un defecto de redacción de la moción que he presentado; pero 
en esencia, en lo sustancial, en lo fundamental, la moción quedaría absoluta- 
mente por encima de lo que ha querido hacer el diputado señor Tiscornia, ya 
que él ha reconocido que la Cámara tiene atribuciones y facultades indiscu- 
tibles para interpelar al Poder Ejecutivo sobre la suspensión del referido diario. 

SEÑOR TISCORNIA. — Sí, señor; ¡cómo no! 

SEÑOR RODO. — Proponga el diputado señor Tiscornia una modifica- 
ción de forma de mi moción en un sentido que lo satisfaga, y no tendré incon- 
veniente en adherir a esa moción. 


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1904 

SEÑOR PEREDA. — La diferencia de criterio entre el señor represen- 
tante por Río Negro y los que le hemos precedido en el uso de la palabra, 
como se ve, no es fundamental: es, más que otra cosa, cuestión de forma. 

Sin embargo, creo que no está en lo cierto cuando afirma que no sería 
constitucional solicitar del Poder Ejecutivo que exprese cuál es el alcance que 
da al artículo 3° 

Es exacto que la interpretación de las leyes corresponde privativamente 
al Poder Legislativo; pero no es menos cierto, que en la ley de que se trata, 
el Poder Ejecutivo es el que intei*preta y el que aplica, y es necesario que 
sepamos, por consiguiente, cual es el verdadero alcance que le da a esa dispo- 
sición, porque si la interpreta de manera distinta al espíritu y a la letra del 
artículo cuyo espíritu y cuya letra invoca, entonces la Cámara podrá dictar un 
proyecto de ley que aclare su verdadero espíritu, para que de nuevo no lo 
interprete equivocadamente el Poder Ejecutivo. 

Dice el señor diputado que yo he prejuzgado. 

No lo creo, yo no hago otra cosa que expresar mis ideas. Creo que el 
artículo 3? ha sido mal interpretado, y por consiguiente, mal aplicado. Luego, 
no prejuzgo, expreso con toda sinceridad, con toda llaneza, con la mayor cla- 
ridad lo que pienso y lo que siento. 

Esperaré, sin embargo, a oir la modificación que proponga el señor dipu- 
tado, para resolverme a dar mi voto en la forma primitiva, indicada por el se- 
ñor Rodó, o en la que nos traiga a luz el señor representante doctor Tiscornia. 

He creído del caso, no obstante, hacer esta breve aclaración. 

SEÑOR TISCORNIA. — Yo votaría esta moción, que pido, señor Presi- 
dente, se sirva hacer escribir al señor Secretario. 

(Dicta): “Para que se invite al señor Ministro de Gobierno a que asista a 
la sesión próxima a fin de dar informes sobre la resolución adoptada por el 
Poder Ejecutivo con respecto a la suspensión del diario “El Tiempo”. 

(Se lee esta moción) 

SEÑOR RODO. — Tengo demasiado interés, señor Presidente, en que la 
Cámara se ocupe de este asunto, para detenerme en cuestiones de detalle y 
de forma. 

Desde el momento en que la moción del señor diputado por Río Negro 
tiende al mismo objeto práctico que la mía, yo no tengo inconveniente en re- 
tirarla y en adherirme a la de él. 

Es para esto que he pedido la palabra. 


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1904 


SEÑOR PRESIDENTE. — Se tendrá en cuenta. 

Si no hay quien haga uso de la palabra se va a votar. 

Si se da el punto por suficientemente discutido. 

Los señores por la afirmativa, en pie. 

( Afirmativa ) 

Si se accede al retiro de la moción del diputado señor Rodó. 
Los señores por la afirmativa, en pie. 

( Afirmativa ) 

Si se aprueba la moción del diputado señor Tiscornia. 

Los señores por la afirmativa, en pie. 

(Afirmativa) 

(D.S.C.RR. T. 176. Págs. 395-397) 

(VER N* 40) 


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1904 


M.P. 


40) LIBERTAD DE PRENSA. CLAUSURA DEL DIARIO “EL TIEMPO”. 

A la 35* Sesión Ordinaria del 12/7/904, concurre el Ministro de Gobierno, Dr. 
Claudio Williman (VER Nos. 34, 35, 36, 37, 38, 39). Expresa que la resolució.n de 
clausura del diario “El Tiempo” se encuadra dentro de las disposiciones legales 
vigentes, sin que pueda ser objeto de observaciones. Se extiende en consideracio- 
nes concretas acerca de los artículos publicados por el diario clausurado. Finali- 
zada su exposición, se retira de Sala. A continuación, expresa Rodó: 

SEÑOR RODO. — He oído con atención los informes del señor Ministro 
de Gobierno. 

Veo, ante todo, en sus palabras, el reflejo de una condición de su espíritu 
que todos le hemos reconocido siempre: la convicción sincera de las opiniones; 
la convicción sincera que pone en todas sus ideas y en todos sus actos. 

Agregar que el señor Ministro no me ha convencido, me parecería una 
ingenuidad, porque se cae de su peso. Desde que formo parte del Parlamento, 
o mejor dicho, desde que presencio debates parlamentarios, nunca he visto 
un Ministro que convenza a un diputado, ni un diputado que convenza a un 
Ministro, ni siquiera dos diputados que se convenzan uno al otro o que con- 
venzan a un tercero ... Es casi ley sin excepción que todos salgamos del de- 
bate con las opiniones con que entramos, lo cual, dicho sea de paso, no cons- 
tituye un argumento muy poderoso en favor de la eficacia de la palabra y 
de la virtud de la discusión . . . 

Por mi parte, después de oir al señor Ministro, sigo creyendo que la sus- 
pensión del diario “El Tiempo” es un hecho claramente violatorio de la letra 
y del espíritu de la ley sobre régimen de la prensa, que acaba de dictar la 
Asamblea. 

Creo, en primer término, que todo lo que en el artículo de dicho diario 
se ha considerado subversivo, fuera de la frase “a toda costa”, excede del alcan- 
ce de la ley, que ha previsto propagandas en favor de pactos contrarios a la 
Constitución de la República; pero no propagandas que en otro sentido puedan 
considerarse adversas a la causa de las instituciones. Y en segundo término, 
creo que esa frase de uso común, esa frase hecha, esa locución vulgar, no 
constituye una insinuación a favor de pactos subversivos, si no se alambican 
y sutilizan las cosas fuera de lo tolerable. 


213 



1904 


Es más, señor Presidente: estoy interiorizado, por conversación particular, 
del espíritu que anima a la dirección de ese diario en su propaganda en pro 
de la paz: me consta que es adversa a una paz que se estableciera sobre la 
base de concesiones que implicaran una trasgresión de la Constitución de la 
República y una enajenación de legítimas facultades de sus gobernantes. Mal 
podría, pues, una frase salida de su pluma, tener un sentido favorable a con- 
diciones inconstitucionales de la paz. 

Pero apartándonos de la particularidad del caso concreto y llegando a lo 
que él tiene de general, es decir, al precedente que deja establecido, la expo- 
sición del señor Ministro de Gobierno tiende a confirmar la doctrina que 
entrañaba la nota del Jefe de Policía, comunicada al diario “El Tiempo”; tien- 
de a dejarla establecida, como interpretación del artículo 3*? de la ley. 

Hay, pues, dos interpretaciones contrarias de ese artículo: la que sostiene 
el Poder Ejecutivo y la que yo sostengo. 

Claro es, que por el solo hecho de haber yo contribuido a la formación 
y a la sanción de esta ley, no he de atribuirme la facultad de imponer como 
genuina la interpretación que yo personalmente le dé, tanto más cuanto que 
la ley fue objeto de modificaciones que no contaron con mi asentimiento. 

La interpretación valedera de la ley no he de darla yo ni ha de darla 
tampoco el Poder Ejecutivo — a pesar de sus facultades de co legislador, que 
invocaba un órgano de la prensa hace pocos días: — la interpretación valedera 
de la ley ha de darla la Cámara o, por mejor decir, la Asamblea, 

(Apoyados) 

después de la ley interpretativa que en ese sentido se presente (y desde 
luego anuncio que voy a presentarla) dando por supuesto que esa ley inter- 
pretativa pase de la Cámara y siga los trámites comunes hasta su sanción. 
En caso contrario, la Cámara considerará que el Poder Ejecutivo ha aplicado 
convenientemente la ley; y la interpretación del Poder Ejecutivo prevalecerá 
mientras la Asamblea no disponga otra cosa; pero prevalecerá, no porque el 
Poder Ejecutivo tenga la facultad de interpretar las leyes, aun cuando, como 
co legislador, haya contribuido a formarlas o haya sido el exclusivo autor y 
proponente de ellas, sino simplemente porque la Cámara, por su conformidad 
con la aplicación que el Poder Ejecutivo ha dado a la ley y el Senado con su 
silencio, habrá manifestado implícitamente que el modo como interpreta la ley 
es el conducente a la aplicación que de ella ha hecho el Poder Ejecutivo. 


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1904 


SEÑOR RIES IRA. Me parece que eso es lo que va a suceder. 

SEÑOR RODO. — Estamos de acuerdo. 

Hay, como decía, dos interpretaciones del artículo 3? de la ley. 

Mi interpretación establece que el prohíbe, única y exclusivamente, la 
propaganda explícita en favor de concesiones o pactos contrarios a la Consti- 
tución o a la integridad de las legítimas facultades de los poderes públicos. 

La interpretación del Poder Ejecutivo atribuye al artículo un alcance casi 
indefinido, que involucra toda propaganda capaz en su concepto de despres- 
tigiar o perjudicar moralmente la causa de las instituciones y la autoridad del 
gobierno. 

Mi interpretación fluye, clara e inmediata, de los términos del artículo, 
que no son vagos ni indeterminados, sino inequívocos en el sentido de fijar 
una prohibición única y concreta. 

La interpretación del Poder Ejecutivo sólo es posible mediante una serie 
de deducciones que conduzcan a desentrañar el sentido íntimo del artículo, 
como si fuese lícito, señor Presidente, apartarse de la letra de la ley para 
investigar su espíritu, cuando la letra de la ley es clara y terminante. 

SEÑOR FAJARDO. — ¡Muy bien! 

SEÑOR RODO. — Desde luego, yo pregunto a cualquiera que encare 
esta cuestión de una manera desapasionada: si la mente de la Asamblea hubie- 
ra sido prohibir toda propaganda moralmente encaminada a desprestigiar la 
causa de las instituciones y la autoridad de los poderes públicos, ¿no es evi- 
dente que tratándose de una ley tan laboriosamente preparada como esta, tan 
discutida en la Comisión y en la Cámara, en el Senado y en la prensa, tan 
analizada en sus más mínimos detalles, — porque aun las palabras de ella se 
midieron y se pesaron, — no es evidente, digo, que el legislador hubiera con- 
signado esa prohibición de una manera expresa, y en primer término, y no la 
hubiera dejado en la vaguedad de un sobrentendido que resultaría anómalo, 
tratándose de la prohibición más extensa y más importante de la ley? 

Se concibe, señor Presidente, que se haga uso de una proposición más 
general, dejando implícita y sobrentendida en ella una proposición menos ge- 
neral; se concibe que se hubiera dicho: “prohíbese toda propaganda que per- 
judique la causa de las instituciones”, sobrentendiéndose que esta prohibición 


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1904 


implicaba la de propagandas a favor de pactos contrarios a las instituciones; 
pero no se concibe lo contrario, no se concibe que se haga uso de una pro- 
posición menos general para que se sobrentienda dentro de ella una propo- 
sición más general; no se concibe que se diga: ‘prohíbese hablar de pactos 
contra las instituciones”, para que se sobrentienda: “prohíbese hablar en cual- 
quier sentido que pueda considerarse contrario a las instituciones”. 

SEÑOR FAJARDO. — ¡Muy bien! 

SEÑOR RODO. — Desde luego, la ley, tal como yo la interpreto, esta- 
blece una prohibición de abogar en pro de pactos anticonstitucionales. De 
conformidad con esto, el periodista sabría a qué atenerse sobre lo que le está 
vedado y lo que le es lícito; pero si prevaleciera la interpretación que da al 
artículo el Poder Ejecutivo, ¿no es evidente que la vaguedad de esta restric- 
ción importaría la imposibilidad de toda propaganda política? ¿Quién fija 
límite a esta restricción? ¿Quién determina los casos en que la propaganda 
política perjudica moralmente la causa de los poderes públicos? Es una fa- 
cultad discrecional que se habría puesto en manos del Poder Ejecutivo. 

Todos los antecedentes relativos a los debates de que surgió esta ley, lo 
mismo en el seno de la Cámara que en el H. Senado, concurren a demostrar 
que mi interpretación es la que estaba en el espíritu de la Asamblea cuando 
discutía la ley y la sancionaba. 

Recordaré un detalle del debate, que dio lugar a que la Cámara analiza- 
se y discutiese extensamente el sentido de este mismo artículo 3°, sobre el cual 
versa la diferencia de interpretación. Tendiendo yo a demostrar que el pro- 
yecto, tal como lo había presentado, aseguraba a la prensa amplias libertades, 
sin otra restricción que la relativa a la propaganda explícita en pro de pactos 
subversivos, indiqué algunos de los puntos sobre los cuales podría hablar la 
prensa, y manifesté que, con arreglo a la ley, sería lícito a la prensa censurar 
los actos de los poderes públicos, de todas las maneras y en todas las formas 
con que podría hacerlo en una época de paz y seguridad. Manifesté también 
que podría distribuir cargos y responsabilidades, en cuanto a los antecedentes 
y consecuencias de la guerra. Nótese esto bien: según la interpretación que 
yo di a la ley en el discurso con que la fundé, la prensa podría distribuir car- 
gos y responsabilidades en lo relativo a la alteración de la paz pública. Agregué 
que también podría la prensa pedir, si lo creía conveniente, la renuncia co- 


216 



1904 


lectiva de la Asamblea o la renuncia del Presidente de la República; y de to- 
das estas afirmaciones mías sobre el alcance de la ley, la única que suscitó 
contradicción y discrepancia fue la relativa a la propaganda encaminada a 
pedir la renuncia del Presidente de la República, propaganda sobre cuya falta 
de sensatez no podía haber dos opiniones (entre otras causas, porque se estre- 
llaba contra la imposibilidad moral que le oponía nuestra dignidad, después 
del manifiesto del directorio revolucionario ) ; pero que a pesar de ser insensata, 
no era, en mi concepto, punible con arreglo a esta ley. 

La Cámara lo entendió de otro modo y consideró que esa era una conce- 
sión subversiva, de las aludidas en el artículo 39; pero respecto de las demás 
libertades de la propaganda, a que yo me referí, nadie me objetó cosa alguna, 
como evidentemente habría sucedido si todas ellas, y no una sola, hubieran 
sido consideradas inadmisibles por la Cámara. 

Repito que dentro de esas libertades a que me referí estaba incluida la 
de censurar los actos de los poderes públicos de todas las maneras y en todas 
las formas que fuesen lícitas en una época de paz y de seguridad, y la de 
distribuir ampliamente culpas y responsabilidades al hacer la apreciación de 
los acontecimientos o referir su historia. 

Hay todavía otra consideración que puede hacerse valer. Es indudable 
que el motivo que se tuvo en cuenta al preferir esta ley a la que propuso el 
Poder Ejecutivo y que éste mismo retiró para abrir paso a la primera, fue el 
de mejorar la condición del periodista respecto de la situación en que el pro- 
yecto gubernativo lo dejaba. 

Ahora bien: tal como interpreta el Poder Ejecutivo la ley, ¿cumple ella 
ese objeto? ¿Mejora la situación del periodista? Interpretada la ley, como 
quedaría si se autorizase la validez de este precedente, no sólo no habríamos 
mejorado esa situación, sino que la habríamos empeorado. La ley no sola- 
mente sería, en cuanto al objeto que se tuvo en cuenta, inútil, sino contra- 
producente y perjudicial, porque, como me parece haberlo demostrado en la 
sesión del sábado, suprimida la previa censura y dejándose en pie una res- 
tricción tan indefinida, tan vaga, tan sometida al criterio discrecional del Poder 
Ejecutivo como la que éste pretende deducir de la ley, toda propaganda po- 
lítica llegaría a ser bien pronto imposible; o, por mejor decir, es de imnediato 
imposible. 

Yo concibo fácilmente, señor Presidente, que el Poder Ejecutivo crea que 
dentro de las presentes circunstancias es necesaria la prohibición de toda pro- 


217 



1904 


paganda política que, en su concepto, pueda perjudicar la causa de las insti- 
tuciones o el prestigio de su autoridad. Es este un criterio como cualquier 
otro, aún cuando yo no lo comparto; pero lo que yo no comprendo fácilmente 
es como el Poder Ejecutivo, cuando retiró su proyecto de ley y adhirió al 
mío y colaboró en las modificaciones de que este último fue objeto en el seno 
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, no propendió a que dentro de 
esas modificaciones se incluyeran aquellas que evidentemente hubieran sido 
necesarias en el texto del artículo 3*? para que el sentido de la ley correspon- 
diera sin violencia a la interpretación que hoy aplica a su ejecución. 

El espíritu de la ley — cuya letra lo define en mi sentir claramente — no 
es otro que el que yo expuse al defender la ley en su primera forma. Dije 
entonces: “La libertad de la prensa, como cualquier otra libertad, no admite 
restricciones que no sean estrictamente necesarias. 

“Toda situación anormal, por el hecho de serlo, trae consigo condiciones 
propias de dificultad y de peligro, y estas condiciones son las que deben fijar 
en cada caso, el límite de la restricción de aquella libertad. El peligro propio 
de esta situación anormal es, sobre todo, que explotándose las angustias y los 
desfallecimientos del espíritu público, se abra camino a una subversión per- 
manente del orden institucional que ponga en peligro la unidad, la entidad 
misma de la patria. Este peligro justifica, pues, una restricción: la relativa a 
propagandas favorables a pactos subversivos; pero fuera de esa restricción, la 
libertad de la propaganda política debe ser ilimitada, o, por mejor decir, debe 
volver a su extensión normal, quedando únicamente sometida a los procedi- 
mientos y sanciones de la legislación ordinaria”. 

Ese fue el espíritu de la ley tal como yo la propuse; y aún cuando luego 
ella fue objeto de modificaciones, nunca fue desnaturalizada hasta el punto 
de que se alterara su espíritu y su esencia. 

Yo no voy a proponer ninguna moción relativa al caso concreto que ha 
motivado esta interpelación; y esto por dos consideraciones: una de orden 
teórico,, y otra práctico. Esta última consiste en que cumpliéndose precisa- 
mente hoy el término de la suspensión impuesta al diario objeto de la pena, 
nada puede hacerse ya en cuanto al caso concreto, aunque sí pueda y deba 
prevenirse la repetición de hechos análogos. La razón de orden teórico es la 
de considerar yo que desde hace tiempo hay criterio establecido en nuestro 
Parlamento en cuanto al alcance constitucional de estos pedidos de explica- 
ciones o de informes, que — impropiamente, dentro de nuestro régimen — so- 


218 



1904 


lemos llamar interpelaciones. Una moción de desagrado o de censura, lo mis- 
mo que otra de aprobación y de confianza respecto de los actos del Poder 
Ejecutivo, no tiene sentido congruente con la índole de nuestro sistema po- 
lítico, dentro del cual el Parlamento legisla pero no gobierna. 

El procedimiento constitucional que toca a la Cámara en presencia de 
las trasgresiones o conculcaciones de la ley en que incurre el Poder Ejecutivo, 
no puede nunca ser otro que uno de estos dos: o bien acusar al Poder Eje- 
cutivo ante el Senado, si el delito en que haya incurrido es de aquellos que 
por su gravedad la Constitución ha citado expresamente — o bien (y esto es 
de todos los casos) legislar en un sentido que prevea y evite la persistencia 
del atentado o del error. 

Legislar es lo que en la presente oportunidad interesa: interpretar la ley 
por otra ley; y a esa necesidad he atendido. Tengo aquí mi ley interpretativa 
y voy a presentarla; pero como faltan pocos días para la terminación del pe- 
ríodo ordinario, y como se trata de una ley de circunstancias, cuya interpre- 
tación sólo podría ser eficaz si se la diera dentro del actual período, prevengo 
desde ahora que si — presentada la ley interpretativa — fuera apoyada y entra- 
ra en trámite, yo haría moción para que fuera informada en cuarto intermedio. 
Si la Cámara se negara a acceder a esta indicación, habría manifestado implí- 
citamente su disconformidad con la ley interpretativa que presentaba, porque 
en este caso es evidente que postergar la ley es matarla. 

(Apoyados) 

Antes de dejar el uso de la palabra, voy, señor Presidente, a hacer una 
breve manifestación. 

Se ha dicho fuera de aquí, en la prensa, que la iniciativa que he tomado 
en el sentido de que se aclare la interpretación y alcance de esta ley, es injus- 
ta e inoportuna, y se ha dicho más: se ha agregado que esta iniciativa consti- 
tuye nada menos que una palabra de aliento dirigida a aquellos que pugnan 
por obstaculizar el triunfo de las instituciones. 

SEÑOR RIESTRA. — No se le importe, señor diputado, porque a todos 
nos han juzgado lo mismo! 

SEÑOR RODO. — No; consigno un hecho solamente. 

Hay en estos cargos y sobre todo en el último, que es grave y malévolo, 
una absoluta falta de equidad. Si yo he contribuido a la formación y a la 


219 



1904 


sanción de una ley, interpretándola de una manera determinada, que expuse 
durante su discusión, y si veo que en la aplicación de esa ley prevalece una 
interpretación contraria y que en mi concepto desnaturaliza la ley, ¿puede 
exigírseme razonablemente el sacrificio del silencio, que importaría la solida- 
ridad con opiniones que yo no comparto? ¿puede exigírseme por razones de 
oportunidad y de orden político? Preferible hubiera sido, sin duda, que estas 
disidencias se hubieran dilucidado antes de la sanción de la ley; pero si no 
pasó esto, no es mía ciertamente la culpa, porque la misma interpretación, el 
mismo concepto de la ley que yo expongo ahora, lo expuse detenidamente du- 
rante la discusión de ella. ¿Por qué no se me replicó entonces? 

Por otra parte, cuando se habla de falta de oportunidad ¿se quiere insi- 
nuar acaso que estas disidencias y estas interpelaciones tienden a perjudicar 
la unidad moral de los poderes públicos, hoy más que nunca, necesaria? ¡Falso 
y estrecho concepto sería este de la unidad moral de los poderes públicos! 
Estas libres discusiones levantan el prestigio de esta situación, robustecen la 
autoridad moral de los poderes públicos. 

(Apoyados) 

Cierto es que la solidaridad en la defensa de una causa común, de la 
causa de las instituciones, impone la necesidad de estrechar la acción conjunta 
de dichos poderes; pero esta acción conjunta, esta armonía, esta concordia, 
podría decirse esta “amistad”, no ha de excluir la discusión que remueve y 
depura las ideas; son la armonía y la concordia que persisten a través de estas 
pasajeras disensiones; no son la paz del sepulcro, donde todo reposa porque 
todo está muerto; no son la concordia del silencio, donde nada disuena porque 
todo está mudo! 

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES. — ¡Muy bien! 

SEÑOR RODO. — Dentro de la unidad superior impuesta por la solida- 
ridad de la causa común que defendemos, cabe el juego armónico de todas 
las opiniones, la espontaneidad del criterio individual. Y así lo he visto yo 
comprender y practicar por esta Cámara, a la cual siempre me enorgulleceré 
de haber pertenecido, porque la he visto siempre conciliar la prudencia del 
criterio político con la altivez de la independencia moral! 


220 



1904 


(Apoyados) 

( ¡Muy bien!) 

Perseverando en ello, señor Presidente, esta Cámara, que contribuyó a 
elegir al Presidente de la República, como resultado de una lucha democrá- 
tica, que será en la historia un timbre de honor para nuestro país, le demos- 
trará que lo acompaña en estos críticos momentos con la prueba mejor de 
estimación; con aquella, por lo menos, que más grata debe ser a los espíritus 
levantados sobre la vulgaridad de la lisonja: con la estimación que se mani- 
fiesta por la sinceridad, y que unas veces se traduce en el aplauso desintere- 
sado y otras veces se traduce en la crítica amistosa! 

He terminado. 

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES. — ¡Muy bien! 

(Aplausos en la Barra) 

SEÑOR PRESIDENTE. — Va a darse lectura del proyecto presentado 
por el diputado señor Rodó. 

(Se lee lo siguiente): 

Artículo 19 — Declárase que la prohibición establecida en el artículo 3*? 
de la ley restrictiva de la libertad de la prensa, se refiere exclusivamente a la 
propaganda explícita en pro de concesiones o pactos contrarios a la Constitu- 
ción, por coartar alguna de las facultades que ella confiere a los poderes pú- 
blicos. 

Art. 29 — Cualquier otro género de ataques, que en el transcurso de la 
actual insurrección se dirigieren por la prensa a la causa de las instituciones 
o a la autoridad de los poderes públicos, estarán únicamente sometidos a los 
procedimientos y sanciones de la legislación ordinaria. 

Art. 39 — Comuniqúese, etc. 

José Enrique Rodó 
Representante por Montevideo. 

( Apoyados ) 

Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. 


221 



1904 


SEÑOR RODO. — De conformidad con lo que manifesté en mi discurso, 
pido que la Mesa designe una Comisión Especial encargada de estudiar este 
proyecto en cuarto intermedio. 

( Apoyados ) 

SEÑOR RODRIGUEZ (don G. L. ). — ¿Por qué no a la Comisión de 
Asuntos Constitucionales? 

SEÑOR RODO. — Me parece mejor una Comisión Especial, dada la gra- 
vedad del asunto. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Habiendo sido apoyada la moción del dipu- 
tado señor Rodó, está en discusión. 

Si no se hace uso de la palabra se va a votar. 

Si el proyecto que acaba de presentar el diputado señor Rodó pasa a 
estudio de una Comisión Especial con encargo de expedirse en cuarto inter- 
medio . . . 

SEÑOR RODRIGUEZ (don G. L.). — Y que la Cámara se constituya 
en sesión permanente es la mente del diputado señor Rodó. 

SEÑOR RODO. — Yo adhiero a esa ampliación de la moción, que ha 
hecho el señor diputado por el Durazno, para que la Cámara se constituya en 
sesión permanente hasta la resolución de este asunto. 

SEÑOR PRESIDENTE. — ... constituyéndose la Cámara en sesión per- 
manente hasta resolver el punto. 

SEÑOR RODO. — Eso es. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Los señores por la afirmativa, en pie. 

Se necesitan dos tercios de votos. 


222 


( Negativa ) 

SEÑOR MARTORELL. — ¿Queda desechado el proyecto? 



1904 


SEÑOR PRESIDENTE. — No, señor: ha pasado a estudio de la Comi- 
sión de Asuntos Constitucionales. 

SEÑOR PEREDA. — Pido que conste, señor Presidente, que he votado 
por la afirmativa. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Así se hará. 

SEÑOR RODRIGUEZ (don G. L. ). — Yo le pediría al diputado señor 
Rodó que limitara su moción a la primera parte que no necesita sino simple 
mayoría para ser votada; las dos terceras partes se necesitan exclusivamente 
para declarar la sesión permanente. 

SEÑOR CUÑARRO. — Y para tratar sobre tablas. 

SEÑOR FAJARDO. — Y para ser tratado sobre tablas, porque hay otra 
orden del día. 

SEÑOR RODRIGUEZ (don G. L. ). — No se altera la orden del día 
tratándose de la materia que informa el primer asunto que lo constituye. 

( Apoyados ) 

Esto no es alterar la orden del día. Considerando el proyecto presentado 
por el diputado señor Rodó, la Cámara no sale de la orden del día: está 
dentro de ella, porque el primer asunto se refiere al pedido de explicaciones 
hecho al señor Ministro. 

SEÑOR FAJARDO. — Pero esto es un proyecto de ley. 

SEÑCR RODRIGUEZ (don G. L. ). — Perfectamente: es una consecuen- 
cia del pedido de explicaciones. 

SEÑOR FAJARDO. — Es una consecuencia, pero muy remota. 

SEÑOR RODRIGUEZ (don G. L.). — Es lo lógico; lo contrario será una 
interpretación torcida. Pero lo lógico, lo correcto es esto, que el proyecto del 
diputado señor Rodó es una consecuencia inmediata y precisa del pedido de 
explicaciones. 


223 



1904 


SEÑOR FAJARDO. — Las consecuencias son necesarias. 

SEÑOR RODRIGUEZ (don G. L.). — Sí, señor. 

SEÑOR FAJARDO. — Y esta no es una consecuencia necesaria. 

SEÑOR RODO. — Yo creo que el señor diputado por el Durazno está 
en lo cierto: este es un proyecto relativo a la cuestión que se incluyó en pri- 
mer término dentro de la orden del día. Por consiguiente, no se sale de la 
orden del día, tratando de este proyecto en primer término. 

SEÑOR PRESIDENTE. — La Mesa entiende que la orden del día la 
constituía, en primer término, oir las explicaciones del señor Ministro. El 
proyecto del diputado señor Rodó, interpretativo de la ley de imprenta, es un 
asunto nuevo . . . 

SEÑOR FAJARDO. — Completamente. 

SEÑOR PRESIDENTE. — . . .y se propone que se trate ese proyecto in- 
terpretativo sobre tablas. 

Hay una disposición clara del Reglamento que dice: que para tratar un 
asunto sobre tablas, se requieren dos tercios de votos; no obstante, puesto que 
se observa la conducta de la Mesa, cumpliendo otro precepto reglamentario 
ésta somete su conducta a la consideración de la Cámara. 

SEÑOR RODO. — Yo, señor Presidente, voy a recordar un precedente que 
puede tener relación con este caso. 

Recuerdo que dentro de esta misma legislatura, interpelado el Poder Eje- 
cutivo para que diera explicaciones sobre las restricciones que había puesto a 
la libertad de los empleados públicos — durante la administración Cuestas — 
en el transcurso de la discusión o del debate que se suscitó con ese motivo, el 
diputado Herrero y Espinosa presentó un proyecto reglamentando las facul- 
tades del Poder Ejecutivo en cuanto a los empleados públicos, y ese proyecto 
se consideró conjuntamente con las mociones que se habían presentado a pro- 
posito de la interpelación de que fue objeto el Poder Ejecutivo. 


224 



1904 


SEÑOR TISCORNIA. — ¿Me permite? 

Ese proyecto pasó a estudio de la Comisión de Legislación y todavía no 
se ha despachado. 

SEÑOR RODO. — Bueno: pasó a estudio de la Comisión de Legislación. 
Yo no tengo otra pretensión: yo pretendo únicamente que el proyecto que he 
presentado pase a estudio de la Comisión que corresponde. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Y eso se ha hecho, señor diputado. La Mesa 
ha dispuesto que su proyecto pase a estudio de la Comisión de Asuntos Cons- 
titucionales; lo único que no ha aceptado la Cámara es que se expida dicha 
Comisión en cuarto intermedio y se trate sobre tablas. 

SEÑOR CUÑARRO. — Me parece que la Comisión a que corresponde es 
a la de Legislación. 

Toda ley interpretativa, cualquiera que sea su naturaleza, corresponde a 
la Comisión de Legislación; no es porque lo haya informado el asunto la Co- 
misión de Asuntos Constitucionales que debe ser interpretado por esa Co- 
misión: cualquier ley interpretativa debe ir a la Comisión de Legislación. 

SEÑOR FAJARDO. — Apoyado. 

SEÑOR CUÑARRO. — Es una mera indicación que hago. 

SEÑOR PRESIDENTE. — La Mesa no lo entiende así. Considera que la 
Comisión más habilitada para fijar la verdadera interpretación de la ley que 
ha suscitado este debate, es la Comisión de Asuntos Constitucionales que dic- 
taminó anteriormente en el proyecto del diputado señor Rodó. 

No obstante, si el diputado señor Cuñarro insiste, se consultará a la Cá- 
mara. 

SEÑOR CUÑARRO. — No, señor. Es una observación. 

SEÑOR RODRIGUEZ (don G. L.). — Antes de que la Cámara se pro- 
nuncie sobre la consulta propuesta por la Mesa, insisto en sostener que el pro- 
yecto del diputado señor Rodó es un proyecto perfectamente encuadrado en 
los términos de la orden del día. 


225 



1904 


El señor Presidente ha dicho que la Cámara ha sido citada para oir las 
explicaciones que debía dar el señor Ministro de Gobierno; pero todo pedido 
de explicaciones concluye por un proyecto de resolución, que se vota. Sea que 
la Cámara se declare satisfecha con las explicaciones dadas por el señor Mi- 
nistro, sea que pase a la orden del día, sea que, como consecuencia lógica de 
esas explicaciones, se presente un proyecto de ley, está siempre en la orden 
del día, es la materia que informa el primer asunto de la orden del día. 

Por consiguiente, no puede decirse que la presentación del proyecto del 
señor Rodó altere la orden del día. Podrán requerirse los dos tercios de votos 
para que la Cámara se declare en sesión permanente; pero no se requieren los 
dos tercios de votos para pedir que la Cámara pase a cuarto intermedio a fin 
de que la Comisión pueda expedirse en el cuarto intermedio y seguir tratando 
el asunto hasta las seis de la tarde. 

(Apoyados) 

En este sentido puede la Cámara pronunciarse, dada la consulta que la 
Mesa le dirige a la misma. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Si no se hace uso de la palabra se va a votar. 

Si se requieren dos tercios de votos para poder tratar sobre tablas el pro- 
yecto del diputado señor Rodó, tal como lo entiende la Mesa, aplicando un 
precepto reglamentario. 

SEÑOR ARECO. — Señor Presidente: sería conveniente que la Mesa hi- 
ciera dar lectura a esa prescripción reglamentaria. 

SEÑOR RODO. — Apoyado: que se lea esa prescripción reglamentaria 
que requiere dos terceras partes de votos. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Léase el artículo 154. 

(Se lee lo siguiente): 

“Artículo 154. — Fuera de los casos señalados por la Constitución, a que 
se refiere el artículo anterior, se necesitan también las dos terceras partes de 


226 



1904 


votos, para declarar que haya sesión permanente, para interrumpirse la orden 
del día, para resolverse un negocio sobre tablas, para la reconsideración de 
un proyecto y para conceder una gracia especial”. 

SEÑOR ARECO. — Está resuelta la cuestión. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar. 

Si la Cámara aprueba el proceder de la Mesa. 

Los señores por la afirmativa, en pie. 

(Afirmativa) 


(D.S.C.RR. T. 176. Págs. 408- 415) 

El proyecto interpretativo de Rodó no fue posteriormente considerado por la 
Cámara de Representantes. 


227 




1904 


M. 


41) DIPUTADOS INASISTENTES. 

En la 2* Sesión Extraordinaria del 20/8/904, varios diputados presentan una 
moción conforme a la cual la Cámara de Representantes expresa su extrañeza 
ante la deliberada ausencia de varios diputados, invitándolos a concurrir a la próxi- 
ma sesión y declarando que la falta de asistencia se entenderá que importa el 
abandono del cargo. El Diputado Fajardo anuncia su voto contrario a la moción. 
El Diputado Riestra se manifiesta en contra de la consideración urgente del pro- 
yecto, sin estudio de la Comisión. Los Diputados Areco, L. V. Rodríguez y Tiscor- 
nia se pronuncian a favor, originándose un amplio debate con los primeros. En 
esas circunstancias, Rodó interviene: 


SEÑOR RODO. — Voy a fundar brevemente mi voto favorable a la mo- 
ción que está en debate. 

Desde luego, prescindo de las cuestiones que se han planteado en el sen- 
tido de investigar si este caso cae dentro de la imposibilidad moral que la 
Constitución prevé. Creo que este es un punto que implícitamente ha sido 
resuelto por la Cámara en resoluciones anteriores. En mi concepto, la inasis- 
tencia reiterada, contumaz e injustificada (tanto más cuando ella perjudique 
al regular funcionamiento de la Cámara) es claramente un caso de imposibi- 
lidad moral que autoriza a proceder; pero dejando de lado esto, la razón fun- 
damental que yo tengo para adherir a la moción que se ha presentado, es que 
encaro esta cuestión de una manera exclusivamente relacionada con el orden 
interno de la Cámara y ajena a toda trascendencia política. 

Hay necesidad de que la Cámara procure facilitar la formación del quorum 
reglamentario — nunca fácil de obtener asiduamente, — y esta dificultad sube 
de punto cuando hay cierto número de diputados que se impone sistemáti- 
camente, como norma de conducta, la inasistencia. 

No comprendo por qué podría darse a esta Resolución de la Cámara una 
interpretación o alcance político. Hace algunos meses, cuando este Alto Cuer- 
po trató de la expulsión de aquellos de sus miembros que eran sospechados 
de solidaridad con la insurrección, esta medida pudo ser juzgada del punto 
de vista de su trascendencia política, porque podía argumentarse entonces con 


229 



1904 


la eventualidad de una paz que impusiera la necesidad o la conveniencia de 
restablecer la composición proporcional y aun personal del Parlamento tal co- 
mo era antes de la insurrección. 

SEÑOR RIESTRA. — ¿Y hoy está excluida en absoluto esa posibilidad, 
señor Rodó? 

SEÑOR RODO. — Voy a ocuparme precisamente de eso. No excluyo tal 
posibilidad. Me refiero a que actualmente falta muy poco tiempo para que 
el pueblo sea convocado a elecciones. 

SEÑOR FAJARDO. — Lo que no se hará, esté seguro el señor diputado. 

SEÑOR RODO. — Si esa renovación del Cuerpo Legislativo o de parte 
de él, ha de verificarse en el término constitucional, cualquiera fórmula de paz, 
aun la más inmediata, reposaría evidentemente sobre esas nuevas elecciones; 
y no sobre el interés casi platónico de la composición de una Legislatura que 
está por caducar. Y si en virtud de los acontecimientos, la renovación parla- 
mentaria ha de postergarse más allá de noviembre, esa prórroga estaría pre- 
cisamente subordinada, en su duración, al restablecimiento de la paz; y el 
hecho de la paz importaría en ese caso la renovación casi inmediata del Par- 
lamento. 

Yo no veo, pues, cual interés pueda argüirse para combatir a la medida 
que se propone, atribuyéndole un alcance o una significación política. 

Por lo demás, entiendo que la Cámara no puede ser culpada de falta de 
deferencia para con los colegas a quienes se trata de convocar nuevamente a 
que concurran a sus sesiones. Si la actitud de ellos respondía simplemente a 
consideraciones momentáneas, la Cámara les ha dado largo tiempo para mo- 
dificar su actitud y para concurrir a nuestras sesiones. Cuando la mantienen, 
es porque su inasistencia obedece a un propósito persistente, del cual no de- 
sistirán mientras no hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

Creo, pues, que no debe ser juzgada esta moción de un punto de vista 
político, sino solamente del punto de vista de las conveniencias internas de la 
Cámara. Necesitamos asegurar la asistencia normal a nuestras sesiones, y hay 
ademas conveniencia en procurar que vengan a ocupar su puesto de labor los 
suplentes de los diputados inasistentes, ya que éstos no nos favorecen con su 


230 



1904 


concurso para resolver de la manera más acertada posible los importantísimos 
asuntos para que están citados en este último período de nuestra actividad 
parlamentaria. 

He dicho. 

(D-S.CJRR, T. 177. Págs. 36 - 37) 

Los Diputados Gil y Muró anuncian su voto negativo. Se levanta la sesión 
por falta de número. En la siguiente sesión del 23/8/904, luego de pronuncia- 
mientos contrarios de los Diputados Pereda y A. F. Costa, se vota afirmativa- 
mente la moción. 


231 




1904 


M. 


42) CERTAMEN SOBRE HISTORIA DE LA DEFENSA DE MONTEVIDEO. 

En la 7* Sesión Extraordinaria del 20/9/904, se aprueba en general el pro- 
yecto presentado por A. F. Costa e informado por la Comisión de Legislación el 
19/5/904, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a promover un certamen na- 
cional cuyo objeto sería escribir la Historia de la Defensa de Montevideo, que se 
declararía texto oficial de lectura en todos los centros docentes del país. En la 
10* Sesión Extraordinaria del 29/9/904, comienza la discusión particular del pro- 
yecto. Se aprueban varios artículos, luego de animado cambio de ideas. Al discu- 
tirse el Art. 7, el Diputado Areco propone que se establezca como facultativo otor- 
gar el premio. Rodó interviene: 

SEÑOR RODO. — Me parece que la indicación del diputado señor Areco 
podría concretarse en esta forma: “Autorizando al Poder Ejecutivo para llamar 
nuevamente a concurso por otros dos años, en caso de que las obras presen- 
tadas no fueran consideradas dignas de premio”. 


(Apoyados) 

SEÑOR ARECO. — Yo acepto por mi parte. 


SEÑOR COSTA. — Muy bien. 

SEÑOR ARECO. — De manera que ahí, después de la palabra sobresa- 
lientes, se pondría punto y coma y seguiría como indica el diputado señor Rodó. 

SEÑOR RODO. — “Autorizándose al Poder Ejecutivo para llamar nueva- 
mente a concurso por otros dos años en el caso de que ninguna de las obras 
presentadas fuera considerada digna de premio”. 

SEÑOR COSTA. — Aceptado. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Va a leerse el inciso aditivo que proponen los 
diputados señores Areco y Rodó. 

(Se lee) 


233 



1904 


SEÑOR COSTA. — Por el jurado. 

SEÑOR ARECO. — Después de premio, debe establecerse por el jura- 
do... aunque podría suprimirse la parte referente a los dos años, y decir: 
“Queda autorizado el Poder Ejecutivo para llamar nuevamente a concurso den- 
tro de los términos de esta ley”, lo que importaría llamar a tantos concursos 
cuantos fueran necesarios para poder discernir el premio. 

¿No es así, señor Rodó? 

SEÑOR RODO. — Eso es. 

(Murmullos) 

Se me ocurre que podría hacerse una agregación en el sentido de que las 
mismas obras que hubieran sido presentadas a concurso la primera vez, po- 
drían volver a presentarse la segunda vez, siempre que se hubieran modificado 
y ampliado. 

SEÑOR COSTA. — Eso es de cajón. 

SEÑOR RODO. — Me parece, sin embargo, que el texto del artículo no 
impide que esto se haga. De manera que no insisto en mi indicación: se so- 
breentiende que puede hacerse. 

(D.S.C.RR. T. 177. Pág. 352) 

Al discutirse el Art. 8, que establecía que la obra sería texto oficial en to- 
das las escuelas del Estado, se objeta que este tipo de tema no es objeto de es- 
tudios en las escuelas primarias, debiendo reservarse a los estudios superiores. El 
Diputado G. L. Rodríguez propone que la obra premiada se decrete texto oficial 
de lectura en las escuelas del Estado y de enseñanza de historia nacional. El Dipu- 
tado Areco propone que se suprima la referencia a lecturas, declarando que la obra 
premiada se declare texto oficial de enseñanza en la República. Rodó, por su par- 
te, expresa: 

SEÑOR RODO. — A mí me parecería que el pensamiento del autor del 
proyecto podría concretarse de una manera general más exactamente, estable- 
ciéndose que esta obra debería servir de texto de la Universidad de la Re- 
pública. 


234 



1904 


SEÑOR COSTA. — Está también. 

SEÑOR RODO. — Establecer como texto de lectura en las escuelas pú- 
blicas la historia de la Defensa de Montevideo, no me parece propio, porque 
la historia del país, no se limita a la Defensa de Montevideo. 

Además, una obra tal como la ha proyectado el ilustrado autor del pro- 
yecto, una obra filosófica que reposa sobre un criterio amplio, difícilmente va 
a ajustarse a las condiciones pedagógicas que tiene que reunir todo texto de 
lectura. Una cosa es un libro fundamental filosófico y otra cosa es una obra 
de lectura compuesta con atención a las necesidades de los niños de las 
escuelas. 

Quizás después, sobre la base de esta historia de la Defensa de Monte- 
video, pueda hacerse un compendio que, como lo piensa el ilustrado doctor 
Costa, pueda servir para la lectura de los niños. Creo, pues, que sería nece- 
sario reformar este artículo en el sentido propuesto. 

Sería desorientar a los escritores que se presenten a este concurso si se 
dejase subsistente este artículo, porque no sabrán si van a ajustar sus trabajos 
a la índole que señalan los artículos anteriores, en el sentido de una obra 
filosófica fundamental, o van a ajustarlos a la índole que señala este artículo. 

Era lo que tenía que decir. 

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿El diputado señor Rodó concreta su pensa- 
miento en alguna adición? 

SEÑOR RODO. — ¿Quiere hacer leer, señor Presidente, el artículo? 

(Se lee) 

SEÑOR RODO. — Yo propongo que se modifique en este sentido: “La 
obra premiada se decretará texto oficial para la enseñanza de la historia en 
la Universidad de la República.” 

(D.S.C.RR. T. 177. Págs. 353-354) 

Finalmente, se vota afirmativamente la redacción propuesta por G. L. Rodrí- 
guez. Se aprueba el proyecto, que pasa al Senado. 


235 




1904 


c. i. 


43) AMNISTIA A LOS PARTICIPANTES EN LA REVOLUCION DE 1904. 

Finalizada la Revolución nacionalista, iuego de la muerte de Saravia, el Poder 
Ejecutivo envía al Parlamento el 15/10/904, mensaje y proyecto de ley’ declaran- 
do la amnistía de los civiles y militares participantes en la insurrección y dejan- 
do sin efecto las interdicciones de bienes decretadas por el Poder Ejecutivo, de 
conformidad con la Ley del 25/2/904. El mismo día, el proyecto es aprobado con 
modificaciones por el Senado y comunicado a la Cámara de Representantes. En 
el transcurso de la 14» Sesión Extraordinaria de la Cámara, de esa misma fe- 
cha, se resuelve tratar inmediatamente el proyecto. Pasa a informe de la Comi- 
sión de Legislación. Ante la ausencia de dos de sus miembros, la Mesa designa 
para integrarla, a los Diputados Rodó y Capurro. Se pasa a cuarto intermedio, 
y con la firma de Rodó, la Comisión informa: 


Comisión de Legislación. 

El sentimiento de la paz vibra con tan general entusiasmo en el espíritu 
público, y el anuncio de esa solución venturosa ha sido recibido con tan ine- 
quívocas manifestaciones del asentimiento y regocijo, que vuestra Comisión 
considera interpretar la voluntad unánime de V. H. aconsejándoos prestéis 
vuestra sanción a las bases de paz que acompañan el Mensaje del Poder Eje- 
cutivo. 

Las bases sometidas a vuestra consideración dejan incólumes las faculta- 
des constitucionales de las autoridades públicas, lo que significa la realización 
de la paz de acuerdo con los sentimientos y propósitos que la mayoría de los 
miembros del Poder Legislativo expresó al país en su manifiesto de 17 de 
marzo del corriente año; y vuestra Comisión tiene la patriótica intuición de 
que la cordura y buena voluntad de los Poderes Públicos y de los Partidos 
Políticos concurrirán a hacer eficientes los resultados de esta paz. 

En cuanto a la modificación introducida por el H. Senado en el artículo 
2? del proyecto, vuestra Comisión estima dejar subsistente este artículo tal co- 
mo ha sido presentado por el Poder Ejecutivo, por considerar que interpreta 
mejor el pensamiento de esa parte del proyecto, en el sentido de que sólo se 
consideran derogadas las interdicciones decretadas por el Poder Ejecutivo, que- 
dando subsistentes y en toda su fuerza y vigor las leyes comunes a que se 
refiere el artículo P de la Ley de 24 de febrero. 


237 



1904 


En cuanto a las restricciones impuestas a la libertad de la prensa en virtud 
de la alteración del orden público, vuestra Comisión entiende que habiéndose 
establecido en la respectiva ley que con el restablecimiento del orden cesarían 
de hecho dichas restricciones, no es necesario derogarlas de una manera ex- 
presa, explicándose así que el Poder Ejecutivo no haya considerado oportuno 
incluir esta derogación en el proyecto elevado a Vuestra Honorabilidad. 

En virtud de las precedentes consideraciones, vuestra Comisión os acon- 
seja la sanción del proyecto del Poder Ejecutivo. 

Saludamos a V. H. con nuestra consideración más distinguida. 

Angel F. Costa — Alvaro Guillot — Julián Grana — Eduardo Vargas 
— Solano A. Riestra — José Enrique Rodó — J. A. Capurro. 

(D.S.C.RR. T. 177. Págs. 441-442) 

Se vota el proyecto, siguiendo el dictamen de la Comisión, con la redacción 
propuesta por el Poder Ejecutivo, por lo cual vuelve a la Cámara de Senadores 
(VER N* 44). 


238 



1904 


i. 


44) AMNISTIA A LOS PARTICIPANTES EN LA REVOLUCION DE 1904. 

El mismo día 15 de octubre de 1904, en que ya había aprobado el proyecto, 
el Senado vuelve a tratarlo, rechazando las modificaciones de la Cámara de Re- 
presentantes (VER N* 43), por lo cual el asunto pasa a la Asamblea General. Esta 
también se reúne el mismo día 15, en su 1» Sesión Extraordinaria. El tema pasa 
a la Comisión de Legislación, integrada por los miembros que componen las res- 
pectivas Comisiones de ambas Cámaras. Se pasa a cuarto intermedio hasta que 
se produzca el dictamen. La Comisión, con la firma de Rodó, informa: 


Honorable Asamblea General: 


Vuestra Comisión de Legislación, ha unificado opinión respecto de la for- 
ma que debe darse al artículo 2? del proyecto de ley, enviado por el Poder 
Ejecutivo. 

Las Comisiones reunidas han convenido en que quede redactado dicho 
artículo de la siguiente manera. 

Artículo 2? — Decláranse no aplicables a las personas complicadas en la 
lucha civil que acaba de terminar, los efectos de la Ley de fecha 25 de fe- 
brero del corriente año, debiendo en consecuencia levantarse las interdicciones 
decretadas y ser devueltas a sus dueños las rentas cobradas y las demás re- 
tenciones verificadas por cualquier otro concepto. 

Se declaran subsistentes y en toda su fuerza y vigor, los principios y 
disposiciones que en materia responsabilidad establece la legislación común. 
En cuanto al artículo 3 9 os aconsejamos lo suprimáis del proyecto de ley. — 
Las Comisiones reunidas han tenido oportunidad de oir al respecto al señor 
Ministro de Gobierno, el cual ha manifestado que después de dictarse la ley 
de amnistía, de que nos ocupamos, queda de hecho restablecido el orden pú- 
blico en el país y en consecuencia de conformidad con el artículo 69 de la 
ley de restricción de la libertad de la prensa; vuelva ésta al goce completo 
de su más amplia libertad. 

Vuestras Comisiones participan de ese mismo modo de pensar y en este 
concepto considera excusado el mantenimiento del artículo 39 del proyecto de 
ley del Honorable Senado. 


239 



1904 


Sala de Comisión. 


Carlos Eduardo Lenzi — Angel Floro Costa — Rodolfo Vellozo — 
Eduardo Vargas — José Espalter — Solano A. Riestra — Juan Alberto 
Capurro — Alvaro Guillot — José Enrique Rodó — Julián Grana. 


(D.S.A.G. T.X. Págs. 470-471) 

Luego de fundamentos de votos negativos de los Diputados Pereda y Marzol, 
se vota afirmativamente el proyecto en la forma aconsejada por la Comisión. 
Pasa al Poder Ejecutivo. Es la Ley N’ 2911 de 16/10/904. 


240 



1904 


i. 


45) LEY DE REGISTRO CIVICO Y DE ELECCIONES. 

PRORROGA DE UN PLAZO. 

El 7/11/904, el Poder Ejecutivo envía mensaje y proyecto de ley propiciando, 
por razones de escasez de tiempo, una prórroga de la fecha de elección de las 
Comisiones calificadoras por parte de las Juntas Electorales, conforme a lo dis- 
puesto por la ley de Registro Cívico Permanente. En el transcurso de la 22’ Se- 
sión Extraordinaria del 8/11/904, se resuelve tratar sobre tablas el proyecto. Pasa 
a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que luego de un cuarto intermedio, 
dictamina, con la firma de Rodó: 

Comisión de Asuntos Constitucionales. 

H. Cámara de Representantes: 

Por las razones que aducirá el miembro informante, si fuera necesario, y 
las consignadas en el Mensaje del Poder Ejecutivo de fecha 7 del corriente, 
os aconsejamos la sanción del siguiente 


PROYECTO DE LEY 

Artículo 1° — Modifícase el inciso 2° del artículo 31 de la Ley de Re- 
gistro Cívico y de Elecciones de 21 de octubre de 1904 en la siguiente forma: 
Las Juntas Electorales verificarán la elección de las Comisiones califica- 
doras en la forma establecida en el artículo 12 de la Ley de Registro Cívico 
el Domingo cuatro de diciembre próximo. 

Art. 2° — Comuniqúese, etc. 

Sala de la Comisión, noviembre 8 de 1904. 

Manuel E. Tiscomia — Eduardo Vargas — Juan Alberto Capurro — 
Benito M. Cuñarro — Alberto Zorrilla — José E. Rodó — Luis 

Varela. 

(D.S.C.RR. T. 178. Pág. 160) 

Se vota afirmativamente el proyecto, que pasa al Senado, donde es sancio- 
nado el 11/11/904. Es la Ley N* 2915 de 15/11/904. 


241 




1904 


I.M. 

46) LEY DE ELECCIONES. REFORMA. 

El 3/11/904, el Poder Ejecutivo envía al Parlamento su proyecto de ley de 
reforma electoral, por el cual se redistribuyen las bancas de Diputado, conforme 
a lo propiciado por el Presidente Batlle. 

En la 24* Sesión Extraordinaria del 16/11/904, se da cuenta del informe de 
la Comisión de Asuntos Constitucionales del 12/11/904, que luce la firma dis- 
corde de Rodó: 

Comisión de Asuntos Constitucionales e Internacionales. 

H. Cámara de Representantes: 

Vuestra Comisión se ha preocupado del estudio del proyecto remitido por 
el Poder Ejecutivo respecto de la distribución proporcional de las bancas de 
la Cámara de Representantes. Se ha discutido mucho en el seno de la Co- 
misión; se ha invitado a concurrir a la Comisión respectiva del Senado, asis- 
tiendo el doctor Espalter a varias sesiones; se ha conferenciado con el señor 
Presidente de la República. Hemos, en una palabra, analizado este proyecto 
por todas sus fases. 

Pero lo que no ha sido motivo de duda por nadie, en lo que la opinión 
de todos ha sido unánime, es que la actual ley es arbitraria y ha dado malos 
resultados por la distribución irregular y caprichosa que hace; y, por consi- 
guiente, que su reforma se impone de modo perentorio. La Constitución de- 
termina que se tome por base la población con un cociente uniforme para to- 
do el país; y del cuadro que inserta el Poder Ejecutivo en su Mensaje, se ve 
evidente que el principio constitucional está esencialmente violado. 

Reconocida por manifiesta esta verdad, se ha discutido, sin embargo, la 
oportunidad de hacerla cesar; pero vuestra Comisión opina que llamada la 
nación a elecciones como está para constituir su Cuerpo Representativo, es 
este el momento en que debe hacerse que la anormalidad desaparezca, pues 
de otro modo tendríamos una legislatura más, organizada con violación del 
principio constitucional reconocido como imperante. 

Además la ciencia política enseña que cuando la composición de los cuer- 
pos colegiados es desequilibrada, su función constituye un peligro en la mar- 
cha del Estado. La dura experiencia . que acabamos de tener, nos lo ha demos- 
trado de manera palmaria. 


243 



1904 


Los Partidos cuando ocupan posiciones desproporcionadas, en vez de lle- 
nar su verdadero oficio de producir conflictos de opinión para que las leyes 
sean perfectas, las libertades y derechos garantidos, trastornan su rol para 
convertirse en facciones que agitan las pasiones para mantenerse provocativos 
y obsesionados con el solo propósito de conseguir el poder. Grinke lo enseña, 
y nuestro país es un ejemplo. 

Ahora, si la oportunidad se basa en la ausencia en nuestra Cámara de 
Representantes de la fracción partidaria que se alzó en armas contra los Po- 
deres constituidos, la verdad es que esa razón carece de importancia. 

El partido a que esa fracción pertenece está en realidad representado, y 
los que faltan es porque deliberadamente han abandonado su cargo. Sería in- 
disculpable que no se realizara una reforma justa, y lo que es peor, que se 
dejaran prevalentes preceptos arbitrarios e injustos, a pretexto de que un nú- 
cleo más o menos respetable ha desertado de su puesto. 

Reconoceríamos, por otra parte, con toda debilidad de conducta, que he- 
mos disminuido nuestra facultad constitucional de dictar leyes sin el concurso 
de personas determinadas, digna y legítimamente sustituidas. 

Y para concluir al respecto. La fracción ausente por culpa propia, está 
honrosamente representada en el Senado, donde este proyecto tiene que ser 
examinado y sancionado para ser ley. 

En cuanto al criterio adoptado para hacer la distribución general, es el 
que establece en esencia la Constitución: determinar el número de represen- 
tantes según la población. No ha habido sobre el punto diferencias radicales. 
Algunos miembros habrían deseado mantener como mínimum tres representan- 
tes por cada departamento, excepto en Flores que hubiera quedado reducido 
a dos; pero en tal caso, no habría habido uniformidad de criterio, y no hay 
razones científicas o de justicia que apoyaran la dualidad. 

En lo referente a la proporción reconocida a la minoría, tampoco ha habi- 
do discrepancias fundamentales. Es cierto que algunos departamentos quedan 
sin que la minoría obtenga representación, pero ese es un mal inevitable. 

Siendo imposible por razón matemática dividir la mayoría de la minoría, 
¿qué procedimiento podría adoptarse? 

No cabría otro que el adoptado, aunque algunos miembros de la Comisión 
sostuvieron la conveniencia de dar a cada agrupación un representante; pero 
fue rechazada la indicación porque hacía igual lo que era distinto; y porque 
la diferencia era más aparente que real. 


244 



1904 


En efecto: siete son los departamentos en que la minoría no obtiene re- 
presentación. Pero en cuatro, ha sido minoría en todas las elecciones realiza- 
das durante la vigencia de la ley actual, el partido que en el mismo período 
ha sido mayoría en los otros tres, — y más en un período eleccionario, — el 
partido que fue mayoría en cuatro, fue también mayoría en dos más, es decir, 
en seis de los siete. 

Si las leyes han de basarse en principios, y si se han de tomar las expe- 
riencias como son; si las leyes no pueden ser aparcerías aunque los beneficios 
sean colectivos, la verdad de las cosas es que ningún partido puede quejarse 
del proyecto de ley que está a vuestra sanción, porque mantiene en proporción 
indiscutiblemente eficiente la representación de las minorías. Tenemos que dar 
término a los empirismos que tan funestos resultados nos han dado, como 
darán siempre que se quiera ir contra la ciencia y la ley de vida de los pueblos 
para dar satisfacción a parcialidades. 

Vuestra Comisión os aconseja la sanción del proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo. 

Sala de la Comisión, noviembre 12 de 1904. 

Manuel E. Tiscornia — Carlos de Castro — Eduardo Vargas — Benito 
M. Cuñarro — Ricardo J. Areco — Agustín Ferrando y Olaondo — 
José Enrique Rodó (discorde en cuanto a la oportunidad del proyecto). 

(D.S.C.RR. T. 178. Págs. 224 - 225) 

El Diputado Tiscornia actúa como miembro informante, en extensa exposición. 
El Diputado G. L. Rodríguez se manifiesta a favor de este proyecto. El Diputado 
Lago anuncia que votará en general el proyecto, aunque no todos los artículos 
en la discusión particular. A continuación, expresa Rodó: 

SEÑOR RODO. — Voy a pronunciar brevísimas palabras. 

No me sentía estimulado a tomar parte en este debate, y desde luego no 
lo hubiese hecho, si el señor diputado por el Durazno, doctor Rodríguez, no 
hubiera aludido a los argumentos por los cuales yo firmé discorde el informe 
de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

No me parece conveniente producir en este caso un discurso político; y 
políticas son las razones en cuya virtud yo he disentido del informe de la 
Comisión. 


245 



1904 


Siento, como el que más, el peso de aquellas consideraciones que obligan 
personalmente a hacer causa solidaria en momentos de lucha con la colectivi- 
dad o el partido político de que se forma parte, hasta el preciso punto que las 
convicciones no lo impiden, y creo que no es el momento de suscitar en el 
seno del partido el debate político, éste en que el partido se apresta para la 
actividad de las urnas. 

Obligado, pues, a fundar sumariamente mi opinión en el asunto de que 
se trata, lo voy a hacer con toda la brevedad que me sea posible. 

Si esta cuestión hubiese sido propuesta a la consideración de la Cámara 
en otras circunstancias, es probable que hubiese contado con mi asentimiento, 
y desde luego es seguro que la hubiese votado en general, porque convengo 
en la necesidad de abordar la reforma, aunque en la discusión particular me 
hubiese reservado proponer o acompañar las modificaciones que me parecie- 
ran convenientes. 

No he negado mi voto al proyecto porque me parezca esencialmente malo; 
le he negado mi voto porque me parece políticamente inoportuno; y las razo- 
nes que yo he tenido para considerarlo tal, aunque han sido tomadas en cuen- 
ta, no han sido destruidas, ni por el señor diputado por el Durazno, doctor 
Rodríguez, ni por el diputado por Cerro Largo, doctor Lago. 

En primer término, no favorece el significado político de este proyecto 
el hecho de que carezca actualmente de representación casi en absoluto en la 
Asamblea, si no el partido político, por lo menos aquella parte de un partido 
político que puede considerarse perjudicado con la sanción de esta ley. 

Se argumenta con que esa colectividad tiene representación distinguida 
en el Senado. 

Pero, señor Presidente, no es el valimento personal de los representantes 
de un partido, estando aislados, lo que puede garantir eficazmente que pesen 
su opinión y sus aspiraciones en la Asamblea; lo que constituye su fuerza es 
el número de votos con que cuenta en su seno. 

Además, en mi sentir, la situación política producida por el pacto de paz, 
que ha puesto término a la última insurrección, ha traído consigo condiciones 
y exigencias que no se contemplan con proyectos e iniciativas de la índole de 
la que estamos tomando en consideración. 

En política, el señor Presidente de la Cámara lo sabe, no todo lo que es 
lícito es oportuno; la oportunidad es la esencia misma de \a¡ política, y aún las 


246 



1904 


más equitativas reformas, aún las iniciativas más inspiradas en fundamentales 
principios de justicia y de derecho, tienen para manifestarse, su momento pro- 
picio y su ocasión oportuna. 

He concluido. 


(D.S.C.RR. T. 178. Págs. 236-237) 

El proyecto es aprobado y pasa al Senado, donde es aprobado, con modifica- 
ciones, el 16/12/904. La Cámara de Representantes, en su sesión del 17/12/904, 
resuelve mantener su proyecto tal como fue aprobado, desechándose las modifi- 
caciones del Senado. Pasa a la Asamblea General, donde es sancionado el 26/12/ 
904. Es la Ley N 9 2920 de 27/12/904. 


247 




1904 


i. 


47) CONVENCION SANITARIA INTERNACIONAL CELEBRADA ENTRE 
ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY. 

En la 25* Sesión Extraordinaria del 22/11/904, la Comisión de Asuntos Cons- 
titucionales e Internacionales informa acerca de la aprobación de esta Convención, 
ya considerada por el Senado. El dictamen, suscrito por Rodó, expresa: 

Comisión de Asuntos Constitucionales e Internacionales. 

H. Cámara de Representantes: 

Vuestra Comisión se ha enterado del proyecto de ley, remitido a V. H. 
por la H. Cámara de Senadores y por el cual se aprueba la “Convención Sa- 
nitaria Internacional”, celebrada entre las Repúblicas, Argentina, Estados Uni- 
dos del Brasil, Paraguay y Oriental del Uruguay, suscripta ad referéndum por 
sus respectivos delegados al Congreso que con tal motivo se verificó en la ciu- 
dad de Río de Janeiro el 12 de junio de 1904. 

Como lo establece el Poder Ejecutivo en el Mensaje que oportunamente 
elevó a la H. A. General en 28 de agosto del corriente año, existía la imperiosa 
y urgente necesidad de uniformar la legislación sanitaria de la República, con 
la Argentina, Brasil y Paraguay, salvaguardando por un convenio internacional 
la salud pública, sin trabas ni obstáculos inútiles para el intercambio comer- 
cial y tránsito de viajeros, en países que mantienen tan frecuente e importante 
comunicación entre sí, como son los arriba indicados. 

Iniciadas las gestiones por el Poder Ejecutivo de la República, se verificó 
el Congreso en la ciudad de Río Janeiro, después de haberlo acordado así las 
cancillerías de los países signatarios en las conferencias que se efectuaron en 
la ciudad de Buenos Aires. 

La Convención Sanitaria suscripta ad referéndum en la ciudad de Río 
Janeiro en 12 de junio de 1904, que el Poder Ejecutivo elevó a la H. A. Ge- 
neral y que ha merecido ya la aprobación del H. Senado, llena cumplidamente 
en el sentir de vuestra Comisión los altos propósitos de profilaxia internacional 


249 



1904 


que se tuvieron en vista al negociarla y por ello os aconseja prestéis vuestra 
aprobación al proyecto de ley del H. Senado. 

Sala de la Comisión, noviembre 22 de 1904. 

Carlos de Castro — Eduardo Vargas — Ricardo J. Areco — Manuel E. 
Tiscomia — Benito M. Cuñarro — Agustín Ferrando y Olaondo — 
José Enrique Rodó. 

(D.S.C.RR. T. 178. Págs. 251-252) 

Se sanciona el proyecto, que pasa al Poder Ejecutivo. Es la Ley N* 2917 de 
25/11/904. 


250 



1904 


M. 


48) LEY DE REFORMA CONSULAR. SUSTITUCION 
DE MIEMBROS INFORMANTES. 

En la 26* Sesión Extraordinaria del 26/11/904, al entrar a considerarse el 
proyecto del Poder Ejecutivo sobre organización consular, se da cuenta de una 
comunicación del Diputado A. F. Costa, por la que se excusa de asistir a la dis- 
cusión de la ley para la que había sido designado miembro informante, solicitando 
se designe a otro en su lugar. Se suscita un debate sobre el punto, en cuya opor- 
tunidad Rodó expresa: 

SEÑOR RODO. — En el Reglamento actual no existe, efectivamente, nin- 
guna disposición que se relacione directamente con el caso ocurrente. 

En el proyecto del Reglamento que está a estudio de la Comisión res- 
pectiva, se establece la disposición de que la Comisión puede sustituir a su 
miembro informante por excusación espontánea de éste; pero no existiendo 
una disposición concreta sobre el caso en el Reglamento vigente, creo que la 
Cámara debe resolver este caso de inmediato. 

Desde luego no me parece oportuno ni conveniente abordar la discusión 
de un asunto sin que haya miembro informante. Postergar su consideración, 
por excusación del miembro informante o porque la Cámara no acepte los 
motivos de la excusación, no me parece procedente. 

Me parece, pues, que lo que correspondería en este caso, sería que la 
Cámara solicitase de la Comisión respectiva la designación de un nuevo miem- 
bro informante. 


SEÑOR PRESIDENTE. — ¿Hace moción el diputado señor Rodó? 
SEÑOR RODO. — Hago moción en este sentido, señor Presidente. 
(Apoyados) 

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿Quiere dictar su moción el señor diputado? 

SEÑOR RODO. — “Para que la Comisión de Legislación designe un miem- 
bro informante en el asunto que está a la consideración de la Cámara”. 

251 



1904 


SEÑOR FIORITO. — Yo creo que bastaría que alguno de los miembros 
de la Comisión dijese que está habilitado para informar a la Cámara, y entrar 
de inmediato al estudio del asunto. Ruego a alguno de los miembros presen- 
tes que diga si están habilitados o no todos y cada uno de los miembros de 
la Comisión para informar. 

SEÑOR RODO. — Es disposición reglamentaria que haya un miembro 
informante. 

SEÑOR FIORITO. — Pero la Cámara puede resolver. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar 
la moción del diputado señor Rodó. 

Léase. 

(Se lee) 

Los señores por la afirmativa, en pie. 

(Afirmativa) 

Los miembros presentes de la Comisión de Legislación deben indicar 
quien es el miembro informante que reemplaza al doctor Costa, cumpliendo 
lo resuelto por la H. Cámara. 

Si la Comisión necesita un breve cuarto intermedio para deliberar sobre 
la consulta. . . 

SEÑOR RIESTRA. — No sé si la Comisión de Legislación está en ma- 
yoría, porque el doctor Guillot. . . 

SEÑOR PRESIDENTE. — El doctor Guillot está en antesalas en este 
momento. 

SEÑOR RODRIGUEZ (don G. L. ). — Yo creo que la Cámara debe apro- 
bar sin más trámite la discusión de este asunto. 

«f 

( Apoyados ) 


252 



1904 


Hay cuatro miembros de la Comisión de Legislación, y durante el de- 
bate, si se hacen observaciones, cualquiera de ellos podrá responder, 

(Apoyados) 

aparte de que se encuentra en Sala el señor Ministro, que es el autor del pro- 
yecto y que puede perfectamente responder a cualquiera de las objeciones que 
formulen los señores diputados. 

(Apoyados) 

SEÑOR RODO. — Pero hay una Resolución de la Cámara invitando a la 
Comisión de Legislación a que nombre un miembro informante. 

SEÑOR MILANS. — Pues que lo designe. 

SEÑOR RIESTRA. — El doctor Varela ha sido designado miembro in- 
formante. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Se hace saber a la Cámara que la Comisión 
de Legislación ha designado como miembro informante al doctor Varela. 

(D.S.C.RR. T. 178. Págs. 276-277) 

Más adelante, al debatirse el proyecto, se discute sobre la forma de conside- 
rarlo. El Diputado Areco propone que se dé el punto por suficientemente discu- 
tido y se vote artículo por artículo. Rodó propone: 

SEÑOR RODO. — Me parece que habría un procedimiento que podría 
facilitar mucho esta discusión, y es que la Cámara pasara a Comisión General 
para considerar este asunto. 

En Comisión General, como es sabido, hay mucha mayor facilidad para 
armonizar ideas, y una vez reanudada la sesión, cada uno de nosotros podría 
venir con ideas hechas respecto de los diferentes puntos que abarca el conte- 
nido del proyecto. 

Hago moción en ese sentido. 

(Apoyados) 


253 



1904 


SEÑOR ARECO. — Yo formulé otra moción anteriormente que, si no he 
oído mal, ha sido apoyada y deseo que se ponga en discusión y se vote. 


SEÑOR RODO. — Creo que mi moción ha sido apoyada también. 


SEÑOR ARECO. — No es excluyente una de otra. 


(D.S.C.RR. T. 178. Pág. 280) 

Se vota afirmativamente la moción de Areco. Luego de ser discutido en va- 
rias sesiones, el proyecto se aprueba en la reunión del 16/12/904. En el Senado 
es aprobado el 11/10/905, con modificaciones. Vuelve a la Cámara de Representan- 
tes, donde es sancionado el 12/5/906. Es la Ley N 9 3028 de 21/5/906. 


254 



1904 


i. 

49) REFORMA DE LA CONSTITUCION. 

De conformidad con el procedimiento de reforma de la Constitución previsto 
en la Carta de 1830 — que una Legislatura declarara la necesidad de la reforma, 
que otra proyectara las reformas y que una tercera la discutiera y sancionara- ’ 
el Poder Ejecutivo, con fecha 23/11/904, envía al Parlamento mensaje y proyec- 
to de ley sobre Reforma de la Constitución, que es informado por la Comisión 
de Asuntos Constitucionales e Internacionales, con la firma de Rodó, el 13/12/904: 

Ministerio de Gobierno. 


PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Representantes, etc., etc., 

DECRETAN: 

Artículo 1° — Los senadores y diputados que deben ser elegidos en enero 
de 1905 vendrán autorizados con poderes especiales para tomar en considera- 
ción nuevamente el proyecto de reformas a los artículos 152 a 158 de la Cons- 
titución de la República formulado por la XVII Legislatura con fecha 13 de 
julio de 1893. 

Art. 29 — A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, en las 
papeletas de votación correspondientes a dichas elecciones se hará expresa 
mención de los poderes especiales conferidos a los senadores y diputados elec- 
tos. Las papeletas en que se omita esta circunstancia serán nulas y no se to- 
marán en consideración al practicarse el escrutinio, en el cual se hará también 
mención expresa de aquellos poderes especiales. 

Art. 3*? — Comuniqúese, etc. 

Montevideo, noviembre 23 de 1904. 


CLAUDIO WILLIMAN. 


255 



1904 


Comisión de Asuntos Constitucionales e Internacionales. 

H. Cámara de Representantes: 

Vuestra Comisión os aconseja la sanción del proyecto del P. E. tal como 
ha sido remitido por éste. 


I 

Después de largos y animados debates en que todos y cada uno de sus 
miembros expusieron tan ampliamente como lo reclamaba la importancia del 
asunto, sus vistas sobre él, se hizo la convicción en la casi totalidad de ellos, 
que este proyecto es de sanción necesaria y está perfectamente ajustado a las 
prescripciones constitucionales que rigen la materia, por más restrictivo que 
sea el criterio con que se las encare, siendo por ello perfectamente justo, legal 
y oportuno. 

Es de sanción necesaria, desde luego, porque son uniformes las opiniones 
de todos los hombres ilustrados y de gobierno desde el año 54 en que don 
Joaquín Suárez inició en el Cuerpo Legislativo esa reforma, hasta el pacto de 
]Daz que felizmente acaba de terminar con la revolución que asolaba a la Reí 
pública; sobre la necesidad imperiosa de hacer sufrir a nuestro código funda- 
mental todas las modificaciones y reformas que se han hecho imprescindibles 
por los grandes progresos políticos y económicos que naturalmente ha realiza- 
do la República en 80 años de vida independiente; por las alteraciones que el 
tiempo y la civilización han introducido en su organismo social, y especial- 
mente por haberse elevado la población a más del décuplo desde la fecha en 
que fue jurada la Constitución que nos rige, creando nuevas necesidades po- 
líticas que urge satisfacer. 

Estas opiniones, compartidas por todos, cualquiera que fuera la diversi- 
dad de su criterio político, evidencian que la reforma se hace ineludible, si es 
que quiere la República marchar hacia adelante, porque es absolutamente 
imposible tal concordancia de ideas, sin existir verdaderas razones que las fun- 
den y estimulen. 

Ya lo decía con verdadero acierto el doctor Melián Lafinur en 1892 ocu- 
pándose de este mismo asunto en la Cámara de Representantes de que forma- 
ba parte: 


256 



1904 


“La historia de todos los Mensajes Presidenciales, haciendo el inventario 
“ de todas las dificultades y de todas las luchas para obtener la buena armonía 
“de los Poderes, las dificultades para el desarrollo de la riqueza, todo esto 
“esboza más o menos la impracticabilidad de una Constitución que no ha 
“marchado al unísono con las necesidades de la época” 

El doctor don Manuel Herrera y Obes, uno de nuestros hombres de Estado 
más distinguidos, y contemporáneo casi de los constituyentes, evidenciaba la 
necesidad de la revisión en estos términos: 

“Los constituyentes que habían presenciado y aún sufrido las dolorosas 
“consecuencias del despotismo opresor de nuestros caudillos revolucionarios, 
“ después de haber pasado por el de los virreyes y gobernadores españoles, cre- 
yeron que se garantían contra ellos tomando y estatuyendo en el Código 
“fundamental lo mejor que vieron en otras Constituciones. Para nada tomaron 
“en cuenta nuestra diminuta población (todo el país sólo contaba entonces 
“con 74.000 habitantes), sus tradiciones históricas, ni las ideas, hábitos y cos- 
“ tumbres que habían quedado como incrustadas en los pueblos . . . Esa falta 
“de criterio político en nuestros constituyentes, no sólo obstó a que sus pa- 
“trióticos fines se realizaran, sino que, desprestigiando la verdad y autoridad 
“de las doctrinas democráticas en que basaban sus preceptos constitucionales, 
“le quitaron todo su poder moral”. 

Y mucho antes, el señor doctor Bernardo Berro desde la primera magis- 
tratura del país y cuando su Gobierno se desarrollaba en plena paz y sin 
temores de alteración pública, se dirigía a la Asamblea diciéndole con toda 
franqueza: “La Constitución de la República contiene disposiciones que la 
“experiencia de los años transcurridos desde que fue puesta en vigor, ha 
“mostrado ser muy inconveniente. Contiene también otras que esa misma 
“ experiencia ha hecho ver que son impracticables. 

“Para evitar lo primero, y suplir lo segundo, se ha hecho lo que la Cons- 
“titución prohibe y no se ha practicado lo que ella manda; es decir, se ha 
“creído encontrar en su violación un bien y un deber, y en su observancia 
“un mal y una culpa. 

“Excuso demostrar el desorden moral, el extravío de ideas que esto ha 
“ de producir y sus funestas consecuencias. 

“ Me limito, por lo tanto, a proponer a vuesta honesta e ilustrada consi- 
deración la siguiente cuestión: 

“¿Qué es mejor? Violar la Constitución para evitar el mal que de obser- 
“ varia viene, o corregirla para suprimir ese mal y esa violación?” 


257 



1904 


Téngase en cuenta que esta opinión no sólo está abonada por los ante- 
cedentes de quien la emitía, sino también por la posición oficial que ocupaba 
y que forzosamente lo colocaba en inmejorables condiciones para poder apre- 
ciar todas las bondades y defectos del código a que debía ajustar sus actos 
de gobernante. 

Y esto se decía, H. Cámara, hace casi un tercio de siglo, y se decía con 
el consentimiento unánime de todos, y sin embargo, la Constitución no ha 
sido reformada todavía! 

¿Será acaso porque las nuevas generaciones no comparten las opiniones 
de los prohombres del 54 y del 63? 

No! Desde entonces a la fecha, como lo decimos al principio de este 
informe, la opinión de los hombres ilustrados en su inmensa mayoría, así como 
los elementos dirigentes de los partidos han concordado en las mismas ideas 
de reforma. Habrá sus diferencias de detalle en cuanto a los puntos que debe 
abarcar la reforma, pero es unánime en cuanto a que la reforma debe abordarse. 

En la Asamblea del 73 fue largamente discutido el punto, discusión que 
continuó en algunas de las sucesivas, hasta que en la décimaséptima y déci- 
maoctava legislatura, se discutió y quedó pronto para sancionarse el proyecto 
del doctor Antonio Rodríguez, limitando la reforma de inmediato a los 
artículos 152 a 158 de la Constitución. 

Están frescos todavía los debates habidos en el Ateneo, el año pasado, 
sobre esta misma materia en que tomaron parte nuestros más distinguidos abo- 
gados y políticos, y en ellos quedó evidenciado, como todos sabemos, no sólo 
la necesidad de la reforma sino también la de que ésta debiera abordarse 
cuanto antes. 

Y por último, H. Cámara, debemos recordar la manifestación colectiva 
que sobre este mismo anhelo de reforma constitucional hizo el ejército revo- 
lucionario que acaba de deponer las armas en las bases de paz que propuso 
por su parte en Aceguá, según resulta de la publicación aparecida en “La 
Democracia”, órgano de la mayoría del Partido Nacional, cuyas tendencias 
representaba aquella revolución, y en la que aparece expresada la base pri- 
mera en estos términos: 

Base 1 $ — La reforma de la Constitución del Estado se impone. El có- 
digo político que rige nuestras actividades de pueblo libre es el mismo, sin 
variación, sancionado cuando surgíamos a la vida de las naciones, en circuns- 
tancias de verdadera incertidumbre. 


258 



1904 


“Desde 1830 mucho se han ampliado los horizontes del país, surgiendo 
necesidades institucionales que no pudieron existir en la edad primera, cuan- 
do carecíamos de muchos atributos políticos. Con población diez veces más 
densa, con la propiedad ya muy subdividida y, sobre todo, con la experiencia 
práctica de ochenta años de independencia, estamos en condición de intentar 
el perfeccionamiento de nuestra organización interna. En la actualidad nues- 
tra carta fundamental no está en consecuencia con todas las buenas ideas de 
la época nueva; y por eso, ella, que en tiempos de desastre cívico fue escudo 
contra las grandes subversiones, ofrece, al presente, estorbo al desarrollo tran- 
quilo de las energías comunes. Su reforma se ha intentado varias veces, pero 
son tan severos los requisitos exigidos para alcanzarla, que nada definitivo ha 
podido hacerse en ese sentido, a pesar de que todos los hombres ilustrados 
reconocen la capital urgencia de esa renovación. Comprobada esa unanimidad 
de opiniones y habiendo ya una Asamblea declarado la conveniencia de la 
reforma, nada más lógico que decretarla en esta oportunidad memorable”. 

Y esto es precisamente, H. Cámara, lo que el P. E. os propone en el 
proyecto a estudio. El P. E. cumple, como lo dice en su Mensaje, el com- 
promiso de honor solemnemente contraído con los revolucionarios, es decir, 
con los representantes de una de las fracciones políticas más numerosa en que 
se divide la opinión del país. 

Es claro que al aceptar el P. E. esa base de paz juzgó que era necesaria 
la reforma. No podía decretarla por sí mismo, y por eso fue que se obligó 
a someterla a la consideración del Cuerpo Legislativo, expresando claramente 
que éste quedaría en absoluta libertad de aceptarla o rechazarla. 

Vuestra Comisión cree que debéis prestarle vuestra aprobación desde que 
la necesidad de la reforma no se discute siquiera. 

Se dirá que esto es una paradoja, pues que hace tantos años que se insis- 
te en la reforma, y todavía ésta no se ha realizado; pero hay que tener en 
cuenta que la principal alegación que se ha hecho en forma válida contra la 
reforma, es aquella de que una modificación constitucional podía dar base a 
algunos de nuestros partidos todavía inorgánicos, para levantar como bandera 
de guerra la Constitución vieja, y esta razón, hija tan sólo de prejuicios hoy 
anacrónicos, no puede tener valor alguno en el momento histórico porque 
atraviesa la República, desde que acaba de terminarse con una revolución po- 
derosa, y al deponer las armas ambos combatientes han establecido, según 
queda dicho, la necesidad de esa reforma, como uno de los medios esenciales 
para afianzar la paz y la prosperidad de la Nación. 


259 



1904 


II 

Demostrada la necesidad de la reforma, los que la impugnan en la actua- 
lidad no se basan en razones de fondo sino de mera forma, reduciendo sus 
argumentos a dos principales, que pasamos a analizar. 

Primera cuestión: 

Si es constitucional o no volver a discutir el proyecto formulado por la 
XVII Legislatura en 13 de julio de 1893, desde que ese proyecto no fue san- 
cionado por el H. Senado de la XVIII Legislatura, que debía aprobarlo. 

Vuestra Comisión ha resuelto esta cuestión por la afirmativa. Cree que 
no es necesario que para llegar a la reforma constitucional se haga preciso 
prescindir de los trabajos realizados al respecto por las legislaturas anteriores, 
a mérito de que éstas han de ser sucesivas y que es necesario volver a aplicar 
con todo rigorismo las prescripciones contenidas en los artículos 153 y siguien- 
tes de la Constitución, y por consiguiente, que lo más que puede hacer esta 
legislatura es decretar la necesidad de la reforma, para que la nueva legisla- 
tura proponga las reformas, y la siguiente las discuta y sancione. 

Autorizadas opiniones se han expresado en el sentido en que la Comisión 
resuelve este punto. Bastará para nuestro objeto el recordaros la del doctor 
don Alfredo Vásquez Acevedo, autoridad indiscutible en la materia, quien pre- 
sentando un proyecto análogo al del Ejecutivo, lo fundaba en la sesión del 
Senado de 15 de abril de 1903 en los siguientes términos: 

“En el año 1888, las Cámaras entonces existentes, declararon que era de 
interés nacional la reforma de la Constitución de la República. La Asamblea 
Legislativa siguiente, munida de poderes especiales, de acuerdo con los pre- 
ceptos constitucionales, se ocupó del trascendental asunto, señalando las mo- 
dificaciones que a su juicio debían introducirse en la carta fundamental. 

“Con arreglo a lo prescripto en el artículo 158 de ésta, esas modificaciones 
(que son las que formuló la XVII Legislatura con fecha 13 de julio de 1893) 
debían ser sometidas a la aprobación de una Asamblea. Así se hizo, pero esa 
Asamblea, por consideraciones de momento, creyó conveniente aplazar la re- 
forma de la Constitución. ¿Debe entenderse después de esta declaración, que 
no es posible alterar la carta fundamental, sin empezar de nuevo la tramita- 
ción lenta que ella establece en sus artículos 152 a 158? 

“No lo creo. La reforma constitucional ha sido ya decretada y aun ini- 
ciada en debida forma en las legislaturas XVI y XVII, además de haber sido 
reconocida como indispensable y urgente por los Gobiernos, por los partidos 


260 



1904 


y por el país entero. El objeto de la Constitución, al establecer trámites lentos 
para su reforma, fue impedir que ésta se hiciera con precipitación, obedecien- 
do a intereses transitorios y no a los intereses permanentes y bien entendidos 
del país y de la sociedad. La idea de la reforma constitucional ha sido estu- 
diada y discutida con toda calma, en un largo intervalo de tiempo, con des- 
preocupación completa de cálculos y de conveniencias accidentales, y la opi- 
nión se halla perfectamente preparada para abordarla con entera independen- 
cia y con seguridad de acierto. No habría razón alguna para dejar pasar siete 
u ocho años más a la espera de la ansiada reforma”. 

Y a mayor abundamiento, debemos recordaros también que la teoría que 
sostenemos está abonada por resoluciones adoptadas en países de análoga le- 
gislación que la nuestra, como vamos a verlo. 

Los precedentes de la República de Chile, ocurridos durante la vigencia 
de su Constitución de 1833, que reprodujo como formalidades previas a la 
reforma, la de su Constitución anterior de 1828, análogas, repetimos, a las 
que señala la nuestra, sin más diferencia que en aquellas Constituciones, la 
Asamblea que declara de interés nacional la reforma, la proyecta al mismo 
tiempo y la de corresponder exclusivamente al Senado la iniciativa de toda 
reforma constitucional, los recuerda el constitucionalista chileno don Jorge 
Huneeus en los siguientes términos: 

“yEs derogable la ley de reformabilidad de uno o más artículos de la 
Constitución? Nos parece que no podría serlo por el Congreso que la dictó 
sino obedeciendo a las mismas reglas a que se sujetó su formación, lo que 
aparte de ser muy improbable no sería fácil conseguir. Pero si el Congreso 
reformador no quisiera efectuar la reforma, bastaría que el Senado, donde ésta 
debe tener principio, se negara, por simple mayoría, a aceptar toda reforma 
en el artículo o artículos declarados reformables, para que la ley de reforma- 
bilidad quedara sin efecto por el momento. Y decimos por el momento, por- 
que según se ha resuelto prácticamente con las disposiciones declaradas refor- 
mables por la Ley de 28 de agosto de 1867 cuya reforma se llevó a efecto 
por el Congreso de 1873, y no por el de 1870, la reforma podría hacerse por 
cualquier Congreso futuro si no la hiciere el inmediatamente posterior a aquel, 
que la declaró necesaria. 

Con esto bastaría y sobraría para apoyar nuestra tesis, pero es el caso 
que nuestra propia Constitución la resuelve casi explícitamente en los mismos 
términos. No es necesario que sean sucesivas las Asambleas que pueden ocu- 


261 



1904 


parse de la reforma. Lo único que se exige es que sus miembros tengan po- 
deres especiales para reanudar su discusión. 

El artículo 154 refiriéndose al 153 que habla de la iniciativa de la re- 
forma establece claramente que si es desechada la moción “no podrá ser re- 
novada hasta el siguiente período de la misma legislatura”. 

Y el artículo 158, hablando de la legislatura que debe discutir y sancionar 
las reformas, dice que debe ajustar sus procedimientos a las reglas estableci- 
das en la sección sexta. 

Ahora bien, como lo dice el P. E. en su Mensaje, la sección sexta de la 
Constitución es la que fija las reglas que deben observarse en la discusión y 
sanción de las leyes, y en ella se establece (art. 67), que cuando un proyecto 
sea desechado al principio por la Cámara a quien la otra se lo remita, quedará 
suprimido por entonces y no podrá ser presentado hasta el siguiente período 
de la legislatura. 

Es claro, pues, que si puede renovarse la discusión del asunto desechado 
en un período, también puede renovarse en otra legislatura, requiriéndoáq 
únicamente en el caso por su especialidad, poderes suficientes en los mienn 
bros de la legislatura que va a renovar el estudio del proyecto no desechado 
antes, sino simplemente aplazado. Eso es lo que esta Asamblea va a hacer. 

Esto que pasa en la discusión general de las leyes es aplicable a la re- 
forma constitucional, por disposición expresa de los artículos 67 y 158 de la 
Constitución. 

Por otra parte, el peligro que quiere verse en este procedimiento es más 
fantástico que real, puesto que si llega a sancionarse el proyecto del Ejecutivo, 
como lo esperamos, en realidad la reforma de la Constitución, aun tomando 
como base el proyecto del doctor Rodríguez, apoyado por la XVII Legislatura, 
no llegaría a realizarse nunca sino después de haber intervenido en él tres 
Asambleas sucesivas. Esta, que decretaría la reforma; la siguiente, que san- 
cionaría aquel proyecto; y por último, la Asamblea Constituyente, que lo dis- 
cutiría y sancionaría en definitiva; Asamblea compuesta de tal manera, que 
garanta la independencia de sus actos y la seriedad de sus decisiones. 

Y aun hay más todavía: si aquel proyecto se sancionase por la Asamblea 
futura, la Constituyente no podría instalarse sino después que la mayoría de 
los ciudadanos hábiles de la República hubieran concurrido con su voto a la 
urna para elegir sus miembros, ratificando así las decisiones de la Asamblea 
Legislativa y expresando en forma indudable que el pueblo, que es el sobe- 


262 



1904 


rano, quiere la reforma y quiere también que ésta se haga por una Asamblea 
Constituyente. ¿Pueden pretenderse mayores garantías? 

Segunda cuestión: Si esta Asamblea, y en sesiones extraordinarias, puede 
ocuparse del proyecto del P. E., o mejor dicho si este Poder puede tomar la 
iniciativa en esta clase de asuntos. 

Vuestra Comisión cree que sí, porque es un principio inconcuso de de- 
recho, que las restricciones tienen que ser de interpretación estricta, y en todo 
nuestro código fundamental no existe una sola disposición que prohíba al P. E. 
tomar iniciativa en estas cuestiones. Por el contrario, se le faculta para que 
tome esa iniciativa en todas clases de leyes y para determinar cuales son los 
asuntos que deben ocupar la atención de la Asamblea durante su receso (ar- 
tículos 42 y 81 de la Constitución). 

Sostener lo contrario nos llevaría al absurdo siguiente. Dado el caso de 
que al finalizar el último período ordinario de una legislatura se hiciera en 
una de las Cámaras la moción que prescribe el artículo 153 y fuera apoyada 
suficientemente, pero sin tiempo para que la otra rama legislativa la consi- 
derase y la apoyase a su vez, resultaría que si carecía de facultades el Ejecu- 
tivo para tomar iniciativa al respecto, no podría incluirlo entre los que mo- 
tivaran la convocación de la Asamblea a sesiones extraordinarias, y todo el 
trabajo realizado quedaría perdido y demorado por más de tres años. Repe- 
timos que esto es tan absurdo que evidencia por sí solo la inconsistencia del 
argumento contrario. 

Es claro que la Asamblea no puede en estos momentos tomar la iniciati- 
va porque el artículo 42 se lo prohíbe; pero una vez incluido ese asunto por 
el Ejecutivo entre los que motivaron su convocación, puede legítimamente san- 
cionar el proyecto que motiva este informe. Además debe tenerse presente 
que esta cuestión ya fue debatida en Cámaras anteriores y fue resuelta de 
acuerdo con la tesis de la Comisión. 


III 

Aunque un poco extemporáneo, en el interés de calmar algún escrúpulo 
exagerado que quisiera ver en la sanción del proyecto que os aconsejamos, una 
fórmula que obligaría a la Asamblea venidera a sancionar el proyecto del doc- 
tor Rodríguez, sin que pudiera introducirle modificación alguna, bueno es re- 
cordar que aquella Asamblea, con arreglo al artículo 158, podrá discutirlo y 


263 



1904 


sancionarlo, admitiéndolo o rechazándolo en todo o en parte, bajo las reglas 
establecidas para la discusión de las leyes generales. 


IV 

Para terminar, desea la Comisión que fijéis vuestra atención sobre la si- 
guiente cuestión: 

El proyecto del Ejecutivo no trastorna en absoluto el plan establecido por 
los constituyentes para realizar la reforma de la Constitución, puesto que el 
procedimiento de las Asambleas XVI y XVII fue perfectamente ajustado a las 
prescripciones de los artículos 153, 154, 155 y 156 de la Constitución, habiendo 
la última procedido con arreglo al 157; de modo que la Asamblea venidera 
al discutir el proyecto lo hará de acuerdo con el artículo 158. 

Como se ve, la Constitución se cumple estrictamente, con la única salve- 
dad de que las Asambleas no son en el caso sucesivas. Y esto mismo, como 
queda demostrado en párrafos anteriores, puede válidamente hacerse dentro 
de nuestro sistema constitucional. 

En realidad se trata de la reforma del procedimiento para la reforma, y 
esto puede hacerse desde que todos y cada uno de los artículos de la Cons- 
titución pueden ser reformados. 


V 

Vuestra Comisión deja fundada en estos términos, que si se desea podrá 
ampliar en el momento del debate, su opinión favorable a la sanción del pro- 
yecto del Ejecutivo que os aconseja. 

Despacho de la Comisión, diciembre 13 de 1904. 

Carlos de Castro — Ricardo J. Areco — Eduardo Vargas — Benito M. 
Cuñarro — José E. Rodó — Agustín Ferrando y Olaondo — Manuel 
E. Tiscornia (discorde). 

(D.S.C.RR. T. 179. Págs. 47-51) 


264 



1904 


Iniciada la discusión del informe, el Diputado Tiscornia, en extenso discurso, 
manifiesta su opinión discorde con el dictamen, por entender que es inconstitucio- 
nal, ya que esa Asamblea no es la primera, puesto que no se delibera sobre la 
necesidad de la reforma, ni la segunda porque no se determinan las reformas, ni 
la tercera porque no se las discute y sanciona. Vázquez Ledesma se pronuncia a 
favor del proyecto, finalizando la sesión mientras hace uso de la palabra (VER 
Nos. 50, 51, 52). 


265 




1904 


M. 

50) REFORMA DE LA CONSTITUCION. 

En la 36* Sesión Extraordinaria del 21/12/904, continúa la discusión sobre la 
Reforma Constitucional (VER N 9 49). Finaliza su exposición Vázquez Ledesma. 
Luego habla Areco a favor del proyecto. Vargas, también a favor, expresa: 

SEÑOR VARGAS. — - Señor Presidente: aun cuando mi opinión sobre el 
punto en debate está manifestada bien claramente en el informe de la Comi- 
sión de Asuntos Constitucionales de que formo parte, y que he suscrito, quiero 
ampliarla con algunas breves consideraciones. 

Empezaré por manifestar que en el seno de la Comisión se han emitido 
opiniones radicales — creo que la del señor Rodó, la del miembro informante 
y la mía, — respecto a que, para reformar la Constitución, no precisábamos 
sometemos a trabas de ninguna especie. . . 

SEÑOR RODO. — Apoyado. 

(D.S.C.RR. T. 179. Pág. 95) 

Continuando su exposición, dice Vargas más adelante: 

Podría citar, señor Presidente, en este momento, centenares de hombres 
ilustrados capaces de abordar de inmediato la reforma de la Constitución: co- 
mo entre otros los doctores Alfredo Vásquez Acevedo, Herrero y Espinosa, 
Antonio María Rodríguez, José P. Espalter, Gonzalo y José P. Ramírez, Juan 
Carlos Blanco, Carlos M. de Pena, José Rodó, Juan P. Castro, ciudadanos to- 
dos que ocuparían dignamente un puesto en la Convención, otros que aun 
cuando han fallecido, como el doctor Aréchaga, Francisco Bauzá, Carlos M. 
Ramírez, han dejado huella luminosa en el Parlamento, en la prensa, en libros 
y folletos, que utilizarían los constituyentes para la reforma constitucional. 

SEÑOR RODO. — Que forman un conjunto de opinión más valioso que 
el que formaban los constituyentes. 

(D.S.C.RR. T. 179. Pág. 97) 

El tema continúa en las sesiones posteriores (VER Nos. 51, 52). 


267 




1904 


M. 

51) REFORMA DE LA CONSTITUCION. 

En la 38* Sesión Extraordinaria del 23/12/904, continúa la discusión sobre el 
tema de la Reforma (VER Nos. 49, 50). Figari apoya la revisión constitucional. 
A continuación, Rodó expresa: 

SEÑOR RODO. — Señor Presidente: a pesar de la vigorosa defensa que 
hicieron del informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la sesión 
de anteayer los señores diputados por Treinta y Tres y por Tacuarembó, y de 
la que ha hecho en la sesión de hoy el señor diputado por Minas, no resisto 
al deseo de intervenir en este debate. Por regla general, creo en la convenien- 
cia de que la discusión parlamentaria se contenga dentro de breves límites, 
pero en casos excepcionales, la magnitud de la cuestión que se dilucida, puede, 
como en el caso presente, reclamar la más amplia discusión y el más prolijo 
y detenido análisis. 

SEÑOR FIORITO. — Apoyado. 

SEÑOR RODO. — Me propongo principalmente tomar en consideración 
el extenso y elocuente discurso que el señor diputado por Río Negro pronunció 
en una de las sesiones anteriores impugnando el informe de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales. 

Su discurso puede dividirse en dos partes, según la índole de los argu- 
mentos que se hacen valer en él. En la primera, se propende a demostrar la 
inconstitucionalidad de los procedimientos propuestos para la reforma consti- 
tucional; y en la segunda parte se impugna la conveniencia y la oportunidad 
de la reforma en sí misma. 

Respecto del primer punto, considero, como la mayoría de la Comisión 
de que formo parte, que cabe una interpretación de los artículos constitu- 
cionales relativos a la reforma que legitime el procedimiento que consagra 
el proyecto; y esto sin violencia alguna, sin desnaturalizar el espíritu de esos 
artículos. Pero no tengo inconveniente en agregar que me interesa relativa- 
mente poco esta faz de la discusión; le concedo una importancia muy rela- 
tiva y subalterna. Yo planteo y encaro la cuestión del punto de vista de los 


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1904 


altos intereses públicos, de la alta conveniencia nacional que puede haber 
en la reforma, y de la posibilidad de verificarla con acierto; y creo que si se 
demuestra que la reforma es conveniente, que la reforma es oportuna y que 
responde a una aspiración nacional, y que hay medios de llevarla felizmente 
a término, detenerse ante la inconstitucionalidad por lo menos dudosa del 
procedimiento, es verdaderamente un temor supersticioso, 

(Apoyados) 

siendo infinitamente discutible que los hombres en quienes delegó el ejerci- 
cio de su soberanía una generación remota, aunque haya sido la generación 
fundadora de la nacionalidad, hayan podido amarrar a su voluntad y su cri- 
terio el criterio y la voluntad de las generaciones sucesivas, en cuanto a la 
forma de resolver en cualquier instante de sus propios destinos, y modificar, 
con arreglo a necesidades nuevas, que pueden ser perentorias, sus institucio- 
nes fundamentales. 

( ¡Muy bien!) 

Participo, como el que más, del respeto histórico que se debe a la obra 
de los constituyentes del año 30; pero ese respeto no asume en mi espíritu 
el carácter de una idolatría literal. 

“La Constitución — decía con acierto el diputado señor Vargas — no es 
un. fetiche. La Constitución no es un ídolo pagano. Merece culto sólo en 
cuanto concreta y consagra los deberes y los derechos de todos; pero si las 
necesidades de los tiempos y los progresos del espíritu público traen la po- 
sibilidad de una forma mejor como expresión de esos deberes y de esos de- 
rechos, esta forma nueva será la digna de veneración, porque en ella estará 
el espíritu y estará la vida, 

(Apoyados) 

V la forma vieja será sólo letra muerta, venerable también — no lo dudo — 
pero del modo como lo son las reliquias que se llevan a los museos o las 
armas que se guardan como recuerdos gloriosos, cuando no sirven para esgri- 
mirlas en las luchas del presente. 

(¡Muy bien!) 


270 



1904 


¿Es necesaria, es conveniente, es oportuna la reforma de la Constitución? 

Desde luego, señor Presidente, hay algo que demuestra que el sentimien- 
to público ha reconocido la necesidad, la conveniencia y la oportunidad de 
esa reforma. 

En el transcurso de la última revolución, cuando el espíritu dei pueblo 
se afanaba por encontrar el medio con que propender a recobrar el bien 
inmenso de la paz, surgió una fórmula que proponía como base donde afian- 
zar la paz del país, la reforma constitucional; y no creo equivocarme si afir- 
mo que esa fórmula fue la que despertó mayor interés y la que merecía mayor 
atención, porque reconoció en ella el carácter radical que estaba destinada 
a hacerla eficaz. Y cuando de parte de la revolución llegó el momento de 
proponer bases de paz al P. E., en esas bases surgió espontáneamente la de 
la reforma constitucional, como expresión de aspiraciones inequívocas de la 
masa revolucionaria. 

Y esta coincidencia, señor Presidente, tiene una explicación bien fácil. 
Hay un hecho que surge, claro y evidente, de la dolorosísima experiencia de 
los últimos años, y es la absoluta ineficacia de los pactos artificiosos y sub- 
versivos que menoscaban la legítima autoridad de los Poderes Públicos, la 
absoluta ineficacia de estos pactos para garantir al país una paz estable y 
fecunda. Nadie lo duda ya: nadie hay que abogue por la resurrección de 
esos pactos. Fracasado, pues, este medio de paz, hay interés nacional en bus- 
car garantías sólidas para la evolución pacífica de nuestra vida política, y 
en buscarlas, no como antes, por la adulteración o por la suspensión del ré- 
gimen institucional, sino por el contrario, mediante el leal cumplimiento de 
instituciones capaces de asegurar, en lo posible, el bien de la paz. 

Se dice, señor Presidente, que el estado permanente de guerra en que 
ha vivido el país, y las dificultades con que ha luchado para consolidar su 
organización política, no se debe a las imperfecciones de su régimen consti- 
tucional, sino a la violación constante de ese régimen. Más exacto sería atri- 
buir a cada una de estas causas la eficiencia que en justicia le corresponda. 

Es cierto que la mayor proporción de influencia en los infortunios por- 
que ha atravesado el país ha de atribuirse a las violaciones de la Constitu- 
ción, al desorden de la anarquía, y al orden que reposa en la fuerza brutal 
del despotismo, pero no es menos cierto que los errores y la forzosa inexpe- 
riencia de los constituyentes contribuyen a explicar muchos de los fracasos 
y muchas de las calamidades de nuestra política. 


271 



1904 


Así lo reconocían, con la experiencia del poder, el doctor dan Manuel 
Herrera y Obes y don Bernardo Berro, que no pueden ser sospechados de 
ligereza ni de intemperancia innovadora. Y cabe afirmar más: cabe afirmar 
que no es justo que se exima a nuestros constituyentes de toda responsabili- 
dad en los antecedentes de las primeras guerras civiles que asolaron el país, 
y que depositaron el germen de los odios que luego fueron triste herencia de 
las generaciones orientales y se multiplicaron en calamitosa cosecha de gue- 
rras fratricidas. 

Como lo decía nuestro distinguido colega el doctor Areco, la obra de 
los constituyentes se verificó bajo el influjo de una constante prevención con- 
tra la influencia perturbadora del caudillaje; pero no tuvo ni pudo tener la 
experiencia política que le hubiera inspirado los medios de limitar eficaz- 
mente la influencia de los caudillos, atemperándola a las condiciones de la 
vida organizada. Los prohombres de la Asamblea Constituyente, obedeciendo 
a ese sentimiento de prevención y quizás impresionados por las turbulencias 
militares que habían dificultado sus primeras deliberaciones, votaron el pre- 
cepto constitucional que impidió a los miembros del ejército la entrada al 
Poder Legislativo. 

Contra la opinión del hombre más eminente, quizás, entre los que se 
sentaban en aquellas bancas, del que fue tal vez el primero de nuestros esta- 
distas, contra la opinión y la previsión clarovidente de don Santiago Vázquez, 
la Asamblea Constituyente sancionó esa exclusión insensata que apartó a los 
militares de la escuela cívica del Parlamento y que trazó la primera línea 
divisoria entre la fuerza moral de la opinión y la fuerza material de las armas, 
divorcio que debía ser una de las calamidades de nuestra turbulenta historia, 
porque dividió en campos opuestos y alejados por desconfianzas recíprocas, 
elementos que siempre debieron marchar unidos, vinculándose el derecho del 
ciudadano con la espada del soldado, y robusteciéndose con la eficacia del 
poder material las energías morales del espíritu público. 

Cuando la Asamblea Constituyente hubo sancionado la incapacidad de 
los militares para formar parte del Poder Legislativo, el elemento militar de 
la época, en el cual formaban el vencedor de Sarandí y el vencedor del Hin- 
cón, presentó a la Asamblea Constituyente una varonil y elocuente protesta 
que no se puede leer hoy sin admirar en sus cláusulas la intuición profética 
de que están poseídos. Se anticipa allí la filosofía de muchas de las cala- 
midades que sucedieron después. 


272 



1904 


Apreciando la significación de este memorable documento, uno de nues- 
tros primeros constitucionalistas, el ciudadano don Francisco Bauzá, decía en 
palabras que no puedo citar literalmente, pero que recuerdo en esencia: “Fue 
tan desacertada la resolución de la Asamblea Constituyente, negándose a 
atender aquella justa protesta, que yo me inclino a pensar que si el General 
Lavalleja hubiera pertenecido al Senado de la República cuando el Gobierno 
del General Rivera, y algunos de sus amigos militares hubieran sido diputa- 
dos, no estalla el movimiento militar de 1831, que abrió la calamitosa serie 
de nuestras revoluciones; y si el General Rivera hubiera sido senador bajo el 
Gobierno del General Oribe y algunos de sus amigos militares hubieran for- 
mado parte de la Cámara de Representantes, se hubiera evitado la guerra 
civil que comprometió al país en aquel dédalo de complicaciones interna- 
cionales”. 

No está, pues, exenta la obra de los constituyentes (y debemos decirlo 
sin mengua del respeto que les debemos), no está exenta de toda respon- 
sabilidad en las guerras civiles que impidieron la consolidación del orden 
institucional que ellos habían fundado. 

SEÑOR ARECO. — ¿Me permite, para una moción de orden? 

SEÑOR RODO. — Sí, señor. 

SEÑOR ARECO. — Mociono, señor Presidente, para que se prorrogue 
la sesión hasta que termine el diputado señor Rodó el discurso que está pro- 
nunciando. 

(Apoyados) 

SEÑOR PRESIDENTE. — Habiendo sido apoyada la moción del dipu- 
tado señor Areco se va a votar. 

Si se prorroga la sesión hasta que termine su discurso el diputado señor 
Rodó. 

Los señores por la afirmativa, en pie. 

(Afirmativa) 

Va a darse cuenta de varios asuntos entrados. 


273 



1904 


(Se lee lo siguiente): 

La Honorable Cámara de Senadores comunica haber sancionado el pro- 
yecto de decreto referente a pago de la impresión del tomo 3° del “Indice 
del Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Representantes”. 

Archívese. 

— La misma comunica la sanción del proyecto de ley de V. H., relativo 
a la construcción de edificios universitarios. 

Archívese. 

— La misma remite con sanción el proyecto de decreto sobre el presu- 
puesto de la Comisión de Cuentas del Poder Legislativo a regir en el co- 
rriente ejercicio. 

A la Comisión de Presupuesto. 

— La Comisión de Hacienda se expide en el proyecto del diputado señor 
Riestra, sobre arancel de costas. 

Repártase. 

Puede continuar el diputado señor Rodó. 

SEÑOR RODO. — El diputado señor Tiscomia manifestaba en su dis- 
curso la posibilidad de que, facilitando el camino a las reformas constitucio- 
les, se llegase un día hasta modificar la forma de Gobierno de la República. 

El argumento puede ser admisible como recurso dialéctico, pero no con- 
cibo que ningún espíritu desprevenido admita la realidad de peligro 
semejante. 

En lo fundamental, nuestro régimen de gobierno reposa sobre un sen- 
timiento tan connaturalizado con el espíritu de nuestro pueblo, como el pro- 
pio sentimiento de la nacionalidad; y me parece tan quimérico temer que ese 
régimen pueda ser vulnerado por ninguna generación de orientales, como 
sería quimérico temer que por el hecho de ser llamado el pueblo a revisar 


274 



1904 


sus instituciones, se diera ocasión a que abjurara del artículo constitucional 
que consagra su independencia y optase por ponerse de nuevo bajo el yugo 
de un poder extranjero. 

Otro argumento de que hacía caudal el señor diputado, consiste en afir- 
mar que según este procedimiento de reforma, el pueblo no conocería de 
antemano el género de modificaciones de que sería objeto su Constitución, 
puesto que una sola Asamblea, la nueva Constituyente, las propondría y las 
sancionaría. 

Eqta observación tiene sólo un valor aparente. La convocatoria de la 
nueva Asamblea Constituyente, o mejor la discusión del proyecto de reforma 
constitucional por la próxima legislatura, será, indudablemente, la señal de 
un activo movimiento de ideas en el país, movimiento de ideas que asumirá 
todas las formas de la propaganda y la discusión, en la prensa, en el pan- 
fleto, en la tribuna de los clubes, y que permitirá al pueblo orientarse y de- 
finir su criterio en todo lo que atañe a la reforma constitucional; de modo 
que serán llevados a la Asamblea Constituyente aquellos que conocidamente 
interpreten el sentimiento del pueblo en lo relativo a las cuestiones funda- 
mentales. 

Añadía el señor diputado, que aún cuando las primeras intelectualidades 
del país formaran parte de la Asamblea Constituyente, la Constitución que 
de ella surgiera no sería sino obra de esa Asamblea de hombres de pensa- 
miento; pero no la obra del pueblo. Declaro que no acierto con el signifi- 
cado que pueda tener esta observación, señor Presidente. La nueva Cons- 
titución sería obra del pueblo, por intermedio de los constituyentes en que 
él delegaría al efecto el ejercicio de su soberanía. No es otro el origen de las 
leyes en el régimen representativo, no es otro el origen de la Constitución 
actual. 

El pueblo daría la norma, las ideas fundamentales, al designar a sus 
constituyentes, puesto que se atendría, para elegirlos, a la filiación de ideas 
de cada uno; y lo demás, lo que viene después de eso, es propio del legisla- 
dor, del hombre apto para legislar y para organizar los pueblos. 

Pero, ni aún se manifestó seguro el señor diputado por Río Negro de 
que la composición de la Asamblea Constituyente estuviera, por su calidad 
intelectual, a la altura de la magna obra que sería llamada a realizar. Mi 
impresión es completamente contraria. Yo creo que el hecho de que una 
Asamblea de esa naturaleza esté exenta de toda función política de circuns- 


275 



1904 


tancias, garantiza que su elección se verificará fuera de toda consideración 
o influencia que pueda perjudicar la calidad de los elementos que han de 
componerla; y permite esperar que en esa Asamblea tendrán representación, 
por órgano de sus hombres más caracterizados, no sólo los partidos militan- 
tes, sino también esa masa de intereses y de opinión que permanece fuera 
de la organización de los partidos. 

Insistió el señor diputado en sus temores respecto del acierto como po- 
dría verificarse la revisión constitucional. Manifestó su consternación al pen- 
sar en la posibilidad de que esa Asamblea diera curso a absurdos, a anoma- 
lías, a monstruosidades como las que se citó, entre las que se cuenta la ins- 
titución del Senado vitalicio, el fraccionamiento del país en cantones, la di- 
visión del Poder Ejecutivo entre varios Presidentes, etc. 

Yo no veo fundamento serio a semejantes temores. El hecho de que esas 
o parecidas ideas hayan sido sostenidas en el país por hombres de signifi- 
cación, no tiene valor alguno para el caso. En todos los países y en todos 
los tiempos, ha habido hombres de significación que sostuvieran ideas absur- 
das y extravagantes. El hecho indiscutible es que ninguna de aquellas ideas 
ha cundido entre nosotros, en la masa de opinión ilustrada, ni en el pueblo. 

¿Por qué hemos de pensar que en la Asamblea Constituyente haya de 
prevalecer lo monstruoso, lo anómalo, lo absurdo, en vez de prevalecer lo 
justo, lo sensato y lo discreto? 

Yo tengo más fe en el tino, la ciencia y la experiencia de nuestros hom- 
bres de consejo; yo tengo más fe en la eficacia del pensamiento de estos 
hombres. 

Y si en 1830, salidos apenas de las sombras del régimen colonial, desga- 
rrados por veinte años de guerra continua, sin hábitos de libertad, sin hábitos 
de ejercitar el pensamiento propio, sin escuelas, sin elementos apreciables de 
cultura; con una población total que apenas sería suficiente para una sola 
ciudad de cuarto orden, con una campaña semidesierta y semibárbara, — si 
en 1830 — digo — una Asamblea donde estaban presentes los reducidos ele- 
mentos intelectuales con que contaba el país, afrontó y realizó, con relativo 
acierto, la obra de nuestra organización, ¿no es, señor Presidente, un exceso 
de escepticismo dudar de la sabiduría y del acierto con que se la resolvería 
hoy, cuando nuestra población es doce veces mayor, cuando nuestros elemen- 
tos de civilización, de intelectualidad y de cultura, son inmensamente supe- 
riores, cuando una experiencia de 75 años nos ha revelado tantas cosas que 


276 



1904 


ignorábamos sobre nosotros mismos, y, en fin, cuando las doctrinas constitu- 
cionales y políticas están umversalmente mucho más depuradas y mucho me- 
jor planteadas que como lo estaban entonces? 

Otras objeciones que el señor diputado opuso al proyecto que ha de pa- 
sar a consideración de la Legislatura venidera, no se refieren a lo que hay en 
él de esencial o fundamental, sino a sus particularidades o detalles. Si el señor 
diputado opina, en mi sentir con acierto, que el número de miembros fijado 
para la composición de la Asamblea Constituyente es exiguo, y que debería 
duplicarse; o si el señor diputado opina, con acierto también en mi opinión, 
que el término de duración de la Asamblea Constituyente debe dilatarse hasta 
un máximum de un año, nada se opone a que esas y. otras modificaciones y 
mejoras se propongan en la discusión particular del proyecto en la próxima 
Legislatura. 

Se dice: la antigüedad de las leyes es condición de estabilidad y de res- 
peto, y una Constitución nueva carecería necesariamente del prestigio y del 
arraigo que tiene ésta, que representa para todos una tradición veneranda. 

La antigüedad de ley es, efectivamente una base de estabilidad, que 
puede ser peligroso remover, cuando la ley encarna costumbres, cuando la 
ley encama prácticas que han llegado a ser instintivas por la acumulación 
del hábito: cuando se trata de instituciones de esas que los pueblos elaboran, 
por decirlo así, con su propia sustancia, en el transcurso de las generaciones. 
Entonces modificar la ley, es violentar la costumbre. Pero tratándose de una 
Constitución mucho más teórica que asentada en las costumbres una Cons- 
titución que no ha arraigado en los hábitos del pueblo, porque si a algo pu- 
diera estar habituado el pueblo sería a vivir fuera de ella, y que no ha fun- 
dado un orden estable y consecuente, porque fue en su origen, como todas 
las de la América española, un molde artificial, mediante el cual se aspiró a 
regularizar el desenvolvimiento de pueblos que no tenían entonces, ni toda- 
vía han logrado por completo, la aptitud del gobierno propio, — tratándose, 
digo, de una Constitución de esa naturaleza, modificarla, reformarla, para 
adaptarla a necesidades reales, no es trastornar la naturaleza ni la costumbre, 
no es violentar ningún hábito que se haya incorporado hondamente al orga- 
nismo social. 

Es indudable la conveniencia de mantener cierta estabilidad en el ré- 
gimen político, de evitar que la Constitución esté sujeta a los embates de las 


277 



1904 


pasiones y los intereses transitorios; pero no sería por cierto en nuestro pue- 
blo donde podría hablarse de un excesivo prurito reformador en materia cons- 
titucional. 

Hace tres cuartos de siglo que por caso único en América, permanece- 
mos inmovibles y estáticos, no en la verdad de una Constitución sino en el 
culto platónico de una Constitución; y la primera vez que después de largas 
vacilaciones nos resolvemos a analizarla y reformarla, ¿se nos acusaría de 
sobradamente veleidosos y sobradamente revolucionarios? 

Para probar el arraigo que se atribuye a la Constitución del año 30 en 
el sentimiento público, se aduce, señor Presidente, que todos nuestros parti- 
dos la han levantado indistintamente como bandera. 

Hay en estos una confusión de términos. 

Lo que puede decirse es que nuestros partidos políticos no se han di- 
ferenciado entre sí, explícitamente, por programas opuestos; sino que cada 
uno de ellos ha reivindicado sólo su mayor aptitud para el cumplimiento de 
la Constitución y de las leyes, es decir, su mayor aptitud para contener su 
acción dentro de las formas regulares de la vida democrática. Pero ninguno 
de nuestros partidos ha hecho bandera de la Constitución del año 30 en el 
sentido de considerarla la forma fija e inmutable de sus ideales cívicos. 

(¡Muy bien!) 

Un partido hay, o hubo, que tomó su nombre de la Constitución, y ni aún 
ese hizo bandera de la Constitución vieja: se llamó Constitucional en el sen- 
tido de aspirar a la vida regular, al orden que reposa sobre las instituciones 
libres, pero no en el sentido de aspirar a la conservación e inmutabilidad de 
una Constitución. 

(¡Muy bien!) 

Si hubiéramos de plantear la cuestión en este terreno, llegaríamos, señor 
Presidente, a averiguar que lo que verdaderamente constituye tradición en 
el país, es el sentimiento de la necesidad de reformar la Constitución, antes 
que el sentimiento de la necesidad de mantenerla inmutable. Aún la Consti- 
tución no había sido jurada, cuando, como ya he dicho, toda una clase po- 
derosa e influyente, representada por los beneméritos soldados de la inde- 
pendencia, levantaba justa protesta contra ella, y pedía su modificación; y 


278 



1904 


desde entonces acá, puede bien afirmarse que el sentimiento de la necesidad 
de la reforma ha resonado, casi sin interrupción, en la palabra de los esta- 
distas y los publicistas de tres generaciones. Se objeta a esto con el hecho 
de que habiendo sido tantas veces propuesta la reforma de la Constitución, 
siempre se ha desistido de ella en último término, y nunca ha habido la re- 
solución de consumarla. Pero esta consideración, lejos de ser contraria a lo 
que digo, antes bien lo favorece; porque examínense los motivos por los cua- 
les se ha postergado la reforma de la Constitución, y se verá que se la ha 
postergado siempre por consideraciones de oportunidad, por circunstancias del 
momento; pero reconociéndose siempre que la Constitución debía ser modi- 
ficada una vez eliminados los motivos que hacían su reforma inoportuna. 

Y ya, señor Presidente, que aludo a la cuestión de oportunidad, permí- 
taseme, para conclusión de estas palabras, dar lectura a los párrafos finales 
de una correspondencia que acabo de escribir a un diario del extranjero; y 
pido esta autorización contra mi costumbre de no leer nada en la Cámara, 
porque todo lo que podría decir sobre los puntos a que me refiero en esos 
párrafos, está en ellos, de la manera concreta y con la concisión que puede 
emplearse, cuando se usa de la forma escrita. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Si no hubiera oposición, queda autorizado el 
señor diputado para leer. 

SEÑOR RODO. — Digo así: (Lee): “Hay un argumento circunstancial 
que no se ha manifestado en la Asamblea, porque ninguno de sus miembros 
ignora lo vano de su fundamento, pero que corre fuera de la Asamblea, y 
consiste en la denuncia de que esta reforma constitucional involucra y disfra- 
za un plan de inconfesables ambiciones. Digámoslo con plena sencillez: se 
tendería, por la reforma, a hacer posible la reelección presidencial — ¡esto, na- 
da menos, se denuncia! — convirtiendo así la Constitución nueva en escabel 
de un torpe personalismo. Sólo la insistencia con que esto se divulga puede 
mover el ánimo a* señalar lo absurdo de que la enormidad que importaría, en 
un pueblo de las condiciones políticas y las experiencias históricas del nues- 
tro, la posibilidad de la reelección de los gobernantes, pueda atreverse a de- 
safiar la luz del día en una asamblea de hombres conscientes! 

“Por fortuna, no es el caso de argumentar con el sentimiento cívico que 
debe suponerse, — siquiera sea en razón de lo augusto de sus funciones y de 
lo imponente de sus responsabilidades — en la Asamblea a quien estará so- 

* En el original del Diario de Sesiones: o en lugar de a. 

279 



1904 


metida la reforma de la Constitución. Basta con que se la suponga dotada 
del más elemental, del más infantil y del más egoísta buen sentido. Pero de 
todas maneras, conviene purificar el ambiente de este germen de sospechas 
absurdas”. 

Y agrego más adelante: 

“La reforma constitucional fue saludada como un horizonte de esperanza 
por la opinión del país, ávida de paz duradera, desencantada de recursos de 
paz precarios y angustiosos. Tengo por mi parte la patriótica intuición de que 
esa esperanza no será defraudada; de que la nueva Asamblea Constituyente 
ofrecerá a los partidos el medio de hallar la fórmula de un definitivo ave- 
nimiento. Cambiando ideas sobre soluciones institucionales, sobre altos inte- 
reses de todos para una obra de tal magnitud, se aplacará el hervor de pa- 
siones en que hoy vivimos; se pondrá la mira en lo porvenir y se abandonará 
el debate estéril de las reconvenciones e inculpaciones recíprocas. Es nece- 
sario, en verdad, “formar ambiente” a la reforma: poner el sentimiento pú- 
blico en el diapasón que ella reclama. Toca la mayor parte de esa tarea a 
los que ejercen el gobierno; y lo más importante y esencial en ella, es pro- 
pender a que la paz vuelva a los espíritus, como se ha restablecido en la 
realidad material; por que solo en verdadero ambiente de paz la obra de la 
Asamblea Constituyente puede ser fecunda y prestigiosa!”. 

He concluido. 

VARIOS SEÑORES DIPUTADOS. — ¡Muy bien! 

(Aplausos en la Cámara y en la Barra) 

(D.S.C.RR. T. 179. Págs. 138-144) 

Tampoco se adopta resolución en esa sesión (VER N 9 52). 


280 



1904 


M. 

52) REFORMA DE LA CONSTITUCION. 

La discusión del tema de la reforma constitucional (VER Nos. 49, 50, 51), 
continúa en varias sesiones posteriores. En una de ellas, la 41* Extraordinaria, de 
28/12/904 cuando hace uso de la palabra el Diputado Tiscornia, se origina el 
siguiente debate: 

SEÑOR TISCORNIA. — Muy bien, señor: entonces tendré que esperar 
ese momento. 

Censuraba, señor Presidente, el diputado señor Rodó esta política pasa- 
da, en que hemos vivido a merced de pactos con anarquías organizadas. 

¿Pero la reforma constitucional va a impedir la celebración de esos pac- 
tos?. . Como quiera, son actos de libertad, en que la Constitución en ninguna 
forma ni por ninguna razón podría intervenir. 

Serán actos de mala política, de acuerdo: pero la reforma de la Consti- 
tución no quiero creer que vaya a llegar hasta determinar la conducta que 
han de seguir los partidos. 

¿Pero es que esa facultad de celebrar pactos va a ser establecida en la 
Constitución para que esos pactos dejen de ser pactos subversivos?. . 

Esa es otra consecuencia totalmente repulsiva, que no podemos aceptar: 
la Constitución debe sentar reglas generales, principios indiscutidos, debe 
establecer garantías; pero no debe llegar hasta la marcha, hasta el mecanis- 
mo, hasta el procedimiento que han de seguir los partidos y sus hombres. 

SEÑOR RODO. — Completamente de acuerdo, señor diputado. 

SEÑOR TISCORNIA. — Y entonces, si está de acuerdo el señor diputa- 
do, ¿a qué censuraba la Constitución haciendo argumentos de los pactos sub- 
versivos que se han celebrado en el pasado? . . ¿Es que quería prohibirlos 
con la reforma? 

SEÑOR RODO. — ¿Me permite el señor diputado? 

SEÑOR TISCORNIA. — Sí, señor. 


281 



1904 


SEÑOR RODO. — Le voy a explicar el alcance de este argumento. 

No he dicho que en la nueva Constitución taxativamente pueda impedir- 
se los pactos, porque eso sería absurdo: he dicho que podría llegarse a esta- 
blecer prescripciones constitucionales que los hiciera inútiles, porque los par- 
tidos pueden llegar a una rotación legal y constitucional independientemente 
de los pactos, lo que los haría innecesarios. 

SEÑOR TISCORNIA. — Eso es más peligroso. . . 

SEÑOR RODO. — ¿Más peligroso? . . 

SEÑOR TISCORNIA. — ... establecer un procedimiento que haga obli- 
gatoria la rotación de personas o de partidos . . . 

SEÑOR COSTA. — No, no dice eso. 

SEÑOR TISCORNIA. — ... Será según el criterio de cada uno de los 
señores diputados. 

SEÑOR COSTA. — Yo no he entendido eso. 

(D.S.C.RR. T. 179. Pág. 177) 

La discusión continúa en esa y otras sesiones, y finalmente, en la 43* Sesión 
Extraordinaria del 9/1/905, se aprueba el proyecto que pasa al Senado. 


282 



XXII LEGISLATURA 




1905 


1) INCORPORACION A LA CAMARA DE REPRESENTANTES. RENUNCIA. 

En la 1* Sesión Preparatoria del 8/2/905, se presentan los poderes de los Re- 
presentantes electos por el Departamento de Montevideo para la XXII Legislatura, 
entre los cuales José E. Rodó. Simultáneamente se da cuenta de que Rodó eleva 
renuncia a la banca para la que ha resultado electo (D.S.C.RR. T. 180. Pág. 2). 
En la 2* Sesión Preparatoria del 9/2/905, se vota afirmativamente el informe de 
la Comisión de Poderes, aprobando los presentados por los Representantes electos 
por Montevideo y efectuándose las proclamaciones. La Comisión aconseja también, 
que se acepte la renuncia presentada por Rodó, dado su carácter de irrevocable, 
“lamentando que este distinguido ciudadano no figure en este Cuerpo”. En conse- 
cuencia, se aprueba la aceptación de la renuncia presentada por Rodó y se con- 
voca al primer suplente, Dr. José P. Massera (D.S.C.RR. T. 180. Págs. 17-18). 


285 




XXIII LEGISLATURA 




1908 


1) INCORPORACION A LA CAMARA DE REPRESENTANTES. 

En la 1* Sesión Preparatoria del 8/2/908, se da cuenta de la presentación de 
los poderes de los Representantes electos para la XXIII Legislatura, entre los 
cuales José E. Rodó, por el Departamento de Montevideo (D.S.C.RR. T. 193. Pág. 

2) . Pasan los antecedentes a estudio de la Comisión General y Especial de Pode- 
res, que dictamina en la misma sesión, aconsejando la aprobación de los poderes 
de aquellos Representantes cuya elección no ha sido protestada. Así se resuelve, 
proclamándose a los Representantes electos, entre los cuales, José E. Rodó (D.S. 
C.RR. T. 193. Pág. 4). En la 2* Sesión Preparatoria del 11/2/908, prestan jura- 
mento los Representantes proclamados (D.S.C.RR. T. 193. Pág. 10). 


289 




1908 


c . 

2 ' DESIGNACION COMO MIEMBRO DE LAS COMISIONES 
DE TRABAJO T DE BIBLIOTECA. 

En la 3* Sesión Preparatoria del 14/2/908, la Mesa da cuenta de la integra- 
ción de las Comisiones permanentes para el 1er. período de la Legislatura. Para 
la Comisión de Trabajo, se designa a Rodó, junto a Juan Paullier, Carlos Roxlo, 
Domingo Arena. José Repetto, Alberto Zorrilla y Felipe Iglesias Canstatt. En la 
Comisión de Biblioteca se designa a Rodó, conjuntamente con Manuel B. Otero y 
Manuel Herrero y Espinosa (D.S.C.RR. T. 193. Pág. 28). 


291 




1908 


c. 


3) DESIGNACION COMO MIEMBRO DE LA COMISION 

DE REFORMA CONSTITUCIONAL. 

En la 3* Sesión Preparatoria del 14/2/908, el Presidente de la Cámara (An- 
tonio M. Rodríguez) expresa que teniendo la Legislatura como cometido proceder 
a la reforma de la Constitución, su estudio debe realizarse por una Comisión es- 
pecial. Al proponerse aumento en el número de miembros de la Comisión, se re- 
suelve que el tema pase a estudio de la Comisión de Asuntos Internos. En la 3* 
Sesión Ordinaria del 27/2/908, la Comisión informa aconsejando el nombramiento 
de una Comisión especial de 15 miembros, para el estudio de la Reforma Consti- 
tucional. Se vota afirmativamente. En la 4* Sesión Ordinaria del 29/2/908, la 
Mesa da cuenta de que ha designado como miembros de la Comisión de Reforma 
Constitucional a José E. Rodó, Dr. Juan Pedro Castro, Dr. Manuel B. Otero, Dr. 
Eugenio J. Lagarmilla, Dr. Pedro Manini Ríos, Dr. Adolfo H. Pérez Olave, Dr. 
Martín Aguirre, Dr. Juan José Amézaga, Dr. Manuel Herrero y Espinosa, Dr. Gre- 
gorio L. Rodríguez, Julio María Sosa, Carlos Roxlo, Dr. Rosalío Rodríguez y Dr. 
Julio Muró (D.S.C.RR. T. 193. Pág. 78). 


293 




1908 


M.C. 

4) DESIGNACION COMO PRESIDENTE DE LA COMISION DE BIBLIOTECA. 
Al iniciarse la 6* Sesión Ordinaria del 7/3/908, Rodó da cuenta: 

SESOR RODO. — Pongo en conocimiento de la Mesa que la Comisión 
de Biblioteca ha quedado instalada, designando Secretario al doctor Manuel 
Otero y honrándome con la designación de Presidente. 

(DS.CJIR. T. 193. Pig. 136) 


29Q 




1908 


I. 

5) REFORMA DE LA CONSTITUCION. PROCEDIMIENTO A SEGUIR. 

En la 11* Sesión Ordinaria del 19/3/908, se considera el informe de la Comi- 
sión Especial de Reforma, emitido el 17/3/908, que con la firma de Rodó, expresa: 

PROYECTO DE RESOLUCION DE LA COMISION DE REFORMA 
CONSTITUCIONAL, ESTABLECIENDO EL PROCEDIMIENTO 
A SEGUIRSE EN EL ESTUDIO DE LA REVISION DE LA 
CONSTITUCION. 

Comisión de Reforma Constitucional. 

H. Cámara de Representantes: 

La Comisión de Reforma Constitucional tiene el honor de someter a la 
consideración de V. H. el proyecto que ha formulado sobre el procedimiento 
a seguir en el estudio de la revisión de la Constitución. 

Para la redacción del proyecto se han tenido presente no sólo los pre- 
ceptos constitucionales, sino aquellos precedentes que los aclaran y comple- 
mentan, además de las disposiciones legislativas y reglamentarias que dicen 
relación con el objeto materia de examen. 

Dos modificaciones al Reglamento de la Honorable Cámara establece el 
artículo 1° del proyecto: la no exigencia de los apoyados para que las enmien- 
das propuestas pasen a estudio de la Comisión, y la obligación de presentar 
tanto los proyectos como sus fundamentos por escrito. 

Se justifica la primera, por la propia naturaleza de las funciones que la 
Constitución confiere a esta Legislatura, a la que sólo corresponde proponer 
las reformas que serán admitidas o desechadas, en todo o en parte, por la 
siguiente. 

Y para que puedan esas enmiendas ser sometidas a la consideración de 
la autoridad llamada a resolver sobre ellas, es necesario que sean apoyadas 
por la tercera parte de los miembros de la Cámara. 

No es, pues, el caso de exigir el número de apoyados que señala el Re- 
glamento para los asuntos ordinarios, desde que la Constitución se ha encar- 


297 



1908 


gado de determinarlo, teniendo en vista la trascendencia del objeto, por lo 
que ordena que para poder ser tomadas en cuenta las reformas, vayan pres- 
tigiadas por un núcleo tal de representantes, que haga presumir que ellas 
responden a una necesidad sentida o a una aspiración respetable. 

En el momento oportuno, es decir, después de estudiadas e informadas 
por la Comisión, es cuando debe verse si tienen esas enmiendas el apoyo que 
la Constitución establece. 

Vuestra Comisión ha creído conveniente exigir que los fundamentos de 
los proyectos sean expresados por escrito. De ese modo se obtendrá una expo- 
sición más concreta y clara de las ideas que inspiran las reformas, lo que, 
indudablemente, contribuirá a hacer más fácil y eficaz la tarea que V. H. tuvo 
a bien encomendarle. 

Por lo demás la importancia capital del acto a realizarse impone la adop- 
ción de aquellos medios que, a la vez de dar una mayor garantía de acierto 
constituyen un aliciente para un estudio más detenido y completo de las cues- 
tiones a tratarse. 

El proyecto fija los plazos dentro de los cuales deberán presentar las 
enmiendas los representantes y la Comisión expedirse. Se ha tenido en cuen- 
ta para ello el tiempo que llevará la discusión de las reformas y el que re- 
querirá el estudio, por parte del Senado, de las que esta Cámara le envíe y 
el de ésta respecto a las que aquél le remita. 

El plazo que se otorga para la presentación de las enmiendas, si bien 
no peca por largo, es de suponerse que será bastante, dado que, tratándose 
de un asunto sobre el cual todos tienen idea más o menos hecha, máxime 
cuando de tiempo atrás se halla sobre el tapete, pueden los representantes, 
dentro de él, dar forma a su pensamiento y fundarlo debidamente sin ma- 
yores trastornos. 

Cerrado el período ordinario y con él el plazo para la presentación de 
las enmiendas, entrará de lleno esta Comisión a cumplir su cometido. 

Ayudada por el valioso concurso que aportarán las propuestas presenta- 
das para la ilustración del debate, formulará la Comisión Especial el pro- 
yecto que deberá ser sometido a V. H., en el cual le será dado hacer un 
trabajo de selección que, sin romper la armonía del conjunto en la conse- 
cuencia con los principios aceptados, condiciones esenciales de toda construc- 
ción jurídica, contemple las ideas que la ciencia y la experiencia hubieran 
indicado. 


298 



1908 


En cuanto a la discusión y apoyo de las reformas, vuestra Comisión se 
ha limitado a reproducir lo que a ese respecto consagra la Constitución. 

Aclara la duda sobre la posibilidad de presentar proyectos sustitutivos 
durante el debate, y resuelve el caso de acuerdo con lo que lógicamente se 
deduce de la disposición que fija un plazo para la presentación de las enmiendas. 

En efecto, al prohibir que los proyectos sustitutivos versen sobre puntos 
que no hayan sido objetos de estudio por parte de la Comisión, no hace más 
que ser consecuente con lo ya establecido respecto al plazo, pues no se vería 
la necesidad de señalar éste, si les fuera dado a los representantes proponer 
sus enmiendas en el momento de discutirse el proyecto presentado por vues j 
tra Comisión Especial. 

Por otra parte, en materia de tanta importancia como la reforma consti- 
tucional, no es posible admitir la posibilidad de una solución inconsulta, como 
podría suceder si se aceptaran, sin las garantías de un detenido estudio, las 
reformas que se propusieran por vez primera en el curso del debate. 

Tales son. Honorable Cámara, las razones principales que se han tenido 
para formular el proyecto que se somete a vuestra consideración. 

Sala de la Comisión, 17 de marzo de 1908. 

Eugenio Lagarmüla — Juan P. Castro — José Enrique Rodó — Julio 
M. Sosa — Manuel B. Otero — Adolfo H. Pérez Olave — Julio Muró 
(hijo) — Gregorio L. Rodríguez — Juan J. Amézaga — Aureliano 
Rodríguez Larreta — Manuel Herrero y Espinosa — Rosalio Rodrí- 
guez — Pedro Manini Ríos. 

PROYECTO DE RESOLUCION 

Artículo 1° — Toda reforma, variación o adición a la Constitución, de- 
berá ser presentada en Cámara, acompañada de sus fundamentos, y pasara, 
sin necesidad de ser apoyada, a estudio de la Comisión de Reforma Consti- 
tucional. 

Tanto las reformas como sus fundamentos se presentarán necesariamente 
por escrito. 

Art. 29 — Los representantes podrán presentar los proyectos sobre re- 
forma de la Constitución, durante todo el primer período ordinario de la actual 
Legislatura. 


299 



1908 


Art. 3^ — La Comisión de Reforma Constitucional, una vez que hubiere 
estudiado las enmiendas propuestas por los representantes, de acuerdo con los 
artículos anteriores, formulará el proyecto de Reforma de la Constitución que 
ha de ser sometido a la discusión de la Cámara. 

Este proyecto y el dictamen respectivo deberán ser presentados a la 
apertura del 29 período ordinario. 

Art. 49 — Impreso y repartido el proyecto de la Comisión, de acuerdo 
con las disposiciones reglamentarias, se pondrá en discusión particular, y una 
vez discutido, se entenderán aceptadas aquellas reformas, variaciones o adi- 
ciones que hubieran sido apoyadas por la tercera parte del total de los miem- 
bros de la Cámara. 

Igualmente se reputarán aceptados los proyectos sustitutivos que sobre 
los puntos que han sido objeto de estudio por parte de la Comisión, propu- 
sieran los representantes en el curso del debate, siempre que fueran apoyados 
por el número de miembros que se indica en el inciso anterior. 

Art. 59 — Las reformas aceptadas por la Cámara serán remitidas al Se- 
nado. 

Art. 69 — Las reformas, variaciones o adiciones que tuvieran origen en 
el Senado y las que éste devolviera a la Cámara con modificaciones, pasarán 
a estudio de la Comisión de Reforma Constitucional, y una vez informadas 
por ésta, serán discutidas y apoyadas de conformidad con el artículo 49, y 
aquellas que obtuvieran el número de apoyados allí exigido, se reservarán para 
someterlas a la consideración de la 24^ Legislatura, sin perjuicio de publicar- 
las y comunicarlas al Poder Ejecutivo. 

Sala de la Comisión, 17 de marzo de 1908. 

Lagai\milla — Rodó — Castro — Muró — Sosa — Pérez Olave — 
Otero — G. Rodríguez — Rodríguez Larreta — R. Rodríguez — 
Manini Ríos — Amézaga — Herrero y Espinosa. 

(D.S.C.RR. T. 193. Págs. 263 - 264) 

Luego de un debate sobre el tema, se aprueba el proyecto. Otros aspectos del 
tema de la reforma se considerarán más adelante (VER Nos. 11, 42, 43, 44). 


300 



1908 


c. 

6» DESIGNACION COMO MIEMBRO DE UNA COMISION ESPECIAL. 

En la 15* Sesión Ordinaria del 28/3/908, se aprueba un proyecto de ley del 
Poder Ejecutivo por el que se concede a éste autorización para rendir honores mi- 
litares a ios restos mortales de los almirantes brasileños Francisco M. Barrozo y 
Luis P. Saldanha da Gama, con motivo de su repatriación. A continuación, el Dipu- 
tado Pér e z Olave mociona para que la Cámara tome participación en el acto, me- 
diante una delegación de quince miembros, presidida por el Presidente de la Cá- 
mara. Se vota afirmativamente. La Mesa designa como integrante de la Comi- 
sión a José E. Rodó (D.S.C.RR. T. 193. Pág. 381) 


301 




1908 


p. 


7) PENSION ANUAL A FLORENCIO SANCHEZ 

CON EL OBJETO DE QUE SE TRASLADE A EUROPA. 

En la 18* Sesión Ordinaria del 4/4/908, se presenta por varios Diputados, 
entre los cuales Rodó, un proyecto de ley otorgando a Florencio Sánchez una pen- 
sión anual con el objeto de que se traslade a Europa. Su texto expresa: 


PROYECTO DE LEY 


El Senado y Cámara de Representantes, etc., 


DECRETAN: 

Artículo 19 — Concédese al señor Florencio Sánchez, por el término de 
tres años, una pensión anual de dos mil cuatrocientos pesos, con el objeto de 
que se traslade a Europa, a perfeccionar sus condiciones artísticas y hacer al 
mismo tiempo beneficiosa propaganda por el Uruguay. 

Art. 29 — Mientras no se sancione el Presupuesto General de Gastos, se 
imputará a Rentas Generales la pensión establecida en el artículo anterior, 
cuya forma de pago queda librada al Poder Ejecutivo. 

Art. 39 — Comuniqúese, etc. 

Montevideo, abril 4 de 1908. 

Miguel Cortinas, diputado por San José — José Enrique Rodó , dipu- 
tado por Montevideo — Aureliano Rodríguez Larreta, diputado por 
Río Negro — José P. Massera, diputado por Río Negro — Joaquín 
de Salterain, diputado por Montevideo — Domingo Arena. 


303 



1908 


EXPOSICION DE MOTIVOS 


Honorable Cámara: 

Los diputados que firman este proyecto de ley, creen, al someterlo a 
vuestra consideración, interpretar las aspiraciones de la opinión pública, reite- 
radas en diversas manifestaciones. 

Ha llegado hasta ellos el eco de las sanciones justicieras con que se ha 
juzgado la obra del talentoso compatriota y del justo reclamo que se hacía 
al Estado, para, que le ayudara a trasponer las patrias fronteras, con el noble 
afán de someter a la crítica que universalmente consagra, el fruto de su la- 
bor intelectual. 

No entra en nuestro propósito hacer largas disgresiones alabando la obra 
de pensamiento del señor Sánchez, porque ella está definitivamente juzgada, 
pero sí creemos oportuno hacer esta breve exposición de motivos, que justifi- 
carán plenamente la acción legislativa. 

Lo modesto de la pensión que se acuerda no importa sacrificio alguno 
para el país. Se han votado otras veces becas de índole artística para que 
jóvenes compatriotas de verdadero mérito puedan perfeccionar sus conocimien- 
tos en Europa y regresar a la tierra natal como elementos preparados que 
ofrecerán provechosa influencia en la cultura de nuestro ambiente. 

¿Y cómo no ha de tenerse el mismo criterio para el arte dramático, que 
es elevado exponente de las ideas y costumbres de un pueblo y hasta puede 
influir en las orientaciones del sentimiento público? 

Cierto que entonces se procedió con otro criterio, sometiendo a los aspi- 
rantes a la prueba del concurso, cosa que ahora no habrá ni que mencionar 
siquiera, desde que él se ha verificado ante la conciencia pública, que es el 
mejor y más imparcial de todos los jueces. 

Por otra parte, nada ha solicitado el señor Sánchez, teniendo en cambio 
la rara virtud de no aceptar ofrecimientos que se le han hecho en el extran- 
jero, donde también se ha impuesto con su producción. 

Es un deber, por lo tanto, de los Poderes públicos tender la mano a 
quienes tienen méritos suficientes y talento indiscutible para imponerse a su 
consideración. 

No creemos necesarios abundar en mayores consideraciones. 

Una verdadera autoridad en la materia, el doctor Samuel Blixen, nos re- 
levará en esa tarea. Hacemos nuestra su opinión, cuando a raíz de uno de 
los triunfos del señor Sánchez, expresaba públicamente: 


304 



1908 


“Si fuera posible enviar a Sánchez al viejo mundo, pensionándolo para 
que allí trabajara tranquilo tres o cuatro años, el país podría hacer ese pe- 
queño sacrificio para proporcionarse el lujo de contar dentro de poco con un 
hijo universalmente célebre”. 

Nuestro proyecto consulta ese interés y por eso esperamos que la Hono- 
rable Cámara le prestará su sanción. 

Montevideo, abril 4 de 1908. 

M. Cortinas — José Enrique Rodó — A. Rodríguez Luneta — José P. 

Massera — Joaquín de Salterain — Domingo Arena. 

(D.S.C.RR. T. 193. Págs. 432-433) 

Pasa a la Comisión de Fomento (VER N’ 8). 


305 




1908 


M. 

8) PENSION ANUAL. A FLORENCIO SANCHEZ 

CON EL OBJETO DE QUE SE TRASLADE A EUROPA. 

Al iniciarse la 32* Sesión Ordinaria del 14/5/908, Rodó se interesa por el pro- 
yecto del cual es coautor (VER N* 7), originándose el siguiente debate: 

SEÑOR RODO. — Hace como un mes — señor Presidente — un grupo 
de diputados presentamos un proyecto de ley proponiendo que el dramaturgo 
nacional don Florencio Sánchez, se trasladase a Europa en viaje de estudio. 

Como se trata de un asunto cuyo estudio no ofrece mayor dificultad, ro- 
garía a la Mesa se sirviera recomendar a la Comisión respectiva su pronto 
despacho. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Se recomienda a la Comisión de Fomento el 
pronto despacho de este asunto. 

SEÑOR PEREZ OLAVE. — Me parece que, de acuerdo con una dispo- 
sición reglamentaria, las pensiones graciables no se informan sino en el últi- 
mo mes del período ordinario. 

SEÑOR RODO. — Pero creo que se refiere a las peticiones que vienen 
de fuera de la Cámara, no a las que parten de la Cámara. 

SEÑOR SOSA. — Todas. 

SEÑOR PEREZ OLAVE. — Peticiones graciables, — todas las pensio- 
nes. Es una disposición reglamentaria. Me parece que ese es el criterio. 

SEÑOR PRESIDENTE. — La Mesa no entendió que esto fuese aplica- 
ble al proyecto en cuestión. 

SEÑOR RODO. — Yo entendía que esa disposición se refiere a las pe- 
ticiones que vienen de fuera. 


307 



1908 


SEÑOR MASSERA. — No; es el caso común de un proyecto de ley. 

SEÑOR RODO. — No son peticiones las iniciativas de los señores dipu- 
tados. 

SEÑOR PEREZ OLAVE. — ¿Y las pensiones que acuerda la Asamblea, 
no son proyectos de ley? 

SEÑOR MASSERA. — Una vez que son informados por la Comisión; 
pero nacen en virtud de la petición de un particular, y aquí ha nacido en 
virtud de un proyecto de ley presentado por varios señores diputados. Es 
muy diferente. 

SEÑOR MORA MAGARIÑOS. — Está en igual caso que el proyecto del 
doctor Otero proponiendo pensionar a varios estudiantes en Europa. También 
eso no se podría tratar sino en el último mes del período. 

SEÑOR PEREZ OLAVE. — Esto no implica tampoco que yo me opon- 
ga a la sanción del proyecto: soy muy partidario de él. 

Hacía esta simple observación, con arreglo a la disposición reglamentaria. 

SEÑOR PRESIDENTE. — La Mesa atendió la indicación del señor dipu- 
tado Rodó, porque entiende que se trata de un proyecto de iniciativa par- 
lamentaria. 

(D.S.C.RR. T. 194. Págs. 128-129) 

En la 45* Sesión Ordinaria del 16/6/908, se vota afirmativamente la moción 
de Oneto y Viana para tratar el proyecto sobre tablas. Se aprueba el proyecto, 
que pasa al Senado, donde no es sancionado. 


308 



1908 


M. 

9) LEY ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD. 

El 14/5/907, el Poder Ejecutivo, con las firmas de Williman y G. Terra, en- 
vía al Parlamento mensaje y proyecto de ley sobre nueva estructura de la Uni- 
versidad. La Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes se expide 
en diciembre de 1907, aconsejando la aprobación del proyecto con modificaciones. 
Finalizada la XXII Legislatura, la nueva Comisión de Legislación emite un nue- 
vo dictamen, aconsejando un proyecto sustitutivo, el 20/3/908. En la 21» Sesión 
Ordinaria del 11/4/908, comienza la discusión, que se prolonga durante varias se- 
siones. La discusión se hace intensa al debatirse el tema de la elección del Rec- 
tor, en la 33» Sesión Ordinaria del 16/5/908. Según el Art. 8 del proyecto, el Po- 
der Ejecutivo nombraba al Rector con anuencia del Senado. Joaquín de Salterain 
propone como fórmula sustitutiva que el Rector sea elegido por la Sala de Doc- 
tores, puesto que “el Poder Ejecutivo no debe meterse en la Universidad”. Oneto 
y Viana se pronuncia a favor de la fórmula de la Comisión. Cachón adhiere a la 
fórmula de Salterain, al igual que Roxlo, G. L. Rodríguez y Ponce de León. En 
esas circunstancias, interviene Rodó: 

SEÑOR RODO. — Voy a hacer una brevísima indicación a propósito 
de uno de los dos artículos que se van a poner a votación. 

Yo no tendría inconveniente en votar el artículo propuesto por el doctor 
Salterain si se le modificase. 

A mi juicio, la forma en que está concebido, adolece de vaguedad: no 
determina si la designación del Rector ha de ser obra exclusiva de la Sala de 
Doctores o si el Ejecutivo ha de intervenir en la forma de elección. 

He acompañado a la Comisión hasta ahora en la votación de los artícu-- 
los que se han discutido, y este es el punto en que me encuentro en di- 
vergencia. 

Creo que la transacción debía haber versado sobre esto: mantener la. 
forma actual de la designación del Rector. 

( Apoyados ) 

Si el doctor Salterain define los términos de su moción en sentido con- 
cordante con lo que he expresado, no tengo inconveniente ninguno en vo- 
tarla . 

Era todo lo que tenía que decir. 


309 



1908 


SEÑOR SALTERAIN. — Yo acepto la modificación propuesta por el 
distinguido diputado Rodó. Realmente, me apercibo de que la fórmula mía 
es vaga y yo dije por qué era vaga. 

Yo acepto la fórmula propuesta por el señor diputado Rodó, que se nom- 
bre Rector como hasta la fecha, por medio de una terna. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va dar forma a la nueva enmienda. 

“La Sala de Doctores”. . . 

SEÑOR RODO. — “La Sala de Doctores propondrá al Poder Ejecutivo 
una terna de candidatos para la designación de Rector”. 

(D.S.C.RR. T. 194. Págs. 187-188) 

A continuación, Pérez Olave expresa que no comparte la fórmula y además 
hace notar que de la Sala de Doctores están excluidos algunos titulados, como 
los ingenieros. Ponce de León y Salterain aceptan que también se les incluya. 
Mora Magariños anuncia que votará la fórmula de Rodó. Lagarmilla rechaza la 
fórmula por romper el equilibrio de la ley, proponiendo que la terna sea elegida 
por los Consejos Directivos de las Facultades y presentada al Poder Ejecutivo 
para la designación. Oneto y Viana, Sosa y Pérez Olave mantienen su adhesión a 
la fórmula primitiva. Salterain anuncia que acepta la fórmula transaccional de La- 
garmilla. El Presidente interroga: 

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿El señor diputado Rodó participa de la opi- 
nión del señor diputado Salterain o mantiene su fórmula? 

SEÑOR RODO. — No, señor Presidente: no he propuesto fórmula. 

El doctor Salterain modificó su fórmula de acuerdo con las indicaciones 
mías. Yo lo acompaño en el sentido de que esa fórmula se retire para que 
podamos todos adherirnos a la que ha propuesto el doctor Lagarmilla. 

(D.S.C.RR. T. 194. Pág. 192) 

Roxlo anuncia que mantiene la fórmula primitiva de Salterain. Se votan por 
su orden las tres mociones. La de la Comisión resulta negativa. Se vota afirma- 
tivamente la fórmula de Lagarmilla. En la sesión del 13/6/908, se aprueba el pro- 
yecto, que pasa al Senado. En éste es sancionado el 9/12/908. Es la Ley N* 3425 
de 31/12/908. 


310 



1908 


I. 


10) HORARIO OBRERO. 


En la 34» Sesión Ordinaria del 19/5/908, se da cuenta de que la Comisión de 
Trabajo presenta su dictamen sobre el proyecto del Poder Ejecutivo del 21/12/ 
906, sobre horario obrero (D.S.C.RR. T. 194. Pág. 196). Se ordena su reparto. El 
texto no aparece publicado en las sesiones de esa Legislatura, sino en la siguien- 
te, al comenzar a tratarse el proyecto el 1/3/913 (VER XXIV LEGISLATURA, 
Nos. 105, 106). El informe fue redactado por Rodó y es el único trabajo parla- 
mentario que el escritor incluirá en su libro El Mirador de Próspero (1913) bajo 
el título “Del trabajo obrero en el Uruguay”, con algunas modificaciones en su 
redacción original. El informe parlamentario expresa: 


INFORME 


Comisión de Trabajo. 


I 


H. Cámara de Representantes: 

Vuestra Comisión de Trabajo ha dado comienzo a sus tareas con el estu- 
dio del proyecto de ley presentado durante la Legislatura anterior, por el 
Poder Ejecutivo, sobre reglamentación de la jomada del obrero, determina- 
ción de su edad mínima, descanso semanal, y otras materias semejantes. 

Siendo el primero de los asuntos de su índole que entra en el trámite de 
vuestras deliberaciones, es quizá también el primero de ellos en orden de 
importancia, comprendiéndose dentro de su objeto las más debatidas y com- 
plejas de las cuestiones que se relacionan con la intervención legal del 
trabajo. 

Séanos permitido, pues, preceder el análisis de este proyecto de algunas 
consideraciones generales, que caractericen fundamentalmente la disposición) 
de nuestro espíritu, en lo que es común a esas y las demás particularidades 
que deberán ocupar nuestra atención mientras continuemos en desempeño 
de las funciones con que nos ha honrado V. H. 

Una tendencia que ha adquirido creciente intensidad en los últimos) 
treinta años, entrega, en todos los países de algún desenvolvimiento industrial, 


311 



1908 


a la sanción de las asambleas legislativas, leyes reguladoras y protectoras del 
trabajo, que se suceden y multiplican hasta dar lugar a todo un sistema de 
legislación, netamente diferenciado en cuanto a su objeto y en cuanto al espí- 
ritu que lo informa; invadiendo terrenos antes de ahora inmunes de toda in- 
tervención jurídica, y determinando en ciertos puntos, divergencias y conflic- 
tos, más o menos latentes, con las formas tradicionales de la legislación civil. 

Esta reacción impetuosa contra el régimen de ilimitada libertad, que, des- 
de la Revolución que dio sus moldes a la sociedad política moderna, preva- 
lecía el ejercicio del trabajo, tiene su ambiente en una activísima circulación 
de acusaciones, de lamentos, de protestas, que, manifestándose en los libros 
como en las agitaciones populares, en los movimientos de piedad social como 
en los congresos de los hombres de estudio, inspiran, estimulan y casi podría 
decirse, violentan la obra del legislador. 

Limitación de las horas de jomada normal, rectificación jurídica de los 
fundamentos del contrato de trabajo, según un nuevo concepto de la natu- 
raleza de las relaciones reguladas por él; protección de las mujeres y los ni- 
ños obreros; indemnización en los accidentes del trabajo; obligatoriedad del 
descanso semanal; reglamentación de las condiciones de higiene y seguridad 
de los talleres; tasación del salario mínimo; inembargabilidad de salarios; li- 
bertad de asociación gremial; reconocimiento del derecho que asiste al tra- 
bajador para la huelga; fundación de tribunales de conciliación y de arbi 
traje para resolver los desacuerdos entre obreros y patrones; institución admi- 
nistrativa de la oficina de trabajo; inspección y policía del mismo; pensiones 
y seguros que amparen al trabajador en la inutilidad o la vejez: tales son, 
entre otros, los tópicos que abarca este nuevo organismo de legislación, cuyo 
laborioso desenvolvimiento llega desde las tímidas y dispersas tentativas de 
las primeras actas inglesas sobre fábricas en los albores del pasado siglo, hasta 
los vastos y sistematizados códigos que componen ya las leyes de trabajo en 
algunos de los más adelantados pueblos del mundo. 

Vulgar error sería entender que el movimiento de ideas que ha presidido 
a esta intervención del Estado en el funcionamiento de la vida industrial, sea 
la obra exclusiva de una doctrina revolucionaria, cuya sombra fatídica pre- 
tenden muchos ver insinuarse a favor de cada una de estas manifestaciones 
de reforma, olvidando que es en los pueblos de más hondo sentido individua- 
lista donde la legislación del trabajo ha tenido su origen y ha alcanzado mayor 


312 



1908 


complejidad, y que son, a menudo, parlamentos y estadistas de filiación con- 
servadora los que aparecen colaborando en el propósito de mejorarla y com- 
pletarla. 

No ya la elaboración de las soluciones, más o menos radicales y amplias, 
en el terreno de las leyes; pero aun mismo el impulso de la iniciativa, la 
palabra de la propaganda, el reclamo tenaz que ha traído la atención de los 
pueblos a los agravios y las aspiraciones que esas leyes tienden a satisfacer, 
están lejos de haberse mantenido constantemente vinculados a la doctrina 
social con que suele identificárselos en el concepto común. 

Independientemente del dogmatismo socialista se ha desarrollado la pro- 
paganda y la acción, realmente gloriosa, de las Trade-Unions inglesas, verda- 
deras iniciadoras de las reivindicaciones obreras y la más poderosa fuerza 
que exista constituida en el mundo en defensa de los desheredados. Indepen- 
dientemente del dogmatismo socialista se han desenvuelto en gran parte las 
tendencias del sindicalismo norteamericano, que, organizado en la “Federación 
del Trabajo”, confirmaba una vez más, en el Congreso de Boston de 1903, 
su desvinculación respecto de toda fórmula revolucionaria de orden social. 
Independientemente del dogmatismo socialista se ha dirigido en la Australia 
y en la Nueva Zelanda, el esfuerzo de los partidos obreros que han llegado 
a resolver pacíficamente, en aquellas maravillosas regiones, todos los proble- 
mas sociales que en el resto del mundo inquietarán, aun por largo tiempo 
la conciencia de la humanidad. Independientemente de ese dogmatismo, se 
manifiesta en la misma Francia el espíritu de muchos de los sindicatos gre- 
miales; e independientemente de ese dogmatismo también se ha caracterizado 
en todas partes la prédica y el ejemplo de una benemérita legión de pen- 
sadores y filántropos, que, sin solidaridad con doctrina alguna subversiva de 
los fundamentos de la sociedad, han consagrado su existencia al mejoramiento 
material y a la dignificación moral de los trabajadores. 

La universalidad de estos anhelos de reparación, la persistente fuerza con 
que subyugan las conciencias, concurren a persuadir al más indiferente, de 
que no se trata en ellos de un simple fermento de ideas puestas en boga por 
los vientos de un día; sino de uno de los caracteres esenciales del espíritu de 
nuestro tiempo, que tiene positivas correspondencias con la realidad, y que 
fluye de naturales consecuencias de la evolución social y de la evolución 
económica. 

Los conflictos entre el capital, que defiende su superioridad, y el trabajo, 
que reclama su autonomía, no son el rasgo privativo de una sociedad o de una 


313 



1908 


época: pertenecen al fondo permanente y sin cesar renovado de la historia 
humana; pero su recrudecimiento, en términos que relegan a segundo lugar 
todo otro interés social y político, es uno de los hechos capitales de la pa- 
sada centuria, desde que, por una parte el portentoso desenvolvimiento de la 
actividad industrial, modificando las condiciones del trabajo, y por otra parte 
el despertar de la conciencia de las multitudes, llamadas por el régimen de 
la democracia a la plenitud de sus derechos civiles y políticos, determinaron, 
en las ideas como en los acontecimientos, declives que debían forzosamente 
conducir a las reivindicaciones del momento presente. 

Cabe preguntar todavía si este género de reivindicaciones, justificadas y 
oportunas en los países de avanzado desarrollo industrial, mantienen su opor- 
tunidad tratándose de pueblos que, como los de nuestra América, no han pa- 
sado aun del aprendizaje de la industria, y están lejos del exceso pletórico de 
población que agrava y embravece, en las viejas sociedades de Europa, las 
luchas entre una burguesía opulenta y un proletariado que se angustia en los 
extremos de la necesidad. 

Pero, desde luego, la demostración objetiva de que cualquiera que sea la 
magnitud de esas diferencias internacionales, no es prematura ni inoportuna 
la atención concedida a las cuestiones de esta índole en pueblos como el nues- 
tro, la de la agitación persistente que remueve, en estas sociedades también, 
a los elementos de trabajo, congregándolos para la común defensa de sus inte- 
reses en asociaciones gremiales, en círculos de propaganda, en protestas y 
huelgas que tienen su reproducción periódica: fenómenos con que se denun- 
cia un estado de espíritu que, aun prescindiendo de los trastornos accidentales 
que provoca, no podría dejar indiferente el ánimo del legislador, interesado 
en estudiar las causas que lo generan y en prevenir los medios que lo apla- 
carían. Ni puede pretenderse que esa tenaz inquietud no reconozca otra base 
que la sugestión falaz de los agitadores (aun cuando sea indudable que pré- 
dicas desencaminadas la exacerban y desnaturalizan); ni que importe sólo el 
reflejo maquinal e inconsciente de lo que pasa en los pueblos que dan la 
norma de la civilización. Estadistas y pensadores americanos han señalado 
ya, respecto a esas aspiraciones clamorosas, una dirección que no es de re- 
sistencia ni de pasividad. Aun no hace muchos años que el ilustre Presidente 
Quintana, desaparecido para grave mal de su país, declaraba, al tomar en sus 
manos el bastón de Rivadavia, que el programa mínimo del Partido Socialista 
Argentino, en el que están comprendidos los tópicos fundamentales de la le- 


314 



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gislación del trabajo, constituía un ideal aceptable y digno de fijar la atención 
de los hombres de gobierno. Y esta es la hora que el cuarto Congreso Cien- 
tífico Latino-Americano, que ha de reunirse en noviembre del corriente año 
en Santiago de Chile, incluye, entre los temas fundamentales que propone a 
los estudiosos de América, el relativo a aquella misma cuestión social, consi- 
derada del punto de vista de las condiciones y caracteres peculiares de los 
pueblos del Nuevo Mundo. 

Obedeciendo a una persuasión semejante, nuestro país ha incorporado a 
su organización ministerial el Ministerio de Trabajo, cuya función se com- 
plementa en el mecanismo administrativo con la Oficina de igual nombre; y 
V. H. ha aumentado el número de sus Comisiones permanentes con la que 
tenemos el honor de constituir. 

El Mensaje con que el Poder Ejecutivo fundamenta el proyecto sobre que 
informamos, acierta a definir, en gran parte, la oportunidad de estas iniciati- 
vas cuando señala en la misma condición embrionaria de nuestro desenvolvi- 
miento industrial una razón que debe persuadir a no detenerse en ciertas 
tendencias de reforma. La ausencia de enormes acumulaciones de intereses; 
la relativa sencillez de los factores en juego, son, en efecto, circunstancias que 
favorecen la implantación de leyes regularizadoras, que serán tanto más ne- 
cesarias, pero también tanto más difíciles y peligrosas de iniciarse, a medida 
que, en cumplimiento de una evolución ineludible, la actividad de nuestro 
organismo productor pase de sus comienzos y se adapte a las formas de la 
grande industria, con la trascendencia, en cuanto a las condiciones del tra- 
bajo, que igual concurso de causas ha tenido en todas partes del mundo. Con- 
viene, pues, no sólo atender a los problemas que plantee la situación actual y 
positiva de las cosas, sino también preocuparse de determinar las costumbres 
y de dar estructura a los moldes que puedan prevenir los peligros contenidos 
virtualmente en el desarrollo orgánico de nuestro progreso industrial. En éste 
como en todos los terrenos, la sabiduría política se inclinará siempre al proce- 
dimiento preventivo, que se anticipa a los males para cruzarles el paso, antes 
que a aquel otro procedimiento que consiste en esperar que ellos estallen por 
su propia violencia, cuando tal vez pudieron evitarse o atenuarse mediante 
atinados recursos de profilaxis social. 

Un medio productor que, limitándonos a la sola ciudad de Montevideo, 
presenta, de una parte, la fuerza de trabajo acumulada por no menos de 40.000 
obreros, y de otra parte la suma de capital en que se apoyan próximamente 


315 



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5.000 establecimientos industriales, (habiéndose con seguridad duplicado desde 
que el censo de 1889 los calculó en 2.300) entraña ya, sin duda, una impor- 
tancia que lo aleja de la simplicidad primitiva. Pero esta complejidad de 
intereses resulta escasa y pobre, si se la compara con la que puede preverse 
para un cercano porvenir. Y si, presentemente, en el conjunto, y en muchos 
de los gremios de nuestra actividad industrial, no hay exceso en la oferta de 
los brazos, o lo hay muy limitado; si las condiciones de vida del trabajador 
no son, entre nosotros, tan precarias como en los pueblos donde la más mísera 
tarea es un beneficio disputado por muchos; si el acicate de una competencia 
implacable, obligada a ofrecer al consumo inmensas cantidades de producción, 
no excita al industrial a dilatar despiadadamente la jomada de sus obreros; 
si los géneros de industria más inhumanos y penosos, como la explotación de 
las minas, permanecen aún en la calidad de un terreno casi virgen, vano sería 
pensar que esas relativas facilidades del trabajo son algo más que el carácter 
transitorio de un período de formación. 

La actitud favorable a la reglamentación del trabajo, que concuerda con 
tales consideraciones, no excluye, por cierto, el tino y la mesura, cuando se 
trate de graduar el alcance y de escoger el momento de las iniciativas. Desde 
luego, debe renunciarse, en nuestro sentir, a las leyes de conjunto, a los có- 
digos que presentan, teóricamente organizada, toda la materia que envuelve 
este novísimo campo de legislación. Consideramos preferible (ya tal criterio 
se ciñe el proyecto del Poder Ejecutivo) proceder por partes y según la opor- 
tunidad de cada día. Y supuesto que éste sea el procedimiento que quede 
consagrado, se deduce que no deberá juzgarse de la mayor o menor suficien- 
cia de cada ley sin tener en cuenta las que, en un plazo más o menos largo, 
la complementarán al abordar otros aspectos o relaciones del fundamental 
objeto de todas. Así, por ejemplo, cuando se juzgue de la eficacia higiénica o 
de la amplitud humanitaria de una ley que limite las horas de trabajo y la 
edad mínima del obrero, debe recordarse que esas limitaciones tendrán, en 
casos accidentales, términos aún más restrictos, en virtud de las leyes sucesi- 
vas que se ocupen de la sanidad y seguridad de los talleres, de las industrias 
peligrosas o insalubres que por su naturaleza han de ponerse aparte de la 
reglamentación común, etc., etc. 

Una consideración que no deberá olvidarse jamás por quien participe en 
la deliberación, o haga la crítica, de leyes del trabajo, es la de que, aunque 
el mas generalizado concepto de estas leyes les atribuye por objeto único o 


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directo la protección de los trabajadores, no es el solo interés del trabajador 
el que está en juego en ellas, ni es siquiera el que prevalece; porque el que 
prevalece es el interés social, que abarca, en la complejidad de sus factores, 
otras energías no menos necesarias, y otros derechos no menos merecedores 
de consideración. 

Una tendencia irresistible inclinará siempre a todos los espíritus nobles, 
a favor de la parte menos afortunada o más débil en cualquier conflicto de 
pasiones humanas; y por eso la causa del obrero lleva en sí misma una atrac- 
ción independiente de lo que haya de justicia en cada una de sus reivindica- 
ciones. Pero en la tarea de dar leyes, que no es obra de la espontaneidad del 
individuo, sino de cumplimiento de una delegación de la comunidad, esa incli- 
nación individual ha de subordinarse al respeto y la equidad debidos a todos 
los intereses legítimos, de cuyo juego armónico brota el orden social, y cuyo 
contenido compete mantener a los órganos del poder público, con la alta 
imparcialidad del que se levanta por encima de las disensiones de clases. Y 
a esta consideración de deber y responsabilidad, no puede menos de agregarse 
otra, inspirada en un sentimiento de justicia; y es la de que, si hay algún gé- 
nero de capital que merezca particularmente respeto, él es, sin duda, el ca- 
pital empleado en la industria; porque lejos de sustraerse con pusilanimidad 
y sordidez al movimiento de la vida, para granjear un beneficio sin riesgos, 
representa un espíritu de iniciativa y de empresa que concurre al fomento de 
los intereses generales, afrontando más de una vez la contingencia de la ruina. 

Importa prevenirse, siempre que se agiten tan graves problemas, contra el 
influjo de un sentimentalismo inconsistente y vago, que encuentra fácil acceso 
en los espíritus no habituados a someter a prueba sus primeros impulsos con 
la observación serena de la realidad, y que se decora con un fácil prestigio 
de simpatía tratándose de cuestiones en que está comprometida la ventura y 
la prosperidad de tantos seres humanos. Lejos de nuestro ánimo la idea de 
que las inspiraciones que proceden del sentimiento, cuando significan la con- 
miseración por el ajeno infortunio, la pasión de la justicia debida a los des- 
heredados, y el interés por sus aspiraciones legítimas, no deban tener cabida 
en el espíritu del legislador: tanto valdría decir que los que dictan las leyes 
han de mutilar su personalidad en sus energías más nobles y capaces de 
inspirarla para el bien. Pero esos sentimientos fecundos nunca se confundirán 
con la sensibilidad desorientada que parte de un conocimiento reflejo o so- 
mero de las cosas; que se determina por impresiones efímeras, insuficiente- 


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mente depuradas en el crisol de la razón, y que a menudo conduce, con sus 
persuaciones inconsultas, a obstaculizar las mismas reparaciones que desea y 
exacerbar los mismos males que provocan su lástima. 

Necesario es también mantener la dilucidación de estos problemas en 
ambiente apartado de toda sugestión y toda influencia ajena a ellos mismos, 
y muy particularmente de las pasiones e intereses políticos. El elemento de 
opinión vinculado a las reivindicaciones de las clases obreras representa ya, 
en efecto, una suma demasiado poderosa de fuerza popular y de prestigio, para 
que las agrupaciones que contienden en la vida cívica no se sientan tentadas 
a disputarse, en determinados momentos, su adhesión, rivalizando en el te- 
rreno de la prioridad de las iniciativas, o de las innovaciones audaces y las 
concesiones radicales, con lo que se corre peligro de convertir en simple me- 
dio, subordinado a fines transitorios, aquello que afecta los intereses más vi- 
tales y permanentes de la sociedad. 

Pero lo que, sobre todo, se impone en este como en cualquier otro pro- 
pósito de aplicación económica o jurídica, es la necesidad de adaptar cuida- 
dosamente los resultados de la ciencia y la experiencia ajenas, a las condi- 
ciones propias, peculiares del ambiente, subordinando toda fórmula a una jus- 
ta consideración de la realidad. En tal sentido, nunca se lamentará bastante 
que cuestiones de la naturaleza de la que propone este proyecto hayan de 
plantearse sin que exista formado un censo industrial que permita adquirir una 
noción exacta y precisa del número de obreros vinculados a las diferentes indus- 
trias, de su clasificación en sexo y edad, de los salarios de que gozan y las 
horas que normalmente trabajan, como asimismo del capital representado por 
cada uno de los establecimientos industriales, su capacidad de producción, los 
agentes mecánicos de que hace uso, y otros elementos de juicio de que no 
cabe prescindir dentro de la complejidad de problemas que, como los reía-/ 
tivos a la organización del trabajo, no se resuelven por la mera aplicación de 
principios generales ni por la imitación inadaptada e inconsulta de preceden- 
tes que radiquen en medios que pueden diferir considerablemente de aquel 
en que se actúe, así en la relación social como en la económica. 

Por nuestra parte, para informar a V. H., hemos tendido a suplir hasta 
donde es posible, esa falta de una base de inducción completa y segura. 

En ausencia de una rigurosa información estadística, es justo consignar 
que la Oficina de Trabajo, a pesar del breve tiempo transcurrido desde su 
fundación, y de la deficiencia de los elementos de que ha dispuesto para sus 


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gestiones, ha acumulado en sus registros una suma regularmente importante 
de datos pertinentes a los diversos aspectos de la situación de nuestras clases 
productoras, acreditando así la laboriosidad y competencia de su personal. — 
Completadas estas noticias oficiales por las que debemos a otros órganos de 
información, el conocimiento en que hemos procurado fundarnos para juzgar 
de la oportunidad del proyecto sometido a nuestro estudio, puede conside- 
rarse de una relativa exactitud, que, en las líneas fundamentales, no sería mo- 
dificado de manera sensible por los resultados que arrojarían los números de 
un censo. 


II 

La limitación de la jomada de trabajo es en todas partes la más vehe- 
mente y porfiada de las reivindicaciones obreras. — Fúndase esta reivindica- 
ción en la necesidad de proporcionar el esfuerzo a la medida de la resistencia 
normal de la salud; y en el derecho a disponer, fuera del trabajo, de algún 
tiempo de reposo de espíritu o de actividad personal y libre. 

Obtenida, casi universalmente, la limitación de la jornada en lo que res- 
pecta a las mujeres y los niños, lo ha sido también, en algunas legislaciones, 
para los obreros adultos; quienes, en la mayor parte de las otras, gozan de 
ella cuando se trata de trabajos públicos o de contratistas del Estado, casos 
en que, éste actúa en calidad de patrón, administrando intereses propios.' — 
Una propaganda insistente reclama donde quiera la extensión de igual bene- 
ficio a la unanimidad de los elementos empleados en la vida industrial; y las 
multitudes del trabajo, concretan, en ese sentido, sus aspiraciones extremas en 
la famosa fórmula de las ocho horas, que ha sido una de las más prestigiosas 
banderas con que se las ha movido a la acción; aunque sería erróneo creer que 
ella sea la fórmula única, ni la definitivamente acreditada por el análisis y la 
experiencia, entre las que se han propuesto y ensayado para hacer efectiva 
una humanitaria reducción de las jornadas. 

Antes de detenemos a considerar los medios prácticos de esta reducción, 
eliminemos dos dificultades que atañen fundamentalmente al hecho de poner 
un límite obligatorio al tiempo de trabajo. 

En primer término: es legítima la intervención del poder público para 
restringir la libertad individual en el trabajador que contrata sus servicios por 
más de cierto número de horas? 


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Y si efectivamente es legítima esa intervención del Estado, ¿es oportu- 
na? ¿responde a u'na necesidad que no quepa satisfacer por un medio más 
adecuado o ventajoso? 

Para poner en duda aquella legitimidad, puede buscarse fundamento en 
dos derechos capitales, incorporados ambos a las bases de nuestra legislación, 
y por igual necesarios al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana. 

La libertad de trabajo es el uno; la libertad de contratar es el otro. 

Evitando plantear la cuestión que esto suscita, en el terreno de las ge- 
neralidades y las escuelas, poniendo en oposición principios abstractos: pre- 
rrogativas del individuo y facultades de la sociedad, individualismo y socia- 
lismo (términos, en suma, más que antagónicos, concordantes y complemen- 
tarios, como los de autoridad y libertad; como los de derecho y deber), aten- 
gámonos simplemente, para orientarnos, a las prescripciones expresas de nues- 
tra legislación positiva. 

El artículo 146 de la Constitución de la República, está destinado a con- 
sagrar el principio de la libertad de trabajo; y de la forma como lo define, 
es posible inferir si habría, en la intervención de que se trata, menoscabo del 
espíritu constitucional. 

“Todo habitante del Estado (dice) puede dedicarse al trabajo, cultivo, 
“industria o comercio que le acomode, coqno no se oponga al bien público o 
“ al de los ciudadanos”. 

El bien público y de los ciudadanos es, pues, el límite que la Constitu- 
ción de la República ha señalado al ejercicio de las energías laboriosas. 

Y es indudable que dentro de la más elemental concepción del bien pú- 
blico, entra el bien de la salud general, o sea el bien mismo de la vida, cuya 
preservación es anterior a cualquier otro deber de la sociedad constituida en 
Estado, porque radica en la más simple imposición natural, que se manifiesta, 
aun en el ser destituido de razón, por el instinto de la conservación de la 
especie. 

Sofístico fuera sostener que en el obrero que rinda la vida o la salud al 
exceso de trabajo, no hay comprometido más que un interés individual, al 
que el Estado debe permanecer ajeno. No es un hecho de mero interés indi- 
vidual el que procede de una situación que alcanza a muchos millares de 
individuos, el que sirve de exponente a los peligros y los sufrimientos que 
esa situación entraña para una parte numerosa de la sociedad; para aquella 
parte a cuya salud y a cuyas fuerzas está confiado el cultivo de los campos. 


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la construcción de las habitaciones, la elaboración del pan, el transporte de 
las personas y las cosas, y todos los demás elementales servicios que hacen 
posible la existencia material de la sociedad entera. Absurdo en cualquier 
tiempo el criterio que negase, a un hecho derivado de la manera como tales 
servicios se ejercen, su interés colectivo, — lo sería doblemente desde que la 
organización en grande de la industria ha acumulado, en fábricas y talleres, 
verdaderos ejércitos de conscriptos del trabajo, que constituyen, por su impo- 
nente muchedumbre, una demostración objetiva, abierta a las miradas de to- 
dos, de la suma de fuerzas, intereses y destinos que están vinculados al de- 
sempeño de esas funciones de utilidad común. 

La disminución de salud y de energías por el trabajo excesivo, prematuro 
o mal reglamentado, importa, colectivamente, un mal, si menos violento y 
ostensible, más hondo y persistente que el de una infección epidémica, ante 
cuyas amenazas el Estado concentra, sin protesta de nadie, sus medios de de- 
fensa, y hace pesar, sobre los derechos e intereses que sea menester lesionar, 
la razón de fuerza mayor. El mal físico que nace del cansancio del taller, no 
se mide todo por las tablas de mortalidad que denuncien la frecuencia de 
las muertes tempranas en los centros fabriles, ni por la proporción que re- 
presenten los obreros en los cuadros de morbilidad: sería necesario agregar 
lo que la depresión vital de los padres, transmite a su descendencia, de apo- 
camiento de vida y de predisposiciones mórbidas. El Estado consagra en 
todas partes, con ayuda de la piedad individual, al interés social, de la salud, 
hospitales y asilos donde se cura a los enfermos; pero hay una faz de la 
acción beneficente del Estado que debe prevalecer sobre el cuidado de curar, 
y es el cuidado de prevenir: — tal es la tesis que ha desenvuelto eficazmente 
Enrique Ensch en su difundido opúsculo sobre la Socialización de la medi- 
cina. Dentro de este deber preventivo, están comprendidas, desde luego, las 
usuales providencias de higiene pública. — Nadie discutirá el derecho de po- 
licía sanitaria con que el Estado puede penetrar al taller para fiscalizar sus 
condiciones de higiene. Y esta intervención sería ociosa y frustránea si no 
se la extendiese, en cierta medida, al acto mismo del trabajo, determinando 
el máximum higiénico de su duración. 

Pero el interés social no se determina sólo, en este caso, por la razón de 
salud pública y de conservación de la especie. Concurren a determinarlo 
otras consideraciones no menos imperiosas. Aún cuando la integridad de la 
persona física no padeciera con el exceso en el tiempo de trabajo, padecería 


321 



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fatalmente la integridad de la persona moral, tal como la requieren la idea 
de civilización, la idea de libertad, la idea de racionalidad. Una medida de 
trabajo que no deje lugar en la sucesión de los días más que a las interrup- 
ciones del sueño, equivale a la anulación de la personalidad humana, con- 
vertida en mero instrumento productor, como el animal uncido al yugo o 
como la rueda de la máquina. Hay en ello una verdadera sustracción del 
espíritu, más despiadada que la esclavitud antigua, que solía consentir a sus 
víctimas el beneficio de una cultura superior. Y si por efecto de esa inmola- 
ción del tiempo a una tarea maquinal, la vida de familia con su armonía 
de relaciones y afectos perpetuamente renovados, la vida cívica, con la par- 
ticipación consciente en los actos fundamentales de la colectividad, y ciertas 
elementales expansiones de la vida de la inteligencia, las conversaciones, las 
lecturas, llegaran a ser bienes imposibles para una parte considerable de la 
sociedad, ésta no podría menos de sentirse lesionada en sus más caros inte- 
reses, como no prefiriera sancionar en los hechos una norma de egoísmo que 
no diferiría más que en apariencia, de la que ha engendrado las desigualda- 
des de castas. Este deber de solidaridad sube de punto cuando se le consi- 
dera con relación a sociedades fundadas en el principio de igualdad demo- 
crática; porque el reconocimiento de los derechos que determinan la igualdad 
civil y política, no pasaría de una burla siniestra si la sociedad confirmase con 
su indiferencia una situación en que el ejercicio de gran parte de esos de- 
rechos estaría físicamente imposibilitado por una parálisis aún más invencible 
que la que inutiliza los órganos del movimiento. Todas estas consideraciones 
concretan, evidentemente, una faz capital de ese bien público a que se ha 
referido el artículo 146 de nuestra Constitución. 

Y ha de agregarse todavía que, siendo las condiciones inferiores de la 
existencia del trabajador, y su aspiración a mejorarlas y dignificarlas, origen 
de una agitación creciente, que excede de lo accidental y transitorio para 
convertirse en rasgo o peculiaridad de un estado social determinado, mani- 
festándose por huelgas y conflictos que a menudo tienen grave trascendencia 
en el orden de la sociedad, el bien público se determinaría también por la 
necesidad de eliminar esa fuerza latente de desorden, acudiendo a segar en 
sus raíces las causas de que se deriva. 

La libertad de contratación es otro de los derechos en cuya virtud suele 
desconocerse la facultad del Estado para limitar la duración cotidiana del 
trabajo que se estipula en servicio de otro. 


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Conviene recordar desde luego que la libertad de contratar no es ilimi-* 
tada ni ilegislable. El precepto constitucional que, asegurando el goce de los 
derechos individuales, prescribe que nadie podrá ser privado de ellos smp 
conforme a las leyes, no la ha exceptuado de su alcance. 

Nuestra legislación común, en punto a las relaciones entre el patrón y 
los obreros, permanece inmovilizada dentro de moldes anteriores a la profun- 
da transformación que en las condiciones del trabajo humano han sucedido des- 
de el último siglo al centuplicado impulso del desenvolvimiento industrial, dan- 
do por resultado un concepto enteramente nuevo del carácter jurídico de aque- 
llas relaciones. No pasan nuestros Códigos del concepto del simple arrenda- 
miento de obra, inapropiado y mezquino para caracterizar una cooperación 
que debe regularse por una idea, mucho más alta y noble, de solidaridad. 
Pero, aún en estos límites estrechos han tenido espacio para dar, siquiera sea 
rudimentariamente, formas efectivas al principio de que, en este como en 
cualquier otro objeto de convención, hay un término infranqueable a la vo- 
luntad de las partes contratantes; y así, nuestra legislación civil y comercial 
estatuye que nadie puede obligar sus servicios por un tiempo indeterminado, 
ni para empresa u obra que no sea concreta. — La libertad de contratar ha de 
someterse a los límites que le señalan de consuno las demás manifestaciones 
de la libertad del individuo y los fines esenciales de la sociedad. 

Por otra parte, es argumento que nadie ha podido desvirtuar, aunque ha 
sido propuesto reiteradamente al debate, el que señala lo precario y ficticio 
de una libertad de contratar ejercida en condiciones de desigualdad tan no- 
torias como las que separan al industrial que ofrece trabajo, del obrero que 
llama a sus puertas. Es el contrato entre la fuerza y la debilidad; entre la 
libertad y la necesidad; y en casos extremos, pero no infrecuentes, entre la 
opulencia y el hambre. Es la forma cabal del pacto leonino. Cierto es que 
este vicio de desigualdad podría observarse a menudo en muchas otras con- 
venciones legales; pero no con tal desproporción; y sobre todo, no con el 
carácter de un hecho tan común y consuetudinario. Debajo de esa libertad 
formal cuya intangibilidad se defiende, en el arrendamiento de servicios se 
oculta en realidad un fondo insondable de coacción y violencia. Los más 
brutales abusos, las explotaciones más inicuas, son condiciones aceptables pa- 
ra el que delibera sobre lo que le proponen, cuando la deliberación se plan- 
tea entre estos términos: vivir o morir. Y si se recuerda que es un principio 
jurídico inconcuso, en cuanto a la validez de los convenios, que el consenti- 


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miento dado en circunstancias de violencia moral vicia de nulidad lo con- 
venido, no será mucho que, moralmente a lo menos, veamos una suprema 
razón de nulidad en las obligaciones que contrae el trabajador que arrienda 
sus fuerzas bajo la presión de las angustias de la necesidad. El oprimido a 
quien se reconoce derecho de emanciparse cuando quiera, no es un esclavo; 
pero si esa fuga o liberación a que se le reconoce derecho ha de equivaler 
para él al hambre y a la muerte, ¿qué diferencia lo separa de la condición 
del esclavo si no es la vanidad del nombre? 

Limitar una libertad aparente y falaz en el acto del contrato, significa 
resguardar una libertad infinitamente más real y preciosa: la de la verdade- 
ra posesión de sí mismo, la del uso de la propia personalidad, inconciliable 
con jornadas que absorban todo el tiempo de vida en automático servicio del 
provecho ajeno. 

Pero si la intervención del poder público con las limitaciones que nece- 
sariamente imponga en la libertad de trabajar y contratar, es, en principio, 
legítima, queda por resolver aún si ella es oportuna; si responde a una ne- 
cesidad que no pueda satisfacerse de manera mejor. 

Allí donde los medios de la iniciativa privada resulten débiles o incon- 
ducentes para la satisfacción de una conveniencia pública, allí y sólo allí 
empieza la jurisdicción del Estado en el sentido de atender a ella; a menos 
de hipertrofiar el Estado su poder y sofocar el fecundo desenvolvimiento de 
la espontaneidad individual. 

¿Hay, pues, dentro de las actuales condiciones de las sociedades huma- 
nas, y concretamente, de la sociedad para quien legislamos, recursos eficaces 
con que arribar a una satisfactoria reglamentación del trabajo y a una justa 
protección de los trabajadores, prescindiendo de la acción directa de la ley? 

Indudablemente los habría si el industrial tuviese de ordinario una con- 
cepción clarovidente y elevada de las exigencias de su interés definitivo. Le- 
vantándose entonces por encima del aparente y transitorio interés que puede 
moverle a la desconsideración y la injusticia con sus colaboradores forzosos, 
llegaría a comprender que una estrecha solidaridad de destinos lo vincula a 
éstos, y que no debe, por tanto, abusar de sus fuerzas ni exacerbar sus agra- 
vios, sino ver en el agente productor y ver en sí mismo como dos órganos 
cuya integridad es mutuamente necesaria para ambos, siendo la condición de 
la salud de un cuerpo único. 

Las persuasiones de esa elevada consideración de utilidad, de ese interés 
bien entendido (ya que motivos más altos de filantropía y desinterés no es 


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posible incluir entre los móviles comunes de las acciones humanas), serían 
suficientes para amparar al obrero contra los excesos de la brutalidad o la 
codicia, sin necesidad del escudo protector de la ley. 

Pero bien se comprende que semejante garantía es, en realidad, asaz pre- 
caria y problemática. El industrial está lejos de ser siempre un espíritu su- 
perior. “El interés particular, — dice acertadamente el Mensaje del Poder Eje- 
cutivo, — no se eleva a ciertas consideraciones generales”. Y puede añadirse 
que, aun cuando por excepción se eleve a ellas, se verá impedido de llevar 
sus propósitos benéficos más allá de ciertos límites, por el hecho de que su 
propia calidad de excepción le pondría en condiciones inferiores de com- 
petencia. 

Otro medio, mucho más adaptado al conocimiento de la naturaleza hu- 
mana y a la historia de esta cuestión social, puede señalarse para excusar al 
poder público de la ingerencia en los conflictos del trabajo. Consiste este 
medio en fomentar, en obreros y patrones, el espíritu de asociación profesio- 
nal, de modo que cada una de esas parcialidades se organice y adquiera per- 
sonalidad corporativa, relacionándose entre ambas y propendiendo a equili- 
brar sus conveniencias y derechos. 

La facultad de contratar, en materia de trabajo, podría ser abandonada 
sin temor a las contingencias de una libertad irrestricta, si, frente a una aso- 
ciación de los intereses patronales, que uniformase las manifestaciones de su 
voluntad, hubiera constituido un fuerte haz de sindicatos obreros, autorizados 
por la ley para el contrato colectivo, de modo que desapareciera la debilidad 
del proletario que estipula individualmente con el patrón, — y dotados, ade- 
más de una base material suficiente como para ofrecer al capital la confian- 
za de una responsabilidad efectiva en cuanto al respeto de sus convenciones. 

En tal caso, el interés legítimo del trabajador tendría su amparo y su 
vigilancia en sí mismo, y el juicio arbitral podría dirimir pacíficamente todas 
las disidencias de obreros y patrones, sin que el Estado necesitase abandonar 
su norma de abstención. 

Cualesquiera que sean sus condiciones de practicabilídad en el presente, 
tal solución, es, sobre toda duda, un ideal a que se debe tender; es la fór- 
mula superior y completa, más sólida y más digna que otra alguna, puesto 
que busca su fundamento en las costumbres, y su impulso en los movimien- 
tos saludables de la libertad y la cooperación, sin los peligros que induda- 
blemente encierra una apelación sobrado solícita al favor providencial del 
Estado. 


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Por medio de esa libre asociación de fuerzas es como las Trade Unions 
han organizado, en los pueblos anglo-sajones, un poder que impone respeto 
al interés conservador y a la autoridad de los gobiernos. — Por ese medio es 
como los trabajadores de la Australia y de la Nueva Zelanda han conquistado, 
en empeñosa brega, la reducción de las jornadas, el salario mínimo, la solu- 
ción arbitral de las cuestiones del trabajo, y otros rasgos, aún más avanzados, 
de una organización social que ha dado lugar a que se señale por muchos, 
en aquel mundo nuevo, la anticipada imagen de la humanidad del porvenir. 

Pero, infortunadamente, la asociación de las fuerzas obreras está lejos de 
haber alcanzado en todas partes el grado de generalidad, de organización y 
de recursos, que sería necesario para poder confiar en la exclusiva eficacia de 
su acción. Y si nos referimos a nuestro propio medio, tal deficiencia es tanto 
más sensible. Ese género de asociación hoy incipiente entre nosotros y supe- 
ditada casi siempre a tendencias que no son puramente las de las reivindi- 
caciones económicas del trabajador, ha de luchar por mucho tiempo todavía 
con los impedimentos que acumularán ante ella la relativa escasez de las fuer- 
zas asociables; el carácter flotante e inorgánico de nuestras clases obreras, for- 
madas en su gran mayoría por elementos colecticios, procedentes de todas di- 
recciones, sin los vínculos que crea la comunidad de nación o de oficio inve-' 
terado y fijo; y por último, cierta tendencia ingénita de nuestra sociabilidad, 
cierta influencia peculiar del ambiente, que dificulta, para cualquier género 
de propósitos, la concentración y el acuerdo de las voluntades. 

Por otra parte, la suficiencia, de la asociación gremial, como medio exclu- 
sivo de regular las relaciones del trabajo, no parece muy asegurada en la ac- 
tual situación de las cosas humanas, si se considera que son los pueblos donde 
esa asociación florece y cunde, los pueblos de las Trade Unions, los que con 
más eficiencia han propendido, mediante la propaganda de éstas mismas, a 
obtener la intervención del Estado para la reforma de las condiciones de la 
vida industrial. La legislación del trabajo, según ya hemos tenido ocasión de 
recordarlo, ha nacido en lo moderno, de las actas de fábricas de Inglaterra; 
sin que hayan sido obstáculo para ello ni la fuerza omnipotente que alcanzan 
en esa gran nación los recursos de la acción privada, ni el individualismo que 
radica en los más hondos terrones de su tradición social. 

En nuestros días, puede afumarse definitivamente que la tendencia in- 
tervencionista no tiene adversarios absolutos. Todo está en la medida que se 
le señale, o en las cuestiones a que se la extienda, y este es, sin duda, punto 


326 



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delicado y grave. Si se tiene en cuenta que la intervención del Estado en el 
régimen del trabajo, no se cumple sino al precio de restringir ciertas liberta- 
des, tan respetables como todas, es lícito sentar por principio que para fijar 
el límite de esas libertades no debe bastar con una probabilidad de conve-i 
niencia: será menester que esa probabilidad raye en los términos de la cer- 
tidumbre, y que esta conveniencia, por el grado a que se levante, asuma los 
caracteres de una necesidad. 

Tal es el criterio, a que, por nuestra parte, procuraremos ajustarnos. Pa- 
semos ya a considerar la parte del proyecto sometido a nuestro estudio, re- 
lativa a la limitación de las horas de trabajo. 

III 

El defecto de que fundamentalmente adolece la fórmula del Poder Eje- 
cutivo, es la inflexibilidad de sus lineamientos: la rigidez con que tiende a 
comprimir, dentro de moldes comunes e invariables, actividades diferentes por 
la naturaleza de sus procedimientos, y capacidades desiguales por la medida 
de sus energías. 

La jomada uniforme de ocho horas para el trabajo de fábrica y taller, pres- 
tigiosa como aspiración humanitaria, y admisible como límite normal, que 
sirva como regulador o de modelo, es a todas luces violenta y desconocedora 
de la realidad, si ha de tomársela como canon cerrado e inflexible, que no 
dé lugar a ampliación, a modificación, a salvedad alguna. 

Ni aún tratándose de reducciones menos extremas en el número de horas, 
se las ha considerado, en otras partes, conciliables con la fijeza y la igualdad. 
Recórranse todas las leyes similares; consúltense todas las fórmulas a que se 
haya dado sanción práctica en la reglamentación del tiempo de trabajo, cual- 
quiera que sea la amplitud de sus límites: todas comportan numerosos casos 
de excepción, todas prevén dificultades, todas hacen diferencias; sea en su pro- 
pio texto, sea en los reglamentos que concretan y particularizan su aplica- 
ción; sea concediendo a determinados órganos de autoridad la prerrogativa 
de atenuar o suspender en ciertas circunstancias, según su prudencial arbitrio, 
el rigor de las disposiciones comunes. Y esto fluye naturalmente de la com- 
plejidad infinita de la materia sobre que recae la acción de estas leyes, y de 
las circunstancias imprevistas que a cada paso surgen, desde que se las lleva 
de la esfera de las generalizaciones al vario y desordenado campo de la rea- 
lidad. 


327 



1908 


Es fácil darse cuenta, en primer término, de que las maneras de organi- 
zación y funcionamiento de los diferentes géneros de industrias están lejos de 
seguir una pauta uniforme: y por tanto, no cabría imponer en todas ellas una 
medida de tiempo absolutamente igual, sin producir una nivelación que for- 
zaría la naturaleza de las cosas. Además, la intensidad relativa de trabajo 
nunca podría medirse con exactitud por la simple extensión de tiempo. Una 
igual duración de la labor no importa el mismo gasto de energías en las in- 
dustrias que exigen el esfuerzo rudo o la atención concentrada, que en las 
que se desempeñan por movimientos livianos y automáticos. Esa duración no 
envuelve iguales riesgos para la salud en la generalidad de las industrias que 
en las que son esencialmente antihigiénicas por el material que se maneja o 
por la índole del esfuerzo que imponen. El trabajo que se verifica al aire li- 
bre difiere del que se realiza bajo techo, y el de horario nocturno del de diur- 
no. La condición de cierto género de manufacturas vuelve difícil o imposible 
fijar con exactitud el límite del trabajo del día, porque la interrupción de 
ciertas operaciones frustaría su resultado; mientras que en otras manufactu- 
ras el término de cada operación es fácilmente previsible, o su interrupción 
es innocua. La necesidad de valerse de turnos o relevos por la reducción del 
horario, importará en determinadas industrias una dificultad mucho mayor 
que en las demás. Hay especies de elaboración en que puede reforzarse el 
trabajo de taller con el trabajo a domicilio, a diferencia de otras, en que el 
obrero sólo puede trabajar dentro del taller. El descanso en la cantidad de 
producción, el encarecimiento del producto, la merma del salario, por la dis- 
minución de las horas, no son consecuencias igualmente probables, ni igual- 
mente temibles, en los diferentes órdenes de industrias. Y en una palabra: 
de cualquier punto de vista que se le considere, cualquiera que sea el interés 
con que se le relacione, el organismo industrial presenta un conjunto tan com- 
plejo y tan múltiple, que la vanidad de pensar en una reglamentación unifor- 
me aparece de manera intuitiva apenas se pasa de lo más exterior de él. 

Debe en general desconfiarse, — contra la creencia vulgar, — de las leyes 
que no establecen excepciones ni especifican diferencias. El objeto a que se 
aplican las leyes, el fondo diversísimo e inestable de la sociedad humana, es 
cosa demasiado apartada de la simplicidad para que una medida absoluta- 
mente común sea, las más de las veces, conciliable con el acierto y la justicia. 
Pero tratándose de la cuestión que examinamos, la verdad de esa observa- 
ción sube de punto, porque difícilmente se hallaría materia más compleja que 


328 



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ésta. Aún no se ha dicho todo con señalar la diversidad de las industrias 
entre sí. La complejidad se reproduce, a menudo, en los distintos momentos 
de la actividad de cada industria. Numerosas son las clases de trabajo en que 
un horario inflexible no se adaptaría a las necesidades cambiantes de la pro- 
ducción, según las estaciones, según la inclemencia o la bonanza del tiempo, 
y según las mil causas que influyen en las alzas y bajas de la demanda. 

Se deduce de aquí, y es menester reconocerlo, una de las indudables ven- 
tajas que el libre acuerdo entre las partes tiene, en principio, sobre la inter- 
vención del Estado, para la solución de las dificultades del trabajo. Presu- 
puesta una organización de los intereses patronales y gremiales, en la que 
estos últimos estuviesen dotados de fuerza suficiente con que equilibrar los 
medios del patrón, cada industria, cada gremio, se darían autonómicamente 
la jomada que mejor conviniese a la índole de sus tareas, armonizando las 
aspiraciones legítimas del industrial y del obrero; modificándola según su ex- 
periencia y adaptándola al cambio de las circunstancias. Pero mientras tal 
organización no exista y la intervención del Estado sea necesaria para com- 
pensar la debilidad de una de las partes, esta intervención debe tener por 
norma conciliar los límites que fije al uso de los servicios del trabajador, con 
la necesidad de respetar las naturales diferencias determinadas por la dis- 
tinta aplicación de esos servicios. 

Tal es el resultado de la más somera consideración de las cosas, y tal 
es también el ejemplo en todas partes en donde se ha reglamentado legal- 
mente el trabajo. Los pocos pueblos que han señalado un límite a la jorna- 
da del obrero adulto, no lo han hecho sin prevenir, de una u otra manera, 
aquellas causas de desigualdad. En la legislación francesa, la jornada de diez 
horas, que establece la Ley de 1900 y que ha entrado en vigencia desde 1904, 
alcanza sólo a los obreros que trabajen en los talleres y manufacturas donde 
también se ocupen mujeres y niños. Para los demás, rigen las doce horas que 
prescribe el decreto dictado durante la efímera República de 1848 por el lla- 
mado “Consejo de Luxemburgo”. Pero, además de esta primera diferencia, así 
este decreto como aquella ley, están sujetos en la práctica a numerosas excep- 
ciones. El Decreto de 1848 establece en su artículo 2° que “los reglamentos de 
administración pública determinarán las excepciones que sea necesario introducir 
en la disposición general, por razón de la naturaleza de las industrias o de 
causas de fuerza mayor”. Y la Ley de 1900 está limitada en su aplicación por 
disposiciones como las de la ordenanza de 28 de marzo de 1902 que autoriza 


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los trabajos extraordinarios fuera del máximum normal de diez y doce horas, 
en determinados géneros de industria o en ciertos casos de urgencia. 

La legislación suiza ha consagrado, desde 1887, el horario universal de 
once horas; pero no sin dejar lugar, por el artículo 11 de la famosa ley de 
aquella fecha, a los pedidos de autorización para prolongar extraordinaria- 
mente la duración de las horas de trabajo; pedidos que, según el término de 
la prórroga, deberán dirigirse a las autoridades del distrito o al Gobierno 
federal. 

La ley austríaca de 1885, que, como la suiza, establece un máximum de 
horario para los obreros adultos, lo fija también en once horas; pero con tal 
suma de excepciones y derogaciones, que, seguramente, los casos que quedan 
dentro del alcance de la ley no superan en número a los excluidos. 

Inglaterra no ha legislado en cuanto al horario de los adultos; pero aún 
tratándose sólo de la reglamentación del trabajo de niños y mujeres, basta 
revisar el gran bilí de 1878, que reúne y sistematiza la legislación industrial, 
para encontrar a cada paso una diferenciación en materia de horas de trabajo: 
según el género de fábricas, según la premura de la tarea y según otros mu- 
chos motivos de diversidad; todo ello sin perjuicio de autorizar ampliamente 
las derogaciones expresas por concesión del Secretario de Estado. 

Si esta necesidad de diferenciar, de exceptuar, de abrir espacio para el 
trabajo extraordinario que fuere requerido por la urgencia del caso o por la 
naturaleza de la industria, ha sido así atendida tratándose de jomadas norma- 
les de diez a doce horas, ¿cuánto más imperiosa no será la fuerza de tal ne- 
cesidad cuando se fije en ocho horas la duración de la jomada normal? 

Cítase comúnmente el ejemplo de la Australia y de la Nueva Zelandia, 
en abono de la practicabilidad de la jornada de 8 horas. La ley ha consagra- 
do, efectivamente, en esos pueblos, la suspirada fórmula. ¿Es sin excepciones 
como la ha consagrado? Consúltese la ley neo-zelandesa de 1901, admirable 
código del trabajo industrial. Junto al inciso del artículo 18, que fija para el 
obrero adulto el máximum de 48 horas semanales, está el inciso donde se 
previene que en un anexo de la ley se enumeran los géneros de industria ex- 
ceptuados de esa disposición. 

En 1904, en la República Argentina, el Gobierno del General Roca pro- 
puso a la sanción parlamentaria un vasto y concienzudo proyecto de legisla- 
ción del trabajo, que a pesar de que nunca llegó, según creemos, a tomarse 
en consideración, merece ser citado como notable antecedente teórico. Ese 
proyecto, obra del cultivado espíritu del doctor don Joaquín V. González, esta- 


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1908 


blece la jomada de 8 horas; pero cuida de asegurar, en el mecanismo de la 
ley, la flexibilidad que haga sus disposiciones practicables. Consideramos de 
interés reproducir aquí las palabras con que el renombrado publicista argen- 
tino expone su criterio sobre el particular. “El proyecto (dice) opta por las 
“8 horas teniendo en cuenta que hay numerosas excepciones que la modifi- 
“carán en casos en que las condiciones en que el trabajo se realiza permiten 
“y aún imponen una jomada más larga, como en las faenas rurales y agríco- 
las y en todo trabajo al aire libre, en que el desgaste físico o la influencia 
“del aire en locales cerrados no entra como factor de disminución. En todo 
“caso, la autoridad técnica, en presencia de los caracteres propios de cada 
“industria, dentro de un determinado número de ellas, y además, las con- 
“ venciones formuladas entre obreros y empresarios, elevados a la categoría 
“de reglamentos por todo un conjunto de trabajos similares, se encargará de 
“establecer las diferenciaciones necesarias. Además los tribunales en concilia- 
ción y las cortes de arbitraje, habilitados para resolver los conflictos colecti- 
“vos sobre las condiciones del trabajo, fijarán también en cada caso la jor- 
“nada que corresponda, mediante el juicio pericial de los técnicos y de acuer- 
“do con los antecedentes del proceso. Luego, en realidad, el proyecto no es- 
tablece la jomada de 8 horas para toda la industria, sino que, bien estu- 
“ diado, se verá como en la práctica la combinación de horarios en él ideada 
“dará como resultado una escala variable y aplicable de diferente modo en 
“ situaciones diferentes”. 

La autoridad de estos ejemplos concurre a reforzar las razones en cuya 
virtud hemos juzgado necesario quitar a la limitación de las horas de trabajo 
el carácter de inflexibilidad que tiene en el proyecto del Poder Ejecutivo. Pa- 
samos a exponer ahora la forma como propendemos a hacer esa limitación 
adaptable a las distintas circunstancias. 

Al procedimiento de prever excepciones que se señalen taxativamente, ya 
en la ley misma, ya en su reglamentación, o que queden libradas al criterio 
de las autoridades a quienes corresponda aplicarla, hemos considerado pre- 
ferible — teniendo en cuenta lo radical de la restricción de 8 horas que man- 
tenemos para la jomada normal, — el sistema de conceder algún espacio, fuera 
de esas horas, a la libertad de contratar; de suerte que, según las condiciones 
y necesidades de cada industria, y según las accidentales exigencias de cada 
oportunidad de su desenvolvimiento, pueda el industrial, sin obligación de 
recurrir al permiso de las autoridades, tomar dentro de aquel término libre el 


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tiempo que sea menester. El trabajo extraordinario así autorizado, nunca po- 
drá pasar de tres horas, las cuales serán retribuidas con ventaja respecto del 
salario de las horas normales. Se tendrá, pues, en las industrias que precisen 
apelar, accidental o permanentemente, al trabajo extraordinario, una jornada 
máxima de 11 horas, o sea, igual en duración a la que la avanzada legislación 
suiza, la de espíritu más ampliamente humanitario en Europa, consagra como 
jornada normal, susceptible de aumentarse extraordinariamente. 

Algunos de los Estados de la Unión Americana, v. gr.: Nebraska y Ca- 
lifornia, han tendido también a conciliar el establecimiento de un horario 
normal con las ventajas del contrato libre; y al efecto, han dado fuerza legal 
a la jomada de 8 horas sólo para aquellos casos en que no exista convención 
en contrario entre el industrial y los obreros. Pero esta autorización indefi- 
nida, sin máximum de tiempo, del trabajo extraordinario, o más bien, del 
trabajo normal con convenio expreso, vale tanto como desvirtuar los fines 
esenciales de la reglamentación de las horas de trabajo. Bien sabido es que, 
en las actuales condiciones jurídicas del contrato entre patrones y trabajadores, 
el obrero carece de medios suficientes con que equilibrar la abrumadora su- 
perioridad del capital: de manera que nada ampararía al obrero, en un ré- 
gimen de plena libertad de convenciones, contra la imposición de las joma- 
das brutales que destrozan el cuerpo y humillan y anulan el espíritu. Es ne- 
cesario un límite que respete las conveniencias extremas de la conservación 
social y de la dignidad humana. Y de tal punto de vista, aunque se com- 
prende que, tratándose de este género de fórmulas, no es posible aspirar a 
una exactitud o a una precisión absoluta, hay, por lo menos, grandes pro- 
babilidades de acierto si se afirma que una jornada de fábrica o taller, que 
pase de once horas, no se justificaría ni por la mayor consideración de orden 
económico o de utilidad general, porque, aún cuando por la índole excepcio- 
nalmente liviana del trabajo no representase, en algún caso, un exceso bru- 
tal, representaría siempre una absorción de tiempo inconciliable con el libre 
uso de la propia personalidad y con la satisfacción de los más elementales 
vínculos de la sociedad y la familia. Por otra parte, dentro de las necesidades 
y los usos de nuestras industrias, no hay trabajo que no pueda obtenerse, sin 
grandes violencias, en un término inferior al máximum que se concede en el 
proyecto. 

Expuestas las ventajas que la ampliación accidental de la jornada de 8 
horas tiene del punto de vista de las necesidades industriales, cabe preguntar 


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si esas ventajas subsisten cuando se consulta el interés del obrero; y creemos 
que la respuesta afirmativa surgirá, clara e imperiosa, para todo espíritu des- 
apasionado. El interés del obrero no puede ser otro que el de que se limite 
la duración de su trabajo hasta el punto en que estrictamente lo requieran la, 
integridad de su naturaleza física y los fueros de su personalidad moral. Pero 
toda limitación que no se contenga en esa estricta medida, y obstaculice la 
libertad del trabajador para el desenvolvimiento de las fuerzas que son la 
condición de su existencia y el fundamento de sus aspiraciones y esperanzas, 
no puede menos de ser considerada por el obrero como una abominable ti- 
ranía, que se dirige contra sus más caras y esenciales conveniencias. 

Desde luego, si falsa es la identificación de las condiciones de todas las 
industrias, en cuanto al tiempo en que hayan de desenvolverse, falsa sería 
también la identificación de las condiciones y necesidades de los individuos, 
con relación a los fines del trabajo. No todos los obreros tienen igual número 
de hijos a quienes mantener. No entre todos está igualmente repartido el pe- 
so de las calamidades que acrecientan los gastos permanentes o eventuales 
de la familia: las enfermedades, las defunciones, las deudas, los padres invá- 
lidos o ancianos a quienes auxiliar, etc., etc. Aún cuando hubiera modo de elimi- 
nar estas diferencias, siempre quedaría en pie un motivo de disimilitud que 
bastaría por sí solo para justificar las desigualdades en la medida de trabajo: 
la diversidad en el grado de la aptitud. Y hemos aludido con esto a uno de 
los peligros que más cuidadosamente han de orillarse en estas leyes de re- 
paración social: porque a poco que ellas se salgan de sus límites, a poco que 
se les inficione del espíritu del socialismo igualitario, conducen a la funesta 
extinción de todo estímulo y toda emulación, con lo que se abate el legítimo 
privilegio de las aptitudes superiores y se quita al trabajo la lontananza con 
que lo anima y alegra el pensamiento del triunfo, para reducirlo a una obli- 
gación monótona y tediosa, aunque se le haya eximido de sus crueles espinas, 
que no promete a nadie más que lo que concede a todos. 

En buenhora se atenúen los efectos de la competencia y de la lucha por 
la vida, con el bálsamo de la piedad. Pero nunca se les anule de modo que 
no queden medios para que el más fuerte, el más laborioso, el más capaz, o 
si se quiere, el más ambicioso, — puesto que la ambición noble y digna es de 
por sí una razón de calidad, — logre descollar y prevalecer sobre la multitud 
de los mediocres. El carácter esencial de la sociedad democrática será siem- 
pre la justicia inmanente que permite a cada cual destacarse según sus fuer- 


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zas y merecimientos, y hace de cada hombre el artífice de su propio destino. 
Pobre concepto del trabajo sería el de aquel que lo considerase simplemente 
como un medio de subsistir: él es también un medio de progresar y de ele- 
varse. Cuando todas las necesidades de su vida estén satisfechas; cuando en 
su casa haya todo el pan y todas las ropas que se necesiten, todavía quedará 
al trabajador un estímulo para persistir en el trabajo: la posibilidad del ahorro, 
que le dará modo como levantarse sobre su condición y escalar para sí o 
para sus hijos rangos superiores de la sociedad. Vano será que se declame 
contra estas razones, arguyéndose con que es cruel ironía hablar a los que 
perecen, acaso, en las angustias del desamparo y la miseria, de la posibilidad 
de atesorar y ascender. Los hechos prevalecerán sobre las declamaciones, y 
es un hecho que puede comprobar cualquiera dentro del alcance de su obser- 
vación personal, el caso del obrero que ha conquistado el bienestar, y aún 
la fortuna, como recompensa de su habilidad, de su perseverancia o de su 
economía. Aún cuando este hecho no fuera frecuente (y relativamente lo es) 
bastaría que fuese posible para que debiera facilitarse la ocasión de que se 
produjera. Llenos están los anales de las sociedades democráticas de estos 
encumbramientos dignificadores, que no se limitan, por cierto, a la conquista 
de un mayor bienestar material, sino que llegan más alto y alcanzan a los 
bienes superiores del poder y del renombre, y un día levantan a Lincoln, el 
leñador del Illinois, al Capitolio de Washington, y otro día levantan a Félix 
Faure, el curtidor de Turena, al palacio del Elíseo. No rebajemos la energía 
de las voluntades, en nombre de una falsa igualdad. Dejemos algún campo 
abierto para que trabajen algo más que los otros, aquellos que más lo nece- 
sitan, o que más aptos son, o que más ambiciones tienen; y con esto respeta- 
remos ios principios fundamentales de nuestra organización democrática, y tu- 
telaremos el más alto y vital interés de los trabaiadores. 

IV 

Tal como nuestro proyecto modifica la fórmula del Poder Ejecutivo, pue- 
de asegurarse que su aplicación no impondrá alteraciones de cuantía en las 
actuales costumbres de nuestra organización industrial, ni hará otra cosa que 
completar una evolución, favorable a las jomadas breves, que se han desen- 
vuelto con prescindencia del Estado. Pocas serán las industrias a las que 
venga estrecho el término máximo que tolera la flexibilidad del horario esta- 


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blecido en el proyecto; o que no puedan ceñirse a él sin graves perjuicios. Las 
jomadas que pasan de once horas son en nuestras fábricas y talleres una rara 
excepción. 

Debe tenerse en cuenta, desde luego, que el horario fijo de ocho horas 
es una conquista ya alcanzada en muchas de las industrias cuyo funciona- 
miento peculiar no opone dificultades insalvables a esa limitación de tiempo. 
Gozan actualmente de la jornada de ocho horas, por libre acuerdo entre obre- 
ros y patrones, gremios como los albañiles, los carpinteros de obra blanca y 1 
de ribera, los herreros, los herradores, los operarios joyeros, los escultores en 
madera, los calafates, los aserradores de ribera, los trabajadores en mármol, los 
ebanistas de taller, los elaboradores de cigarrillos, de galletitas y de fósforos. 

En otros gremios, el horario actual pasando de ocho horas, no alcanza a 
11. — Trabajan 9 horas: los talabarteros, los lustradores de muebles, los bali- 
jeros y bauleros, los aparadores de botas, los maquinistas de calzado, los ope- 
rarios sastres, etc. — Trabajan 10 horas: los cortadores sastres, los ebanistas de 
fábrica, los caleros, etc. 

Excusado es decir que estos gremios que, en un régimen de ilimitada li- 
bertad, cuando no hay máximum obligatorio de tiempo, han obtenido, por su 
propia gestión o por espontánea concesión del industrial, jornadas inferiores 
a 11 horas, en nada verán modificado su horario por la vigencia de la ley. Es 
obvio que los industriales que han podido adaptar el movimiento regular de 
sus empresas a aquellas jomadas breves, sin que los moviese a ello más que 
su propio interés o el de conciliar con los obreros, sólo tendrán motivo para 
mantener, y aún reducir, sus horarios, desde que sepan que todo tiempo que 
exceda de las ocho horas normales entra en la condición de trabajo extraordi- 
nario, con derecho a ser beneficiado en la retribución. 

La duración de las jornadas varía, en otros gremios, según las estaciones 
del año; y es, sin duda, una de las ventajas de nuestra fórmula, la de dejar 
subsistir estas diferencias, que la fórmula absoluta abatiría con su rasero ni- 
velador. — Así, los peones de las barracas de madera trabajan 9 horas en ve- 
rano y 8 en invierno; los de las barracas de lanas, 9 ^2 en invierno y 10 en 
verano; los de las barracas proveedoras de carbón, 9 y 10 horas respectiva- 
mente; los aserraderos, 8 y 9 horas; los operarios de las fábricas de rodados, 
8 y 10. 

Fuera de estos horarios constantes, (y sin que entre en cuenta el trabajo 
a domicilio, ni el que se tasa por piezas, y no por el término de duración) que- 
dan los casos en que el horario es indeterminado y variable según mil cir- 


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cunstancias que se relacionan con las desigualdades de la demanda u otros 
motivos de oportunidad. Nuestra modificación permitirá respetar también esta 
práctica inherente a la índole de muchas labores. 

La reducción de los horarios excesivos, o conceptuados tales por los obreros, 
es una de las reivindicaciones que han servido de acicate a las huelgas, y a 
menudo con éxito favorable. Los bauleros y valijeros, que hasta septiembre 
de 1905 trabajaban 16 horas, desde la huelga de esa fecha trabajan 9; los to- 
neleros, que trabajaban 13 horas, hasta hace pocos años, obtuvieron por la 
huelga el horario de 11; y apelando al mismo recurso, los varaleros lograron 
cambiar, en 1906, su horario de 14 y 15 horas por el de 10; y los lustradores 
de muebles, en el mismo año el de 10 por el de 9. 

Subsisten aún, es cierto, jornadas superiores a 11 horas. En la elabora- 
ción de papel y los molinos rige la de 12, y la de 14 en la elaboración del 
pan. — Pero es en los saladeros donde las grandes jornadas de 16, 18 y aún 
más horas, señalan el máximo grado de tensión de las fuerzas del trabajador. 

Estos casos no representan, sin embargo, más que una proporción rela- 
tivamente mínima. Para la gran mayoría de las industrias, el régimen que 
aconsejamos no trastornaría fundamentalmente las prácticas establecidas. La 
sola circunstancia de que podría temerse algún desequilibrio es la del super- 
salario que se habrá de pagar por cada hora que exceda del término normal. 
No se nos oculta la posibilidad de que en algunas de las industrias que hayan 
de mantener su horario actual de más de 8 horas, la necesidad de recurrir 
diariamente al trabajo extraordinario se traduzca por una reducción del sa- 
lario de las horas normales, a objeto de equilibrar en el costo total del tra- 
bajo la diferencia producida por la obligación de pagar más alto las suple- 
mentarias. No sería difícil tampoco que, en otros casos, esa diferencia no se 
hiciera pesar sobre el salario del obrero sino sobre el precio que se cobre al 
consumidor. Habrá veces en que el patrón tendrá conveniencia en apelar, para 
el trabajo extraordinario, al relevo de su personal. Pero como quiera que se 
piense de esto, es indudable que la amenaza, así de disminución de los sa- 
larios como de encarecimiento en los productos, queda con nuestra modifica- 
ción considerablemente mitigada, respecto de las trascendencias que, en uno 
y otro sentido, era posible señalar al horario uniforme y fijo de ocho horas. 

V 

Fuera de los obreros de fábrica y taller, la extensa democracia del tra- 
bajo comprende otras especies de trabajadores, que por la índole, menos ru- 


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damente material, de sus tareas, así como por las intermitencias o interrup- 
ciones a que ellas dan lugar de ordinario, se encuentran en condición noto- 
riamente distinta, respecto a la medida que ha de aplicarse para fijar el má- 
ximum de su labor. — El proyecto del Poder Ejecutivo, a pesar del criterio de 
uniformidad en que se inspira, reconoce esa esencial diferencia, y señala, para 
aquellas manifestaciones de trabajo que entran en la clasificación de su ar- 
tículo 2?, la jornada de 10 horas. 

Hemos aceptado ese término como duración de la jornada normal, pero 
autorizando en estos casos también el trabajo extraordinario, en igual propor- 
ción que para los obreros propiamente dichos, y por las mismas razones y 
consideraciones que al referirnos a estos expresamos. Quien, recordando un 
argumento anteriormente expuesto, observase que esta prolongación de una 
jornada normal de 10 horas, que con las suplementarias llegarían a 13, desvir- 
tuaría el espíritu de la ley, desde que, a pesar de no tratarse ya de tareas de 
gran esfuerzo muscular, el excesivo embargo de tiempo contrariaría los fun- 
damentos morales de aquella con la anulación de la personalidad inteligente 
y libre, no deberá olvidar que las interrupciones de actividad, en las labores 
de este género, comportan frecuentemente la posibilidad de" reposar la atención 
y de expandir el espíritu fuera del objetivo directo del trabajo, permitiendo 
en cierta medida las conversaciones, la meditación, las lecturas, etc., etc. 

Ha habido acierto en la inclusión del empleado de comercio dentro del 
alcance tutelar de la ley. Y cuando un estudio exacto y prolijo de la organi- 
zación y las prácticas administrativas, haga la reforma oportuna, es indudable 
que deberá extenderse también la reglamentación del trabajo a los empleados 
del Estado. 

Ha sido, durante mucho tiempo, una limitación injustificada de las rei- 
vindicaciones en favor del trabajo, el hecho de que ellas se circunscribieran 
casi exclusivamente al obrero, al menestral, manteniendo en olvido a otro gé- 
nero de trabajadores, y singularmente a los empleados de comercio o de ofi- 
cina. Pero en los últimos años se ha producido, y de día en día se acentúa 
en las legislaciones europeas, una tendencia a colocar a esos olvidados de ayer 
bajo la protección de las leyes que reglamentan el trabajo. “El empleado y 
no el obrero — ha dicho Gustavo Le Bon con la habitual rigidez de sus fór- 
mulas — es el verdadero paria moderno”. Descontando lo absoluto de esta 
proposición en lo que afirma como en lo que niega, queda un sólido fondo 
de verdad, que entre nosotros resulta especialmente comprobable. En nuestro 

* En el original del Diario de Sesiones: al en lugar de de. 

337 



1908 


ambiente, cabe asegurar que los dolorosos dramas de la angustia económica, 
las luchas con la escasez y la miseria, tienen por escenario, tanto o más que 
la habitación del obrero, la casa del pequeño empleado. Sostén, infinitas ve- 
ces, de una familia, el pequeño empleado une a la exigüedad de sus recursos, 
la pesada carga, ajena al obrero, de un decoro social que le obliga en el modo 
de vestir y el modo de alojarse. Para colmo de males, el empleado desconoce, 
poco menos, el medio a que ya está habituado el menestral, de la protesta 
pública y ruidosa, que se complementa con la apelación a la huelga; y lejos 
de poner de manifiesto sus dolores y reclamar para ellos la atención y el inte- 
rés de los demás, ha de callarlos y disimularlos, a menudo, con los disfraces 
de la pobreza vergonzante y de las conveniencias y respetos del mundo. De 
otros puntos de vista, y singularmente del que se refiere a la suprema razón 
de la salud, no aparece menor la necesidad de volver la mirada a este género 
de obreros, tan injustamente desatendidos. El trabajo sedentario, de muchas 
horas, en local cerrado, con frecuencia estrecho e insalubre; en la actitud mal- 
sana del dependiente de escritorio, o en la prolongada tenencia en pie del que 
atiende a las tareas del mostrador, se desenvuelve en condiciones, indudable- 
mente, más antihigiénicas que muchas de las labores de fuerza muscular prac- 
ticadas al aire libre o en el ambiente de talleres y fábricas. 

Comprendido en el texto del artículo 29 se hallaba un gremio de traba- 
jadores, que hemos considerado necesario eliminar de él. 

La modificación fundamental del proyecto en el sentido de autorizar el 
trabajo extraordinario, deja lugar, como queda dicho, para que tareas de dis- 
tinta índole se ajusten, sin grandes trastornos, a la ley. Pero, aún modificado 
de acuerdo con esa conveniencia, el proyecto permanecería inadaptable a las 
peculiares condiciones de cierto orden de trabajo, respecto al cual no puede 
menos de establecerse una excepción, dejándole para ser reglamentado según 
su naturaleza. Nos referimos al trabajo de mar. 

Ya se haya limitado la denominación de marinero, en el propósito del 
Poder Ejecutivo, a los que se ocupan en el tráfico del puerto, ya comprenda 
también a los de la navegación marítima y fluvial, es evidente que el género 
de actividad que les es propio obedece a circunstancias y procedimientos que 
no podrían identificarse sin violencia con las del trabajo de fábrica o taller, ni 
con las de los transportes. La vida de mar es cosa aparte. Aún cuando el 
alcance de la disposición no pasara de las embarcaciones del puerto, fácil se- 
ria convencerse de cuan impracticable es. La premura inherente a la clase 


338 



I 


1908 


de operaciones en que se emplean; las desigualdades, que no hay forma de 
evitar, en el tiempo de trabajo; la imposibilidad de medir este tiempo por las 
horas de permanencia a bordo (permanencia que, para el marinero, es como 
el modo habitual de habitación o domicilio), a menos de contar el armador 
con triples reservas de personal que se turnasen para bajar a tierra, o de 
hacer cesar diariamente sus servicios cuando se cumpliese el horario, — son 
dificultades que no se resolverían sin perjudicar considerablemente a la rapi- 
dez de las operaciones, con lo que se anularía un aliciente indispensable para 
mantener la actitud de ese tráfico; o bien, sin recurrir a encarecer las tarifas, 
con lo que el resultado sería igualmente desviar de nuestro puerto la mayor 
parte de los buques de paso que hoy se detienen en él. La gravedad de este 
punto es tanto mayor (y excusado es decir que aún lo sería más si no se 
tratase sólo del tráfico portuario sino también de los demás géneros de ma- 
rinería) en momentos en que el país tiene puesta su mirada en la terminación 
de la obra del puerto de Montevideo, y en que por otra parte un movimiento 
de opinión, secundado por iniciativa de los Poderes públicos, propende a la 
creación de la marina de guerra, la cual ha querido siempre, como antece- 
dente y condición de su existencia, la actividad de la marina mercante. 

Consideramos, pues, plenamente justificada la excepción que proponemos; 
no para dejar a un gremio de trabajadores fuera del alcance protector de la 
ley, sino para dar a la intervención legal, en lo que a él se refiere, forma efi- 
caz y congruente; por lo cual el artículo 39 de nuestro proyecto establece 
que “el Poder Ejecutivo reglamentará, de acuerdo con el espíritu de esta ley, 
el trabajo de los marineros, asesorándose de los centros patronales y gremia- 
les, a fin de determinar las condiciones más favorables, para el obrero, que 
sean compatibles con las exigencias y costumbres del trabajo de mar”. 

En cuanto a los propietarios de vehículos, vuestra Comisión entiende que 
las modificaciones, que en el número o la organización de su personal, pueda 
imponerles la adaptación a nuevo horario, no importará una lesión de intereses 
suficiente para prevalecer sobre las consideraciones fundamentales a que res- 
ponde la regla común. 


VI 

Ninguna parte más indiscutida y más indiscutible en la intervención le- 
gal del trabajo que la que se refiere a la limitación y reglamentación de las 
tareas impuestas a los niños. Cuando se trata de este punto, todas las disi- 


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1908 


delicias fundamentales desaparecen, todas las opiniones se confunden en un 
asentimiento unánime, que apenas tolera discrepancias en cuanto a la medida 
y las formas de aplicación, como si el supremo instinto de la especie, acu- 
diendo en salvaguardia de su porvenir, inhibiese en la conciencia de todos las 
consideraciones egoístas, los intereses subalternos, los apasionamientos de escue- 
la o de doctrina. 

Y sin embargo, ha sido necesario remover ideas llenas de prestigio para 
llegar a este mismo acuerdo parcial. No es sin cierta impresión de cosa de 
otra edad y otro mundo como leemos hoy las páginas, no muy viejas, en que 
Herbert Spencer, caracterizando la transformación de la tradición liberal en 
tendencia al socialismo de Estado, bajo los gobiernos de Palmerston y Glad- 
stone, incluye entre los que tiene por signos de extraviada política — indepen- 
dientemente de la bondad de los móviles — el hecho de que la ley intervi- 
niese en el trabajo de las minas y de ciertas manufacturas, para impedir que 
los niños muy pequeños fuesen ocupados en él. Es dudoso que en nuestros 
días nadie se atreviera a hacer coro a estas protestas del ilustre teórico del 
individualismo. Los más radicales individualistas, los más irreductibles parti- 
darios del liberalismo económico, se inclinan ya ante la intervención del Esta- 
do en el trabajo de los niños. Los pueblos más reacios a entrar de lleno en 
el movimiento intervencionista que ha suscitado en otras partes todo un nue- 
vo organismo de legislación, acogen en sus leyes disposiciones que tutelan la 
salud física y moral de la infancia. Ha sido éste en todas partes el primer 
paso de la intervención; y aún cuando queda, sin duda, mucho por hacer, es 
el aspecto de la organización del trabajo en que la realidad presenta datos 
menos desconsoladores. 

No sólo debe el niño ser amparado en ésta como en sus demás relaciones 
con la sociedad, porque ello surge de su ineptitud para velar por sus propios 
intereses, sino que es ésta la manifestación en que con más fuerza se impone 
la acción social que lo ampare. El trabajo desmedido, en duración o inten- 
sidad, que quebranta el cuerpo y enerva y paraliza el alma, siendo brutal 
cuando se trata de los hombres, es, tratándose del niño, la forma más odiosa 
y aleve que ha podido revestir la barbarie de las ambiciones desapoderadas 
que han afrentado los blasones de la civilización moderna con abusos suce- 
dáneos de la esclavitud. Aún sin llegar a esos extremos mortales, el trabajo 
del niño debe ser ahorrado y vigilado celosamente. La tarea de fábrica o ta- 
ller, en las condiciones en que se realiza, y en que forzosamente ha de reali- 


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1908 


zarse, es, como no se le restrinja mucho, inconciliable con las necesidades de 
un organismo en formación, que requiere, como elementos esenciales, la li- 
bertad de movimientos, la plena luz y el aire libre. La función preventiva de 
que nace la higiene social tiene aquí el objetivo más alto de su aplicación. 
En el trabajo prematuro se acumulan para el porvenir raudales de dolor y 
de miseria física. Nada más instructivo a este respecto que los resultados de 
la consulta dirigida por la “Asociación Nacional para la protección de los tra- 
bajadores”, a los más eminentes médicos franceses, y que han sido recopilados 
por Mr. Martín Saint-Leon. Entre otros, el doctor Mauricio Lentulle, médico 
de los hospitales de París, llega a declarar que, en principio, habría mérito 
para calificar de criminal la imposición, a los menores que no han entrado a 
la adolescencia, del trabajo diario en el encierro del taller o la usina. Si no 
fueran sobradas tales consideraciones de humanidad, aún podría plantearse 
y resolverse esta cuestión con el criterio de utilidad de una operación eco- 
nómica. Los niños que trabajan hoy serán los adultos que trabajarán mañana. 
Economizar las fuerzas de los primeros es aumentar la intensidad y la capa- 
cidad de rendimiento probable del trabajo de los últimos. 

El mínimum de edad fijado para la admisión al trabajo fluctúa, en las 
leyes europeas, de los 10 a los 14 años, según el país y según el género de 
industria. El límite en que se considera terminada la niñez para los efectos 
de la ley, oscila de los 14 a los 18 años. 

La duración de la jornada del menor, de los 12 a los 18, en la legislación 
francesa, es, desde 1904, de 10 horas: la misma que rige para la mujer, y para 
los obreros adultos que trabajen en taller donde también se ocupen niños 
y mujeres. Suiza, que tiene desde 1877 la jornada uniforme de 11 horas, des- 
cuenta del horario del niño, de 14 a 15 años, el tiempo que requiera la ense- 
ñanza escolar. La ley austríaca de 1885 fijó el máximum de trabajo en 8 
horas para los menores de 14 años, siendo la edad mínima de 12. En los 
demás países europeos, que no han puesto término a la jornada del adulto, 
la del niño tiene señalado un límite, el cual nunca es inferior a 6 horas en 
la edad más tierna y en las tareas de más peso. La ley recientemente sancio- 
nada en la República Argentina prescribe para los menores de 12 a 16 años 
la jomada de 8 horas, que nuestro proyecto señala como horario normal de 
los adultos. 

Según el artículo 3? del proyecto enviado a V.H. por el Poder Ejecutivo, 
los niños de 13 a 16 años tendrían por máximum cuatro horas de trabajo, en 


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fábrica o taller; y seis, los de 16 a 18. Para modificar esta proporción en sen- 
tido algo menos restrictivo, hemos tenido en cuenta que señalar, en el primer 
caso, un máximum de cuatro horas, equivaldría en la práctica a la prohibición 
del trabajo antes de los 16 años; siendo excesiva la desproporción respecto del 
horario de los demás trabajadores, para que el industrial tuviese conveniencia 
en contratar aprendices de menos de esa edad. Nuestro artículo sustitutivo 
fija a la jornada infantil, en los talleres y fábricas, un máximum de seis horas, 
poniéndose así en el término más restringido que se haya adoptado sobre el 
particular en parte alguna del mundo: dos horas menos de las ocho que con- 
cede la reciente ley argentina, debiendo notarse que, en ésta, el míninum de 
edad es el de 12 años, mientras que en nuestro proyecto es el de 13. 

No es inoportuno recordar también que en el proyecto de ley sobre tra- 
bajo de niños y mujeres presentado en 1906, al Congreso Argentino, por el 
doctor don Alfredo L. Palacios, — portavoz del partido socialista, y por lo 
tanto poco sospechoso de parquedad o timidez en la fórmula de sus pro- 
posiciones, — la jornada infantil, de los 14 a los 16 años, está calculada en el 
mismo término de nuestro proyecto, o sea en seis horas. 

En cuanto a los menores de 16 a 18 años, les está vedado, por nuestro 
artículo 13, el trabajo extraordinario que se autoriza para los adultos fuera 
de las horas normales. Su trabajo no podrá pasar nunca de ocho horas. 

No consideramos que con estas disposiciones quede completado el círcu- 
lo de las medidas de protección a que la infancia y la adolescencia tienen de- 
recho. Reconocemos que, en todo género de trabajo industrial, la participa- 
ción del niño debe ser rodeada de particulares garantías y cuidados; que en 
las tareas antihigiénicas o de mucho esfuerzo, se impone un aumento en la 
edad mínima y una reducción del horario normal; que hay, entre ellas, algu- 
nas en que sería menester exigir la presentación de un certificado médico de 
suficiencia física, y finalmente, que, del punto de vista de las consideraciones 
de moralidad y de educación del carácter, que constituyen los fundamentos 
de una higiene moral, importa reprimir abusos como los de la intervención 
de niños de pocos años en espectáculos teatrales o circenses. Pero ya hemos 
manifestado que el procedimiento que conceptuamos preferible en materia 
de legislación obrera, es el que encara las cuestiones en ella comprendidas, 
parcial y sucesivamente, consagrando a cada objeto bien diferenciado una ley 
particular; y dentro de este sistema, después de la presente ley de lincamien- 
tos generales, aquellos y otros puntos tendrán señalado su lugar en la que 


342 



1908 


verse especialmente sobre higiene y seguridad en las condiciones del trabajo: 
ley que esta misma Comisión proyectará oportunamente, si es que antes no 
surge, por iniciativa de alguno de los señores diputados, del seno de la H. 
Cámara. 

En cuanto a las actuales condiciones del trabajo infantil, puede asegu- 
rarse que la proporción de menores de 16 años en el personal de nuestros ta- 
lleres es relativamente considerable, y hay géneros de industria en que llega 
a representar el 50, el 60, y aún el 70 %. La edad mínima no baja, por lo 
general, de la que determina el proyecto, pero no falta el caso en que niños 
de 11, 12 y aún menos años, sean ocupados en tareas no siempre livianas. El 
horario en vigencia para los aprendices es, comunmente, el mismo que para 
los obreros. En ningún caso, o muy rara vez, es inferior; y a veces es más 
prolongado. Los aprendices de talabartería trabajan 10 horas, y los obreros, 
9; los aprendices de escultura en madera 9 l /z ó 10 horas, y los obreros, 8; los 
aprendices de ebanistería 10 %, y los obreros, 8 ó 9. La limitación de la 
jornada en los menores de 18 años, a un término inferior a la de los adultos, 
no complacerá a la mayor parte de los industriales, que consideran como una 
necesidad de la organización y disciplina del taller el horario uniforme para 
la unanimidad del personal. Pero esa limitación es punto inseparable del espí- 
ritu de la ley que se proyecta. 

Una inspección cuidadosa de las formas en que actualmente se realiza 
el trabajo, traería a luz, seguramente, muchos excesos e irregularidades en lo 
que se refiere al trabajo de los niños. Así, en la tarea de los saladeros es 
frecuente ver empleados a menores de 12, 11 y 10 años, en faenas como las 
de dividir las osamentas, tirar el lazo o barrer los residuos de la matanza, y 
esto, aún en el invierno y en los días de lluvia. Los carretilleros de playa, a 
pesar de la ordenanza municipal que prohíbe a los menores la conducción de 
vehículos, suelen ser niños de no mucho más de 10 años, que participan del 
horario común de 12 a 15 horas; y a esta causa atribuyen los trabajadores del 
gremio, la mayor parte de los accidentes que se producen en él. 


VII 

La necesidad del descanso semanal es cuestión que puede darse por re- 
suelta en teoría, y ha sido sancionada, con más o menos amplitud, por las 
leyes de casi todas las naciones que han abordado la reglamentación legal 


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del trabajo. Militan para justificar ese descanso, y con doble imperio, quizás, 
las mismas razones en que se funda la reducción del tiempo diario de tarea: 
así las que se refieren a la higiene, como las de índole moral, que reclaman 
para el trabajador un día de libertad y respiro en que le sea posible cultivar 
la vida de familia, los vínculos de la amistad, y participar de ciertas mani- 
festaciones de recreo. 

Entre nosotros, el descanso dominical, forma en que ley religiosa de los 
pueblos cristianos ha consagrado el reposo hebdomadario, es costumbre obser- 
vada en casi todos los establecimientos fabriles y en la gran mayoría de los 
comerciales; con excepciones, en su mayor parte justificadas, ya por las con- 
diciones de funcionamiento de cierto género de industrias, ya por la índole 
de los menesteres públicos a que responden. 

El problema que a propósito de esto se presenta, no es el de la necesidad, 
casi unánimemente reconocida, del descanso semanal, sino el de determinar 
si este descanso ha de corresponder invariablemente a los domingos o si ha 
de escogitarse una fórmula que consienta más diversidad en la designación de 
los días que se destinen al asueto. 

En nuestro sentir, el proyecto que ha enviado a V.H. el Poder Ejecutivo 
encara y resuelve con todo acierto esta cuestión; y en lo que a ella se re- 
fiere hemos dejado intacto su texto. -Es muy probable que si se consultara 
la voluntad de los trabajadores, ellos optasen, en su casi totalidad, porque 
se les concediera el domingo. No es otro el resultado de las informaciones 
levantadas entre los obreros franceses, con motivo de la aplicación de las nue- 
vas leyes del trabajo; y por otra parte, ello se deduce (aún sin tomar en cuen- 
ta los motivos de orden religioso, que no a todos alcanzan) de la simple 
consideración de ser tradicionalmente el domingo el día en que prevalecen 
las diversiones, deportes y paseos; en que el solaz y la alegría toman, por 
decirlo así, un carácter público, y en que el espectáculo de las expansiones 
ajenas estimula el deseo de las propias. Pero, a poco que se considere, apa- 
rece clara la impracticabilidad del descanso universal del domingo: no sólo 
porque, como lo observa acertadamente el Mensaje, equivaldría a hacer de 
aquel un día monótono y tedioso, sin medios de locomoción ni de recreo, 
inhábil, por lo tanto, para el objeto a que se le destinaría, (y no es inopor- 
tuno recordar a este respecto la proverbial tristeza del domingo en las ciuda- 
des inglesas y anglo-americanas ) , sino también porque es forzoso reconocer 
que hay géneros de trabajo que no toleran, como los otros, una interrupción 


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periódica de su actividad. Así, las fábricas de labor continua, en las que la 
suspensión de la fuerza motriz comportaría graves perjuicios; las líneas tele- 
fónicas, los ferrocarriles, tranvías y demás medios de comunicaciones; las im- 
prentas donde se editan diarios, etc., etc. Esta es la causa de que en los 
países donde se ha adoptado el descanso obligatorio del domingo, la ley se 
haya visto en la necesidad de establecer innumerables excepciones, referentes 
a determinados ramos de comercio e industria; y estas excepciones dejan fuera 
del beneficio del descanso un inmenso número de obreros, o restringen para 
ellos ese beneficio. Tal es el procedimiento en la Ley suiza de 1877, en la 
española de 1904, en la proposición votada por la Cámara de Diputados fran- 
cesa en 1902, etc. La República del Paraguay tiene en vigencia, desde hace 
cinco años, una ley que consagra la clausura dominical de todos los estable- 
cimientos comerciales e industriales. En la Argentina, se ha sancionado tam- 
bién el descanso de los domingos; pero su cumplimiento no parece, ni con 
mucho, suficientemente asegurado. Con mejor acuerdo soluciona el problema 
el proyecto sobre que informamos. Según él, los patrones podrán optar por 
conceder o no a sus obreros el descanso del domingo, pero, en este último 
caso, deberán dividir su personal en siete grupos, que se turnarán para el 
descanso en los distintos días de la semana: de manera que no sea forzoso 
quebrantar la continuidad de la labor, en los trabajos que la requieran. 

Una única objeción cabe oponer en nombre del interés de los obreros al 
carácter obligatorio dado al reposo semanal. Es la que consiste en recordar 
el perjuicio que para ellos significa la pérdida, en el mes, de cuatro días de 
salario. Pero no es aventurado afirmar que esta disminución de beneficios 
será aceptada sin hesitar por la gran mayoría de los obreros, a cambio de 
poder satisfacer periódicamente una necesidad de libertad y expansión que 
radica en los más elementales instintos de la naturaleza humana. Cuando el 
canciller Bismarck argüyó contra esta forma de la intervención legal, invo- 
cando el interés del proletario, fue consultado en Alemania un plebiscito de 
trabajadores, y las tres cuartas partes de ellos votaron por el descanso sema- 
nal aún cuando él importase la pérdida del salario de los días de asueto. 

VIII 

Al movimiento en pro de la intervención legal en el trabajo del niño ha 
sucedido muy luego, en todas partes, el que propende a lo que es, en cierto 


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modo, un complemento lógico y necesario de la protección infantil: la inter- 
vención legal en el trabajo de la mujer. Las leyes de esta naturaleza suelen 
designar a las mujeres y los menores bajo la denominación común de per- 
sonas protegidas. Por lo que se refiere a la mujer, la fórmula ideal, que ha 
sido preconizada muchas veces en la propaganda de los filántropos y la doc- 
trina de los higienistas, consistiría, sin duda, en que ella sólo trabajase en su 
casa y no participase del trabajo de fábrica y taller; por lo menos, después de 
su matrimonio. Desgraciadamente, esta aspiración generosa, fundada en el 
más cabal concepto del cometido que la naturaleza y la sociedad confian a 
la esposa y la madre, parece muy lejana de su realización. La concurrencia 
de la mujer a las fábricas y los talleres, acusa hoy, universalmente, una pro- 
porción mayor que nunca. En las industrias textiles y de confección de ropas, 
el personal de mujeres suele representar doble número que el de hombres, 
como en Bélgica; y aún, casi el triple, como en Francia. 

En nuestro medio, al trabajo manual de la mujer está vinculada la sub- 
sistencia de numerosísimas familias. Aún dejando de lado el trabajo a domi- 
cilio, el personal de mujeres es considerable en muchos géneros de industria, 
y no falta el caso de que prevalezca en número sobre el de hombres. Así, en 
la elaboración de fósforos la proporción es de 140 mujeres para 65 hombres 
adultos, y de 118 niñas para 17 niños. La “Compañía Telefónica de Monte- 
video” emplea 116 obreras y 82 obreros. — Merece ser citado el hecho de que 
una huelga ocurrida, hace pocos años, en uno de los talleres de talabartería, 
reconoció por causa la protesta arrancada a los obreros por la circunstancia 
de que se hubiera confiado a dos mujeres la tarea más malsana y difícil en 
el manejo de las máquinas. 

Pero si la absoluta interdicción del trabajo de la mujer realizado fuera de 
su domicilio, no es una aspiración asequible dentro del actual orden econó- 
mico de las sociedades humanas, lo es sí la tendencia a organizar el trabajo 
femenino dentro de condiciones más livianas y mejor protegidas que las que 
rigen para el trabajo varonil. Desde luego, algunos de los pueblos que aún 
no han legislado en cuanto a la duración del trabajo de los hombres adultos, 
lo han hecho con el de la mujer, señalándole un máximum que la ley inglesa 
de fábricas, de 1850, fija en 10 y ^ horas; la alemana de 1891, en 11 horas; 
y la italiana de 1902, en 12. La legislación francesa, a partir de 1900, no hace 
diferencia entre la jornada de la obrera y la de los obreros que trabajan en 
taller donde también se emplee personal femenino: siendo el término común 


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a todos, de 10 horas. Suiza y el Austria, que han reglamentado el horario del 
obrero adulto, comprenden indistintamente en él a la mujer, cuya jornada es 
así de 11 horas, en ambas naciones. 

Nuestro proyecto tiende, en este punto, a hacer más fija e invariable, en 
lo que se refiere a la obrera, la general reducción del tiempo de trabajo. Por 
nuestro artículo queda excluida la mujer de la opción a la jornada extraordi- 
naria de tres horas; de manera que la duración de su tarea no ha de pasar 
nunca de las ocho de jornada normal. Consideramos inútil detenernos a pun- 
tualizar las razones de este acuerdo. Aún cuando no lo justificase una natural 
inferioridad de energías físicas, que es hecho de observación común, tendría 
sólido fundamento en la conveniencia vital de reservar a la mujer tiempo su- 
ficiente dentro del hogar doméstico, para el desempeño de los cuidados que 
le competen, y para formar y mantener la sagrada unidad de la familia, piedra 
sobre que descansan toda moralidad y todo orden social. Por otra parte, sería 
injusto olvidar que el trabajo de la mujer fuera de la casa, envuelve siempre, 
por mucho que se le limite, la presunción de un surmenage más o menos 
intenso, ya que al retirarse diariamente la obrera de la fábrica o el taller, no 
es para gozar de un bien ganado reposo, sino para acudir a aquellas mismas 
atenciones del gobierno de la casa y la educación de la prole, que a menudo 
importan continuos y pesados afanes. 

En la futura ley que tenga por objeto la higiene en la organización del 
trabajo, habrá lugar para otras medidas protectoras de la salud de la mujer, 
excluyéndola, como al niño, del servicio de determinadas industrias, de natu- 
raleza insalubre o peligrosa. Pero hay una precaución del mismo orden, cuya 
primordial importancia persuade a no diferir su aplicación hasta la oportuni- 
dad de otras leyes. Nos referimos al particular cuidado que se debe a la mu- 
jer obrera en el trance de la maternidad. 

El artículo 7° del proyecto del Poder Ejecutivo prescribe que ‘la mujer 
dispondrá de un mes de descanso después del parto”. En nuestro proyecto 
(artículo 17) se da carácter de obligatoriedad a esa disposición, y se la com- 
plementa y amplía, de acuerdo con las consideraciones que expondremos. 

El descanso obligatorio de la mujer después del parto es de los puntos 
en que la legislación obrera universal ha llegado a una conformidad casi uná- 
nime. Incluida, a iniciativa de Jules Simón, la necesidad de ese descanso, 
entre las proposiciones adoptadas, en 1890, por la memorable conferencia in- 
ternacional de Berlín, ha sido consagrada luego por las leyes de casi todas 


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las naciones de Europa, sin excepción de ningún otro país de importancia 
industrial que la Francia, donde un movimiento de opinión, en que cooperan 
la autoridad de la ciencia y los sentimientos piadosos, apresura cada día la 
incorporación de la ley nacional a esa conquista de humanidad y civilización. 

El plazo generalmente fijado al reposo de la madre es el de las cuatro 
semanas posteriores al parto. Pero la Confederación Helvética, en su gran 
Ley obrera de 1877, que coloca todavía a la ejemplar república en el más 
avanzado puesto de los pueblos de Europa en materia de legislación del tra- 
bajo, dio anticipadamente una amplitud mayor a esa medida humanitaria que 
luego adoptarían los demás países; y consagró también el descanso de la ma- 
dre en ios días inmediatamente anteriores al alumbramiento. El artículo 15 
de dicha ley dispone que no serán admitidas las mujeres a sus labores de 
fábrica en un espacio de ocho semanas distribuidas “ antes y después del parto”. 

El fundamento higiénico de ese previo reposo ha sido corroborado, don- 
dequiera, por experiencias reiteradas, que demuestran la reducción conside- 
rable del tiempo de la gestación en la mujer sometida durante su embarazo 
a un esfuerzo físico constante; y como consecuencia del nacimiento prematuro, 
la inferioridad notable, en peso y vitalidad, de los niños que nacen de las 
obreras obligadas a concurrir al taller hasta el momento del parto, respecto 
de aquellos cuyas madres han reposado en las casas de Maternidad. 

La “Asociación Nacional” francesa instituida para propender a la pro- 
tección legal de los trabajadores, votó en 1903 la resolución siguiente: “Las 
mujeres no podrán ser admitidas al trabajo durante los dos meses que pre- 
ceden al término presunto de su embarazo, ni durante el mes que sigue al 
alumbramiento”. 

Y finalmente, el ya citado proyecto de “Ley del Trabajo” que el Gobierno 
argentino envió en 1904 al Congreso Nacional y que está prestigiado por el 
nombre del doctor Joaquín V. González, prescribe en su artículo 187 “un des- 
canso de veinte días antes del parto y cuarenta después de él”. 

Confirmados en nuestro propósito por estos antecedentes, hemos dado a 
la protección de la madre toda la amplitud que consagra el artículo 17 de 
nuestro proyecto. 

Pero la obligatoriedad de este descanso, sin la cual su mera autorización 
sería ineficaz, trae consigo la necesidad de arbitrar el medio de subvenir a 
la mantención de la obrera durante los días en que se le excluye del taller; 
pues de otro modo sería inhumano y contraproducente hacer pesar sobre ella 
una obligación que la privaría de recursos en las circunstancias en que mas 


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habría menester de ellos. — La Subcomisión de Trabajo de la Cámara ante- 
rior acordó proponer que el Estado tomara provisionalmente a su cargo ese 
subsidio, hasta tanto no se fundase la Caja Nacional de Seguros y Pensiones 
para Obreros. Hemos aceptado, en lo fundamental, esta idea. Según cálculo 
de aquella Comisión, tomando como base el coeficiente de natalidad, que 
arroja, en la ciudad de Montevideo (única del país donde hay obreras de 
fábricas y taller en cantidad apreciable) unos 8.000 nacimientos por año, y 
suponiendo que hasta la tercera parte de ellos correspondiesen a las madres 
obreras, — lo que excede de toda razonable presunción, — se tendría un nú- 
mero de no más de 2.500 obreras con derecho a esta gracia, lo que repre- 
sentaría una erogación de 37.500 pesos anuales. 

Es lícito creer que ese subsidio no habría de pagarse más de un año, 
siendo la fundación de la Caja de Pensiones Obreras una iniciativa que puede 
conceptuarse en vísperas de realización. Pero aún cuando el socorro del Esta- 
do hubiera de durar algunos años, no asumiría, por cierto, el carácter de una 
erogación odiosa o vana. El Estado, que no escatima su acción protectora 
cuando se la requiere para las distintas manifestaciones de la iniciativa par- 
ticular en el fomento de todas las actividades benéficas; que concede primas 
y exenciones con que estimular las empresas de utilidad común incapaces de 
desenvolverse por su esfuerzo aislado; que propende al desenvolvimiento de 
las altas tendencias del espíritu, aún en aquellas artes y aquellos espectáculos 
de que solo puede beneficiar una parte restringida de la sociedad; que da di- 
nero para asociarse a fiestas y regocijos populares, y que, finalmente, otorga 
pensiones, a menudo cuantiosas, con que asegurar el decoro de la vida a las 
familias de los que le consagraron sus servicios, no podría considerar pesada 
la carga que tuviese por justificativo el más sagrado e imperioso de los inte- 
reses, como es el de la salud y fortaleza de las generaciones a que ha de 
transmitirse en herencia el patrimonio nacional. Y no cabe dudar de que 
ningún interés más imperioso que el de la salud y la fortaleza física del pue- 
blo, porque en él se comprenden y resumen todos los intereses: desde el eco- 
nómico, que está necesariamente vinculado a la capacidad y resistencia de 
los elementos de trabajo, hasta el interés moral de procurar la felicidad, y 
por lo tanto la moralidad, del mayor número, y hasta el supremo interés de 
la integridad y la existencia misma de la Patria, que sólo estarán aseguradas 
en la medida de las fuerzas con que las generaciones que en ella se sucedan 
sean capaces de defenderla, en la guerra, y de robustecerla y perpetuarla en 
la paz por la virtud de su fecundidad y su energía. 


349 



1908 


IX 

Una omisión importante hemos atendido a subsanar en el proyecto sobre 
que informamos: la referente al trabajo que se realice durante las horas de 
la noche. 

Si las condiciones del trabajo diurno deben ser objeto, en todos los casos, 
de una reglamentación que consulte las conveniencias de la salud del obrero, 
el trabajo, nocturno puede decirse que es, en sí mismo y por esencia, anti- 
higiénico y antinatural, verificándose en horas que la naturaleza tiene desti- 
nadas al reposo. Las limitaciones y cuidados de que se le rodee no harán 
más que atenuar su carácter nocivo. 

Pero no siendo factible una absoluta prohibición del trabajo nocturno en 
talleres y fábricas, cabe, por lo menos, excluir de él al niño y la mujer, con 
lo cual, no sólo se respetarán razones de higiene sino también muy claras 
consideraciones morales. El trabajo de la mujer, fuera de su casa, durante las 
horas de la noche, trastorna las más fundamentales condiciones de la vida 
doméstica y lleva al abandono y desorganización de la familia. En el niño, 
cuyo organismo requiere más que otro alguno, desenvolverse a la luz, la acti- 
vidad en ausencia de ésta fomenta, además, para lo sucesivo, el hábito de 
velar por la noche, funesto a la disciplina de la vida. 

La magna Ley suiza de 1877, a la que más de una vez hemos hecho re- 
ferencia, extiende en este sentido su solicitud protectora hasta los obreros 
adultos, determinando por su artículo 139 que el trabajo nocturno na será 
admisible más que a título de excepción y cuando los obreros consientan en 
él de buen grado. La legislación de los demás países europeos se limita en 
este punto a tutelar (aunque con numerosas salvedades y tolerancias) a la 
mujer y el menor, difiriendo sólo en cuanto a la determinación de la edad de 
este último y en cuanto a las horas dentro de las cuales se considera com- 
prendido el trabajo nocturno. 

Por el artículo 19 de nuestro proyecto, se fija este término entre las 9 
p. m. y las 5 a. m. en los meses de noviembre a abril, y entre las 8 p. m. y 
las 6 a. m. en los de mayo a octubre. 

Por el artículo 20 se prohíbe el trabajo de fábrica y taller, durante dichas 
horas de la noche, a las mujeres y a los niños de menos de 16 años. 

Una reglamentación de las circunstancias materiales del trabajo nocturno, 
será más oportuna en la ley que tenga por objeto la higiene y seguridad de 
los talleres. 


350 



1908 


X 

La Subcomisión de Legislación Obrera de la Cámara anterior acordó pro- 
poner la modificación del artículo 1° del proyecto del Poder Ejecutivo, en el 
que se determina que las casas “que hagan trabajar a sus obreros o emplea- 
dos mayor número de horas que las que la ley permite, o durante el día 
“semanal de descanso, serán multadas en una suma igual a la totalidad de 
“los salarios que abonen por mes a los obreros o empleados cuyo trabajo 
“haya sido mayor que el autorizado”. 

En sustitución de este artículo propuso dicha Subcomisión el que hemos 
incorporado al proyecto cuya sanción aconsejamos (artículo 22); fundando la 
reducción de la magnitud de la pena con las siguientes consideraciones, que 
hacemos nuestras: 

“Esta modificación tiene por objeto hacer más fácil la fijación del impor- 
“te de las multas en cada caso, y evitar que los obreros confabulados puedan 
“hacer incurrir a sus patrones en multas excesivas y muchas veces injustas. 

“Fácil sería, por ejemplo, en un taller que ocupa doscientos obreros, que 
“éstos se convinieran para dejar el trabajo breves momentos después de la 
“hora precisa en que debe cesar, aprovechando para ello un momento en que 
“el dueño esté sumamente atareado, o empleando cualquier otro medio. 

“En el caso citado, y en el supuesto de que los jornales pagados por 
“mes, ascendieran a la suma de tres o cuatro mil pesos, tendría el dueño 
“del establecimiento que abonar una multa igual a esta cantidad, lo que es 
“a todas luces excesivo”. 


XI 

La reglamentación legal del trabajo trae consigo la necesidad de ciertas 
funciones de inspección. Por el artículo 10 del proyecto del Poder Ejecutivo 
— 24 de nuestro proyecto — , se comete a la* policía, mientras no se establezca 
un servicio de inspectores, el desempeño de aquellos oficios. No se nos ocultan 
los inconvenientes y las deficiencias de la inspección así constituida, ni el des- 
agrado con que tal vez se recibirá la intervención policial por los industriales 
que quedan obligados a franquearle las puertas de sus fábricas; pero el ca- 
rácter provisional de este procedimiento debe contribuir a hacerlo soportable. 
Será necesario preocuparse de crear, en el más breve término posible, el órga- 
no adecuado para esa importantísima función, sin cuyo cumplimiento eficaz! 

* En el original del Diario de Sesiones falta comete a la, agregado indispen- 
sable para comprender el párrafo. 


351 



1908 


la ley no pasará de letra muerta, y cuyas dificultades de organización en los 
países de industria muy vasta y compleja, se cuentan entre los más serios 
obstáculos con que se ha luchado y se lucha para una satisfactoria reglamen- 
tación del trabajo. Lo incipiente y sencillo de nuestro organismo industrial 
facilitará relativamente esa tarea de inspección que, confiada a personal idó- 
neo, no sólo asegurará la fiel observancia de la ley, sino que será siempre uno 
de los medios indicados de investigación y de estudio con que propender a 
completarla y reformarla. 


XII 

El artículo 26, agregado por la Subcomisión de Trabajo que precedió a 
la nuestra, prescribe que “a los efectos de esta ley se entenderá por fábrica, 
“ taller, empresa o establecimiento, aquellos en que trabajen más de tres per- 
donas que no sean el cónyuge, los descendientes o ascendientes, o los her- 
“ manos del dueño o dueños de las fábricas, talleres, empresas o estableci- 
‘ mientos”. 

Casi todas las leyes similares han incluido una definición análoga, con el 
objeto de separar del alcance de sus disposiciones, a los pequeños talleres, 
denominados en Francia talleres de familia. El carácter, en cierto modo odio- 
so, de una intervención que habría de llegar al sagrado del hogar doméstico; 
las ventajas que, en. el orden moral, realzan al trabajo que se verifica en la 
casa sobre el que se ejerce fuera de ella; las dificultades materiales de una 
inspección que alcanzase al primero; y hasta la presunción de dignidad hu- 
mana, de que la autoridad del jefe de familia velará suficientemente por la 
salud y el bien de los suyos, han concurrido a determinar esa excepción. 

No es posible negar, a pesar de ello, que, del punto de vista de !a efi- 
cacia práctica de las leyes de esta índole, la salvedad en favor de los pe- 
queños talleres tiene el peligro de facilitar una infracción sistemática. La pe- 
queña industria tenderá a aprovecharse de su impunidad, como medio de 
competencia; y el grande industrial se sentirá tentado a burlar las limitaciones 
de la ley, sustituyendo en lo posible el trabajo de taller por el trabajo a do- 
micilio. En Francia, uno de los resultados del régimen intervencionista, ha 
sido la multiplicación de los talleres domésticos, que se difunden en derredor 
de las grandes fábricas, como parásitos de ellas aparentemente, pero, en rea- 
lidad, como tributarios y encubridores. 


352 



1908 


La idea de hacer extensiva, en alguna forma, la inspección a los talleres 
domésticos, toma creces en todas partes, como fruto de esa experiencia, y 
como prevención contra el peligro que envuelven para la salud pública, las 
ropas y otras manufacturas elaboradas en habitaciones de tuberculosos o de 
enfermos de otros males. 

Por lo que respecta a nuestro medio, no es dudosa la imposibilidad de 
hacer efectiva una fiscalización semejante, mientras la inspección del trabajo 
no exista en condiciones que aseguren hasta cierto punto su acierto, su tacto 
y su prudencia. Aún fuera de esta razón de circunstancias, sería siempre obje- 
to de grave duda si convendría sacrificar a consideraciones — ciertamente, de 
gran peso, — la integridad de un principio, de que tan celoso es el sentimien- 
to de todos, y tan vinculado a las más elementales garantías, como el de la 
inviolabilidad del domicilio particular. 


XIII 

Vuestra Comisión toca al término de su tarea sin la vana presunción haber 
encerrado en su proyecto la fórmula que todo lo concilie y todo lo resuelva. 

Espera que esta importantísima cuestión llegue al seno de la H. Cámara 
para contribuir por su parte, con la más espontánea voluntad a modificar lo 
que deba ser modificado, a sustituir lo que deba ser sustituido, si de la co- 
municación de las ideas surgiese la necesidad de esas modificaciones o sus- 
tituciones. Es necesario tener en cuenta, además, que, aún después de san- 
cionadas, las leyes son modificables; y que de la aplicación y la experiencia 
es de donde pueden esperarse las mayores luces y las rectificaciones más pro- 
ficuas, — tanto más cuando se trata de un campo enteramente nuevo de le- 
gislación. 

Apartándonos de fórmulas cerradas y absolutas, que en ninguna parte han 
descendido de la región de las teorías, hemos mantenido sin embargo, el espí- 
ritu innovador del proyecto, en términos que, si llegara éste á convertirse en 
ley, haría de ella la más avanzada de las que, en su género, se hubiesen san- 
cionado en Europa y América; y fácil será demostrar, si fuera necesario, la 
verdad de esa afirmación. 

Quien examine desapasionadamente el proyecto, ha de reconocer que sus 
tendencias de reforma alcanzan toda la amplitud que es conciliable con la ecua- 
nimidad y cordura propias de los que tienen sobre sí la responsabilidad de las 


353 



1908 


leyes; con los legítimos intereses de una industria naciente, a la que está vincu- 
lada en gran parte la prosperidad del país; y con los principios esenciales 
de la libertad de trabajo, demasiado preciosa, corno todas las libertades huma- 
nas, para que se la pueda someter á otros límites que aquellos que estricta- 
mente exija el bien de la comunidad. 

Sala de la Comisión, 15 de mayo de 1908. 

José Enrique Rodó, Miembro informante. — Alberto Zorrilla. — José 
Repetto. — Felipe Iglesias Canstatt. — Juan Paullier y Domingo Are- 
na (discordes; y principalmente por ser partidarios de la jornada úni- 
ca de ocho horas para todos los gremios). 


PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Representantes, etc., etc., 


DECRETAN: 

Artículo 1° — El trabajo efectivo de los obreros de fábricas, talleres, asti- 
lleros, canteras, empresas de construcción de edificios y, en general, de toda 
empresa en que el esfuerzo se efectúe intensamente y sin interrupciones, no du- 
rará más de nueve horas por día en el año que siga a la sanción de esta ley, 
ni más de ocho en los siguiente. 

Art. 2? — El de los dependientes o empleados de casas industriales o de 
comercio, conductores de vehículos, y, en general, el que se efectúe con in- 
terrupciones necesarias, originadas por la naturaleza misma del trabajo, que per- 
mitan distraer la atención y descansar a los que lo efectúen, no excederá de 
once horas diarias en el año siguiente a la sanción de esta ley, ni de diez en 
los posteriores. 

Art. 3"? — El Poder Ejecutivo reglamentará de conformidad con el espíritu 
de esta ley, el trabajo de los gremios de mar, asesorándose, de las casas patro- 
nales y las asociaciones gremiales, a efecto de determinar las condiciones favo- 
rables para el trabajador que sean compatibles con las exigencias y procedi- 
mientos de aquel trabajo. 


354 



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Art. 49 — El tiempo de trabajo diario de los menores de 13 a 16 años, no 
podrá exceder de seis horas. No se admitirán menores de 13 años en los esta- 
blecimientos de trabajo. 

Art. 5° — En los casos de trabajos extraordinarios, los patrones y obreros 
pueden aumentar a tres horas más — como máximo — las horas ordinarias fi- 
jadas en esta ley, contratando por escrito las condiciones y formalidades a que 
se obligan recíprocamente hasta la terminación de aquéllos, siempre que éstos 
hayan de durar más de dos jornadas extraordinarias. 

Art. 6° — Los obreros pueden contratar individualmente o por intermedio 
de las asociaciones gremiales que tengan personería jurídica. 

Art. 7? — Se consideran trabajos extraordinarios los que se verifiquen en 
los días hábiles, fuera de las horas de trabajo ordinario. 

Art. 8° — En los casos en que no existiera contrato escrito, el jornal que 
los patrones pagarán a los obreros, será el doble del jornal de las horas ordi- 
narias. 

Art. 9° — Los patrones quedan en libertad de contratar en los casos de 
trabajos extraordinarios, con obreros ajenos a las empresas que administren, 
corriendo por cuenta de los primeros, los gastos que los contratos originen. 

Art. 10. — Los patrones están obligados a pagar a los obreros en las jor- 
nadas extraordinarias salario y medio, como mínimo, respecto de lo que éstos 
perciban en las horas ordinarias. 

Art. 11. — Son incedibles e inembargables los salarios que gocen los obre- 
ros en los casos de trabajos extraordinarios. 

Art. 12. — Los patrones pagarán en metálico o moneda fiduciaria de curso 
legal los salarios de los obreros que ocupen en los trabajos a que se refiere el 
artículo 5? de esta ley. Los pagos que se verifiquen en otra especie, son nulos 
o no hechos. 

Art. 13. — Queda absolutamente prohibido el trabajo extraordinario a las 
mujeres, y también a los menores que no hayan cumplido los 18 años de edad. 

Art. 14. — Los menores de 18 a 21 años, necesitarán para el trabajo extra- 
ordinario, el previo consentimiento de sus representantes legales. 

Art. 15. — Todo obrero, dependiente o empleado, deberá gozar de un día 
entero de asueto en cada semana, a cuyo efecto el personal de cada fábrica se 
dividirá en siete grupos, que se numerarán de uno a siete, de los cuales ten- 
drá asueto uno por día, en el orden que se establece a continuación: 

J® semana. — 1er. grupo, lunes; 2? grupo, martes; 3er. grupo, miércoles; 
4*? grupo, jueves; 5? grupo, viernes; 6? grupo, sábado; 7^ grupo, domingo. 


355 



1908 


2? semana. — 7*? grupo, lunes; 1er. grupo, martes; 29 grupo, miércoles; 3er. 
grupo, jueves; 4? grupo, viernes; 5° grupo, sábado; 6° grupo, domingo. 

3® semana. — 6° grupo, lunes; 7° grupo, martes; 1er. grupo, miércoles; 29 
grupo, jueves; 3er. grupo, viernes; 4 o grupo, sábado; 5° grupo, domingo. 

4? semana. — 59 grupo, lunes; 6 o grupo, martes; 79 grupo, miércoles; 1er. 
grupo, jueves; 2*? grupo, viernes; 3er. grupo, sábado; 4? grupo, domingo. 

5 ? semana. — 4? grupo, lunes; 5? grupo, martes; 6° grupo, miércoles; 7° 
grupo, jueves; 1er. grupo, viernes; 2 9 grupo, sábado; 3er. grupo, domingo. 

6 ? semana. — 3er. grupo, lunes; 4? grupo, martes; 5*? grupo, miércoles, 
69 grupo, jueves; 79 grupo, viernes; 1er. grupo, sábado; 29 grupo, domingo. 

79 semana. — 29 grupo, lunes; 3er. grupo, martes; 49 grupo, miércoles; 59 
grupo, jueves; 69 grupo, viernes; 79 grupo, sábado; 1er. grupo, domingo. 

En las semanas siguientes a la séptima, la alternación de los grupos se 
ajustará siempre a este cuadro, recomenzando por el orden de la primera se- 
mana, y así cada vez que se termine la séptima. 

Cuando, por la pequeñez del personal, o por la naturaleza del trabajo, no 
alcance a siete el número de grupos que sea posible formar, éstos serán nume- 
rados y alternarán en el descanso con arreglo al mismo cuadro anterior, de 
manera que dispongan del mismo número de asuetos que les correspondería si 
el número de grupos estuviese completo. 

Art. 16. — No estarán obligados a ajustarse al régimen del artículo ante- 
rior los establecimientos que concedan el descanso dominical a sus obreros y 
empleados en general. 

Art. 17. — Antes y después del parto, las mujeres obreras quedan obliga- 
das a un descanso total de seis semanas, durante el cual no podrán ser admi- 
tidas al trabajo. 

Art. 18. — Mientras no se cree la Caja de Pensiones para Obreros, las mu- 
jeres que se encuentren en las condiciones del artículo anterior, recibirán del 
Estado un subsidio no embargable ni cedible de quince pesos, cuya forma de 
pago reglamentará el Poder Ejecutivo. 

Art. 19. — Se considera trabajo nocturno el que se verifique de las 9 p. m. 
a las 5 a.m. en los meses de noviembre a abril, y de 8 p.m. a 6 a.m. en los me- 
ses de mayo a octubre. 

Art. 20. — Queda prohibido el trabajo nocturno a las mujeres y a los me- 
nores de 16 años. 

Art. 21. — Ninguna fábrica, taller, etc., podrá servirse de obreros o em- 
pleados que trabajen en otros establecimientos el máximo de horas autorizado 


356 



1908 


por esta ley; pero cuando un obrero o empleado trabaje en un establecimiento 
un número de horas menor que el autorizado, podrá trabajar en otro las horas 
complementarias. Tampoco podrán dichos establecimientos emplear mujeres 
dentro del mes sucesivo al parto. 

Art. 22. — Las fábricas, talleres, etc., que hagan trabajar a sus obreros o 
empleados mayor número de horas por día que las que esta ley permite, o 
durante el día semanal de descanso, serán multados la primera vez en la can- 
tidad de cinco pesos por cada obrero que haya trabajado más tiempo que el 
señalado por esta ley, la segunda vez en la cantidad de quince pesos por cada 
obrero. 

Art. 23. — El obrero o empleado que trabajare más tiempo que el autori- 
zado por esta ley, será multado en la cantidad que perciba por el tiempo que 
haya trabajado de más. 

Art. 24. — Mientras no se organice la Inspección General del Trabajo, 
los Comisarios, segundos Comisarios y Oficiales Inspectores de Policía, estarán 
obligados a vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en los es- 
tablecimientos radicados en sus secciones respectivas: a ese efecto, tendrán li- 
bre entrada en esos establecimientos y podrán exigir a sus directores o geren- 
tes, los datos que consideren necesarios. 

Art. 25. — Las multas que se establecen en los artículos anteriores, serán 
vertidas en la Tesorería General de la Nación, mientras no exista una Caja de 
Pensiones de Obreros y Empleados, caso en el cual deberán ser vertidas en ella. 

Art. 26. — A los efectos de esta ley se entenderá por fábrica, taller, em- 
presa o establecimiento, todos aquellos en que trabajen más de tres personas, 
que no sean el cónyuge, los ascendientes o descendientes o hermanos del due- 
ño o dueños de las fábricas, talleres, empresas o establecimientos. 

Art. 27. — Todos los establecimientos industriales, comerciales o agrícolas 
deberán llevar un Registro nominal de los obreros empleados en ellos, a fin de 
comprobar su carácter de tales, a los efectos de esta ley. 

Art. 28. — Comuniqúese, etc. 

Despacho de la Comisión, Montevideo, mayo de 1908. 

Rodó — Zorrilla — Repetto — Iglesias Canstatt — Paulliér y Arena 
(discordes; y principalmente por ser partidarios de la jornada única 
de ocho horas para todos los gremios). 

ÍD.S.C.RR. T. 223. Págs. 152-175) 


357 




1908 


i. 


11) REFORMA DE LA CONSTITUCION. PLAZO PARA LA PRESENTACION 
DE PROYECTOS. 

En la 48’ Sesión Ordinaria del 25/6/908, el Diputado Guani presenta un pro- 
yecto de resolución por el que se prorroga por un mes el plazo fijado para pre- 
sentar proyectos de enmienda a la Constitución (VER N° 5). En la 49* Sesión Ordi- 
naria del 27/6/908, se pasa a considerar el informe de la Comisión de reforma, que 
con la firma de Rodó, establece: 


INFORME 

Comisión de Reforma Constitucional. 

H. Cámara de Representantes: 

Vuestra Comisión no encuentra reparos que oponer a la sanción del pro- 
yecto del diputado doctor Guani, sobre ampliación del plazo para proponer en- 
miendas a la Constitución. 

En previsión del caso de receso de la Cámara ha agregado un artículo se- 
gundo y según el cual podrán los diputados presentar sus proyectos en Secre- 
taría, durante ese período intermedio. 

Cree, por consiguiente, vuestra Comisión, que debéis prestar sanción al 
siguiente 


PROYECTO DE RESOLUCION 

Artículo 1 ( -’ — Las enmiendas a la Constitución podrán ser presentadas 
hasta el 15 de setiembre del corriente año. 

Art. 29 — Durante el tiempo que medie entre la clausura del período ordi- 
nario, los proyectos sobre reforma constitucional se presentarán en Secretaría, 
sin perjuicio de darse cuenta dei ellos, cuando la Cámara reanude sus funciones. 


359 



1908 


Sala de la Comisión, junio 26 de 1908. 

Eugenio J. Lagarmilla. — Julio M. Sosa. — Juan P. Castro. — Pedro 
Manini Ríos. — Adolfo H. Pérez Olave. — Juan J. Amézaga. — Manuel 
B. Otero. — José Enrique Rodó. — Aureliano Rodríguez Larreta. — 
Manuel Herrero y Espinosa. — Rosalío Rodríguez. 

(D.S.C.RR. T. 194. Págs. 662-663) 

Se aprueba el proyecto. Al final de la Legislatura se considerarán las enmien- 
das propuestas (VER Nos. 42, 43, 44). 


360 



1908 


P. 


12) PENSION VITALICIA A LA VIUDA E HIJA DEL Dr. ENRIQUE ESTRA- 
ZULAS. 

En la 60* Sesión Ordinaria del 11/7/908, varios Representantes, entre los cuales 
Rodó, presentan un proyecto de ley por el que se acuerda una pensión vitalicia a 
la viuda e hija del Dr. Enrique Estrázulas: 


PROYECTO DE LEY 
El Senado y Cámara de Representantes, etc., 


DECRETAN: 

Artículo l 9 — Acuérdase por gracia especial a la señora viuda e hija sol- 
tera del doctor Enrique Estrázulas, una pensión vitalicia de novecientos se- 
senta pesos anuales. 

Art. 2 9 — Comuniqúese, etc. 

Montevideo, julio 11 de 1908. 

Manuel B. Otero. — Alberto Zorrilla. — José Enrique Rodó. — Joaquín 
de Salterain. — Auréliano G. Berro. 


FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 

Son notorios y bien conocidos los servicios prestados por el señor doctor 
Enrique Estrázulas a la beneficencia pública, especialmente en su actuación 
como médico del Asilo de Expósitos, habiéndose constatado evidentemente, 
debido a su actuación, una disminución notable en la mortalidad do los 
niños. 

Por otra parte, su carácter noble y sus condiciones de caballero, lo hicie- 
ron considerar la medicina como un apostolado. De ahí que, ajeno a todo es- 
píritu mercantil, no reuniese capital para dejar a su familia. 


m 



1908 


Los diputados que suscriben este proyecto, hallan que es de alta equidad 
y de justicia compensar de algún modo los servicios prestados por el señor 
doctor Enrique Estrázulas y encuentran que el Cuerpo Legislativo haría obra 
digna y elevada concediendo una modesta pensión a su familia. 

Montevideo, 11 de julio de 1908. 

Manuel B. Otero. — Alberto Zorrilla. — José Enrique Rodó. — Joaquín 
de Salterain. — Auréliano G. Berro. 

(D.S.C.RR. T. 195. Págs. 712-713) 

En la misma sesión, se aprueba el proyecto, aunque reduciendo el monto de 
la pensión a $ 900. En el Senado es sancionado el 13/7/908. Es la Ley N 9 3.387 de 
22/7/908. 


362 



1908 


M. 

13) EXTERMINACION DE LA LANGOSTA. 

Al tratarse, en la 23» Sesión Extraordinaria del 13/10/908, el Art. 12 del pro- 
yecto del Poder Ejecutivo sobre exterminio de la langosta, relativo a procedimiento 
para el cobro de los gastos que debían abonar los propietarios de los predios, se 
origina un corto debate sobre quién sería el actor en los juicios que se promovieran. 
Rodó interrumpe a Arena, para proponer: 

SEÑOR RODO. — Serían las Comisiones las encargadas de hacer eso. 

(D.S.C.RR. T. 196. Pág. 355) 

Su intervención no determina ulterioridades. El proyecto es aprobado y pasa 
al Senado, donde es sancionado el 23/10/908. Es la Ley N* 3408 de 27/10/908. 


363 




1908 


M. 


14) PROTECCION GENERAL DE LOS MENORES. TRABAJOS PELIGROSOS. 

El 30/5/905, el Poder Ejecutivo envía al Parlamento un mensaje y proyecto de 
ley sobre pérdida de la patria potestad, tutela, corrección de menores y organización 
de la protección de éstos. La Comisión de Códigos de la Cámara de Representantes 
se expide, aconsejando la aprobación del proyecto, con modificaciones, el 7/7/908. 
En la 25* Sesión Extraordinaria del 17/10/908 comienza la discusión del proyecto. 
Al debatirse el Inc. 1 del Art. 38 que prohíbe a los menores de 16 años “todo tra- 
bajo o ejercicio peligroso de fuerza o de dislocación”, Rodó propone: 

SEÑOR RODO. — Entiendo que la mente de la Comisión ha sido referir- 
se a los trabajos de circo, a los trabajos acrobáticos, porque si fuera en general, 
por ejemplo, a los trabajos de talleres, sería una cuestión muy compleja. 

SEÑOR MENDIVIL. — Eso es. 


SEÑOR PRESIDENTE. — ¿En el inciso 1° propone el señor diputado 
Rodó esa enmienda? 

SEÑOR RODO. — Sí, señor... “todo trabajo o ejercicio acrobático peli- 
groso”. . . 

(D.S.C.RR. T. 196. Pág. 423) 

(VER N* 15) 


365 




1908 


M. 

15) PROTECCION GENERAL. DE LOS MENORES. 

Al discutirse en la 26* Sesión Extraordinaria del 20/10/908 el Art. 52 del. pro- 
yecto de ley (VER N* 14) relacionado con la colocación de menores en escuelas 
agropecuarias y profesionales, si se trata de varones, y en establecimientos de 
enseñanza, labores y oficios o profesiones de su sexo, si se trata de mujeres, se 
origina un debate. El Dr. Salterain propone que, en primer término se coloquen 
en casas de familia. Un fragmento del debate registra una brevísima intervención 
de Rodó. 

SEÑOR PONCE DE LEON. — Pero la modificación que propone el doc- 
tor Salterain no excluye a aquellos que se pueden poner en casa de familia. 


SEÑOR RODO. — Es una forma disyuntiva. 


(D.S.C.RR. T. 196. Pág. 441) 

El proyecto es aprobado en esa sesión y pasa al Senado, donde se le introducen 
modificaciones. El 6/9/910, la Cámara de Representantes mantiene el proyecto tal 
como fuera originariamente aprobado, pasando a la Asamblea General. En ésta es 
sancionado el 21/2/911. Es la Ley N 9 3738 de 24/2/911. 


367 




1909 


c. 

16) DESIGNACION COMO MIEMBRO DE UNA COMISION ESPECIAL 
DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

En la 1* Sesión Ordinaria de la Asamblea General del 15/2/909, la Mesa de- 
signa una Comisión para recibir al Presidente de la República, al inaugurarse el 
2 * Período de la XXIII Legislatura, uno de cuyos miembros es Rodó (D.S.A.G. T. 
XI. Pág. 552). 


369 




1909 


c. 

17) DESIGNACION COMO MIEMBRO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO, 
DE REFORMA DE LA CONSTITUCION Y DE BIBLIOTECA. 

En la 1* Sesión Ordinaria del 16/2/909, la Mesa da cuenta de la designación 
de las Comisiones permanentes para el 2 9 Período de la XXIII Legislatura. Rodó 
es designado en las Comisiones de Trabajo, de Reforma de la Constitución y de 
Biblioteca (D.S.C.RR. T. 198. Pág. 19). Integra la primera, con Juan Paullier, Al- 
berto Zorrilla, José Repetí o, Felipe Iglesias, Carlos Roxlo y Eduardo Pittaluga. La 
segunda, junto a Juan P. Castro, Manuel Herrero y Espinosa, Eugenio J. Lagar- 
milla, Pedro Manini Ríos, Carlos Oneto y Viana, Aureliano Rodríguez Larreta, Juan 
Carlos Blanco (h), Diego Martínez, Juan J. Amézaga, Gregorio L. Rodríguez, Ro- 
salío Rodríguez, Julio Muró (h), Julio M. Sosa y Carlos Roxlo. Y la última, con- 
juntamente con Juan J. Amézaga y Manuel Herrero y Espinosa. 


371 




1909 


V. M. 


18) PENSION AL DB. JULIO HERRERA Y ORES. 

En la 14* Sesión Ordinaria del 20/3/909, se da cuenta del proyecto aprobado 
por el Senado, por el cual se otorga una pensión a Julio Herrera y Obes por los 
servicios prestados al país. La Comisión de Constitución y Legislación se expide 
el 26/3/909, aconsejando la aprobación del proyecto, pero señalando la opinión de 
varios de sus miembros en cuanto a la actuación errónea de Herrera y Obes, en 
parte de su actuación pública. En la 17* Sesión Ordinaria del 27/3/909, se da cuen- 
ta de la exposición presentada por el Dr. Herrera y Obes, en la que, si bien 
agradece la distinción que entraña el proyecto, pide el retiro del mismo. Se soli- 
cita y así se vota, la consideración urgente del tema. El Diputado Manini Ríos, 
en nombre de la Comisión, pide, en vista de las manifestaciones de Herrera y 
Obes, que se retire el dictamen y proyecto respectivo. Se vota negativamente. 
Se suscita un debate acerca de la procedencia de la aprobación de la pensión, lue- 
go de la renuncia de su beneficiario y sobre la actuación política de Julio Herrera 
y Obes. Se resuelve votar nomínalmente si se pasa a la discusión particular del 
proyecto. Cuando toca el turno a Rodó, expresa: 

SEÑOR RODO. — Afirmativa, por considerar que la petición del doctor 
Julio Herrera y Obes se basa solamente en suponer una solidaridad que no 
existe entre las opiniones de la Comisión de Legislación y las de la Cámara, 
y por considerar además que la personalidad del doctor Herrera y Obes, con- 
siderada en su conjunto, honra intelectual y cívicamente al país. 


( ¡Muy bien!) 


(D.S.C.RR. T. 198. Pég. 288) 

La votación resulta afirmativa, y se aprueban luego los dos artículos del pro- 
yecto, que pasa al Poder Ejecutivo. Es la Ley N* 3436 de 29/3/909. 

Años después, Rodó intervendré en la sanción del proyecto sobre honores fú- 
nebres al ex Presidente ÍVER XXIV LEGISLATURA. N* 90). 


373 




1909 


p. 

19) MONUMENTO A JOSE PEDRO VARELA. 

En la 21 * Sesión Ordinaria del 13/4/909, varios Representantes, entre los cua- 
les Rodó, presentan un proyecto de ley relativo al monumento a erigirse en me- 
moria de José Pedro Varela. El mismo expresa: 


PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uru- 
guay, etc., etc., 


DECRETAN: 

Artículo 1° — Elévase hasta la suma de diez mil pesos la contribución 
del Estado a la realización del monumento al ciudadano José Pedro Varela, 
autorizado por Ley de junio 19 de 1902. 

Art. 2° — El Poder Ejecutivo entregará la referida suma, que se tomará 
de Rentas Generales, a la Comisión Ejecutiva del Monumento a José Pedro 
Varela. 

Art. 3? — De acuerdo con el Intendente de la Capital, el Poder Ejecutivo 
designará el paraje público donde debe erigirse dicho monumento. 

Art. 4? — Comuniqúese, etc. 

Montevideo, abril 13 de 1909. 

José Enrique Rodó. — Juan C. Blanco (hijo). — Martin Suárez. — 
Joaquín de Salterain. — Manuel Herrero y Espinosa. 


EXPOSICION DE MOTIVOS 


Honorable Cámara: 

La Ley de 19 de junio de 1902 que decretó un monumento a la memoria 
del ciudadano José Pedro Varela, no ha podido ser cumplida hasta la fecha, 


375 



1909 


entre otros motivos por no contar con recursos suficientes la Comisión honora- 
ria que patrióticamente lleva a cabo los trabajos relativos al monumento. 

El Estado contribuia por la Ley de 1902 con una suma de dos mil pesos, 
la cual se consideró que, unida a los donativos particulares, bastaría para per- 
petuar dignamente en un paraje público la memoria de José Pedro Varela. 

Sin embargo, no ha sucedido así: las cuotas recogidas más la contribución 
del Estado no bastan para levantar un monumento digno del esclarecido re- 
formador de la educación y de acuerdo con las exigencias estéticas de la Ca- 
pital. 

Los méritos de la obra de José Pedro Varela, la conveniencia de que su 
estatua se levante en un paraje público de Montevideo, por el ejemplo que su 
vida consagrada al país importa para el pueblo, nos determina a someter a 
V. H. el adjunto proyecto de ley, esperando que V. H. se ha de servir pres- 
tarle su aprobación. 

Montevideo, abril de 1909. 

Juan Carlos Blanco (hijo). — José Enrique Rodó. — Martín Suárez. — 
Joaquín de Salterain. — Manuel Herrero y Espinosa. 

(D.S.C.RR. T. 198. Págs. 360-361) 

En la 53* Sesión Ordinaria del 30/6/909, es aprobado el proyecto, que pasa 
al Senado. En este Cuerpo es sancionado el 13/7/909. Es la Ley N* 3543 de 19/ 
7/909. 


376 



1909 


M. 


20) SUPRESION DE LOS ESTUDIOS OBLIGATORIOS DE LATIN 
EN LA UNIVERSIDAD. 

Los estudiantes universitarios de la Sección de Preparatorios habían solicita- 
do al Poder Legislativo la derogación de las disposiciones que hacían obligatoria 
la enseñanza del latín en la Universidad. El tema es considerado por la Comisión 

de Instrucción Pública de la Cámara de Representantes, que aconseja el 14/4/909, 

la aprobación de un proyecto de ley que dispone la supresión de la enseñanza de! 
latín en los planes de estudios secundarios. El proyecto comienza a considerarse 
en la 27* Sesión Ordinaria del 27/4/909. En la 30* Sesión Ordinaria del 4/5/909, 

en la que se aprueba el proyecto, que pasa al Senado, Rodó deja la siguiente 

constancia: 

SEÑOR RODO. — Deseo hacer constar que mi voto favorable a este pro- 
yecto se basa en argumentos absolutamente análogos a los que ha expresado 
el señor Amézaga. 

Voto la supresión del latín, porque considero que esa enseñanza es pura- 
mente ficticia, tal como se hace en el día de hoy; pero seré partidario de su 
restablecimiento, el día que se incluya en un plan de estudios en condiciones 
que garanticen su eficacia. 

Deseo que conste esto, señor Presidente. 


(D.S.C.RR. T. 198. Pág. 467) 

En el Senado, el proyecto es sancionado el 9/7/909. Es la Ley N* 3521 de 14/7/909. 


377 




1909 


I. 

21) ACCIDENTES DE TRABAJO. 

El 4/7/908, el Poder Ejecutivo envía al Parlamento mensaje y proyecto de 
ley sobre accidentes del trabajo. El tema pasa a estudio de la Comisión de Tra- 
bajo de la Cámara de Representantes. Esta se expide el 15/3/909, con el extenso 
informe redactado por Lagarmilla, pero que luce también la firma de Rodó y que 
resulta útil comparar con el redactado por éste sobre horario obrero (VER N" 
10). El informe expresa: 


INFORME 


Comisión de Trabajo. 

H. Cámara de Representantes: 

Vuestra Comisión de Trabajo integrada os aconseja la sanción del pro- 
yecto de ley sobre Accidentes del Trabajo que se acompaña, y que, con al- 
gunas modificaciones, es el remitido por el Poder Ejecutivo. 


I 

EL INDIVIDUALISMO Y EL CODIGO CIVIL 

La necesidad de una ley reguladora de los derechos que, en caso de ac- 
cidente, debe tener el obrero, es cuestión que nadie discute. 

Ante un hecho social-económico que aparece como revelador de un dado 
estado de civilización, no puede el legislador cruzarse de brazos y dejar li- 
brada su solución a disposiciones que, reflejo de otros medios, no dan cabida 
a las nuevas relaciones que el progreso ha creado. 

El Código Civil no puede responder a las exigencias que la industria y el 
trabajo moderno han formado. Como todos los que tomaron por modelo el 
Código de Napoleón, es el producto de un individualismo radical, donde apa- 


379 



1909 


recen como principios cardinales el de la igualdad abstracta y el de la pro- 
piedad absoluta e individual, ambos emanados del concepto formal de la li- 
bertad. 

El laisser faire trasladado, al derecho, y a cuya defensa se consagra el Es- 
tado, se ve surgir a cada paso en sus disposiciones. Ante la abstracción de 
una igualdad completa, es la voluntad expresada la que hace la ley de los 
contratos, y sus consecuencias, buenas o malas, refluyen siempre en el que 
se vinculó jurídicamente. Poco importa que, en la realidad, esa igualdad de 
acción se traduzca en la mayor desigualdad; ante el Código, tan libre es el 
poderoso propietario que cuenta millares de hectáreas de tierras como el pobre 
jornalero a quien el hambre impulsa a vender sus fuerzas por el pedazo de 
pan que el mantenimiento de su vida exige. 

La ley de la oferta y la demanda, la libre concurrencia es el espíritu 
que vivifica la generalidad de los dictados legales sobre la contratación. Y 
ante la lucha de intereses que impone la vida social, y cuya causa y efecto 
en ella misma se halla, el Código contempla al individualismo, como ser ais- 
lado, como eje principal de todo el movimiento jurídico y, dentro de su orien- 
tación, entiende cumplir con su deber al señalar, abstractamente, una igual 
esfera de acción para todos los hombres, sean cuales fueren las condiciones 
especiales en que éstos puedan encontrarse. 

Y ese individualismo absoluto, ese punto de mira de donde se contem- 
pla al sujeto, se ve aplicarse en lo referente a la adquisición y goce de los 
bienes. Una noción anticuada, cuyas raíces arrancan del Derecho de Roma, se 
desarrolla en nuestro Código sobre el dominio y sus atributos. 

Alguien llamó, y con razón, al Código de Napoleón. Código del Propie- 
tario. Un criterio dominical lo inspira. Quizá por sobre las facultades inheren- 
tes a la personalidad humana como tal personalidad se contempla al hombre 
como sujeto del lazo jurídico que lo que une con las cosas. A la protección de 
la propiedad, a su respeto y ejercicio, consagró la ley la mayoría de sus dis- 
posiciones. Aun en aquellos institutos donde parece debiera predominar inevi- 
tablemente por sobre el derecho de las cosas el derecho del individuo en si, 
el concepto radical del amparo de los bienes determina la voluntad de la ley. 
Basta echar una ojeada sobre las relaciones de la familia legal (matrimonio, 
patria potestad, tutela, etc.) y se verá la verdad de lo que se ha expresado. 


380 



1909 


La reglamentación de esos institutos, en su máxima parte, tiene por fin la de- 
fensa del patrimonio que se ha colocado por sobre la defensa de la persona. 

Y si de las relaciones de familia pasamos a las contractuales, vemos pre- 
dominar el mismo espíritu unilateral vaciado en el estrecho molde de los ju- 
risconsultos romanos, que consideraron al derecho, no como función de vida 
y progreso, sino como idea lógica, atendiendo, más que a su naturaleza, a la 
simetría de las construcciones de sus sistemas jurídicos. 

Tuvo su razón de ser esa orientación del Código napoleónico. La socie- 
dad no marcha arbitrariamente; leyes fatales rigen su paso por el tiempo, y 
no hay instituto ni idea que no sea producto de factores que, en determinado 
momento, señalan el camino a seguirse. 

La Revolución Francesa fue una reacción violenta del hombre en busca 
de sus derechos, desconocidos en un régimen donde el privilegio, el despo- 
tismo monárquico, la restricción al trabajo, las corporaciones y toda clase de 
abusos eran la norma imperante. Levantando la Razón y la Libertad como 
bandera, asentaron el edificio de su legislación sobre las ruinas de la antigua. 
Ese ideal perseguido se tradujo en la ley en el concepto individualista, como 
exponente de la expansión mayor de la persona humana. 

“De conformidad con esta filosofía, dice un escritor italiano, el funda- 
mento de la idea del derecho es el respeto que cada hombre debe tener a 
la libertad de su semejante, idea que, aún en su forma más desarrollada, es 
puramente negativa; fundándose así sobre tal ideal un derecho con función 
constantemente negativa, a saber: impedir que la potencialidad del derecho 
ajeno, aunque sea por sí sola irrealizable, sufra lesión alguna. 

“He aquí el principio filosófico en que se inspira nuestra legislación, ba- 
sada, según enseñaban los filósofos del siglo XVIII, en la noción del individuo 
y de la propiedad. Al hombre se le supone aislado; las relaciones humanas 
existen por la voluntad de los individuos; la legislación positiva debe prote- 
ger la libertad y la propiedad. La libertad es el ideal jurídico; hay que ase- 
gurar a todos un máximo de ella: la ley debe sólo fijar la norma, de coexis- 
tencia, sin apreciar el grado de la moralidad de los actos de cada uno; bas- 
tando que no se lesione la libertad de los demás”. 

Y las disposiciones de los Códigos fueron la consecuencia lógica de esos 
principios: la propiedad individualista, sin contemplar la faz social de este 
derecho y la igualdad formal dentro de la libertad como única determinan- 
te de las relaciones personales. 


381 



1909 


En la corriente de esas ideas que respondían a un dado momento histó- 
rico, producto de los factores sociales, políticos y económicos que en ese en- 
tonces actuaban, los contratos, expresión de la voluntad humana, así como 
las demás relaciones de los hombres, fueron regulados por la libre concurren- 
cia, por la ley de la oferta y la demanda, principios que, al decir de alguien, 
importan siempre el beneficio de uno originado por el perjuicio de otro. 

¿Qué condición jurídica podía corresponderle, dentro de esa legislación, 
a la clase obrera? Ante el criterio dominante, las desigualdades de clase y de 
condiciones desaparecen: todos son individuos, sujetos capaces de idénticos 
derechos, y la voluntad de los unos vale tanto como la de los otros. El obre-i 
ro, cuyo capital es el trabajo, está equiparado como contratante al patrón o 
a la empresa a quien entrega su labor. ¿Para qué regir por reglas especiales 
un convenio cuando los mismos principios deben ser aplicados? La ley es ex- 
traña al contenido de esta relación jurídica; su misión es asegurar la volun- 
tad manifestada, como homenaje a la libertad, y no tiene por qué cuidarse de 
los intereses de las partes que se vincularon porque así lo han querido. 

Y asi se explica que el contrato de trabajo, quizá el que mayor impor- 
tancia actualmente tiene, no haya merecido del legislador los honores de un 
capítulo. Allá, después de tratar el arrendamiento de cosas, legisla sobre el 
de obras, pero en forma tan incompleta que las relaciones entre patrones, y 
obreros, casi puede decirse, se hallan huérfanas de reglamentación legal, ha- 
biéndose abandonado un instituto de tan alta importancia jurídica, económi- 
ca y social, a la labor doctrinaria y a la variabilidad do la jurisprudencia. No 
es extraño, pues, que sobre la responsabilidad de los accidentes del trabajo 
sea muda la ley, imperando en esta parte los preceptos que ya existían en la 
legislación romana. 


II 

EL TRABAJO Y EL PRINCIPIO DE LA SOLIDARIDAD 

Pero no en vano ha pasado una centuria. Otros horizontes, desconocidos 
en épocas pasadas, se han abierto ante la humanidad, y nuevas ideas, produc- 
to de factores supervinientes, elaboraron otros conceptos y formaron una con- 
ciencia jurídica que no cabe dentro del viejo molde. 

Las condiciones del trabajo han cambiado fundamentalmente durante el 
transcurso de ese tiempo. La grande industria, con su cortejo de máquinas, 


382 



1909 


y nuevos métodos de explotación, ha venido paulatinamente, desalojando a la 
pequeña y al trabajo aislado. Por otra parte, el ejercicio, más o menos am- 
plio, del derecho individual dentro de un régimen de libertad, ha educado 
a la clase productora y dádole otra noción de sus deberes e intereses. La lu- 
cha cruenta por la vida, que muchas veces los ha llevado hasta la desespera- 
ción y el delito, les ha señalado la senda que deben trillar para hacerla más 
llevadera. El espíritu de asociación, acicateado por la necesidad, se ha impues- 
to, y el obrero ha ido a buscar en el concurso de los suyos una defensa con- 
tra los avances de las ambiciones o del interés del elemento patronal. 

Y es que ese fenómeno no es un accidente dentro de la marcha de la 
humanidad, sino más bien una necesaria consecuencia de la vida social y de 
su evolución. 

El progreso trae como fatal efecto una mayor división de trabajo con la di- 
ferenciación consiguiente de funciones. En la heterogeneidad producida, cuanto 
más un órgano se especializa en una función, tanto más se hace incapaz para 
llenar otras. El conjunto gana, es decir, trabaja con más facilidad y perfección, 
pero cada uno de los elementos que componen ese conjunto, si bien produ- 
ce mejor en la parte que le corresponde, se hace incapaz para producir el todo. 
Apliquemos esta verdad al trabajo moderno, al de la grande y media industria, 
y sacaremos esta consecuencia: que el obrero aislado ha tenido que dejar el 
puesto a la, obra común, al trabajo colectivo, en el cual es él una unidad, una 
célula del organismo que todos componen. 

Y la relación jurídica de este fenómeno debe estar en correspondencia con 
su verdadera naturaleza. Si el obrero aislado, como individuo, no es la regla 
general en la actualidad; si antes que sujeto individual es una célula social 
que contribuye con su esfuerzo a dar vida al todo, no es posible que el legis- 
lador lo trate con un criterio individualista que no responde a la verdad de 
lo existente. 

No puede, pues, aplicarse justamente ese principio de libertad y de igual- 
dad formal, emanado del concepto de que el sujeto único del derecho es la per-t 
sona considerada aisladamente. 

El trabajo, tal cual se encuentra organizado en la sociedad moderna, es 
un factor económico y social que tiene al frente como ayuda y enemigo a 
la vez al capital, con el cual lucha para la consecución de un desarrollo máá 
humano y mejor. Ese fenómeno económico y social, producto del contacto de 
intereses y tendencias, debe ser regulado jurídicamente, pero regulado no 


383 



1909 


de acuerdo con la lógica inflexible de la consecuencia de principios irreducti- 
bles, sino con arreglo a su real naturaleza. 

Debe el legislador, por tanto, tener presente, antes que la simetría de 
sus construcciones, el fin que persigue y la exacta noción de sus deberes. No 
cumple su cometido de mantener el libre juego de todos los intereses y el equi- 
librio del derecho si queda impasible ante los hechos que revelan la impoten- 
cia del mandato legal para garantir debidamente las facultades reales de to- 
dos o de parte de los habitantes del país. Y al hablar de facultades reales se 
quiere decir con ello que deben dar capacidad efectiva de hacer, esto es, 
fuerza necesaria para convertirse en actos con la sanción coactiva del dere- 
cho. ¿De qué sirve reconocer la libertad sin poder hacerla efectiva? Un dere- 
cho que no es efectivo, no es tal derecho. 

El principio individualista que tan en boga estuvo en los albores del si- 
glo XIX se bate en retirada ante otro que condice mejor con los sentimientos 
e ideas de la moderna civilización: el principio de solidaridad. 

¿Qué es la solidaridad? se pregunta Salvioli. La ley del mundo físico y 
la de la sociedad humana. La vida social es un conjunto de solidaridades que 
se relacionan. El hombre no existe aislado, sino que vive, obra, produce, po- 
see entre otros hombres, a cuya acción debe coordinar la suya. 

^jComo todos los bienes proceden de la sociedad, todos los actos huma- 
nos deben tener un valor social, una función social. De aquí que la norma 
de la vida, su ideal ético, debe consistir en la armonía de los intereses, en una 
justicia hecha de razón y de amor, en crear a la personalidad humana un am- 
biente de libertad y de solidaridad, en preparar la unificación moral de to- 
dos”. 

Y esa afirmación del sabio jurista italiano es cierta. La solidaridad es la 
característica de la vida: no se concibe ésta sin ese lazo que une las partes 
distintas de todo organismo y, como dice Gide, “la muerte no es otra cosa 
que la ruptura de esa solidaridad entre los diversos elementos que constitu- 
yen el individuo y que, una vez diseminados, entran en nuevas combi- 
naciones para formar nuevos seres”. “Es cierto, continúa el mismo autor, que si 
las ciencias naturales y económicas se han puesto de acuerdo para sacar a 
luz la idea de la solidaridad, resulta también que lo están en una idea que 
aparece bastante en contradicción con la precedente: la de la concunencia 
y la lucha. Sin embargo, la contradicción es más aparente que real, porque, 
precisamente, es por la asociación y la solidaridad estrecha de los asociados 
que se obtiene comúnmente la victoria: bárbaros marchando al combate, des- 


384 



1909 


pues de haberse hecho atar los unos a los otros por cadenas de hierro, sol- 
dados de Alejandro o de Napoleón unidos juntos en esas terribles formas de 
solidaridad militar que se han llamado la falange o el regimiento, de tal mo- 
do, que en la batalla de las Pirámides, Mourad Bey creía que los infantes 
franceses, formados en cuadro, estaban realmente encadenados — y lo estaban 
en efecto por la invisible cadena, más difícil de romper que las de hierro, 
que se llama disciplina”. 

Estamos en un período de transición y en marcha hacia el ideal que pi- 
de Fouillée, de una sociedad donde todos puedan ser perfectamente libres 
sin dejar de estar perfectamente unidos. Hoy por hoy, es preciso aún la coac- 
ción del Estado para evitar que la oposición de intereses traiga como conse- 
cuencia o la negación del derecho de los unos o la violenta rebelión de los 
otros. La solidaridad existe consciente y voluntaria! entre las distintas clases so- 
ciales, pero existe con el fin de sobrellevar con más alivio la lucha que la con- 
currencia impone. Cuando en lugar de voluntaria solidaridad de clases, exista 
la solidaridad querida entre todos los que viven la vida social, entonces des- 
aparecerán esas diferencias y esos antagonismos que han movido y mueven 
a los pueblos en la búsqueda de un porvenir mejor. 

III 

EL DEBER DEL LEGISLADOR 

El legislador, ante el problema presente, tiene que decidirse por la adop- 
ción de alguno de los dos principios: o pagando tributo a la tradición con- 
serva incólume el Código Civil, o dando entrada a la equidad y la justicia 
lo suplanta por una ley en la que el nuevo principio que agita la vida toda 
tenga amplia cabida. 

Pero la decisión debe estar hecha si es que se tiene conciencia del propio 
deber. La ley no puede ser obra de razón solamente: debe consagrar aque- 
llos hechos que revelan un fenómeno económico social, y que, en determinado 
momento, se imponen con la fuerza de las cosas inevitables. 

El Código dictado para regir el mundo de Napoleón es incapaz de en- 
cerrar en sus marcos todas las relaciones que en el rodar de un siglo la hu- 
manidad ha creado. 

La doctrina y la jurisprudencia se encuentran violentadas dentro de los 
lazos legales para prestar amparo a los dictados de justicia acogidos por la 


385 



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conciencia popular, y han tenido que hacer prodigios de gimnástica jurídica 
para ampliar el estrecho círculo señalado por la ley. 

Pero de un tiempo a esta parte un hálito del nuevo principio de justicia 
social ha penetrado en la legislación. 

Las leyes y reglamentos sobre higiene de los talleres, sobre el trabajo de 
las mujeres y niños, la enseñanza obligatoria, la limitación de la jomada de 
labor, la responsabilidad de los accidentes del trabajo, la municipalización de 
ciertos servicios públicos, son ejemplos de esta afirmación y los primeros pa- 
sos que en la evolución hacia nuevos nimbos han dado las naciones. 

“Una legislación fría, abstracta, dice Tarbouriech, que no tiene en cuen- 
ta las diversidades que se establecen entre los hombres, las regiones que ha- 
bitan y las profesiones que ejercen, ¿puede acomodarse a la complejidad de 
nuestra vida? Nadie osaría sostenerlo. Detrás de este gran telón del Código, 
que esconde, a menudo, a los juristas, la vida real, se ha reconstituido en 
nuestro siglo una variedad asombrosa de legislaciones profesionales que, sin 
duda, se unen a las reglas generales del derecho civil, pero haciéndole sufrir 
las desviaciones más inesperadas”. 

Nosotros casi nada tenemos aún a este respecto, y el proyecto que ahora 
se somete a la consideración de V. H. así como el de la ley de trabajo, ya 
informado por esta misma Comisión, y el Proyecto sobre higiene de los ta- 
lleres que el Poder Ejecutivo ha anunciado en su último mensaje, son los pri- 
meros jalones que se plantan en esta vía. 

Quizá para algunos espíritus conservadores por demás pudieran aparecer 
ciertas reformas como una reacción inconveniente contra el régimen actual, 
sin que la voz de la necesidad se haya dejado sentir con la fuerza necesaria 
para ser acogidas por el legislador. Sin embargo, es de creer que tal supo- 
sición no pueda caber tratándose del proyecto sobre accidentes del trabajo. 

Podrá decirse que las condiciones de nuestra industria y de la clase obre- 
ra del país son distintas a las que se desarrollan en el viejo mundo, donde la 
lucha por la vida posee caracteres de una gravedad que aún aquí no existe. 
Podrá sostenerse, si se quiere, que la jornada única no es necesaria, que la 
fijación de un mínimo de salario no tiene razón de ser, y en fin, que dentro 
de la legislación vigente el capital y el trabajo se desenvuelven libremente y 
sin tropiezos. 

Pero lo que nadie puede contestar es que los accidentes se producen en 
el trabajo, tanto aquí como en Europa. Poco importa el número de ellos, en la 


386 



1909 


relación con las industrias; el hecho cierto es que hay víctimas y es necesa- 
rio saber cuáles reglas se deben aplicar cuando un accidente ha sucedido. 

Puede verse, por los cuadros de la Oficina del Trabajo que se agregan, 
que los hechos desgraciados de que son víctima los obreros, se repiten, en- 
tre nosotros, con bastante frecuencia. 

El problema no es saber, pues, si esos hechos caben en nuestra sociedad, 
desde que nadie puede negar lo evidente; sino saber si las reglas del Código 
Civil son bastantes para regir las consecuencias de esos hechos, o si hay que 
quebrar ese molde antiguo y forjar otro, donde quepan las ideas que respon- 
den a los sentimientos de amor y de justicia. 

IV 

NECESIDAD DE LA REFORMA DEL CODIGO CIVIL. 

LA INDUSTRIA MODERNA Y EL PRINCIPIO DE LA RESPONSABILIDAD 

¿Qué es lo que nuestro Código Civil dispone? — Ya se ha dicho que este 
cuerpo de leyes es mudo en lo que se refiere al nuevo derecho obrero; hay, por 
tanto, que aplicar a estas relaciones no previstas los principios generales de 
las demás obligaciones. 

Producido un accidente, la indemnización de la víctima sólo será debi- 
da cuando se pruebe la falta del patrón. Bien que se contemple el derecho 
surgido del accidente como efecto de la culpa aquiliana; ya se le mire como 
consecuencia del convenio, y por ende, de la culpa contractual del patrón; en 
ambos casos incumbe probar esa obligación a quien pretende valerse de ella. 

Se ve surgir aquí el criterio individualista de que se ha hablado, base y 
fundamento de la ley. El obrero y el patrón son contratantes; la ley garantiza 
los derechos y obligaciones que del contrato emanan, porque ambos han sido 
libres para vincularse. Si una de las partes sufre un accidente sin culpa de 
la otra, a nadie puede hacer responsable de ello, y si pretende que tuvo cul- 
pa, debe probarlo. Eso es lo que dentro del Código sucede. 

¿Responde ese criterio a los dictados de la justicia y al estado de la so- 
ciedad actual? — Ya se ha dicho y explicado el por qué de la insuficiencia de 
ese principio. 

En la industria moderna, ¿qué es el obrero? ¿Conserva su individualidad 
en el proceso de la producción? Basta mirar los procedimientos de la indus- 
tria, donde el maquinismo ha invadido hasta el punto de hacer del hombre un 


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accesorio de los aparatos, una pieza más entre las innumerables que compo- 
nen el conjunto que elabora la manufactura, para que la contestación ne- 
gativa se imponga. 

El obrero que da su trabajo no establece, sino que acepta las condicio- 
nes en que ese trabajo se ha de hacer. La solidez o higiene de los talleres, el 
estado de la maquinaria, el modo de dividir el tiempo, en una palabra, to- 
das las circunstancias que rodean la labor, son impuestas por el patrón. El 
obrero entra en un terreno desconocido; no es dueño de elegir ni el lugar de 
su trabajo ni las herramientas o utensilios para efectuarlo. En el rodaje in-f 
menso del maqumismo que exige la gran industria, su acción individual des- 
aparece por completo; es un brazo más de ese organismo de acero, una nueva 
palanca que tiene que moverse armónicamente con las otras, para que el con- 
junto marche sin tropiezos. 

Ante este hecho real y evidente, producido un accidente, ¿es justo, es hu- 
mano que, a falta de la culpa del patrón, soporte la víctima las consecuencias 
de su desgracia? La estadística nos dice que más de la mitad de los acciden- 
tes son debidos a hechos desconocidos, fuerza mayor o caso fortuito, o en otros 
términos, sin culpa del patrón ni del obrero, por lo que, de acuerdo con el 
Código Civil, aquél no puede ser responsabilizado. 

Sin embargo, si alguno debiera no sufrir en estos casos los efectos del ac- 
cidente, es sin duda el obrero. ¿Qué importa que no haya existido culpa de 
parte de nadie? ¿Se trata acaso de investigar la conducta de los contratantes? 
El producto, que es consecuencia de la combinación del capital y el traba- 
jo, soporta siempre los menoscabos que aquél recibe. Si por un cambio de 
temperatura, una mala aleación, o por cualquier causa imprevista e inevitable, 
se rompe la pieza de una máquina, ¿quién carga con esa pérdida? No es el 
patrón, ni es el obrero, porque en toda explotación se toman en cuenta el des- 
gaste del utillaje y su eventual renovación, a los efectos de fijar el precio de 
la mercancía elaborada. A la postre, pues, quien soporta esos gastos es el 
consumidor, repartiéndose, por este medio, entre todos el mantenimiento y el 
progreso de la industria, nueva muestra del principio de solidaridad que co- 
mo una red invisible une a todos los hombres. 

Pero si, como se ha dicho, el obrero no es otra cosa que un accesorio, una 
nueva pieza del mecanismo industrial, ¿por qué el accidente que lo inhabili- 
ta o lo elimina lo ha de soportar sin reparación? La fuerza de su brazo y de 
su inteligencia es un factor, como lo es la energía del vapor y de la electri- 
cidad para la elaboración del producto, y si éste soporta los desgastes de los 


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aparatos creadores de esa energía, debe también cargar con la pérdida que 
importa el hecho que pone fuera de actividad al complemento de la maqui- 
naria, al elemento concurrente y necesario para su obtención. Y nótese que 
en este caso el hecho desgraciado toma otros caracteres que le imprime la 
condición humana de la víctima. La inhabilitación del obrero arroja, por re- 
gla general, a la más negra miseria, a todo un hogar, falto de sostén y am- 
paro. La piedad se aúna a la justicia para pedir que un sentimiento humani- 
tario impulse al legislador a salir del camino trillado de la teoría clásica de la 
culpa, y coloque por sobre el subjetivismo del Código que hace una cuestión 
de conducta de lo que es un fenómeno social y económico, el fecundo y ver- 
dadero principio que ordena que si la industria vive y se desarrolla por el 
esfuerzo humano, sobrelleve los desgastes y las pérdidas que ese esfuerzo por 
ella sufre. 

Y si así debe suceder cuando el accidente se produce sin culpa de na- 
die, la misma solución debe adoptarse cuando ha sido causada por culpa del 
obrero. 

Si hay culpa, ella es originada por las condiciones en que la industria 
moderna se desarrolla, dentro de la cual, como se ha repetido, el obrero es una 
unidad, un soldado de la legión del trabajo, sometido a las influencias de un 
medio donde la personalidad se anula, para convertirse en un resorte del me- 
canismo general. “Del caso fortuito a la culpa de la víctima, dice Sachet, só- 
lo hay, a menudo, una débil distancia”. “La responsabilidad, dice Saleilles, se 
gradúa por tintas insensibles como el alba y el crepúsculo en el pasaje del 
día a la noche”. La habitud del obrero de vivir en medio de los peligros que 
lo rodean, lo lleva poco a poco a descuidar las medidas de prudencia que se 
le han recomendado. Si llega a ser víctima de su temeridad, esta temeridad 
no tiene, generalmente, otra causa que su celo y su sacrificio. En fin, una 
falta o un acto de aturdimiento, que serían insignificantes, en la vida diaria, 
provocan accidentes graves en una explotación industrial. La cooperación de 
esta causa objetiva unida, más o menos estrechamente, a la culpa o a la inex- 
periencia de la víctima, es precisamente la razón de ser de la garantía impuesta 
al jefe de la empresa”. 

Por lo demás, si el criterio subjetivo del Código es ineficaz para regir las 
relaciones emanadas del accidente, por fundarse en principios que chocan con 
la realidad, no hay por qué forzar su texto para dar cabida a lo que, por pro- 
pia naturaleza, sale de sus dominios. No se trata de hacer depender de las 
disposiciones legales los derechos del obrero; sino de dictar una ley que, en 


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armonía con lo que la justicia y la humanidad exigen, no deje en el desam-' 
paro a los que para producir la riqueza hicieron sacrificio de su existencia o 
de su integridad física. 

Como muy bien dice Fusinato, “es la propia industria que lleva en si una 
causa perenne de peligro, independiente de toda medida de prudencia o pre- 
vención que razonablemente pueda pretenderse. Está en el organismo de la 
industria misma, o en sucesos exteriores provocados o ligados a ella, el verda- 
dero origen de los accidentes, en su inmensa mayoría; y si esto es verdad, si 
tales accidentes son una condición necesaria de la industria, que viene a ser 
por sí sola la verdadera causa, justo es que la misma industria soporte la carga”. 

Descartado, como impotente, el concepto romano de la culpa, cabe inves- 
tigar sobre qué base ha de levantarse el derecho del obrero en caso de acci- 
dente. De lo expresado puede deducirse sin esfuerzo la solución. 

Si la conducta de las partes no tiene influencia en la determinación de las 
respectivas obligaciones; si, como se ha dicho, la industria debe soportar to- 
das las buenas y malas eventualidades que en la producción pueden acaecer, 
hay que limitarse a la constatación del hecho, sin averiguar para nada si la 
culpa de alguien ha intervenido. Al criterio subjetivo de la culpa contractual 
o extracontractual sucede el criterio objetivo del riesgo profesional. 

Esa teoría, que se ha hecho paso en la mayoría de las legislaciones de los 
pueblos civilizados, se ha impuesto por la fuerza de su bondad y hoy día es 
aceptada por la casi unanimidad de los autores. Su fundamento se desprende 
de la exposición que se ha hecho y su adopción se impone en obediencia a 
los verdaderos principios de justicia social y a las exigencias de la vida actual. 

La evolución de ese principio, su paso de la doctrina y la jurisprudencia 
hacia la ley, la suplantación progresista del viejo criterio cristalizado en el Có- 
digo Civil, se halla perfectamente expuesto en el luminoso mensaje del Poder 
Ejecutivo, donde campea el espíritu brillante y profundo de su malogrado au- 
tor el doctor Antonio Cabral, cuyo nombre querido quedará vinculado a esta 
magna reforma que se proyecta. No quiere vuestra Comisión volver sobre ese 
tópico, por considerar que no le sería posible arrojar mayor luz que la que se 
desprende de ese magistral escrito. 

El riesgo profesional es teoría emanada de la justicia, de la humanidad, 
de la solidaridad, y si ella es justa, es humana, es solidaria, no puede menos 
de ser conveniente, y no conveniente, parcialmente para el obrero o para el 
patrón, sino para ambos y para todos. Lo que de tal fuente sale debe hallar- 
se por encima del estrecho interés de las clases o de los individuos, y así su- 
cede efectivamente. 


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El caso fortuito que castiga al obrero, debe ser demostrado, lo mismo que 
la culpa de éste, o del patrón en su caso. 

Pero esa demostración ¿qué de trastornos no produce? Luchando frente 
a frente dos intereses o dos egoísmos, los procesos se hacen encarnizados, lar- 
gos y costosos, y perjudican aún al victorioso. La sociedad está interesada en 
disminuir los litigios y este interés debe en primer término ser tutelado por 
el legislador. 

Luego ¿cuántos odios no despierta en el vencido el fallo que en su sentir le 
ha despojado de su derecho? Patrón y obrero, después del pleito, se tienen que 
mirar como enemigos, en la creencia que el uno ha querido arrebatarle su 
bien al otro. Y por la unión de las clases, por espíritu de asociación que im- 
pele a agruparse a los que un mismo interés tienen, los obreros hacen causa 
común contra los patrones y éstos contra los obreros. El campo que separa a 
unos y otros se ensancha en lugar de estrecharse y nuevas animosidades ahon- 
dan cada vez más las diferencias, en perjuicio evidente del progreso y de la 
paz social. 

Si el ideal del hombre es la armonía entre los elementos de la sociedad, 
el juego libre de todos los derechos, y el robustecimiento de los sentimientos 
solidarios, todo lo que abiertamente se oponga a su realización debe ser qui- 
tado del camino. El legislador, órgano de la conciencia colectiva, tiene como 
deber primero, el de adoptar aquellas medidas que puedan llevarnos al an- 
siado fin. 

Frente al presente problema, su actitud está de antemano determinada. 
Rindiendo homenaje a esas ideas, que dan nervio y vida a la moderna civi- 
lidad, debe dictar reglas que encaucen el derecho en la vía que se ha seña- 
lado. Es, por eso, que el riesgo profesional, ha sido acogido en las legislacio- 
nes de los países cultos y es por eso que vuestra Comisión os aconseja que así 
también lo haga Vuestra Honorabilidad. 

V 

PERSONAS AMPARADAS POR LA LEY 

Fundado ya el principio que guía la redacción del Proyecto, tiempo es 
de entrar al estudio del mismo, cosa que, lo más brevemente posible, hará 
vuestra Comisión, cumpliendo con el cometido que la Honorable Cámara le 
ha dado. 


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La base de la obligación de indemnizar se halla en el riesgo profesional 
que es soportado por la industria, según queda explicado. Es, pues, dentro de 
la industria o de la realización de trabajos inherentes a ella, que va a apli- 
carse este Proyecto. 

El Capítulo I trata de las condiciones necesarias para que proceda la apli- 
cación de los principios de esta ley. Y en el artículo 1*? se establece la obli- 
gación de los patrones o empresas de responder civilmente de todos los acci- 
dentes que ocurran a sus obreros o empleados a causa del trabajo o con oca- 
sión del mismo. 

Toda persona unida a la explotación de la industria o trabajo por medio 
de un lazo jurídico que lo obligue a prestar sus servicios bajo la dependencia 
del patrón, puede y debe ser garantida por la ley. Tanto el obrero que está 
junto a la máquina, como el empleado del escritorio de la fábrica, si un ac- 
cidente se produce, deben tener derecho a la indemnización, porque ambos 
en distinta esfera concurren al mismo fin. Es por eso que el proyecto, siguien- 
do las leyes tipo sobre la materia asimila los empleados a los obreros. 

Tos accidentes, dice Serre, amenazan indistintamente a todas las perso- 
nas que trabajan, a un título cualquiera, en los establecimientos sujetos a la 
ley, y no hubiera sido equitativo tratar a los vigilantes, dependientes, contra- 
maestres, y mismo a los ingenieros, menos favorablemente que al obrero mis- 

99 

mo . 

Con razón, pues, el proyecto pone sobre el mismo pie a los empleados los 
capataces y agentes técnicos (artículo 3°). Como también a los aprendices y 
obreros menores de veintiún años (artículo 9?) . 

En todo caso se presupone un contrato de arrendamiento de obras o la 
prestación de un trabajo, aún cuando no sea retribuido y que ese trabajo se 
preste en el lugar indicado por el patrón. Poco importa que la prueba escri- 
ta no exista; basta que el concurso de voluntades haya dado nacimiento a esa 
relación de dependencia para que se adquiera el carácter de obrero, con todos 
los derechos y obligaciones inherentes. 

No sería justo que la ley que tiende a la protección de la clase desvalida 
le hiciera purgar los defectos de su ignorancia. La rigidez legal en cuanto a la 
prueba debe ceder ante la justicia que encierra el hecho de amparar en todo 
caso al que presta obra eficiente. De ahí la derogación del derecho común en 
cuanto admite la prueba testimonial para la justificación del contrato de tra- 
bajo, sea cual fuere, la cuantía de éste, aunque se limite esa derogación sólo 


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en cuanto se relaciona con la presente ley, es decir, en cuanto tiende a hacer 
efectiva la responsabilidad patronal en caso de accidente. 

Es la dependencia del obrero; la amplia libertad del patrón para dirigir 
su empresa, la organización del trabajo a gusto de éste, uno de los fundamen- 
tos del riesgo profesional, en cuanto aparta de sí el concepto de la culpa. 

Ese elemento falta cuando el obrero trabaja libremente en su domicilio. 
Ahí no tiene principal ni está sometido a las condiciones que un extraño le 
ha impuesto; es' a la vez que obrero, empresario de su propio trabajo. Ya desde 
el tiempo de Roma se distinguió entre uno y otro contrato, y la ley positiva 
establece reglas especiales para cada caso. 

“En todas las comarcas fabriles, dice Estasén, hay industrias y talleres de 
carácter doméstico, en los que el operario trabaja en su casa, con aparatos, 
máquinas, instrumentos o utensilios propios del mismo operario, o con instru- 
mentos de trabajo montados, preparados o arreglados por el mismo que los 
maneja o utiliza. En muchas ocasiones, el empresario, el capitalista no es un 
cooperador del trabajo, es simplemente un comprador del género elaborado. 
Si este comprador no tiene intervención alguna en la disposición del local don- 
de se instala el taller, en la colocación de las máquinas y aparatos, en la con- 
dición de los aparatos o instrumentos del trabajo, en las circunstancias y estado 
de las piezas y en la manera y forma cómo se trabaja, ¿cómo es posible que 
en equidad ni en justicia se le haga responsable de las anomalías de un hecho 
al cual es completamente ajeno?” 

Y no cambia de aspecto este hecho cuando accidentalmente el obrero 
asocia a sus trabajos uno o varios de sus camaradas. En realidad no hay en 
ello empresa industrial digna de este nombre dentro del criterio legal; no hay, 
propiamente, patrón, sino varios trabajadores que aúnan sus esfuerzos sin es-» 
tar sometidos al régimen de los talleres. Fuerte sería hacer recaer sobre uno 
de ellos el accidente que sus compañeros sufrieran. Contra esa solución no sólo 
choca el sentimiento de la humanidad, sino también el espíritu que informa 
este Proyecto. Quiere decir que en este caso el obrero víctima de un accidente 
no podrá ir en contra del propietario ni contra el comprador o empresario 
para quien la obra se efectúa, salvo, bien entendido, las acciones que por 
derecho común pudieran corresponderle. 

El riesgo profesional, como se ha dicho, es instituto de derecho industrial 
y presupone la condición de obrero, en los términos amplios que se han ex- 
presado. “La ley, como dice Salvatore, no tiene en cuenta' solamente el ca- 
rácter del trabajo, sino también el hecho de que se ejecute por un empresario. 


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o industrial”. Es preciso, pues, el elemento de la profesión, y cuando éste falta, 
no pueden, por regla general, tener aplicación las disposiciones legales. Los 
servicios domésticos no llenan esa condición, y no cabe, dentro de la norma del 
Proyecto, hacer soportar a la industria un riesgo completamente ajeno a ella. 
Y nótese que no se quiere con esto decir que no sería humano el prestar amparo 
a la desgracia en esos casos, pero esa obligación, antes que al riesgo profesional, 
se ligaría al derecho de familia, pudiéndose concebir como una extensión del 
deber de alimentos que entre parientes existe. 

Pero si el que presta servicios domésticos es obligado a trabajar como 
obrero, adquiere, por esto, el elemento profesional y puede acogerse a la pro- 
tección legal. “Si los servicios domésticos, dice Sachet, son, en sí mismos, extra- 
ños a la explotación de una industria y, por consiguiente, no están expuestos 
a los peligros inherentes a esta explotación, puede suceder que el patrón em- 
plee, a intervalos más o menos regulares, a su servidor en los trabajos de su 
industria, haciéndole acumular las funciones de sirviente con las de obrero 
industrial. En este caso se entiende que el servidor podrá prevalerse del riesgo 
profesional”. 

La relación de dependencia de que se ha hablado y que es necesaria 
para que el hecho quepa dentro del criterio legal, no cesa cuando el obrero, por 
orden de su patrón, ejecuta trabajos que no le son propios. Si al obrero se 
le obliga a prestar servicios domésticos, no por eso deja de ser obrero, y sería 
una iniquidad pretender eximir de responsabilidad al patrón si en esos mo- 
mentos cae aquél víctima de un accidente, a pretexto de que no ejercía sus 
funciones. Fue en virtud de la obediencia y, por extensión, de su cometido, por 
lo que el obrero se hallaba allí en el acto del siniestro. Como muy bien lo ha 
declarado la Corte de Casación francesa, “el riesgo profesional no es sólq 
inherente al cometido asignado a la víctima, pues también se aplica al con- 
junto de los medios dispuestos por la empresa para conseguir una producción 
determinada. Por otra parte, la obligación por parte del jefe de la empresa de 
garantir la seguridad de sus obreros no cesa aún en donde esta autoridad 
termina”. Justamente, pues, se ha establecido la disposición del artículo 6° 
del Proyecto. 

VI 

ACCIDENTES CAUSADOS POR EL TRABAJO O 
CON OCASION DEL MISMO 

Establecidos, dentro de la generalidad que por su propia esencia debe 
una ley tener, cuales son las personas que, según el Proyecto, pueden am- 


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pararse a sus disposiciones en caso de accidente, corresponde estudiar otra de 
las condiciones exigidas. 

De acuerdo con la mayoría, por no decir la unanimidad de las leyes ex- 
tranjeras sobre la materia, el Proyecto dispone que el accidente debe tener 
su causa en el trabajo o haberse producido con ocasión del mismo. Como se 
ve, son dos casos distintos, pero ambos fundados en una misma idea de justb 
cia y equidad. 

Si la máquina que maneja el obrero estalla y lo mata; si la sierra con que 
trabaja le corta una mano, ese accidente es producido o causado por el tra- 
bajo. Si, en cambio, el techo del taller se desploma y aplasta al obrero, o si 
el estallido de una máquina que no es la que maneja lo hiere, estos accidentes! 
no son causados por la labor del obrero, son ajenos directamente a ella, pero 
se han producido con ocasión del trabajo. 

En estos supuestos, el obrero estaba en el lugar del siniestro cumpliendo 
su deber como tal; era en virtud del contrato con el patrón que allí se hallaba 
y, por consiguiente, la desgracia de que es víctima es debida a la, explotación 
industrial. 

En el primer caso, de accidente causado por el trabajo, el riesgo ha nacido 
o ha sido creado por la explotación, en el sentido de que no existía antes que 
ella y que sin ella no hubiera existido. “En el segundo caso, dice Sachet, al 
contrario, el obrero ha sido víctima de un peligro o riesgo ordinario de la vida 
diaria, pero al que no hubiera estado expuesto en igual grado sin su trabajo 
en la explotación. Porque si en efecto todo el mundo corre, más o menos, el 
peligro de recibir un proyectil lanzado por un tercero, este peligro se acre- 
cienta grandemente para la víctima en razón de su trabajo en común que le 
imponen la vecindad de obreros más o menos turbulentos o mal intencionados. 
Los riesgos generadores de los accidentes de esta segunda categoría son, pues, 
riesgos agravados por la explotación. En una palabra, el riesgo agravado es el 
equivalente de lo que el legislador llama “con ocasión del trabajo”, lo mismo 
que el riesgo creado corresponde a “causa del trabajo”. 

En tanto el obrero está sometido a las órdenes del patrón, desde su en- 
trada hasta la salida del taller, debe hallarse protegido por la ley, sea cual 
fuera la causa del accidente, es decir, bien sea directa o indirectamente pro- 
ducida por el trabajo mismo o por las condiciones en que este se efectúa. La 
jurisprudencia francesa, siguiendo a la extranjera, sólo exige una doble con- 
dición: l 9 que los accidentes hayan sobrevenido durante el tiempo y en el 


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lugar del trabajo; 29 que tengan una relación de causalidad con el trabajo. Es 
ese también el espíritu de la disposición del Proyecto, tal cual lo ha concebido 
vuestra Comisión. 


VII 

INDUSTRIAS Y TRABAJOS SUJETOS AL 
RIESGO PROFESIONAL 

El artículo 29 del Proyecto establece las industrias y trabajos sujetos al 
riesgo profesional. Pueden esas explotaciones ser divididas en dos grupos: las 
que están sometidos a la ley sin condición alguna y que se hallan especial- 
mente designadas, y aquellas a las que sólo se aplica la ley cuando se empleen 
industrialmente materias explosivas, tóxicas o insalubres o cuando se use un 
motor que no sea movido por la fuerza del hombre. 

No se ha pretendido, ni posible fuera pretenderlo, determinar, completa 
y acabadamente, todas las industrias que deban caer bajo la ley. La enume- 
ración que se hace es simplemente enunciativa, como en el inciso final del 
propio artículo 29 se indica. 

Así debe ser, porque la indemnización emanada del accidente, y fundada 
en el riesgo profesional, no pertenece al derecho de excepción que debe ser 
interpretado estrictamente. Y no pertenece, porque su base no es la protec- 
ción del interés de una clase; es la justicia, el interés de la economía general 
y las exigencias de la industria. Quarta lo ha dicho: "Si en la base, en sus 
criterios orgánicos y directivos, en sus más íntimas fibras, en sus fines, la ley 
es toda ella constituida, informada y dominada de suma equidad y de absoluta 
razón jurídica y natural, es absurdo que se la mire como ley de excepción, 
como jus singuiare, que debe interpretarse y aplicar restrictivamente, cuando* 
es canon de ley hermenéutica que allí donde el fondo sea un fondo de jus- 
ticia, allí donde la aplicación y finalidad sean de pura razón jurídica y social, 
surja y tenga imperio el jus commune, la regula juris, que se eleva sobre el 
proceso lógico de la analogía y se aplica con amplitud, sin reserva, a todos 
los casos que entran en su periferia, aún cuando no se hallen expresados”. 

De manera que podrán los jueces en la aplicación de la ley hacer extensi- 
vas sus disposiciones a todas aquellas industrias que tengan semejanza con las 
anotadas. Lo que se requiere es que se trate de industrias o trabajos verificados 
como explotación; es decir, la transformación del objeto a la labor se aplica 
verificada con un fin de lucro. 


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No caben, pues, dentro del Proyecto, las empresas comerciales, cuyo fin 
es ser intermediarias entre el productor y el consumidor, ni tampoco los tra- 
bajos hechos sin intención de beneficiar materialmente con ellos. 

No requiere mayores explicaciones la enumeración contenida en el Pro- 
yecto. Todas las industrias señaladas en él traen aparejados peligros para los 
operarios que en ellas trabajan. 

Vuestra Comisión ha agregado varios trabajos por considerar que la mis- 
ma razón existe en estos casos como en los contemplados en el Proyecto para 
ser amparados por la ley. 

Ha entendido que no hay motivo alguno para no incluir los transporte^ 
marítimos junto a los terrestres y fluviales, cuando el trabajo se efectúa en 
análogas condiciones y quizá con mayores riesgos. 

A la letra r se ha agregado las fábricas de alcoholes y bebidas en general; 
a la m, el trabajo de los buzos; a la n, las fábricas de hielo y conservas ali- 
menticias. 

Esas innovaciones quizás no hubieran sido necesarias, desde que por el 
inciso o, que da la norma de interpretación legal, deberían entenderse some- 
tidas por extensión; pero dada la similitud con las contenidas en los incisos 
respectivos, se ha creído conveniente, para mayor claridad, establecerlas espe- 
cialmente. 

Se ha dicho que hay trabajos que, por si mismos, no se hallan bajo la 
garantía legal, pero que entran en ella cuando se emplean materias explosivas 
o inflamables, insalubres o tóxicas, o se usan fuerzas que no son las del 
hombre. 

Para lo primero se requiere que esas materias se empleen industrialmente, 
pues es cuando existe verdadero peligro en su manejo, fuera de que puedo 
decirse que no hay explotación o trabajo que no utilice de algún modo materias 
inflamables o explosivas, insalubres o tóxicas: el petróleo, acetileno, el gas, etc., 
que se emplean para el alumbrado, calefacción, etc. No podrá, pues, bastar el 
hecho del empleo, en cualquier forma, para hacer entrar ese trabajo en la ley; 
se requiere su uso industrial, la manipulación. 

Las faenas agrícolas y forestales no se hallan sujetas al riesgo profesional. 
No ignora vuestra Comisión que en otras legislaciones no sucede lo mismo; 
pero ha entendido que el estado de nuestra industria agrícola, que funciona aún 
con métodos primitivos que nada tienen de común con las transformaciones 
industriales y los efectos de los accidentes, no es el mismo que el de esos 


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países, donde tienen cabida en esos trabajos todos los progresos de la química, 
la mecánica, el vapor y de la ciencia moderna, con el fin de acrecentar el 
valor de la tierra y de la producción agraria. 

Pero si por las condiciones en que esa labor se desarrolla entre nosotros 
no existe el riesgo que hay en las otras ramas de la industria, no pasa lo mis- 
mo cuando se emplean máquinas para la explotación. 

Donde la máquina está se halla el peligro, y no sería justo que del hecho 
del lugar donde aquella se encuentra se hiciera depender el derecho a la in- 
demnización del obrero víctima de un accidente. Es por eso que el Proyecto 
establece la responsabilidad respecto al personal expuesto al peligro de las 
máquinas. 


VIII 

ESTABLECIMIENTOS SOMETIDOS A LA LEY 

Los artículos 4? y 5*? del Proyecto determinan las condiciones que deben 
llenar los establecimientos industriales a los efectos de la ley de accidentes. 
Divídelos en dos clases: los que tienen el carácter de fábricas y los que no 
entran bajo esa denominación. 

Hay que interpretar latamente el término fábrica , como establecimiento 
destinado a la producción industrial por medios mecánicos, o sea la transfor- 
mación de las materias primas o de los objetos para llenar las necesidades del 
hombre. 

Tanto cuando se trata de fábricas como cuando se refiere a los otros tra- 
bajos, debe existir la idea del lucro, es decir, la explotación con un fin de 
interés. Por eso se establece que es indispensable para la aplicación de la ley 
“la elaboración o trabajo industrial de objetos”. 

Se establece un número de empleados como mínimo para que pueda la 
ley aplicarse. Dos razones se han tenido para ello. La primera, es que con 
la aglomeración de individuos los riesgos se agrandan, no sólo por la coordina- 
ción que las funciones de los obreros particularmente deben tener a fin de 
obtener el producto, sino también porque es un hecho constatado que la aten- 
ción se divide y se debilita dentro de un grupo crecido de personas. 

Y la segunda se basa en que no sería equitativo ni conveniente gravar con 
el peso de los accidentes a la pequeña industria cuando no se desarrolla fá- 


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cilmente. Los establecimientos con uno, dos o cuatro obreros quizás no pu- 
dieran soportar las consecuencias de un siniestro que arrojaría a la miseria al 
patrón. 

El Poder Ejecutivo establecía un mínimo de doce obreros para las fá- 
bricas y de quince para los demás establecimientos. Esta diferencia se explica 
por las distintas condiciones en que se hace el trabajo en uno y otro caso, 
existiendo mayores riesgos en el primero, por la organización que la naturaleza 
de la empresa exige. 

Vuestra Comisión ha creído algo elevado ese mínimo y lo ha rebajado a 
ocho y doce respectivamente, por entender que ya ese número es suficiente, 
tanto para que exista un riesgo grave, como para considerar al patrón capaz 
de soportar los efectos pecuniarios de los accidentes. 

Una excepción se ha hecho con los establecimientos que utilizan habitual- 
mente materias explosivas. En este caso el peligro existe con independencia 
del número de obreros, por la naturaleza del objeto, sin olvidar que la obli- 
gación impuesta hará más previsor al empresario en la elección de sus 
empleados. 

La responsabilidad no deja de tener su razón de ser por el hecho de que 
los obreros presten sus servicios en lugares distintos, porque, como dice Bruno, 
‘lo que la ley considera como ente, por sí, como una ciudad industrial, es el 
cuerpo de la fabricación, o el recinto de locales que tienen una única direc-t 
ción. De aquí es que, si esta unidad es dividida en varias secciones, si los 
obreros se hallan diseminados en varios lugares de la fábrica, en varias alas 
del mismo edificio, no es lícito considerarlos separadamente al efecto de cons- 
tatar el número legal”. 

Así también lo ha entendido el Proyecto y en consecuencia lo ha esta- 
blecido al final del artículo 5° 


IX 

FIJEZA Y LIMITE DE LAS INDEMNIZACIONES 

Complemento de la teoría dei riesgo profesional y su lógica consecuencia 
es la fijeza de la indemnización, es decir, el conocimiento anticipado de su 
monto. 


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“Una de las bases más sólidas, dice Serre, en que se apoya el principio V 
la legitimidad del riesgo profesional, es la imposibilidad que existe, con el fun- 
cionamiento del utillaje moderno, de determinar la causa de la mayoría de los 
accidentes y, por consiguiente, la responsabilidad de los mismos. Según la 
estadística citada en el informe Maruéjols, 55 por ciento de los accidentes gra- 
ves, es decir, causantes de la muerte, de una incapacidad permanente absolu- 
ta o de una incapacidad por más de un año, pertenecen a casos fortuitos o de 
fuerza mayor; los demás serían imputables, casi por partes iguales, a la em- 
presa o al obrero. En estas condiciones, la fijación del riesgo profesional tiene 
que ser transaccionar. 

No llenaría su objeto, por lo demás, esta ley, si dejara abierta la puerta a 
los procesos consiguientes para avaluar el perjuicio causado por el accidente. 
Está interesada la sociedad en que los litigios no aumenten, máxime cuando, 
como se ha explicado, ellos traen como consecuencia el alejamiento y el odio 
entre las distintas clases. No en vano, pues, se ha dicho que esa teoría se 
fundaba en un pricipio de paz social. 

De ahí la disposición del artículo 8° negando al obrero el derecho de 
exigir otra indemnización que la acordada por esta ley, excepción hecha del 
caso de dolo, porque el delito no puede beneficiar al que lo hace. 

Pero sí bien el obrero no puede ir contra su patrón fuera de los límites 
de esta ley, o en otros términos, si a este respecto las disposiciones del Código 
Civil no lo amparan, no sucede lo mismo cuando el accidente ha sido causado 
por el hecho de un tercero, a quien no lo liga el vínculo jurídico que obliga a 
la derogación del derecho común. Tanto el obrero como sus representantes, y 
también el patrón subsidiariamente, pueden reclamar la reparación de acuer- 
do con el Código Civil, reparación que, hasta la concurrencia de lo obtenido, 
beneficiaría al empresario, que, en todo caso, debe, por de pronto, pagar. 

La reparación del accidente dentro del criterio del riesgo profesional no 
es el efecto de la culpa; es la carga que la industria debe soportar cuando se 
inutiliza uno de los elementos de producción. No sería conveniente que esa 
carga no tuviera el límite necesario para que no sufra grandemente en per- 
juicio de todos. Fuera de cierta cifra, que es absolutamente necesaria para el 
mantenimiento del hogar, puede el obrero hacer ahorros para poder sobrelle- 
var las eventualidades de la vida. 

Se ha fijado como límite máximo dentro de la indemnización la cantidad 
de 750 pesos anuales, por considerar que el operario que gane una suma ma- 
yor puede él mismo hacerse su asegurador, con lo que se alentará el espíritu 
de previsión y ahorro tan descuidado entre nosotros. 


400 



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X 

OTRAS CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA LEY 

Fuera de los requisitos ya establecidos para que sea posible la aplicación 
de la ley, dos condiciones son necesarias además: que el accidente de que 
haya sido víctima el obrero le haya impedido trabajar más de siete días, y 
que el hecho causante de la desgracia no haya sido provocado dolosamente 
por el propio operario. 

Fúndase la primera no sólo en que, por la poca importancia del daño, no 
pagaría la pena dejar la puerta abierta a posibles contiendas, sino también 
en que sería un aliciente para la simulación de las heridas leves, cosa mucho 
más fácil de hacer que cuando se trata de heridas graves. 

El obrero tendrá el derecho de obtener asistencia, pero no indemnización. 

Es entendido que, cuando dure más de siete días la incapacidad para el 
trabajo, sólo empezará a correr el derecho a la pensión desde el octavo día, 
porque, de lo contrario, el obrero tendría interés en prolongar su estado, a fin 
de obtener indemnización. 

Sólo cuando el obrero dolosamente provoque el accidente perderá su de- 
recho a la indemnización. Poco importa que la causa del siniestro se halle 
en la culpa del obrero o en la del patrón, en el caso fortuito o en la fuerza 
mayor; ante la ley basta que no haya existido dolo para que el derecho a la 
reparación surja en los términos establecidos. 

La culpa grave del obrero no debe ser obstáculo al nacimiento de su 
derecho; porque, como se ha dicho, el riesgo profesional no se basa en la 
conducta de las partes. Por lo demás, ya se ha explicado la dificultad inmensa 
que se encontraría no sólo en determinar la gravedad de la falta, sino también 
a quien, en último término, se debe ella. Sería una fuente inagotable de pro- 
cesos, que conviene cegar. 

Del caso fortuito y la fuerza mayor ya se ha hablado en lo que respecta 
a la justicia que hay en no hacer recaer sus consecuencias en el obrero. 

“La fuerza mayor, dice Sachet, es un fenómeno natural en el orden físi- 
co o en el orden moral, que desafia toda previsión y cuya causa es completa- 
mente extraña a la explotación. Los sucesos de fuerza mayor son, en el orden 
físico, los temblores de tierra, los ciclones, las inundaciones, el rayo, etc.; en 
el orden moral, la invasión extranjera, el bandolerismo, la guérra civil, etc., en 
una palabra, todo lo que la ley inglesa reúne bajo las expresiones hecho de 
Dios o enemigos de la Reina. 


401 



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A la inversa de la fuerza mayor que tiene una causa exterior, indepen- 
diente de la empresa, el caso fortuito que es un suceso que se escapa a las 
previsiones humanas, tiene su causa en el funcionamiento mismo de la explo- 
tación. El caso fortuito es la falta objetiva, es decir, la falta no del jefe de 
la industria, sino de la industria misma. Un tren descarrila por efecto de un 
aplastamiento de la vía que nadie podía prever, y a pesar de las precauciones 
más minuciosas tomadas por los ingenieros más competentes — caso fortuito. 
Un árbol de transmisión que presenta las mayores garantías de solidez se rom- 
pe — caso fortuito. Es la falta de la cosa o más exactamente es la revelación 
de la impotencia actual de la ciencia aplicada a la industria. Que sobreven- 
ga un progreso y el caso fortuito de ayer será mañana una falta del patrón”. 

Se nota la diferencia entre uno y otro caso: la fuerza mayor es extraña al 
trabajo, en tanto que el caso fortuito es inherente a él. Sin embargo, las 
condiciones del trabajo pueden haber contribuido a poner en movimiento la 
fuerza mayor. Sea un obrero obligado a trabajar cerca de hilos eléctricos por 
los que corre el rayo que cae sobre una parte del establecimiento y lo mata. 
No hay duda alguna que se trata de un riesgo agravado por la industria y, 
por consecuencia, debe ser indemnizado. Pero si una inundación anega toda 
una comarca dentro de la cual está el establecimiento industrial donde el 
obrero ha sufrido las consecuencias de esa fuerza mayor, no puede decirse 
que el trabajo haya producido o agravado ese hecho imprevisto e inevitable. 

Había, pues, que regir por reglas distintas dos casos tan diversos. Vuestra 
Comisión ha agregado un inciso al artículo 13, donde se establece la irrespon- 
sabilidad del patrón en caso de fuerza mayor extraña al trabajo, aunque a él 
le incumbe la prueba de ese hecho que deroga la obligación legal de indem- 
nizar en caso de accidentes. 


XI 

NULIDAD DE LAS CLAUSULAS DEROGATORIAS DE LA 

RESPONSABILIDAD 

La teoría del riesgo profesional y la obligación de reparar el daño cau- 
sado por los accidentes se fundan en el derecho público, que está por encima 
de la voluntad de los particulares. No pueden, pues, tener valor alguno las 
clausulas del contrato de trabajo que descarguen al patrón de la responsabili- 
dad que por esta ley se establece. 


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XII 

OBLIGACION DEL ESTADO Y DEMAS PERSONAS JURIDICAS 

DE CARACTER PUBLICO 

Se han hecho extensivas las obligaciones que al patrón se imponen al 
Estado, Juntas Económico-Administrativas y demás personas morales de ca- 
rácter público, cuando ejecuten obras sujetas a la ley de reparación. El hecho 
de ser distinta la persona, real o jurídica, del empresario, no puede hacer va- 
riar el derecho del obrero, cuando el mismo fundamento existe en ambos 
casos. 

El Estado y demás personas morales, cuando se hacen industriales, deben 
hallarse sometidos, en cuanto al personal que emplean, a las mismas obliga- 
ciones que los demás patrones, porque sería, fuera de injusto, inhumano, que 
los obreros por estos organismos empleados se hallaran en peores condiciones 
que los otros que trabajan en empresas particulares. 


XIII 

INDEMNIZACIONES.— CASOS EN QUE PROCEDEN 

El Capítulo II del Proyecto trata de “las indemnizaciones por los acci- 
dentes del trabajo”. , 

Un accidente, que de acuerdo con la jurisprudencia francesa, puede de- 
cirse que consiste en una lesión del cuerpo humano proveniente de la acción 
súbita y violenta de una causa exterior, puede tener distintos efectos sobre el 
trabajo del obrero. Desde la imposibilidad leve que lo inhabilita por dos o 
tres días hasta la muerte, hay una gradación de gravedad que el legislador 
debe contemplar y regir por reglas distintas. 

El proyecto divide las incapacidades producidas por los accidentes, fuera 
de la muerte, en tres categorías: 1° Incapacidad absoluta y permanente; 29 
Incapacidad parcial y permanente, y 39 Incapacidad temporaria. 

Ha seguido la clasificación de la ley francesa, que ha temado como cri- 
terio la importancia y la duración de la invalidez y que se caracteriza por la 
duración entre las incapacidades permanentes y las temporarias, subdividien- 
do aquéllas en absolutas o totales y parciales. 


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No ha creído conveniente vuestra Comisión determinar en la ley las le- 
siones que deben ser consideradas como dando lugar a una y otra incapaci- 
dad,, por la imposibilidad que existe en formar un cuadro completo de todas 
ellas. Deja librado ese punto a la jurisprudencia, la que en la aplicación de 
la ley sabrá cuáles son las que incapacitan total o parcialmente al obrero, sin 
perjuicio de lo que los reglamentos determinen. 

En su apreciación soberana el Juez puede seguir la siguiente regla: que 
la incapacidad absoluta es aquella que hace del obrero un “no valor indus- 
trial absoluto”, valga la frase expresada en el Parlamento francés, es decir, aque- 
lla que supone al obrero en un estado de inutilidad completa para el trabajo 
y por consiguiente para subvenir a su existencia. Tales serían: la ceguera, la 
pérdida de la razón, la pérdida de los brazos y otras por el estilo. 

La incapacidad parcial y permanente es aquella lesión o enfermedad in- 
curable que en lugar de anular por completo la capacidad para trabajar en 
el obrero, sólo la disminuye. La amputación de un brazo, de una pierna o la 
pérdida de un ojo, serían de esta especie. 

El Proyecto establece para el caso de estas incapacidades, y dentro de 
los límites señalados, el derecho del obrero a cobrar una pensión, o renta vi- 
talicia, cuyo monto es de los dos tercios del salario anual, en caso de inca- 
pacidad absoluta y permanente; de la mitad de la reducción del mismo sa- 
lario si se trata de incapacidad permanente y parcial, y si sólo se trata de 
incapacidad temporaria, una pensión de la mitad del jornal diario en tanto 
dure aquélla. 

La Comisión ha tenido en cuenta para aconsejar el sistema de pensiones 
propuesto por el Poder Ejecutivo, que es el que mejor se armoniza con el fin 
que se persigue con la sanción de esta ley. No ignora ella que en otras Le- 
gislaciones se establece el sistema opuesto de indemnización, por capital, o 
sea la entrega de una cantidad de una sola vez, sistema que dentro de la doc- 
trina tiene también ardientes sostenedores. Dinamarca, Italia y España así lo 
disponen, en tanto que Alemania, Francia, Austria, entre otras naciones, han 
Optado por el sistema de pensiones. 

Dos argumentos se hacen en contra de las pensiones. Consiste el primero 
en que, muchas veces, un capital en manos de un obrero incapacitado para el 
trabajo, pero que puede ser hábil para el manejo de los negocios, le daría los 
medios de mejorar su condición, cosa imposible si sólo recibe una pensión 
destinad^ a subvenir a las necesidades más imperiosas de la vida. 


404 



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El otro argumento se basa en la gran carga que importa para la industria 
el pago de rentas vitalicias. Si las paga el patrón, tiene sobre sí el peso de 
ese deber por tiempo indefinido, sin que pueda ciertamente saber a cuánto, 
en total, ascenderá la indemnización; y si la obligación ha pasado a una Com- 
pañía de Seguros, por esa misma razón, la prima exigida tiene que ser más 
elevada. 

La primera observación podrá ser verdadera en aquellos países donde la 
clase obrera tiene desarrollado el espíritu de economía o de ahorro, más no 
entre nosotros, donde es característica la imprevisión del elemento trabajador, 
que vive, por regla general, al día, sin que por impulso espontáneo vaya a 
asegurar su porvenir y el de su familia en alguna de las instituciones privadas 
creadas con ese fin. Dado el modo de ser de nuestro obrero, la indemnización 
por capital no nos llevaría al resultado que se quiere obtener por la ley; gas- 
tado lo recibido, caería el trabajador inutilizado en la miseria, e iría a buscar 
amparo a la asistencia pública, que es costeada por todos, con lo que se co- 
metería la injusticia de que una carga que, como se ha explicado, debe per- 
tenecer solamente a la industria, sea soportada en gran parte por los que nada 
tienen que ver con ella. 

Y si ese sistema es el que mejor responde a la idea que inspira el Pro-; 1 
yecto; si, por otra parte, la experiencia de otros países nos dice que es prac- 
ticable sin mayores trastornos, no se le debe abandonar por el hecho de que 
sea algo más oneroso para la industria, la que no cumpliría sus deberes si, 
por deficiencias de la ley, no amparara eficaz y realmente al operario inca- 
pacitado en la labor. 

El ejemplo de Alemania puede ser seguido con éxito para aliviar el peso 
de esa obligación. El seguro mutuo entre los patrones y por el cual se re- 
parten entre ellos los riesgos, es un método que pudiera implantarse en la 

certeza de que se obtendrían provechosos resultados. 

Sin embargo, el Proyecto, dentro de esos principios, da cabida a un tem- 
peramento conciliador, permitiendo que el obrero, una vez determinado el 
monto de la indemnización, pueda hacer arreglos con el patrón renunciando 
hasta el 50 por ciento de la pensión en cambio de un capital proporcional. 
Por este medio se obtiene que el patrón pueda descargarse en algo de su obli- 
gación, y se le da al obrero la seguridad de parte de su pasar. 

Se dispone también que cuando la pensión no alcance al 15 por ciento 

del salario anual pueda el obrero aceptar una indemnización en forma de 
seguro dotal. 


405 



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Para que estos arreglos tengan eficacia legal es preciso que el obrero se 
halle asistido por un letrado que la Oficina de Trabajo determinará, a fin 
de salvarlo de su propia ignorancia y de las asechanzas de los intereses con- 
trarios o de la natural impaciencia de gozar del presente a expensas del 
porvenir. 

Por lo demás, la estadística enseña que la excepción la forman los acci- 
dentes graves, los que imposibilitan permanentemente al obrero, siendo la 
regla general aquellos en que la incapacidad es temporal. Puede verse por el 
cuadro correspondiente que se acompaña a este informe, la verdad de esa 
aserción, entre nosotros. 


XIV 

PENSION A LOS DEUDOS EN CASO DE MUERTE DEL 
OBRERO.— OBLIGACION DE LA ASISTENCIA MEDICA 

Cuando el accidente ha producido la muerte del obrero, es de equidad 
y de humanitaria! justicia el no dejar en el abandono a los que vivían a ex- 
pensas del trabajo de aquél. Todas las legislaciones otorgan el derecho a los 
deudos d|e recibir una indemnización, bien en forma de capital o de renta 
vitalicia. Por las razones apuntadas, vuestra Comisión, como el Poder Eje- 
cutivo, ha considerado mejor el sistema de las pensiones. 

Se detallan claramente en el Proyecto los casos en que el derecho existe 
y la forma en que puede hacerse valer. El Proyecto del Poder Ejecutivo sólo 
contemplaba a los hijos legítimos o naiturales reconocidos*, basándose, sin duda 
alguna, en los preceptos legales vigentes que únicamente consideran como 
miembros de una familia aquellos que se hallan unidos por un lazo jurídico. 

Una reforma, a pesar de tener la convicción que quizás va a parecer por 
demás avanzada, ha introducido vuestra Comisión: es la referente a ampliar 
el concepto existente sobre la familia, atendiendo, para este caso especial, 
más que a las formas legales, a la realidad de los hechos y a nobles sentid 
mientos de piedad. 

La vida de las clases bajas no siempre se halla organizada de acuerdo 
con los preceptos de la ley. La ignorancia, las estrecheces que su falta de 
medios les imponen, los llevan, muchas veces, a formar hogares irregulares 


* En el original del Diario de Sesiones: conocidos en lugar de reconocidos. 


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en los que el único vínculo que une a sus miembros es el afecto que vive 
y se desarrolla en la ayuda mutua en la lucha por el pan. La ley no los 
protege; ante sus ojos esa familia no existe, y los lazos que la naturaleza ha 
formado no hallan amparo en sus disposiciones. Sin embargo, el obrero ca- 
beza de ese hogar lo sostiene con su trabajo, del cual se mantiene. Si un 
accidente fatal les arrebata ese sostén, se verán quizás arrojados a la más 
negra miseria, contra la cual, por su edad, no se hallan en condiciones de 
luchar, no quedándoles otro camino que el de acogerse a la caridad pública, 
o a la mendicidad, que rebaja y corrompe. 

¿No es humano, no es piadoso que la ley venga en ayuda de esos des- 
graciados sobre los que se hace recaer la culpa o la ignorancia de quien les 
ha dado el ser? Mientras que el padre vive, ellos encuentran quien atienda 
a sus necesidades; muerto aquél en el trabajo del cual saca los recursos para 
su subsistencia, ¿por qué la industria que lo sacrificó no ha de subrogarse li- 
mitadamente en sus obligaciones? No tienen filiación legal, es cierto; pero 
todo ser humano tiene derecho a la vida, tanto que si no soporta la indus- 
tria esa carga, recae inevitablemente sobre el Estado, es decir, sobre todos. 

Otro caso que se presenta en la realidad y que no cabría dentro del Pro- 
yecto del Poder Ejecutivo es el de un obrero que recoge sus hermanos o los 
hijos menores de un hermano o hermana muertos o ausentes. Si la muerte 
en el trabajo les quita a esos menores la protección generosa de su pariente, 
parece justo que la causante de esa desgracia no los deje morir en el des- 
amparo. 

Vuestra Comisión no deja de comprender que la reforma proyectada sería 
peligrosa, y hasta disolvente de la familia tal cual la contempla la ley positi- 
va, si se extendiera más allá de los límites que señalan las razones que se han 
dado. 

Coma son distintos los casos, se han dictado reglas para cada uno de 
ellos. Cuando los menores son hijos legítimos, nada debe probarse, fuera de 
la filiación, que es el fundamento de su derecho. Cuando son parientes den- 
tro del tércer grado y, no teniendo padres presentes, viven en la misma mo- 
rada del obrero, se presume que eran sostenidos por éste. Presunción es ésta 
que puede ser destruida por el patrón si los hechos la contradicen. En el 
último caso, cuando no se hallan legalmente unidos al obrero, deben ellos 
probar que vivían a sus expensas, y el patrón sólo podrá ser responsabilizado 
cuando la prueba sobre este punto sea perfecta. 


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A falta de las personas nombradlas, tendrán derecho los ascendientes a 
una pensión cuyo monto total no pueda exceder del 30 por ciento del salario 
anual. 

Tampoco la pensión acordada a la viuda o a los menores a que se ha 
hecho referencia podrá exceder de las dos terceras partes del salario anual, 
debiendo reducirse en todos los casos, proporcionalmente las pensiones, cuan-; 
do su conjunto excediera de ese total. 

La ley ha establecido la época en que deben pagarse las pensiones, dis- 
poniendo que se haga mensualmente, y les ha dado además el carácter de 
incedibles e inembargables. El fin que se propone con la pensión y su ca- 
rácter propio, muestran la justicia de la incedibilidad. Es una razón de orden 
público la que inspira esa disposición, porque de nada valdría la prohibición 
de convertir totalmente en capital la renta si la cesión o embargo fuera per- 
mitido. 

El Poder Ejecutivo, en su Proyecto, al otorgar iguales derechos al obrero 
extranjero y al nacional, establecía, sin embargo, una diferencia cuando aquél 
se ausentaba del país, al que sólo le daba el derecho de una cantidad igual 
a las pensiones de un año. Vuestra Comisión ha creído que, consecuente con 
nuestras leyes, no debía establecerse diferencia entre unos y otros, y así lo ha 
consagrado. 

Además de la obligación de indemnizar el daño causado por el acci- 
dente, se impone la de la asistencia médica y la de soportar los gastos del 
entierro de la víctima en caso de muerte, si bien se limita a una cantidad 
equitativa el deber dpi patrón en este último caso. 

Si un accidente de la industria ha causado una enfermedad, no cumpli-* 
ría su obligación el patrón si no cargara con los gastos de la cura perfecta, 
sea cuales fueren éstos. Así, si en virtud del siniestro el obrero ha perdido 
una pierna, no basta que pague el patrón los servicios del médico y la far- 
macia; cualquier aparato que requiera el estado en que ha quedado el pa- 
ciente, por ejemplo, una pierna de goma, debe ser suministrado por aquél. 
Se deja al principal la facultad de exonerarse de estas obligaciones inscri- 
biendo a sus empleados en sociedades de asistencia que tengan esa misión. 

El derecho a la pensión que nace con el accidente debe ser ejercitado 
en un plazo corto, so pena de caducidad. “Esta acción, dice Serre, no puede 
hallarse sometida a la misma duración de prescripción que las acciones en 
materia ordinaria. El carácter alimenticio de las indemnizaciones en caso de 
accidentes, la dificultad de establecer, después de un largo plazo, las circuns- 


408 



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tandas y consecuencias de un accidente, el serio interés que hay, tanto para 
los obreros como para los patrones, en ver estas contiendas concluidas lo más 
rápidamente posible, han determinado la fijación de un año como plazo de 
la prescripción” Es también esa la duración que establece el Proyecto. 


XV 

CRITERIO PARA EL CALCULO DE LAS INDEMNIZACIONES 

La indemnización se calcula sobre la base del salario, porque la privación 
de éste es la consecuencia del accidente. El obrero que vive y hace vivir 
a los suyos con el producto de su trabajo, cuando un hecho desgraciado lo 
incapacita, el perjuicio que pecuniariamente sufre es tanto más grave cuanto 
más alto es el monto de sq jornal. Es por eso que todas las legislaciones calcu^ 
lan la indemnización por el salario, como también se hace en el Proyecto, 
cuyo Capítulo III se halla destinado a fijar las reglas para la determinación 
de las pensiones en caso de accidente. 

El Proyecto, siguiendo en esto a la ley francesa, ha establecido dos sa- 
larios de base, según se trate de pensiones por causa de muerte o incapacidad 
permanente, o de simple incapacidad temporaria. En el caso primero la base 
del cálculo es el salario anual, y en el segundo el que se le pagaba en el 
momento del accidente. 

Por salario se entiende la remuneración que recibe el empleado por su 
trabajo, sea; cual fuere la forma en que esta remuneración s© pague. Poco 
importa que no consista total o parcialmente en dinero; que la comida, el 
vestido u hospedaje sean en parte el precio del salario. No sería justo que 
la distinta naturaleza del precio del trabajo hiciera variar el derecho del 
obrero. Si esas prestaciones se han tenido en cuenta para la determinación 
del salario; si la casa, el alimento, las propinas que del público recibe el 
empleado, o los regalos que en ciertas épocas es de costumbre haga el patrón 
a sus subordinados, si tocio eso ha sido considerado para la fijación del suel- 
do en dinero, lo que realmente gana el trabajador no es esto último solo, es 
decir, lo que en metálico recibe, sino también lo que se le da en otra forma. 
Si un accidente le priva del trabajo y de su remuneración efectiva ¿cuál es 
la pérdida que el obrero sufre? ¿Sólo lo que en dinero recibía? No sería una 
indemnización justa la que se diera tomando por base como salario lo que 


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sólo es una parte de él. Si el accidente lo ha privado del sueldo, de la habi- 
tación, de las propinas, gratificaciones, etc., es de equidad que se le indem- 
nice de todo lo que ha perdido. Por eso el Proyecto así lo dispone, dictando 
las reglas a que debe ajustarse la apreciación del monto de esas prestaciones. 

Se ha dicho que cuando la incapacidad es temporaria, el salario de base 
es el que, en el momento del accidente, cobraba el obrero. Quizás esta regla 
no sea siempre de estricta justicia, pues puede darse el caso de que, por cir- 
cunstancias especiales, ese obrero ganara en ese preciso instante un jornal 
mayor o menor que el que, por regla general, le correspondiera. Pero se ha 
creído que, dada la naturaleza de esa incapacidad, no es conveniente abrir la 
puerta a discusiones sobre la fijación del salario medio que dificultan gran- 
demente los cálculos. 

Para la determinación de la indemnización en los casos de incapacidad 
permanente o de muerte, se toma como base el salario anual. 

Pero había que tener presente la forma de pago y las condiciones en que 
el trabajo se efectúa, a fin de fijar equitativamente el monto del salario medio 
sobre el cual se ha de calcular la indemnización. Si el obrero es pagado por 
cuotas fijas; por mes o semana, la operación es sencilla; basta averiguar a 
cuanto ascienden en el año los salarios o sueldos pagados en esa forma. 

Distinto es el caso en que el obrero trabaje por día. Hay entonces que 
fijar ante todo el salario medio diario, para luego multiplicarlo por trescientos, 
con lo que se obtendrá el salario anual que en la ley se exige. 

Si la indemnización ha de ser justa, es decir, ha de reparar en lo posible 
el daño causado, no debe basarse en el jornal de un solo día, el del accidente, 
porque, como se ha dicho, muchas circunstancias y factores contribuyen pa- 
ra hacer variar el monto de los salarios. Por eso debe buscarse el término 
medio; lo que, en realidad, valía y vale el trabajo del obrero, para lo que, 
primeramente, ha de calcularse la suma que la víctima ha recibido, por con- 
cepto de salario, en el año anterior al accidiente. 

Esa suma puede ser superior o inferior a la normal, ya por efecto de 
trabajos extraordinarios o ya por falta de labor, debido a enfermedad, huel- 
ga o cualquier otra, por lo que, para obtener el salario medio diario, ha de 
dividirse por el número de días que efectivamente trabajó durante ese año. 
Obtenido el salario medio diario, basta multiplicarlo por trescientos, y se 
tiene el salario anual. Se fija en 300 el número de días del año de trabajo, 
porque, descontados los días festivos, es el que más se acerca a la realidad. 

No hay por qué seguir ese procedimiento cuando el obrero ha trabajado 
todos los días hábiles del año en el establecimiento, ni cuando sólo fue ocu- 


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pado en ciertos períodjos, por así exigirlo la naturaleza de la industria, pues 
en tal caso el número efectivo de jornales sustituye a la mediai de trescientos, 
que sólo se aplica cuando se trata de obreros cuyo trabajo se efectúa sin la 
regularidad que se encuentra en estos otros casos. 

Puede suceder que el obrero no haya tenido ocupación durante el año 
anterior al accidente, cosa que haría inaplicable la regla que se acaba de 
establecer. En este supuesto, el Proyecto dispone que se tomará como base 
el salario anual que hayan recibido obreros o empleados de la misma ca- 
tegoría en el mismo establecimiento o en establecimientos similares vecinos o 
próximos, y si, por no existir esa clase de operarios, no fuera posible aplicar 
esa norma, entonces el salario medio que ha de multiplicarse por trescientos, 
se fijará dentro del tiempo que el obrero haya permanecido en el taller. 

En muchas explotaciones hay operarios menores que trabajan y apren- 
dices, y irnos y otros o no cobran sueldo o tienen uno inferior al de los demás 
obreros. 

El Proyecto establece* siguiendo las legislaciones tipo, que, en caso de 
accidente, tendrán derecho a una indemnización igual al producto de la mul- 
tiplicación de trescientos por el salario medio más bajo de los obreros ordi- 
narios válidos, empleados en el mismo establecimiento o en establecimientos 
análogos en la misma localidad; pero tratándose de incapacidad temporaria, 
se calcula tomando como base el salario real del obrero víctima del acci- 
dente. Para evitar discusiones se ha creído conveniente expresar lo que para 
la ley es un obrero válido. 

Aún cuando a primera vista pudiera parecer lo contrario, la disposición 
que establece el derecho de los menores y aprendices a la pensión de los 
obreros, encierra un fondo de justicia y equidad. El obrero válido, que ya 
ha concluido su carrera, pierde con el accidente la posición que en ese mo- 
mento ocupa, salvo excepciones que forzosamente tienen que existir. En 
cambio el obrero menor y el aprendiz pierden su porvenir, su educación profe- 
sional, y no sería justo que no se tuvieran en cuenta esos elementos para 
fijar el importe de la indemnización. 

Otro caso que puede presentarse es el del obrero que trabaja a destajo, 
donde no es posible determinar el salario medio. Para ese caso se determina 
que el cálculo se hará sobre el salario diario medio de ese obrero en el 
último trimestre, y si esto no fuera posible, se aplicará el criterio de los 
obreros ordinarios válidos. 


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Contempla, por último, el Proyecto, la situación del obrero que, incapar 
citado parcialmente, un nuevo accidente lo incapacita más gravemente de 
un modo total. Dos caminos se le abren en tal supuesto, que se basan en 
los dos criterios de la incapacidad parcial o de la total: o se le da una 
indemnización igual a la mitad de la reducción de su salario, o en el caso 
de imposibilidad absoluta de trabajo, una pensión igual a los dos tercios del 
salario medio de los obreros válidos de la localidad en las industrias similares. 


XVI 

PROCEDIMIENTO.— REVISION DE LOS JUICIOS 

No sería posible tener una base sólida para determinar los efectos y 
causas de un accidente, si, de inmediato, no se constataran las circunstan- 
cias en que se produjo el hecho. “La experiencia ha demostrado, dice Sachet, 
que el fracaso o la insuficiencia de la mayor parte de las encuestas, se de-) 
ben al retardo de las primeras diligencias; cuando la justicia interviene, el 
estado de sitio del suceso ha sido modificado; la máquina que ha herido al 
obrero ha sido cambiada o transformada; los testigos que se encuentran 
frente a un utillaje diferente no tienen un recuerdo preciso de los sucesos; 
se explican mal, cometen errores y confusiones a los que las influencias inte- 
resadas, que han podido con tiempo ejercerse, no son siempre extrañas”. 

Se establece, en vista de esas razones, un plazo corto, de tres días, dentro 
del cual el patrón o empresa debe denunciar el accidente al Juez de Paz de 
la sección, bajo pena de multa. Pero, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pueda incurrir el patrón por la falta de cumplimiento de la obligación 
impuesta, no sería justo que esta falta refluyera en perjuicio del obrero, por 
lo que se le otorga a éste el derecho de denunciar el accidente dentro del 
término perentorio de un año. 

La encuesta debe ser hecha por el Juez de Paz de la sección donde haya 
ocurrido el accidente, el que, por la proximidad en que se halla del lugar 
de los sucesos, por su carácter de magistrado imparcial está en mejores con- 
diciones para la constatación equitativa d\e los hechos que servirán de base 
a los ulteriores procedimientos. 

El Proyecto indica detalladamente lo que debe contener la denuncia; 
datos todos destinados a servir a la averiguación de la producción del acci- 


412 



1909 


dente y de las circunstancias que lo han rodeado, los que servirán de guía 
al funcionario investigad|Or para llenar su cometido. 

La información sumaria que, como se ha dicho, ha de servir de base 
para los arreglos o los procedimientos consiguientes, tiene que ser hecha con 
conocimiento de las paites interesadas, a fin de que puedan solicitar las prue- 
bas que consideren necesarias a la defensa de su derecho. El Juez de Paz, 
que funciona como magistrado instructor, puede y debe ordenar todas las 
diligencias tendientes al mayor esclarecimiento de los hechos, y tiene el de- 
ber de dejar constancia de todas las circunstancias que contribuyan a la de- 
bida aplicación de la ley. 

Terminada la encuesta, dos casos pueden presentarse: o ambas partes 
se hallan de acuerdo en cuanto al accidente y sus consecuencias pecuniarias, 
o hay discrepancia sobre estos puntos. En el primer caso, debe dejarse la 
justificación auténtica por medio de acta que levantará el Juez de Paz y 
suscribirán las partes: pero vuestra Comisión ha creído conveniente exigir 
para la validez de este convenio la asistencia al acto del letrado de la Ofi- 
cina de Trabajo, a fin de defender al obrero contra su propia ignorancia o 
las influencias extrañas. 

En el segundo caso, existe un litigio, y a la justicia corresponde su de- 
cisión. Lo que el Proyecto ha buscado es la abreviación de los trámites, 
estableciendo un procedimiento rápido y fácil, para que, por ese medio, sin 
perjuicio de nadie, pueda, el que tenga derecho, conseguir su declaración 
a poca costa y en corto tiempo. 

Para el obrero, el seguir un juicio largo o corto, de acuerdo con las 
leyes que exigen el pago de costas, sería, en la mayoría de los casos, un sa- 
crificio tan grande que le obligaría muchas veces al abandono de su dere- 
cho. Si se quiere proteger al trabajador, hay que darle los medios para que 
pueda buscar sin obstáculos el amparo ante la justicia. Es por eso que el 
Proyecto establece la gratuidad de todos los trámites de información y de 
juicio respecto al operario, salvo la sanción consiguiente cuando valido de 
este medio ha querido obtener un provecho indebido simulando o provb'- 1 
cando dolosamente el accidente. 

Tales son las razones que ha tenido vuestra Comisión para aceptar el 
procedimiento establecido en el Proyecto del Poder Ejecutivo, lo mismo que 
la jurisdicción y competencia de los Jueces Letrados Departamentales, cuya 
sentencia, se ha agregado, será apelable para ante el Tribunal de Apelacio- 
nes, cuyo fallo causará ejecutoria. 


413 



1909 


Sin embargo, la cosa juzgada no es, en este caso, absoluta; se abre con- 
tra ella el camino de la revisión si hechos posteriores demuestran que la 
indemnización acordada no es la que legítimamente corresponde. “Nada más 
justo, dice Serre, siempre que se mantenga dentro de ciertos límites, que pre- 
ver el caso en que, por efecto de una modificación en el estado de la víc- 
tima, o de una agravación o atenuación de su enfermedad, de su muerte, 
puede ser por consecuencia del accidente, la indemnización fijada no se ha- 
lla en relación con el perjuicio sufrido. El derecho a la revisión es, pues, le- 
gítimo, pero es necesario que se reconozca no sólo a una de las partes, sino 
a las dos entre las que la contienda se ha seguido; que, por tanto, corres- 
ponda tanto a los patrones como a los obreros. Es menester, además, que 
el plazo para deducirlo no sea demasiado largo para que la posibilidad de 
esa revisión eventual no amenace por largo tiempo a los interesados”. 

Son esas ideas las que inspiran al Proyecto en las disposiciones consi- 
guientes a la revisión, la que sólo puede deducirse dentro de tres años a 
contar de la sentencia o del acuerdo ante el Juez de Paz. 


XVII 

GARANTIAS.— EL SEGURO OBLIGATORIO 

La adopción del principio del riesgo profesional que fija la indemniza- 
ción, imponiendo un sacrificio mutuo a los intereses de patrones y de obreros, 
a cambio de la seguridad del pago de una cantidad cierta y determinada, 
que se obtiene brevemente por medio de un procedimiento expeditivo y poco 
oneroso, no llenaría con todo sus fines,, si el cumplimiento de las obligacio- 
nes a él anexas quedara librado a la buena fe d|e los deudores. Era necesa- 
rio, por tanto, hallar la forma de sancionar eficazmente ese derecho, para 
que los beneficios que se esperan sean una realidad. 

Ese problema, resuelto en variadas formas en otras legislaciones, fue 
objeto de estudio especial por parte de vuestra Comisión. De dos maneras 
ha sido decidido, en sus líneas generales, ese caso, en otros países: 1® obli- 
gando al patrón directamente, rodeando al crédito del obrero de las garan- 
tías que el derecho común consagra para los créditos privilegiados, sin per-» 
juicio de que aquel pueda proteger la. propia solvencia; 2? estableciendo el 
seguro obligatorio. 


414 



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Francia, Inglaterra, Bélgica, Suecia, Grecia y España siguen el primer 
sistema; Alemania, Austria, Italia, Noruega y Holanda el segundo, aún cuan- 
do existen diferencias entre esas legislaciones. 

El Proyecto del Poder Ejecutivo establece el régimen del seguro volun- 
tario, aunque se declara partidario del obligatorio en principio. Se expresa 
en los siguientes términos en su mensaje: 

“El Pod¡er Ejecutivo ha creído prudente proponer la sanción de este Pro- 
yecto sin el establecimiento del seguro obligatorio; le parece mejor esperar 
los resultados que la ley va a dar en la práctica, para proponer o no proponer 
después la obligatoriedad del seguro; parece que en la inmensa mayoría de 
los casos será suficiente garantía para el obrero el carácter de crédito privi- 
legiado que se le da a la indemnización; si de la práctica resultase que esa 
garantía no es suficiente, sería entonces el caso de ir a uno cualquiera de 
los sistemas de seguro obligatorio. Por otra parte, el hecho simple de la 
sanción de esta ley llevará, puede anticiparse, a todos los grandes industria- 
les, a todos los que puedan prever un accidente grave que produzca muchas 
víctimas, a la ejecución espontánea del seguro que les evita de ese modo 
los riesgos probables y que los pone a cubierto de un brusco desequilibrio 
económico; y en cambio evitará a los pequeños industriales, aquellos que es- 
tén amenazados de un riesgo muy remoto, el sacrificio que pueda resultar 
de la obligatoriedad legal del seguro, tanto más en un país como el nuestro, 
donde la inexistencia de ese género de empresas impedirá que en los pri- 
meros tiempos las primas del seguro tengan que soportar la influencia de ese 
factor importante que significa la competencia comercial. Es por eso que 
aunque en principio el Poder Ejecutivo sea partidario del seguro obligatorio 
contra los accidentes, cree que por ahora entre nosotros no conviene sancio- 
narlo como una prescripción de la ley, a la espera de las enseñanzas que se 
deriven de la aplicación práctica] del nuevo principio que se incorpora a 
nuestra legislación.” 

Es pues, una razón práctica la que ha guiado al Poder Ejecutivo a pro- 
poner el sistema del Proyecto. 

El seguro obligatorio es tenido por muchos como la consecuencia ne- 
cesaria del riesgo profesional. Si la indemnización en este caso de accidente 
ha de ser soportada por la industria, parece que esa carga debe repartirse 
equitativamente entre todos los que la ejercen. Las primas que el patrón 
está obligado a pagar es un gasto fijo que tomará en cuenta para la deter- 
minación del precio, lo que evita, por otra parte, las consecuencias que en 


415 



1909 


virtud de accidentes graves pudieran recaer sobre su patrimonio, cuyo equi- 
librio se rompería bruscamente al peso de obligaciones imprevistas. En este 
sentido es un instituto que conviene al patrón. 

Contempla además el interés del obrero, a quien da la seguridad del 
pago de la indemnización correspondiente y en forma breve, sin que para 
ello tenga, por regla general, que ir a peregrinar por los estrados de la jus- 
ticia, con las incomodidades y gastos inherentes que, muchas veces, hacen 
ilusorio el derecho que lai ley le ha reconocido. 

Y responde, por último, a un interés más elevado aún, que está por enci- 
ma del de los patrones y obreros, y al que, en primer término, debe obe-, 
diencia el legislador: el interés social de la pacificación y la armonía entre 
las distintas clases, interés que exige la disminución de los pleitos, sobre 
todoi de aquellos donde el objeto de la contienda encierra un conflicto que 
tiene sus raíces en la propia organización de las instituciones que nacen de 
la vida en comunidad. 

Sin embargo, en el campo de la doctrina el seguro obligatorio no ha sido 
aceptado sin oposición. Nacido en Alemania, donde una reglamentación con- 
veniente le ha dado hondas raíces,, fue adoptado por otras legislaciones,! y 
aceptado por muchos autores que, como se ha dicho, ven en él la conse- 
cuencia necesaria del principio del riesgo profesional. 

En el segundo Congreso Internacional celebrado en Berna en 1891 (el 
primero lo fue en París en 1889) los defensores del seguro voluntario fueron 
tantos como los del obligatorio, pero se notó una reacción hacia este último 
cuando tres años más tarde, en Milán, los asistentes al Tercer Congreso lo 
prestigiaron y aceptaron decididamente. Pero en los posteriores, celebrados 
en Bruselas 1897, París 1900, Düsseldorf 1902 y Milán 1907, la discusión ha 
vuelto a abrirse sin que pueda decirse que se haya llegado a la uniformidad 
sobre este punto. 

Sin embargo, se han hecho objeciones sobre el seguro obligatorio y, 
principalmente, la que se refiere a que su adopción traería aparejado un 
mayor número de accidentes, debido a la negligencia de los patrones, los 
que no tendrían mayor interés en prevenirlos supuesto que se encontrarían 
exentos de responsabilidad. Y en apoyo de esta opinión se cita el ejemplo 
de Alemania, donde a raíz de la ley que estableció la obligatoriedad del se- 
guro aumentaron grandemente los siniestros. 

No es presumible que el dueño de una empresa, por el hecho de tener 
asegurados a sus obreros descuide sus deberes hasta el punto de provocar o 


416 



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facilitar un accidente, cuyas consecuencias pecuniarias no se limitan a re- 
sarcir el daño causado a los empleados, sin olvidar que la repetición de esos 
actos desgraciados acarrearía un desprestigio moral y comercial a la casa 
donde se verificaran. 

Otras causas han influido en el aumento de los siniestros en Alemania, 
como se ha probado debidamente. Tales son, entre otros, un control más 
severo en las denuncias de accidentes; el rápido incremento que, en esa épo- 
ca, tuvo la industria, lo que obligaba a emplear obreros inhábiles; la ten- 
dencia die los obreros a denunciar como accidentes las enfermedades profe- 
sionales, y la interpretación liberal de la ley, que hacía entrar como acciden- 
tes casos que, antes de su sanción, no eran tenidos por tales. Como se ve, 
si ha crecido el número de víctimas del trabajo, es debido a causas extrañas 
al seguro obligatorio. 

Pero vuestra Comisión cree que ese instituto es el que mejor responde 
al afianzamiento de las obligaciones surgidas del riesgo profesional. Considera 
que dentro del terreno de la teoría no puede menos de aceptarse como una 
consecuencia forzosa de la ley de accidentes del trabajo, y que la oposición 
que en ese terreno se le ha hecho no resiste a una crítica seria. 

Como se ha dicho, la> manera de llevar a la práctica el seguro obligatorio 
varía según los países. ¿Cuál es el sistema que mejor responde al fin que se 
busca? ¿Debe dejarse libertad al patrón para asegurar a sus obreros en cual- 
quier Compañía privada? ¿Es al Estado a quien corresponde hacerse asegu- 
rador o deben los industriales formar sociedades mutuas con o sin la ga- 
rantía subsidiaria del Estado? 

Vuestra Comisión debería estudiar las ventajas e inconvenientes de cada 
uno de esos sistemas, si creyera que os debiera aconsejar la adopción del 
seguro obligatorio de inmediato; pero, participa de las ideas del Poder Eje- 
cutivo en cuanto a la oportunidad de su implantación. 

En efecto, si el instituto es, como se ha dicho, inatacable en teoría, pre- 
supone la existencia de órganos necesarios para su actuación. Sería peligro- 
so dejai* a la iniciativa privada únicamente, el cuidado de establecer las Com- 
pañías que se encargasen de estos seguros. El ejemplo de otros países puede 
servimos de lección. En España, donde no hay la obligación de asegurar, una 
vez sancionada la ley de accidentes se fundaron varias sociedades de segu- 
ros. Pero el incentivo de las ganancias las llevó a u'na ruinosa competencia, 
obligándolas a bajar la prima hasta el punto de que alguna de ellas “llegó al 
tipo de 0,18 por 100 pesetas de salario en la industria textil que, como es sa- 


417 



1909 


bido, da un contingente bastante elevado a la estadística de accidentes . Tan 
temeraria conducta, dice un escritor español, llevó la natural alarma al cam- 
po del seguro, donde se conocía la imposibilidad de sostener aquellos coefi- 
cientes de primas que, aunque favoreciesen en los primeros momentos la pro- 
ducción, tendrían necesariamente que redundar más tarde en daño del nego- 
cio, y aún en descrédito de las Empresas aseguradoras y de la misma insti- 
tución del seguro”. 

Si eso pasaba con una ley de seguro facultativo, mucho más grave hu- 
biera sido lo que tendría que suceder con la obligatoriedad del seguro. 

Entre nosotros recién empiezan a instalarse compañías de este género, 
pero no existen aún dictadas las reglas de control que la buena marcha de 
ellas y la garantía de su solvencia exigen, para lo que el Estado ha de tener 
la debida intervención. 

Allí donde el seguro obligatorio se ha implantado, el Estado, en una for- 
ma u otra, ha tomado sobre sí, más o menos directamente la responsabilidad 
de las indemnizaciones. Noruega y el Estado de Maryland establecen el se- 
guro por el Estado; Alemania y Austria ponen las mutualidades encargadas 
de los seguros bajo el control y vigilancia del Estado, advirtiendo que esas 
corporaciones profesionales o regionales monopolizan con el Estado la fa- 
cultad de asegurar. 

Pudiera argüirse en contra la necesidad de la organización de monopolios 
o de compañías o institutos dependientes o sometidos al Estado, con el siste- 
ma de libertad que en Italia existe, no obstante la obligatoriedad del seguro. 
Pero quien quiera equiparar las condiciones en que, respecto a ese punto, se 
hallaba Italia en el momento de la sanción de la ley de accidentes, con las 
que en la actualidad existen entre nosotros, padece de un grave error. 

En tanto que aquí no hay institución oficial alguna que tenga ese come- 
tido, allí había desde 1883 cajas de ahorro en diez provincias, sobre la base 
de las que fundó, al dictarse la ley, la Caja Nacional de Seguros, la que, en 
competencia con las compañías privadas, ha venido haciendo las operacio- 
nes consiguientes. 

La Comisión informante tendría, pues, para implantar desde luego el se- 
guro obligatorio en forma conveniente, que establecer las reglas de control 
y vigilancia respecto a las compañías privadas u organizar una Caja Nacio- 
nal d,e Seguros o ambas cosas a la vez; pero no lo ha hecho porque conside- 
ra que para hacer obra eficaz necesita los datos que todavía la experiencia no 
ha dado, a más de que retardaría la sanción de esta ley cuya urgencia nadie 
desconoce. 


418 



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Es una razón práctica la que la ha determinado en ese sentido, máxime 
cuando oficiosamente el Poder Ejecutivo le ha hecho saber que se preocu- 
pará brevemente de planear la reglamentación necesaria para que, sin tro- 
piezos, pueda establecerse el seguro obligatorio. 

Entretanto no llega ese día, se ha tratado de asegurar la seriedad de las 
Compañías privadas, exigiéndoles el depósito de una garantía seria, que se 
depositará en el Banco de la República, y sin perjuicio del derecho que se le 
da al Poder Ejecutivo para exigir un refuerzo cuando esa medida sea nece- 
saria, en vista de las operaciones que efectúen. 

Para no poner obstáculos en el camino que se señala hacia el seguro obli- 
gatorio, se declara que todas las autorizaciones para establecer Compañías de 
Seguros tendrán el carácter de precarias, con lo que se cierra una fuente de 
futuros litigios. 

Se establece la pena de quinientos a mil pesos de multa para las Compa- 
ñías que no cumplan con las obligaciones que esta ley les impone, las que no 
podrán efectuar operaciones de seguros cuya consecuencia sea la exonera- 
ción de las obligaciones del patrón. 

Al efecto de que los empresarios puedan saber que Compañías se hallan 
en condiciones legales para eximirlos de responsabilidades por medio del se- 
guro, la Oficina del Trabajo expedirá, un certificado en que conste el cumpli- 
miento de las obligaciones impuestas. 

Esas son las garantías que transitoriamente, y hasta la sanción de las le- 
yes y reglamentos respectivos, ha creído conveniente establecer vuestra Co- 
misión, esperando que el Poder Ejecutivo no ha de tardar en proyectar debi- 
damente, atendiendo los datos de la experiencia, el control y vigilancia re- 
queridos que harán posible el establecimiento del seguro obligatorio, en for- 
ma tal que no importe un peligro para la industria y el crédito público. 


XVIII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

El proyecto ha reunido bajo el título de Disposiciones Generales cier- 
tas reglas tendientes a la mejor aplicación de la ley. 

Se ha creído conveniente encargar a la Oficina del trabajo del asesora- 
miento de los obreros en caso de que estos necesiten hacer valer sus derechos. 


419 



1909 


bien sea en la encuesta preliminar, o bien ante la justicia cuando surja la 
contienda. En este último supuesto, vuestra Comisión ha considerado que, da- 
das las grandes atenciones que actualmente tienen los defensores de oficio 
no debía imponerles esta nueva carga, que quizá no podrían sobrellevar sin 
perjuicio del buen cumplimiento de su cometido. 

Por otra parte, las obligaciones que por esta ley va a tener el letrado ase- 
sor del obrero son muchas y de responsabilidad. Tiene que intervenir en to- 
dos los arreglos que los operarios celebren con sus patrones, so pena de nu- 
lidad, y tanto en los efectuados a raíz de la encuesta como en los que se ori- 
ginan por liquidación o quiebra de la empresa, debiendo además ser conse- 
jero en todos los casos en que la consulta sea necesaria, y defensor cuando 
el pleito haya nacido. Por los cuadros anexos puede verse que existen bas- 
tantes accidentes para que de esa función se encargue especialmente a una 
persona la que, indudablemente, tendrá la suficiente tarea para justificar la 
creación del empleo que se proyecta. 

La asistencia judicial que el Estado proporcionará al obrero, juntamen- 
te con la gratuidad y brevedad de la tramitación, harán que sea una verdad 
la protección que las clases desheredadas se merecen. 

Otra innovación que ha creído introducir vuestra Comisión es la creación 
de un Cuerpo Médico especial, el que, dependiendo de la Oficina del Tra- 
bajo, será el encargado de coadyuvar no sólo a la realización de la ley, sino 
también a su reforma, por medio de las observaciones que la práctica le 
sugiera. 

Ya se ha dicho que esta ley de accidentes d/ebe ser complementada con 
la de higiene de los talleres y reglamentaciión del trabajo de niños y mu- 
jeres. Si la legislación de los accidentes tiende a reparar el daño causado por 
la industria, la otra anunciada por el Poder Ejecutivo tiene por fin prevenir 
esos males que fatalmente encierra la explotación industrial. 

El cuerpo médico tendrá ancho campo de acción una vez que se lleven 
a la práctica esos proyectos, pudiendo ser un factor importantísimo para sub- 
sanar defectos inevitables en la aplicación de una ley nueva. 

No es posible darle, por el momento, una organización definitiva que tie- 
ne que depender de lo que la experiencia indique. Por eso vuestra Comisión 
os aconseja sancionéis; la creación de dos puestos de médicos, con los come- 
tidos generales que en el Proyecto se indican, dejando librada a la reglamen- 
tación la determinación especial de las atribuciones y deberes que la natu- 
raleza de su misión exija. 


420 



1909 


En lo que respecta al Proyecto en estudio, se establece la obligación de 
la visita inmediata del médico de la Oficina del Trabajo en caso de acciden- 
te, a fin de que quede constancia fehaciente del estado del obrero, constan- 
cia que, por ser efecto de la observación de un funcionario imparcial e in- 
dependiente de los intereses de las partes,, lleva una autoridad de que ca- 
recen los informes de médicos particulares. En caso de divergencia sobre los 
informes médicos, el Consejo de Higiene deberá dar su dictamen 

Tratándose de accidentes acaecidos en campaña, dada la imposibilidad de 
crear cuerpos médicos departamentales, se le da ese cometido al médico de 
policía, cuyo informe deberá ser visado por el Consejo N. de Higiene. 

Tales son, a grandes rasgos, los motivos que han guiado a vuestra Co- 
misión a aconsejaros la creación del cuerpo médico, motivos que responden 
a una mayor pioteccion eficaz, tanto para el obrero 1 como para el patrón, lo 
que contribuirá a que los dictados de la ley se cumplan sin menoscabo para 
nadie. 


La estadística es uno de los factores que más en cuenta debe tenerse pa- 
ra aquilatar los efectos de la reforma e indicar sus méritos y dlefectos. A la 
Oficina de Trabajo, instituto cuya misión es preparar todos los elementos pa- 
ra la elaboración de las leyes obreras, corresponde encargarse de esa tarea, 
para lo que se establece la obligación, de los Jueces de Paz de enviar men- 
sualmente a dicha Oficina los detalles de todas las informaciones levantadas 
por causa de accidentes. 


No todas las industrias se hallan sujetas a las disposiciones emanadas de 
la teoría del riesgo profesional, si bien la tendencia moderna es la de am- 
pliar cada vez más su número. Pero hasta tanto el legislador no incluya, con 
carácter obligatorio, todos los trabajos destinados a la producción, debe de- 
jar la puerta abierta a aquellos que quieran acogerse voluntariamente al am- 
paro de la ley. 

Los fundamentos del riesgo profesional demuestran que es instituto de 
derecho común, y como tal, basado en la justicia. Su adopción, pues, no im- 
porta, en caso alguno, una lesión al derecho, aún cuando pueda herir, en de- 
terminadas ocasiones, un interés. En vista de ello, por razones de aplicación 
práctica, no se extiende, desde el primer momento, a todas las industrias, pues 


421 



1909 


pudiera suceder que la obligatoriedad sin excepción impusiera a determina- 
dos trabajos un peso tan grande que no lo pudieran llevar. Más conveniente 
es dejar que el interesado sea el juez que decida su causa, y se acoja a la ley 
si así lo quiere, o deje que el derecho común rija para el caso eventual de una 
desgracia que inutilice a sus dependientes. 

Quien quiera someterse al riesgo profesional puede hacerlo, bastando pa- 
ra ello que se inscriba en el Registro que al efecto llevará la Oficina del Tra- 
bajo, sin perjuicio de que más adelante pueda revocar esa inscripción, si bien 
la vuelta al derecho común no lo exime de las obligaciones contraídas duran- 
te el tiempo en que se rigió por la ley de accidentes. 


XIX 

La naturaleza de las leyes obreras no permite esperar que las reglas que 
ellas encierran resuelvan completamente todos los casos que puedan, en la 
práctica de la vida, presentarse. Y mucho menos se puede pretender que sub- 
sistan por largo tiempo, sin que la necesidad de ciertas reformas se imponga. 

Es un derecho nuevo que se abre paso con mayor o menor dificultad se- 
gún el carácter de la sociedad en que va a actuar. No halla aquí los obstácu- 
los que encuentra en las viejas naciones europeas, dpnde la legislación obrera 
ha ido formándose a impulsos del esfuerzo de la clase productora, a la que 
la obligación de vivir le ha dado la energía de la desesperación. Con razón 
ha dicho Paul Louis refiriéndose a su país, que «todas las leyes sociales dic- 
tadas en Francia desde hace cincuenta años tienen más o menos el carácter 
de leyes de circunstancias, aunque muchas de ellas hayan pasado largo tiem- 
po en el período de preparación, porque han sido votadas de prisa y corrien- 
do para desarmar al proletariado». 

No es preciso que la utilidad o conveniencia de una reforma, cuando se 
basa en la justicia y cuando la impulsa un sentimiento humanitario, se mani- 
fieste por la violencia a que se ven llevados muchas veces los que llevan la 
peor parte en la lucha por la vida. Es obra de previsión, de higiene social, 
evitar todo aquello que pueda romper la armonía que debe existir entre los 
distintos elementos de la sociedad. 

Pero la multiplicidad de los intereses en juego; la variabilidad que la mar- 
cha evolutiva imprime a las ideas y sentimientos, sobre todo cuando se tra- 


422 



1909 


ta de institutos en formación; los factores de distinto orden que intervienen en 
el problema social, todo eso nos indica la dificultad de dictar una ley que no 
tenga imperfecciones y lagunas. 

No cree vuestra Comisión haber salvado plenamente tal dificultad, má- 
xime cuando no ha) podido ser guiada en su tarea por los datos de una expe- 
riencia que aún no existe, y cuya necesidad se echa de menos, principalmen- 
te en materias como la que encierra este Proyecto. 

Con todo, vuestra Comisión considera que la sanción del Proyecto' que se 
acompaña importa el cumplimiento de un deber por parte del Estado para 
con aquellos que, desheredados de la fortuna, hallan en el trabajo, dura ley 
de su vida, la invalidez o la muerte. 

Esta ley de progreso, de protección al débil, no duda vuestra Comisión 
que será sancionada en la forma que se aconseja, sin perjuicio de las modifi- 
caciones que considere V. H. deber introducir. 

Sala de la Comisión, marzo 15 de 1909. 

Eugenio J. Lagarmüla, miembro informante — juan J. Amézaga — 
José Enrique Rodó — Alberto Zorrilla, — José Repetto — Eduardo 

Pittaluga. 


PROYECTO DE LEY 


El Senado y Cámara de Representantes, etc., 


DECRETAN: 

CAPITULO I 

DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE PROCEDA 
LA APLICACION DE LOS PRINCIPIOS DE ESTA LEY 

Artículo — Los patrones o las empresas que tengan a su cargo la ex- 
plotación de industrias o realización de trabajos comprendidos en las dispo- 


423 



1909 


siciones de la presente ley, son responsables civilmente de todos los acciden- 
tes que ocurran a sus. obreros o empleados a causa del trabajo o con ocasión 
del mismo, en la^ forma que determinan las disposiciones que siguen. 

Art. — Tienen derecho a ser indemnizados todos los obreros o emplea- 
dos víctimas de accidentes, que se ocupen en algunas de las industrias o tra- 
bajos que a continuación se expresan: 

a) Minas y canteras. 

b) Fábricas, talleres metalúrgicos y talleres de construcciones navales o 
terrestres. 

c) Establecimientos donde se producen o emplean industrialmente ma- 
terias explosivas o inflamables, insalubres o tóxicas. 

d) Construcción, reparación y conservación de edificios, comprendiendo 
los trabajos de albañilería y todos sus anexos, carpintería, cerrajería, 
pinturería, corte de piedras, etc. 

e) Construcción, reparación y conservación de vías férreas, puertos, ca- 
minos, canales, diques, acueductos, alcantarillas, y otros trabajos si- 
milares. 

f) Empresas de corte de maderas y de preparación de carbón. 

g) Establecimientos de producción de gas y de energía eléctrica; y la 
colocación y conservación de redes telefónicas y telegráficas. 

h) Trabajos de colocación, reparación y desmonte de conductores eléc- 
tricos y de pararrayos. 

i) Empresas de transporte de personas y de mercaderías, ya sean te- 
rrestres, fluviales o marítimas y de pasajes de cursos de agua por bal- 
sas o botes, empresas de dragado. 

j) Empresas industriales de expedición, depósito o embalaje de mercade- 
rías, las de carga y descarga, las de pesar, medir y estibar mercade- 
ría y barracas. 

k) Destilerías y cervecerías, fábricas de alcoholes y bebidas en general. 

l) El trabajo de los bomberos. 

m) Empresas de salvataje y el trabajo de los buzos. 

n) Frigoríficos, fábricas de hielo y de extractos de carne y saladeros. 

ñ) Las faenas agrícolas y forestales donde se haga uso de algún motor 
que accione por intermedio de una fuerza que no sea la del hombre; 
en estos trabajos sólo existirá responsabilidad respecto al personal 
expuesto al peligro de las máquinas. 


424 



1909 


o) Las industrias o trabajos similares a los comprendidos en los incisos 
precedentes, así como los establecimientos, fábricas y talleres donde 
se hace uso de una fuerza cualquiera, distinta a la del hombre, siem- 
pre que ese uso no sea temporario ni accidental. 

Art. 3<? — Los capataces y agentes técnicos quedan asimilados a los obre- 
ros o empleados. 

Art. 4? — Para que un establecimiento sea considerado como fábrica a 
los efectos de la presente ley, es indispensable que se proceda en él a la elabo- 
ración o trabajo industrial de objetos, y que por 1 lo menos sean empleados ocho 
obreros con carácter de permanencia. No será necesario este número de obre- 
ros para la aplicación de esta ley en los establecimientos que utilizan habitual- 
mente materias explosivas. 

Art. 5” — Para que un patrón o empresa sean responsables con arreglo a 
la presente ley, en los trabajos indicados en el artículo 2? y no comprendidos 
en la denominación de fábricas, es necesario que tengan por lo menos doce 
obreros a su servicio. Se aplicará la presente ley aún en los casos en que estos 
doce obreros presten sus servicios en distintos lugares. 

Art. 6° — La responsabilidad se extiende a los servicios domésticos y a 
otros servicios que los patrones o directores hagan prestar a los obreros o em- 
pleados de establecimientos de su propiedad. 

Art. 7 o — Los obreros que, por cuenta de terceros, trabajan de ordinario 
en sus casas, no se hallan comprendidos en las disposiciones de la presente 
ley, por el hecho de la colaboración accidental en sus mismas casas de uno 
o varios de sus camaradas. 

Art. 8° — Los obreros o empleados a que se refieren los artículos ante- 
riores, no tendrán contra los patrones, por causa de accidentes del trabajo, más 
derecho que los que acuerda la presente ley a no ser que haya mediado dolo 
por parte del patrón. 

Art. 99 — A los efectos de esta ley quedan asimilados a los obreros y 
empleados los aprendices y obreros menores de veintiún años. 

Art. 10. — Los obreros capataces o empleados técnicos, cuyo salario anual 
exceda de setecientos pesos no podrán invocar las disposiciones de la presente 
ley para obtener beneficios que correspondan a un salario mayor de esta can- 
tidad.— A los efectos de la ley, los salarios mayores son de setecientos cin- 
cuenta pesos anuales y todo excedente sobre esta suma no se tomará en cuenta. 


425 



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Art. 11. — Para que haya lugar a indemnización es necesario que el acci- 
dente de que ha sido víctima el obrero o empleado, le haya impedido trabajar 
más de siete días, lo que se establece sin perjuicio de la asistencia que acuerda 
a los obreros la presente ley. 

Art. 12. — Los obreros no pierden su derecho a exigir una indemnización 
de acuerdo con la presente ley por el hecho de que el accidente se haya pro- 
ducido mediando culpa leve o grave de su parte, o por caso fortuito o fuerza 
mayor, pero pierden todo derecho en el caso de haber provocado dolosamente 
el accidente en que procuran fundar la reclamación. En el caso que el acci- 
dente sea debido a fuerza mayor extraña al trabajo que ejecuten los obreros, 
el patrón no estará obligado a indemnizarlos, pero sí obligado, si aquéllos re- 
claman, a probar que el accidente se produjo por la causa mencionada. 

A falta de esta prueba los obreros tendrán derecho a la indemnización 
correspondiente. 

Art. 13. — Además de la acción que acuerda contra el patrón o empresario 
la presente ley, la víctima del accidente o sus representantes conservan contra 
los terceros autores del accidente, el derecho de reclamar la reparación del 
perjuicio causado de acuerdo con las disposiciones del Código Civil. Por ter- 
ceros se entienden los extraños a la explotación industrial, de suerte que que- 
dan excluidos de esta categoría el patrón, sus obreros y sus empleados. 

La indemnización que se obtuviera de terceros en virtud de lo que dis- 
pone este artículo, lo exonerará al patrón o empresa de su responsabilidad, 
en proporción con lo que el tercero causante del accidente sea obligado a 
pagar. 

Esta acción contra los terceros responsables podrá ser iniciada por el jefe 
de 1a, empresa a su costa y en nombre y lugar de la víctima o de sus herederos, 
en el caso de que éstos o aquéllos no lo hayan iniciado inmediatamente des- 
pués de levantada la información sumaria que constata el accidente. 

Art. 14. El patrón o la empresa quedarán libres de toda responsabilidad, 
si acreditan por medio de las pólizas respectivas que han asegurado a sus 
obreros en Compañías de Seguros que se hayan sometido a las disposiciones 
del Capítulo V de esta ley, y que hayan tomado a su cargo todas las obliga- 
ciones del patrón. También se les exonera de la responsabilidad de la asisten- 
cia si inscribieran a sus obreros en sociedades de asistencia médica y farma- 
céutica. 

Si las Compañías o Sociedades no cumplieran desde el primer momento 
con sus obligaciones, quedarán ellas provisoriamente a cargo del patrón. 


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Art. 15. Toda clausula del contrato de trabajo, que descargue al patrón 
de la responsabilidad de los accidentes que se produzcan o derogatoria de las 
disposiciones de la presente ley, es absolutamente nula. 

Art. 16. — Se admite la prueba testimonial para probar la existencia del 
contrato a los efectos de la presente ley. 

Art. 17. El Estado, las Juntas Economico-Administrativas y demás per- 
sonas morales que tengan a su cargo establecimientos públicos, tienen las mis- 
mas obligaciones que esta ley señala a los patrones, cuando hacen ejecutar por 
personas a su servicio, los trabajos enumerados en el artículo 2?. 


CAPITULO II 

DE LAS INDEMNIZACIONES POR LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO 

Artículo 18. — En los casos en que se reúnan las condiciones exigidas en 
el capítulo anterior para que haya lugar a una indemnización a la víctima del 
accidente, ésta se determinará de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

1 . En caso de incapacidad absoluta y permanente, el obrero o empleado 
tendrá derecho a una renta igual a los dos tercios de su remuneración anual 
(pensión completa). 

2. En caso de incapacidad parcial y permanente, el obrero o empleado 
tendrá derecho a una renta igual a la mitad de la reducción que el accidente 
haya hecho sufrir a su salario o remuneración. En estas circunstancias la Em- 
presa podrá ofrecer al obrero una colocación adecuada a sus nuevas aptitudes, 
tomándose en este caso el nuevo salario ofrecido por la Empresa como base 
para determinar el monto de la pensión. 

3. En caso de incapacidad temporaria tendrá derecho a una indemniza- 
ción igual a la mitad del salario o remuneración que se le pagaba en el 
momento del accidente, siempre que la incapacidad haya tenido una duración 
de más de una semana y a correr después del séptimo día subsiguiente al 
accidente. 

Art. 19. — En caso de un accidente fatal que haya producido la muerte 
del obrero o empleado, los herederos tendrán derecho a una pensión de acuer- 
do con las siguientes disposiciones: 

1. Una renta vitalicia igual al veinte por ciento del salario o remune- 
ración anual, para el cónyuge sobreviviente no divorciado o separado de 


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cuerpos, y a condición de que el matrimonio se haya celebrado con anterio- 
ridad a la fecha en que ocurrió el accidente. En caso de que el cónyuge 
sobreviviente contraiga un nuevo vínculo matrimonial, pierde todo derecho 
a percibir la renta que se le acuerda por el inciso anterior, y lo mismo ocu- 
rrirá en caso de que d)Cje de observar buena conducta. 

2. Una renta vitalicia que se determinará con arreglo a las disposiciones 
que siguen, para las personas menores de 16 años que vivían a expensas del 
obrero, sea cual fuere el lazo jurídico que a éste las uniera, siempre que se 
justifique debidamente ese hecho. 

No será necesaria esa justificación cuando los menores sean hijos legítimos 
o naturales del obrero fallecido. 

Se presume que los menores se hallan en el caso del inciso 1° cuando son 
descendientes o colaterales hasta el tercer grado del obrero muerto y vivían 
en la misma morada de éste. 

A) La renta, si los menores tienen padre o madre sobreviviente, será del 
quince por ciento del salario anual, si no hay más que uno; del vein- 
ticinco por ciento, si hay dos; del treinta y cinco por ciento, si hay 
tres, y del cuarenta por ciento, si hay cuatro o más. 

B) La renta, si los menores no tienen padre ni madre sobreviviente, podrá 
elevarse al veinte por ciento del salario anual para cada uno de ellos. 

Art. 20. — La 'renta anual que se acuerda con arreglo al artículo anterior, 
a las personas allí mencionadas, no podrá en ningún caso exceder de los dos 
tercios del salario anual. 

Si las sumas de las pensiones que les corresponden excedieran de los dos 
tercios del salario anual, cada una de las pensiones será reducida proporcio- 
nalmente, a fin de que sumadas no exceda para cada familia de la suma fijada 
como pensión completa. 

Art. 21. — En el caso de que el obrero o empleado víctima del accidente, 
no tuviera ni cónyuge ni hijos, los ascendientes o descendientes que vivieran 
a sus expensas tendrán derecho a una indemnización equivalente al diez por 
ciento del salario anual, para cada uno de ellos, no pudiendo exceder ía suma 
total de pensiones del treinta por ciento del salario anual. Si el exceso se pro- 
dujese,, la reducción se hará de acuerdo con lo que dispone el artículo 20. 

Art. 22. — Las pensiones de indemnización por accidentes del trabajo, 
se pagaran mensualmente y serán incedibles e inembargables. 


428 



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Art. 23. — Los obreros, después de determinado el monto de la indem- 
nización, podrán hacer con el patrón los arreglos que estimen convenientes 
sobre la forma y el modo del pago. Podrán también renunciar hasta el 50 por 
ciento de la pensión en cambio de un capital proporcional a ese 50 por ciento. 

En el caso de que la pensión no alcanzara al 15 por ciento del salario 
anual, podrá el obrero recibir una indemnización total bajo la forma de un 
seguro dotal. Para la validez de estos arreglos se requiere la intervención del 
letrado de la Oficina del Trabajo. 

24 . ^ patrón o la empresa tendrán también a su cargo los gastos 

de asistencia y de entierro de los obreros víctimas de accidentes en el trabajo. 
Estos últimos gastos no excederán en ningún caso de cuarenta pesos ($ 40). 

La gratuidad de los cuidados médicos y farmacéuticos, comprende tam- 
bién los accesorios necesarios para garantir el éxito del tratamiento o atenuar 
las consecuencias de las heridas. 

Art. 25. La acción de indemnización por accidentes del trabajo se pres- 
cribe a los doce meses de ocurrido el accidente. 


CAPITULO III 

REGLAS ESPECIALES PARA LA DETERMINACION DEL 
MONTO DE LAS INDEMNIZACIONES 

Artículo 26. — La pensión debe ser calculada en proporción a la remune- 
ración anual que la víctima del accidente ha recibido a título de sueldo o de 
salario durante el último año de su estadía en el establecimiento. 

Cuando la remuneración no se pague por cuotas fijas por mes o per se- 
mana, la remuneración anual se fijará multiplicando por trescientos el salario 
medio que diariamente haya recibido el obrero. 

En el caso de que los obreros fueran ocupados por un establecimiento 
que funcionase en ciertos períodos del año solamente, o que funcionase todos 
los días, el número efectivo de jornales sustituirá a la media de trescientos días 
establecida en el inciso anterior a los efectos de determinar el monto de la 
remuneración anual. 

Art. 27. — Si el obrero o empleado no ha tenido ocupación en el estable- 
cimiento durante un año con anterioridad al accidente, la indemnización será 
determinada tomando como base la remuneración anual que hayan recibido 


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obreros o empleados de la misma categoría en el mismo establecimiento o en 
establecimientos similares vecinos o próximos. 

En el caso de que esta determinación no fuera posible, se multiplicará 
por trescientos el salario medio que haya recibido el obrero durante su per- 
manencia en¡ el establecimiento. 

Art. 28. — Los aprendices y los obreros menores de veintiún años que 
gocen de una remuneración inferior a la de los demás obreros ordinarios o 
que no gocen de ninguna, tendrán derecho a una indemnización que se calcu- 
lará tomando como base el producto de la multiplicación por trescientos del 
salario medio más bajo d,e los obreros ordinarios válidos empleados en el mis- 
mo establecimiento o en establecimientos análogos y en la misma localidad. 

Por obrero ordinario válido se entiende el que goza de la plenitud de sus 
aptitudes profesionales, sin constituir una especialidad en su género. 

Tratándose de incapacidad temporaria de obreros menores de edad, el 
monto de la indemnización se calculará tomando como base el salario real del 
obrero víctima del accidente. 

Art. 29. — Si el obrero trabajara a destajo, el cálculo del salario anual se 
hará multiplicando por trescientos el salario diario medio del obrero en el úl- 
timo trimestre anterior al accidente. En caso de ser imposible esta determina- 
ción, se tomará como base el salario ordinario de los obreros válidos. 

Art. 30. — Si el obrero y el patrón, al celebrar el contrato de trabajo, han 
tenido en cuenta las gratificaciones extraordinarias que debía recibir el pri- 
mero bajo la forma de primas a su diligencia, propinas o regalos, ya fueran 
de parte del patrón o de parte de los clientes, estas gratificaciones se tomarán 
en consideración para determinar el monto real del salario anual, y, por consi- 
guiente, para establecer la indemnización. 

En caso de imposibilidad, el obrero podrá acogerse al criterio del salario 
de los obreros ordinarios válidos. 

Art. 31. — Los que con anterioridad al accidente adolecían de un vicio 
o defecto que los hacía incapaces, parcialmente, para el trabajo, tendrán de- 
recho a una indemnización igual a la mitad de la reducción que haya sufrido 
su salario a consecuencia del accidente, o a los dos tercios del salario ordinario 
de los obreros válidos de la localidad en las industrias similares, si a conse- 
cuencia del accidente hubieran quedado absoluta y permanentemente incapa- 
ces para trabajar. 

Art. 32. — Por salario se entiende en esta ley la remuneración que el 
obrero o el empleado recibe del patrón por su trabajo. Para fijar el salario que 


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el obrero en todo o en parte no perciba en dinero y lo perciba en cambio 
sea en especie, en uso de habitación o en otra forma cualquiera, se computará 
dicha remuneración con arreglo al promedio de su valor en la localidad. 


CAPITULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO EN CASOS DE ACCIDENTES 

Artículo 33. — Todo accidente que haya causado una incapacidad para 
el trabajo, total o parcial, permanente o temporaria, de más de tres días, debe 
ser denunciado por el patrón o empresa, en el término de tres días, compren- 
diendo los domingos y días festivos, al Juez dp Paz de la Sección donde haya 
ocurrido el accidente. 

Art. 34. — El obrero o empleado víctima del accidente, o sus representan- 
tes, podrán también denunciar el accidente ante el mismo magistrado dentro 
del término perentorio de un año. 

Art. 35. — La denuncia debe indicar nombre y domicilio del patrón, lugar 
en que se halla el establecimiento en que se haya producido el accidente, y 
la hora, la naturaleza del accidente, las circunstancias en que se haya pro- 
ducido, la naturaleza de las heridas, el nombre, domicilio, edad y estado civil 
de la víctima, y los nombres y domicilios de los testigos que hayan presen- 
ciado los hechos o tengan conocimiento de los mismos. 

Art. 36. — Si pasados ocho días después de producido el accidente, el 
obrero o empleado no ha reanudado su trabajo, el patrón o el representante 
de la Empresa está obligado a presentar al Juzgado de Paz en que se hizo 
la denuncia, un certificado indicando el estado de la víctima, las consecuen- 
cias probables del accidente y la época en que se podrá conocer el resultado 
definitivo. 

Art. 37. — Inmediatamente después de presentada la denuncia, el Juez 
de Paz levantará una información sumaria tomando declaración a la víctima 
del accidente, si su estado lo permite, y en su domicilio si fuera necesario, al 
patrón o representante de la empresa, y a los testigos. 

Efectuarán también las inspecciones oculares a que hubiere lugar, reca- 
bará informes técnicos si fueran necesarios, en caso de muerte ordenará que se 
practique la autopsia, además un examen facultativo si no se considerase su- 
ficientes los certificados presentados por el médico o médicos que tuvieran a 
su cargo el cuidado del herido. 


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Art. 38. — El Juez de Paz procurará dejar constancia: 

19 De la causa, naturaleza y circunstancias del accidente; 

29 De las víctimas causadas por el accidente, del lugar en que se en- 
cuentran, y del lugar y fecha del nacimiento de las víctimas; 

39 De la naturaleza de las lesiones; 

49 De los herederos que existan y puedan, en caso de muerte, pretender 
una indemnización, de la fecha y lugar de nacimiento de los mismos, 
y de su actual residencia, y pedirá a la Oficina del Registro del Es- 
tado Civil, los testimonios correspondientes, que se expedirán gra- 
tuitamente; 

59 Del salario diario y del salario anual de las víctimas del accidente; 

69 En el caso de tratarse de aprendices o de obreros menores de edad, 
procurará también dejar constancia del salario de los obreros ordi- 
narios válidos empleados en la misma localidad, en el mismo estable- 
cimiento o en establecimientos de la misma naturaleza; 

79 De la manifestación del patrón o empresario de tener amparados a 
sus obreros y de la Compañía que tiene a su cargo los riesgos. 

Art. 39. — La información sumaria se levantará con conocimiento de las 
partes interesadas, las cuales podrán solicitar las diligencias que consideren ne- 
cesarias. 

Art. 40. — En los litigios y contestaciones que se promuevan entre los pa- 
trones y las víctimas de los accidentes o sus; representantes, será competente en 
primera instancia, el Juez Letrado Departamental, a quien elevará la informa- 
ción sumaria el Juez de Paz de la Sección en que so ha producido el acciden- 
te. La sentencia será apelable en relación para ante el Tribunal de Apelaciones, 
cuyo fallo hará cosa juzgada. 

El recurso de apelación se concederá solamente en efecto devolutivo. 

Art. 41. — El procedimiento a seguirse en estos juicios y en tocias las con- 
troversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, será el esta- 
blecido por el Código de Procedimiento Civil para las acciones' posesorias. 

Art. 42. — Estando las partes de común acuerdo, el Juez de Paz labrará un 
acta que será suscripta por los interesados, calificando el accidente y determi- 
nando la indemnización que corresponde a las víctimas. 

No tendrá valor alguno el acuerdo si no hubiese intervenido en él el letra- 
do de la Oficina del Trabajo, que deberá también firmar el acta. 


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Art. 43. — Se dejará constancia igualmente en el acta que cerrará la in- 
formación sumaria en el caso de no haber lugar a indemnización o en el de 
haber recibido la víctima la totalidad de lo que le correspondía y si se encuen- 
tra restablecida. 

Art. 44. — En los casos de muerte ocurrida a consecuencia del accidente 
con posterioridad a la fijación de la indemnización, lo mismo que en los casos 
de agravación o atenuación de la enfermedad de la víctima, podrán las víctimas 
o sus herederos solicitar la revisión del juicio que estableció la naturaleza del 
accidente y el monto de la indemnización. 

Esta acción de revisión sólo podrá intentarse dentro de los tres años sub- 
siguientes a la sentencia definitiva o al acuerdo de las partes ante el Juez de 
Paz. 

El procedimiento a seguirse será el de las acciones posesorias y la acción 
se entablará ante el Juez Letrado Departamental. 

Intentada por los herederos, tendrá por objeto sustituir las obligaciones 
que impone al patrón el artículo 18, por lo que se impone el artículo 19; in-< 
tentada por el obrero, tendrá por objeto obtener ún aumento de la pensión, o 
intentada por el patrón tendrá por objeto obtener una disminución o una exo- 
neración de las cargas impuestas por la sentencia primitiva o por el acuerdo ce- 
lebrado ante el Juez de Paz. 


GAPITULO V 

DISPOSICIONES TENDIENTES A AMPARAR EL PAGO 
DE LAS INDEMNIZACIONES 

Artículo 45. — Los créditos de la víctima del accidente o de su represen- 
tante relativos a los gastos de enfermedad o a las indemnizaciones gozan del pri- 
vilegio del inciso 4*? del artículo 2.343 del Código Civil (Código de Comercio, 
artículo 1.706, inciso 49). 

Art. 46. — Las Compañías de Seguros contra los accidentes del trabajo que 
pretendan subrogar a los patrones en las obligaciones que emanan de los acci- 
dentes, deberán hacer un depósito de garantía de cincuenta mil pesos en Deu- 
da Consolidada en el Banco de la República, depósito que no podrá ser re- 
tirado mientras existan en el país seguros a cargo de dichas Compañías. 


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El depósito de que habla el inciso anterior, podrá ser sustituido por una 
garantía hipotecaria de igual importancia, hecha a nombre del Banco de la Re- 
pública. 

Todas las autorizaciones que se otorguen para el establecimiento de Com- 
pañías de Seguros contra Accidentes del Trabajo tendrán el carácter de pre- 
carias. 

Art. 47. — Las Compañías de Seguros pasarán mensualmente a la Oficina 
de Trabajo una relación de las operaciones de seguros que practiquen y de los 
siniestros que hayan sido obligadas a pagar. 

La Oficina del Trabajo podará pedir al Poder Ejecutivo que se haga refor- 
zar el importe de la garantía cuando el valor de las operaciones realizadas sea 
muy superior a la garantía. El Poder Ejecutivo, previa vista al interesado, po- 
drá exigir un refuerzo prudencial de dicho depósito. 

También están obligadas las Compañías de Seguros a suministrar a la Ofi- 
cina del Trabajo todos los datos que ésta requiera para el cumplimiento de su 
cometido. 

Art. 48. — En los casos de liquidación de un establecimiento comercial o 
industrial, o de quiebra, de venta o de cesión del mismo, el capital que repre- 
sentan las pensiones por accidentes, consideradas como rentas vitalicias o tem- 
porarias, según los casos, será depositado por los liquidadores o deudores en la 
Caja Nacional de Ahorros y Descuentos, la cual servirá, con esos capitales, las 
pensiones a que tengan derecho los obreros o sus herederos o sus representantes. 

Para determinar el monto del capital la Caja Nacional de Ahorros y Des* 
cuentos tendrá presente las obligaciones que quedarían a su cargo, con lo que 
disponen los artículos 2.156 y siguientes del Código Civil. 

En estos casos serán válidos los contratos que hagan los obreros con los pa- 
trones a fin de liquidar definitivamente la obligación de abonar las pensiones 
que existen de parte de los últimos, siempre que en esos arreglos intervenga 
el abogado de la Oficina del Trabajo. 


CAPITULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 49. — Las informaciones, lo mismo que todos los trámites de los 
juicios que se inicien para el cumplimiento de la presente ley, serán completa-* 


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mente gratuitas para la parte de los obreros, los cuales quedarán también exo- 
nerados del pago del impuesto de papel sellado. En el caso de haber sido con- 
denado un obrero por simulación de accidente, o por haber provocado el si- 
niestro intencionalmente, no gozará en lo sucesivo de este beneficio. 

Art. oO. La Oficina del Trabajo asesorará a los obreros y les proporcio- 
nara los formularios de los escritos o exposiciones que deban presentar ante las 
autoridades judiciales para hacer efectivos los derechos que les acuerda la pre- 
sente ley. En caso de suscitarse controversias que hagan necesaria la interven- 
ción de un letrado para la defensa de los derechos de los obreros, la Oficina 
del Trabajo proveerá a ello. 

Crease, al efecto, el puesto de abogado de la Oficina del Trabajo, cuyos co- 
metidos reglamentará el Poder Ejecutivo, dentro de las obligaciones señaladas 
en esta ley. La dotación mensual del abogado será de ciento cincuenta pesos. 

Su nombramiento corresponderá al Poder Ejecutivo a propuesta de la Ofi- 
cina del Trabajo. 

Art. 51. — Los Jueces dej Paz enviarán todos los meses a la Oficina del Tra- 
bajo una nota circunstanciada de las informaciones levantadas por causas de 
accidentes del trabajo, de sus resultados y de los litigios a que dichas informar 
ciones hubieran dado lugar. 

Art. 52. — Durante el plazo de un año a partir del día de la promulgación 
de la presente ley, las pólizas de seguros de accidentes del trabajo anteriores 
a esta fecha podrán ser denunciadas por el asegurador y por el asegurado. 

Los litigios que se promuevan sobre pólizas no denunciadas se regirán por 
el derecho común anterior a la promulgación de esta ley. 

Art. 53. — Todos los patrones o empresas que tomen a su cargo trabajos 
u operaciones en que se empleen obreros y que por cualquier causa no se ha- 
llen comprendidas en las disposiciones de esta ley, podrán acogerse a ella, ins- 
cribiéndose en un Registro que al efecto se abrirá en la Oficina del Trabajo. 

La inscripción es revocable y quedará sin efecto si los patrones se presen- 
tan a anularla ante dicha Oficina, pero en este caso subsistirán las obligaciones 
contraídas por los patrones mientras existió la inscripcipn. 

Art. 54. — Pagarán de veinticinco a cien pesos de multa los patrones o em- 
presarios que, teniendo conocimiento de haberse producido un accidente den- 
tro de su establecimiento, no hiciesen la denuncia correspondiente al Juez 
de Paz. 

En caso de reincidencia, la multa podrá ser elevada hasta seiscientos pesos. 


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Art. 55. — A las Compañías de Seguros que no cumplan con las disposicio- 
nes de esta ley y con los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo se les apli-r 
cará una multa de quinientos a mil pesos. 

La Oficina del Trabajo hará saber a los industriales y patrones las compa- 
ñías que cumplen con las disposiciones de la ley, expidiéndoles el certificado 
correspondiente a los efectos del artículo 14. 

Art. 56. — Para asesorar a las autoridades respectivas en caso de acciden- 
tes del trabajo e intervenir en todas las cuestiones médico-legales que tengan 
relación con la legislación obrera, habrá dos médicos que nombrará el Poder 
Ejecutivo a propuesta de la Oficina de Trabajo y tendrán una asignación men- 
sual de cien pesos. 

Art. 57. — Todo obrero que haya sufrido un accidente deberá ser visitado 
inmediatamente por uno de los médicos a que se refiere el artículo anterior, el 
que informará a la Oficina del Trabajo dentro de la mayor brevedad. 

Art. 58. — En caso de divergencias entre los médicos y las Compañías ase- 
guradoras o patrones se elevarán los informes al Consejo Nacional de Higiene 
conjuntamente con el informe del médico de la Oficina del Trabajo. 

Art. 59. — En los departamentos de campaña corresponde a los médicos 
de policía informar a la Oficina del Trabajo respecto a los casos de accidentes, 
y a falta de ellos a los médicos que hubieran prestado asistencia a la víctima. 
Esos informes serán pasados al Consejo Nacional de Higiene a fin de que éste 
exprese su opinión respecto a ellos. 

Art. 60. — Fuera de los cometidos que, dentro de la misión que les enco- 
mienda la ley, fijarán los reglamentos, corresponde a los médicos de la Oficina 
del Trabajo: 

a) Llevar la estadística de todos los accidentes, incluso de los acaecidos 
en los establecimientos públicos, debiendo dejar constancia de las ob- 
servaciones que les hubieran sugerido. 

b) Redactar los formularios a que deben ajustarse los certificados médi- 
co-legales con que se acompañarán las denuncias de accidentes del tra- 
bajo. 

c ) Estudiar e informar las enfermedades profesionales e indicar los me- 
dios más convenientes para evitarlas. 

d) Estudiar los medios para prevenir los accidentes, así como los proble- 
mas que tengan relación con la higiene de los talleres y la mejor forma 
de desarrollo del trabajo para la salud del obrero. 


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Art. 61. — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Art. 62. — Comuniqúese, etc. 

Sala de la Comisión, marzo 15 de 1909. 

Lagarmüla — Amézaga — Rodó — Zorrilla — Repetto — Vittaluga. 

(D.S.C.RR. T. 199. Págs. 90-117) 

El proyecto comienza a ser considerado el 11/5/909. La discusión continuará, 
con interrupciones, durante todo el año 1909 (VER Nos. 26, 27). 


437 




1909 


M. V. 


22) HONORES QUE DEBEN TRIBUTARSE A LA IGLESIA NACIONAL. 

En la 5* Sesión Ordinaria del 21/5/909, se consideran en la Asamblea Ge 
neraj» las observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo al proyecto de lev 
aprobado por el Parlamento, conforme al cual se eliminaban todos los honores y 
tratamientos que se dispensaban a la Iglesia Nacional. En su mensaje el Podeí 
Ejecutivo recordaba el Art. 5 de la Constitución de 1830, conforme a? ¿uS la re 
ligion del Estado era la Católica, Apostólica, Romana, lo que impedía que se eli- 
minaran todos los tratamientos especiales dispensados a la Iglesia. Lagarmilla 
como miembro informante de la Comisión de Legislación de la Asamblea Gene- 
ral, aconseja el mantenimiento del proyecto vetado. Espalter, como miembro de la 
Comisión en mmona, defiende la tesis del Poder Ejecutivo. Rodó interviene- 


SEÑOR RODO. — Pido la palabra. 

Voy a votar, señor Presidente, contra el mantenimiento de esta ley, y a fa- 
vor del veto que ha opuesto el Presidente de la República. 

Fui de los que votaron en contra de ella; de manera que mi actitud actual 
no significa sino corroborar la actitud que asumí entonces. 

He acompañado con mi voto todas las iniciativas que en sentido liberal se 
han presentado en la Cámara de que formo parte, siempre que he visto en ellas 
la significación de una conquista positiva para la causa del libre pensamien- 
to. . . 


— (¡Muy bien!) 

... la significación de un principio o de una ventaja que se consagran y 
adquieren, o que se robustecen y consolidan. Y las he acompañado, aún cuan- 
do alguna vez no me pareciera del todo bien elegida la oportunidad en que se 
han presentado, y aún cuanclp no considerara su necesidad muy apremiante. 

Creo que todo lo que sea robustecer los fueros de la libertad de pensa- 
miento, tanto en materia religiosa como en cualquiera otra, cabe dentro del es- 
píritu de nuestra Constitución, sin menoscabo del artículo 5*?, que debe ser in- 
terpretado con la amplitud y la latitud que conviene aplicar siempre a la inter- 
pretación de preceptos constitucionales; y si alguna vez el artículo 5 9 pudie- 
ra considerarse lesionado por las positivas conquistas liberales, consagrando otros 
artículos de la Constitución amplios y terminantes principios de libertad, éstos 


439 



1909 


serán los que deban prevalecer siempre, supuesto que haya conflicto, porque 
responden a intereses más altos y generales que los de una comunión religio- 
sa, y a tendencias más armónicas con el espíritu de la misma Constitución. 

Lo que determina, pues, la legitimidad de las innovaciones tendientes a 
aminorar o restringir el significado del artículo 5°, — que puede ser restringido, 
pero que no puede ser anulado ni eliminado, — lo que determina esa legitimé 
dlad es la existencia de un interés vital, esencial, del punto de vista de esas li- 
bertades, que otros artículos de la Constitución consagran. 

Pero con nuestras ideas, o a pesar de nuestras ideas, el artículo 5° existe, y 
el artículo 5° quiere decir algo, si cabe interpretarlo ampliamente, y si cabe 
posponerlo al sentido de otros artículos de la Constitución, cuando hay de por 
medio un alto interés de la causa de la libertad, cuando hay abusos que repri- 
mir, males que remediar, o grandes aspiraciones liberales que satisfacer, no 
puede menos de considerarse atentatorio todo lo que se haga contra el espíritu 
o la letra del artículo 5°, sin el justificativo de ninguna de esas exigencias im- 
periosas . . . 


— (¡Muy bien!) 

. . .por cuestiones de exterioridad de forma, casi diré, de cortesía, que a 
nadie pueden apasionar seriamente, porque la supresión de tales formalidades, 
dentro del régimen de la religión del Estadp, significa sólo un acto de hostili- 
dad vana y ociosa, que de ninguna manera compensa su manifiesta inconstitu- 
cionalidad. 

— (Apoyados) — (¡Muy bien!) 

SEÑOR MANINI RIOS. — No es vana ni ociosa. 

— (Murmullos y diálogos) 

SEÑOR PRESIDENTE. — Advierto a los señores diputados que el orador 
no debe ser interrumpido. 

SEÑOR RODO. — Por mucho que se restrinja y aminore el alcance del ar- 
ticulo 5° y yo me inclino a aminorarlo mucho — hay un hecho indestructible: 


440 



1909 


y es que ese articulo consagra una relación de orden moral entre el Estado y 
la Iglesia. Consagra una relación de orden moral, y, en su expresión más mí- 
nima de consideración y de respeto, esa relación no puede consistir en menos 
que en estas formas exteriores de saludo, de ceremonia, tan inocuas para los in- 
tereses positivos del pensamiento libre, como poco frecuentes y poco repetidas 
en nuestro país. 

— (¡Muy bien!) 

Un proyecto de ley que tendiese a negar a la Iglesia Católica el subsidio 
pecuniario que el Estado le pasa, en virtud de esa relación consagrada por el 
artículo 5 9 , no me parecería tan inconstitucional como esta ley; porque, al fin 
y al cabo, entre la supresión de un auxilio material — que podría ser justificado 
en ciertas circunstancias por las dificultades del Tesoro Público, o por la si- 
tuación próspera de la Iglesia, — entre esa supresión y la eliminación total de 
todo signo exterior de consideración y todo saludo, esto último es sin duda 
lo que más dice e importa, moralmente. 

Señor Presidente: todo induce a suponer, a afirmar casi, que estamos en 
vísperas de la separación de la Iglesia y el Estado, fórmula del más amplio y 
genuino liberalismo que consagrará definitivamente la alta equidad del Estado 
y la plena libertad de la conciencia religiosa; . . . 

— (Apoyados) 

. . .y digo que puede casi afirmarse que estamos en vísperas de la consa- 
gración de ese gran principio liberal, porque él ha encarnado de tal manera en 
el espíritu público, que hay lugar a esperar que su consagración no levantará 
resistencias muy apasionadas, ni aún del lado del interés católico, convencido 
tal vez de que esa no es fórmula de hostilidad, sino fórmula de equidad, que 
conducirá en último término a beneficiar la autonomía de su propia comunión 
religiosa, para gobernarse y dirigirse sin intervención de potestades ajenas. 

Yo creo que la separación de la Iglesia y el Estado, en nuestro país, tiene 
una importancia más moral y teórica que práctica y efectiva, que no añadirá 
ninguna conquista de consideración a las que ya hemos alcanzado; y en lo fun- 
damental, la separación puede considerarse consumada de hecho en cuanto es 
compatible con la letra y el espíritu de la Constitución, habiendo reivindicado 


441 



1909 


amplísimamente el Estado todas las libertades fundamentales que pueden ser 
objeto de limitación por la intolerancia o la parcialidad religiosa. 

A pesar de ello, yo recibiré con plácemes que el principio de la separación 
de la Iglesia y el Estado se incorpore a los preceptos de nuestra Carta Funda- 
mental, aunque creo, y lo diré de paso, que así esta como cualquier otra refor- 
ma constitucional deben realizarse por procedimientos que aseguren a la re- 
forma un grande ambiente nacional, una sólida base de prestigio en el espíri- 
tu público. 

Ahora bien: si asiste en todos nosotros la persuasión íntima de que se apro- 
xima la hora de la separación de la Iglesia y el Estado, ocurre preguntar ¿qué 
razón y qué sentido tienen estos apresuramientos inconducentes sobre puntos 
que no encierran ninguna importancia esencial, ningún interés positivo, ya que 
no importan otra cosa sino que las armas nacionales se inclinen dos o tres o 
diez veces más ante signos religiosos que han recibido su homenaje, centena- 
res o millares de veces, durante cerca de un siglo? 

Ocurre preguntar además: ¿cómo se puede dar a la separación de la Igle- 
sia y el Estado el carácter de una necesidad tan inmediata, tan vehementemen- 
te reclamada, casi tan angustiosa, por aquellos mismos que creen que, dentro 
del régimen de la religión d|el Estado, es posible llegar hasta la supresión del 
débilísimo vínculo de estas fórmulas de cortesía y de estos tratamientos? 

Yo, señor Presidente, mientras el Estado permanezca vinculado a la Iglesia, 
me considero obligado como legislador a tributar a la Iglesia las consideracio- 
nes que ella merece por ese hecho, superior a mi voluntad y a mis ideas indi- 
viduales; aunque seguramente nunca me consideré obligado a cercenar a favor 
de ella, en lo más mínimo, ninguna de las libertades que hemos conquistado 
ni de las libertades nuevas y positivas que podamos conquistar. 

— (¡Muy bien!) 

Creo que el liberalismo es en suma inseparable de la causa de la justicia; 
de la justicia tributada a la Iglesia Católica, como a cualquier otra iglesia, so- 
ciedad, institución o persona; y me parece que nada pueda haber tan inhábil 
ni tan impolítico, como dejar vanamente la causa de la legalidad y la justicia 
en manos del adversario; mucho menos cuando la legalidad y la justicia con- 
sisten, como en este caso, en el mantenimiento de fórmulas inocuas destinadas 
a desaparecer en breve plazo, del modo como deben desaparecer: por procedi- 


442 



1909 


mientos estrictamente constitucionales ( * ) ; fórmulas cuya subsistencia precaria 
no importa el más mínimo obstáculo para la acción y los progresos de la liber- 
tad de pensamiento. 

He terminado. 


— (¡Muy bien!) 


(D.S.A.G. T. XII. Págs. 7-10) 

Intervienen, luego, varios legisladores. La votación se hace nominalmente, y 
tal como lo anunciara, Rodó vota por la negativa (D.S.A.G. T. XII. Pág. 34). Vo- 
tan por la afirmativa 36 legisladores y por la negativa 37, por lo cual el proyec- 
to queda suprimido. 


* En el original del Diario de Sesiones: inconstitucionales en lugar de cons- 
titucionales. 


443 




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P. 


23) MONUMENTO A SAMUEL BLIXEN. 

En la 48* Sesión Ordinaria del 22/6/909, Fernández Saldaña, Joaquín de 
Salterain y Rodó, presentan un proyecto de ley, disponiendo la elevación de un 
monumento a Samuel Blixen: 


PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uru- 
guay, etc., etc. 


DECRETAN: 

Artículo l 9 — En el Parque Urbano de Montevideo se tomará el área de 
terreno necesaria para, elevar el monumento del escritor nacional Samuel Blixen. 

Las autoridades municipales de la Capital de acuerdo con el Comité del 
monumento, determinarán el sitio y dimensiones del terreno. 

Art. 2 9 — Comuniqúese, etc. 

Montevideo, junio 19 de 1909. 

José M. Fernández Saldaña, Representante por Minas — José Enrique 
Rodó, Representante por Montevideo. — Joaquín de Salterain. Repre- 
sentante por Montevideo. 


EXPOSICION DE MOTIVOS 
H. Cámara de Representantes: 

Es de pública notoriedad que la Intendencia Municipal a quien le fue so- 
licitada una pequeña área de terreno en un sitio publico, para elevar en ella un 


445 



1909 


monumento al malogrado escritor nacional Samuel Blixen, — tarea en que se 
encuentra empeñado un Comité especial — no pudo acceder a ese pedido por 
impedírselo el artículo 46, inciso 8, de la Ley Orgánica de Juntas, que prohí- 
be, sin obtener previa autorización legislativa, levantar monumentos o estatuas 
o autorizar su erección en sitios de uso público. 

Los representantes que suscriben el proyecto que se funda, creen subsanar 
por él la dificultad surgida, dando' además a las autoridades municipales la au- 
torización que necesita de los Cuerpos colegisladores. 

Se consigue de la misma manera, facilitar la tarea del grupo entusiasta que 
ha puesto el empeño de su juventud en honrar, con el concurso de todos, una 
memoria popular y simpática como es la de este escritor caracterizado por una 
tarea intensamente civilizadora, y cuya acción sobre la literatura y el periodis- 
mo nacionales es ocioso negar así sea por un monumento. 

Un busto del doctor Samuel Blixen tiene derecho a asentarse en un peda- 
zo de tierra del más popular y democrático de nuestros paseos públicos, aunque 
más no sea porque fué un incansable apóstol del arte y de la vida, un espíri-) 
tu tolerante, un cultor de la benevolencia, un enamorado del optimismo y de 
la alegría en un medio pesimista más bien, y un cultivador entusiasta de rosas 
entre muchos cultivadores de abrojos. 

Estos solos méritos de su obra multiforme, dispersa en los diarios, en las 
revistas y en los libros de veinte años acá, lo hacen acreedor, aunque no sea 
sino por el ejemplo emulador que representa, a la ayuda que implica este pro- 
yecto, a la obra del futuro monumento. 

Está en el sentir de todos, por lo demás, que las cuatro líneas armónicas 
que han de hacer el pie de su medallón, no estarían en ambiente dentro de las 
paredes abovedadas y frías de un cementerio. 

En un rincón amable del paseo popular que se designa, donde lo arrulle 
el bullicio humano, es donde puede estar y donde debe estar el modesto mo- 
numento rememorativo que se proyecta, el cual, como el que recuerda a otro 
espíritu también plácido y humano, bien podría tener una taza de agua donde 
abrevaran los pájaros. 

Montevideo, junio 19 de 1909. 

/. M. Fernández Saldaña — José Enrique Rodó — Joaquín de Salterain 
(D.S.C.RR. T. 199. Págs. 478 - 479) 

El proyecto se aprobó recién en la siguiente Legislatura, el 8/6/912, pasan- 
do al Senado, donde es sancionado el 20/11/902. Es la Ley N* 4284 de 26/11/91 2. 


446 



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M. 

24) RENUNCIA Y LICENCIA DE UN REPRESENTANTE. 

El 31/5/909, el Diputado Juan P. Castro envía, desde el exterior, una nota 
renunciando a su cargo, por no serle posible reincorporarse a la Cámara . dentro 
del término de la licencia que le fuera acordada. La Comisión de Asuntos Inter- 
nos, el 26/8/909 propone que, siendo la causa de la imposibilidad de la reincor- 
poración el quebranto de salud del Dr. Castro y dadas sus relevantes condicio- 
nes, no se acepte la renuncia y se le conceda una nueva licencia por seis meses. 
Al pasar a discutirse el informe, Rodó expresa: 

SEÑOR RODO. — Me parece que sería mucho más propio que la licencia 
que con, toda justicia se propone, fuese indefinida y no sujeta al término de seis 
meses . 

(Apoyados) 


Propongo, pues, que se le conceda nueva licencia, hasta el restablecimien- 
to de su salud. 

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿Quiere dictar su proyecto de resolución, el 
señor diputado Rodó? 


SEÑOR RODO. — Donde dice «concédese una nueva licencia de seis me- 
ses, que se diga: «Concédese nueva licencia al señor diputado doctor Castro, 
hasta el restablecimiento de su salud». 

SEÑOR SOSA. — Mejor sería decir: «hasta que le sea posible reincorpo- 
rarse a la Honorable Cámara». Propongo esta enmienda a la enmienda del se- 
ñor Rodó. 

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿Acepta el señor diputado Rodó? 


SEÑOR RODO. — Por mi parte acepto. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Léase en la nueva forma. 


447 



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( Se lee: ) 


PROYECTO DE RESOLUCION 

Artículo único. — Concédese nueva licencia al doctor Juan Pedro Castro, 
hasta que le sea posible reincorporarse a la Honorable Cámara. 

(D.S.C.RR. T. 201. Pág. 62) 

Se vota afirmativamente. 


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P. 


25) MODIFICACIONES PRESUPUESTALES. REMUNERACIONES DE 
FUNCIONARIOS DE LA TESORERIA GENERAL DE ADUANAS. 

En la 8* Sesión Extraordinaria del 2/9/909, al darse cuenta de los asuntos en- 
trados, entre los cuales las mociones presentadas sobre modificaciones presupués- 
tales, se da cuenta de una presentada por Rodó y Fernández Saldaña: 


MOCION 

Los diputados que suscriben hacen moción para que en el Presupuesto 
General de Gastos se incluya la siguiente modificación en la planilla número 
5, correspondiente al Ministerio de Hacienda. 

P — Equipárase el sueldo de los Oficiales de 4^ clase de la Tesorería Ge- 
neral de Aduanas al que gozan los Oficiales de la misma categoría de la Ofici- 
na de Control y de la Alcaidía. 


MOTIVOS 

Desde época lejana, los Oficíales de 4 a clase de la Tesorería General de 
Aduanas están percibiendo una remuneración mensual de pesos 30, remune- 
ración que, después de haber sufrido los descuentos correspondientes, queda 
reducida a sólo pesos 28.40 o sea la misma que perciben los veintitrés emplea- 
dos que, denominados «Auxiliares de Aduanas», están distribuidos en todas las 
Oficinas de dicha repartición, y que desempeñan tareas de escasa importancia 
y en consonancia con su denominación. En cambio, los Oficiales de 4^ clase 
de la Tesorería de Aduana, que son los únicos cuyos sueldos están equipara- 
dos al de los Auxiliares, desempeñan tareas importantes, teniendo que ejercer 
de recaudadores transitorios, cuando las necesidades del servicio así lo exigen, 
cargando con los riesgos y responsabilidades inherentes a esa delicada tarea. 

Otra anormalidad mayor, y digna por tanto de tenerse en cuenta, es la que 
resulta de que los oficiales de 5 a clase de la Alcaidía de Aduana, perciban men- 
sualmente la suma de pesos 33.33, o sea una remuneración superior a la que 


449 



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perciben los oficiales de 4* clase de la Tesorería, a quienes se les ha colocado 
en una jerarquía de un grado mayor. Esta irregularidad merece ser subsanada, 
puesto que se trata de un hecho que no acontece respecto de ninguna otra ca- 
tegoría de oficiales; de las distintas oficinas de la Aduana. 

Los que suscriben hacen notar, además, que debido a la exigüidad del 
sueldo de los Oficiales de 4^ clase, se ha establecido una desproporción enor- 
me entre el sueldo de éstos y el de los Oficiales de 3^ clase de la misma ofici- 
na, que son los de la categoría inmediata superior, puesto que estos últimos 
perciben mensualmente pesos 67.70 o sea pesos 37.70 más que el sueldo que 
tienen asignado los Oficiales de 4^ clase, que son los de la categoría inmedia- 
ta inferior. 

Montevideo, agosto 28 de 1909. 

José María Fernández Saldaña — José Enrique Rodó. 

(D.S.C.RR. T. 201. Pág. 84) 

Pasa a la Comisión de Presupuesto. 


450 



1909 


M. 


26) ACCIDENTES DEL TRABAJO. INTERVENCION DEL ESTADO 
EN LAS HUELGAS EN ACTIVIDADES PRIVADAS. 

En una de las sesiones en que se debate el proyecto de ley sobre accidentes 
del trabajo (VER N 9 21), la 14 4 Extraordinaria del 16/9/909, ya aprobados varios 
artículos del proyecto, el Diputado A. Zorrilla, uno de los miembros de la Comi- 
sión de Trabajo, propone un artículo aditivo, conforme al cual los soldados que 
sustituyan eventualmente a los obreros asegurados en empresas particulares, go- 
zarán del jornal que éstos perciben y en los casos de accidentes, aquéllas les in- 
demnizarán en la misma forma prevista en la ley para los obreros. Arena se opo- 
ne, por entender que es peligroso sentar el principio de que el Estado puede in- 
tervenir con su Ejército en las luchas entre patrones y obreros. Sosa lo apoya. 
Se origina un debate con el proponente. Lagarmilla, como miembro informante, 
también se opone, al igual que Juan Paullier. Zorrilla anuncia, en cambio, el 
apoyo de Roxlo, Pittaluga y Rodó. Este último expresamente afirma: 

SEÑOR RODO. — Por mi parte, acepto. 

(D.S.C.RR. T. 201. Pág. 271) 

Se levanta la sesión sin adoptarse resolución (VER N 9 27). 


451 




1909 


M. 

27) ACCIDENTES DEL TRABAJO. INTERVENCION DEL ESTADO 
EN LAS HUELGAS EN ACTIVIDADES PRIVADAS. 

En la sesión del 18/9/909, continúa la discusión del artÍQulo aditivo propuesto 
por Zorrilla (VER Nos. 21 y 26). Se origina nuevamente un amplio debate, en cuya 
oportunidad interviene Rodó: 

SEÑOR RODO. — Señor Presidente: siendo uno de los miembros de la 
Comisión que han adherido al artículo adicional propuesto por el señor dipu- 
tado Zorrilla, deseo decir breves palabras, para fundar los motivos de mi adhe- 
sión. 

Desde luego, confieso que el debate ha llegado a interesarme, sólo después 
de ver el carácter que se le imprime. Se ha encarado como cuestión de 
principio, y en ese concepto creo de alta conveniencia que la Cámara resuel- 
va este asunto en el sentido necesario para evitar que quede establecido un 
precedente que me parece de todo punto peligroso. 

(Apoyados) 

Debo empezar por manifestar, interpretando así, me parece, la opinión 
unánime de todos los que piensan como yo en este caso, que no puede verse 
en el artículo propuesto lai más leve intención de consagrar una monstruosidad 
tan grande, una iniquidad de tal magnitud, como sería la intervención habi- 
tual del Estado en las huelgas industriales, arrojando el peso de su autoridad 
y de su fuerza a favor de intereses particulares. 

No ha podido ser ese, ni por un momento, el espíritu del autor del artículo. 

SEÑOR ZORRILLA. — Yo lo he explicado. 

SEÑOR SOSA. — No ha sido, pero resulta de la letra. 

SEÑOR RODO. — Los casos a que se refiere evidentemente el artículo 
propuesto, son aquellos en que la interrupción de un servicio de alto interés 
público, a consecuencia de la huelga, ponga al Estado en la necesidad de evi- 
tar los graves males consiguientes a esa interrupción. 


453 



1909 


Si algún defecto pudiera señalarse en el artículo que el señor diputado 
Zorrilla propone, sería el de que se trata quizá de una previsión excesiva; se-* 
ría el de considerarlo sobrado prolijo, puesto que es evidente que los casos en 
que pueda aplicarse, son casos extraordinarios, cuya reproducción no es fácil; 
pero una vez que el artículo ha sido propuesto, y una vez que esos casos que 
el artículo prevé, plantean un derecho — como es el del soldado, convertido ac- 
cidentalmente en obrero — me parece que no hay ninguna razón fundamental 
para resistirse a votar este artículo. Yo no lo habría propuesto, quizá; acaso 
tengan razón los que dicen que sería más oportuno consagrar a esto una ley 
especial, y no un artículo de esta ley de accidentes; pero la cuestión de prin- 
cipios que se ha suscitado en el seno de la Cámara, creo que debe pesar en el 
ánimo de ella, para no negar su voto al artículo propuesto, dejando sentado 
con ello un precedente que, como he dicho, me parece peligroso. 

Para oponer a este artículo una resistencia fundamental, habría que con- 
siderar, en efecto, que es en absoluto condenable, en todos los casos, sin res- 
tricción, sin salvedad alguna, la utilización de los elementos de la fuerza pú-< 
blica para suplir la ausencia de los obreros, como efecto de una huelga. 

Y bien, señor Presidente: yo creo que no puede condenarse esto de ma- 
nera absoluta, ni mucho menos. 

Yo creo que puede haber momentos en que el Poder público tenga la ne- 
cesidad, y tenga el deber de prevenir por medios extraordinarios, los graves pe- 
ligros consiguientes a una interrupción prolongada de aquellos servicios esen- 
ciales al desenvolvimiento de las actividades sociales y a la propia subsistencia 
de la sociedad. 

Los mismos que en teoría rechazan este extremo, dudo mucho que tuvieran 
escrúpulos en recurrir a él cuando sintieran sobre sí la responsabilidad del po- 
der y de los destinos sociales en un momento dado. 

(Apoyados) 

SEÑOR LAGARMILLA. — Estamos de acuerdo en eso. 

SEÑOR RODO. — Es un recluso extremo, desesperado; pero tan inadmi- 
sible, por eso mismo, en los casos normales, como aceptable y hasta necesario 
en casos extraordinarios y angustiosos. 

Cuando se eche manoi de este recurso extremo en circunstancias de esa na- 
turaleza, no se podrá decir, como decía en esta misma sesión nuestro compa- 


454 



1909 


ñero el doctor Arena, que quedaría consagrada la monstruosidad de que el Es- 
tado pesara con su fuerza y con su autoridad a favor de los patrones. 

En general, es un error muy frecuente, muy común, y muy grave, quizá 
el más grave de los errores en que suele incurrirse al tratar las cuestiones re- 
lativas a la organización del trabajo, el error que consiste en encarar y resol- 
ver estas cuestiones como si la sociedad estuviese compuesta exclusivamente de 
dos fracciones únicas y contrapuestas: de un lado los patrones y de otro lado 
los obreros, y nada más; como si la sociedad no abarcara en su complejidad nu- 
merosísimos elementos que no son obreros ni patrones, y que por eso no es- 
tán comprometidos directamente en las luchas de los unos con los otros; pero 
que sufren a la larga, o de inmediato quizás, las consecuencias de estas luchas 
por su repercusión en el conjunto de los intereses sociales. 

Cuando el Estado,, en la necesidad de conjurar los graves males consiguien- 
tes a una interrupción en el servicio, de ferrocarriles o en el servicio de aguas 
corrientes, o en cualquier, otro análogo, echa mano de los elementos de la fuer- 
za pública para que esa interrupción cese, no favorece los intereses de los pa- 
trones, aunque accidentalmente estos intereses resulten favorecidos; favorece 
los intereses generales de la sociedad, que valen más que los intereses de los 
patrones y más que los intereses de los obreros . . . 

( Apoyados ) 

SEÑOR ARENA. — Desempeñan funciones de soldados. 

SEÑOR RODO. — No desempeñan funciones de soldados, señor diputado, 
desempeñan funciones de obreros. 

SEÑOR ZORRILLA. — Desempeñan funciones de obreros. 

SEÑOR ARAGON y ETCHART. — Pero no dejan de ser soldados. 

SEÑOR RODO. — En resumen, señor Presidente: planteada esta cuestión 
como cuestión de principios, no puedo menos que votar el artículo aditivo pro- 
puesto por el señor diputado Zorrilla. No lo considero parte esencial, vital, de 
esta, ley; no creo que su oportunidad sea indiscutible; pero veo en él el interés 
de dejar a salvo un derecho que a la sociedad importa mucho mantener. 

Todavía podrían agregarse muchos argumentos de orden secundario. Indi- 
caré. por ejemplo, uno. Me parece que el soldado que accidentalmente va a 


455 



1909 


desempeñar tareas propias del obrero, tiene, para ser protegido en estas tareas, 
un derecho más, y es el que le crea su propia impericia, porque es obvio que 
la facilidad! y frecuencia de los accidentes del trabajo están en razón directa de 
la impericia de aquellos que lo ejercen. 

Dejo con esto fundamentalmente indicados los motivos de mi voto. 

(D.S.C.RR. T. 201. Págs. 289-291) 

Luego de esta intervención, continúa el debate, que finaliza con el pase del 
tema a estudio de la Comisión de Trabajo. 


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1909 


M. 


28) TRATADO DE LIMITES CON EL BRASIL. 

El 31/10/909, Rufino T. Domínguez por Uruguay y el Barón de Río Branco 
por Brasil, firmaron en Río de Janeiro, el Tratado que modificaba las fronteras 
en la Laguna Merín y en el Río Yaguarón y que establecía los principios genera- 
les del comercio y la navegación entre ambos países. El 11/11/909, el Poder Eje- 
cutivo envía mensaje y proyecto de ley al Parlamento, solicitando la aprobación 
del Tratado. En la 39» Sesión Extraordinaria de la Cámara de Representantes, 
de ese mismo día, se resuelve celebrar sesión extraordinaria para tratar el tema. 
Se invita al Ministro de Relaciones Exteriores a asistir a la sesión, luego de un 
cuarto intermedio, y vueltos a Sala, comienza la consideración del proyecto. Lue- 
go de los discursos del miembro informante de la Comisión de Legislación, Dr. 
Rodríguez Larreta, del Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Antonio Bachini y 
del Diputado G. L. Rodríguez, hace uso de la palabra Rodó: 

SEÑOR RODO. — Señor Presidente: 

Después de oir los conceptos expresados por el señor Ministro de Rela- 
ciones Exteriores, por el señor miembro informante de la Comisión y por el 
señor diputado Rodríguez, me considero en rigor eximido del compromiso que, 
con harta ligereza de mi parte, contraje hace pocos momentos en un grupo de 
diputados amigos, de pronunciar aquí breves palabras que fueran la fórmula, 
aunque pálida y mezquina, de lo que todos sentimos, de lo que todos pensamos. 

Yo no podría añadir ninguna palabra eficaz para expresar el sentimiento 
de júbilo patriótico que a todos nos embarga; la admiración profunda que sen- 
timos ante el acto que motiva ese regocijo y la gratitud con que correspondemos 
a acto tan excepcional y tan grande. Y cuando hablo de gratitud, señor Presi- 
dente, lo hago con plena conciencia de lo que digo, porque he solido oir y leer, 
en estos días, que ese sentimiento no es el propio para corresponder a lo que, 
en suma, no es sino el reconocimiento de un derecho de que siempre nos creí j 
mos asistidos; pero no se desnaturaliza el concepto humano de la gratitud, ni 
se le lleva más allá de sus límites racionales y justos, cuando la gratitud se 
consagra a retribuir un acto de justicia, un acto de homenaje al derecho. 


( | Muy bien! ) 


Desgraciadamente, las relaciones morales entre los hombres y entre los 
pueblos, no han llegado [ni con mucho! á un grado tan alto de altruismo y de 


457 



1909 


desinterés que la gratitud deba reservarse para lo que pasa mas alia del reco- 
nocimiento leal de la justicia. 

( ¡Muy bien!) 

Al sentimiento de júbilo que a mí, como a todos los orientales, nos inspira 
el gran acto que consagra para siempre esta fecha, se une en mí otro senti- 
miento de júbilo no menos fundado, no menos intenso; y es el que me produce 
esta unanimidad conmovedora — podemos llamarla así — con que el pueblo orien- 
tal, sin distinción de partidos, sin distinción de ideas, sin distinción, en fin, de 
ningún género, se ha unido, en esta ocasión histórica, en una sola palpitación, 
en un solo sentimiento, para tributar al pueblo del Brasil la admiración y el 
afecto que le debe. 

Se me ha ocurrido a mí, con este motivo, recordar aquella fórmula teológica 
que resume la disciplina de espíritu de los buenos creyentes: ‘{Libertad en lo 
dudoso; unidad en lo necesario”. 

( | Muy bien! ) 

Nuestro pueblo, nuestra idiosincrasia se han caracterizado, sin duda, por 
un exceso de turbulencias, por un exceso de individualismo, por un exceso de 
anarquía, en las cuestiones dudosas: en las rivalidades por el poder, en las 
luchas internas de pasiones o de ideas; pero se ha caracterizado siempre y se 
caracteriza ahora y se caracterizará eternamente, por una absoluta unidad en 
lo necesario; por una absoluta unidad en aquello que se relaciona con la inte- 
gridad de la patria, con el honor de la patria. 

(Aplausos en la Cámara y en la Barra) 

No se exagera, señor Presidente, la importancia de este hecho en la histo- 
ria del mundo, cuando se afirma que es un hecho sin precedentes: es un 
hecho sin precedentes por su nobilísima espontaneidad, sin que esto sea des- 
conocer el mérito de las instancias reiteradas que nuestro país ha hecho, por 
órgano de casi todos sus Gobiernos, como ha indicado el señor Ministro de 
Relaciones Exteriores, para llegar a este propicio resultado. Es un hecho sin 
precedentes, también, por su absoluto desinterés, porque no tienen estas con- 
cesiones la mácula de una compensación que signifique un incentivo interesado. 


458 



1909 


Es un hecho de trascendencia americana, porque fija normas, que debe- 
mos creer definitivas, a la acción internacional de todos los pueblos del con- 
tinente; y es un hecho de trascendencia americana, también, porque contri- 
buye a revelar que el espíritu de América tiene eficacia con que tender a la 
originalidad, a la innovación fecunda, en materia política como en otras esfe- 
ras del pensamiento y de la acción. 

Cuando la America surgió a la vida de la historia, no fue solamente una 
nueva entidad geográfica la que apareció a la faz del mundo: debemos afir- 
mar que surgió con ella un nuevo espíritu, un nuevo ideal, el espíritu y el 
ideal del porvenir. 

Y bien, señor Presidente: la Europa civilizadora que nos ha adoctrinado, 
que nos ha amamantado en sus ideas de libertad y de justicia, fruto de su 
experiencia y de su genio, tiene derecho a esperar que nosotros hagamos algo 
más que repetirlas: tiene derecho a esperar que las realicemos, que las en- 
camemos en la realidad viviente. Y es un pueblo americano el que hoy, 
— quizás por vez primera en el mundo, — tiende de una manera franca y 
resuelta a desvanecer el concepto, asaz generalizado, de que en política in- 
ternacional sigue predominando, bajo máscaras más o menos falaces, la su- 
perioridad brutal y odiosa de la fuerza. El pueblo del Brasil ha demostrado 
que en materia de relaciones internacionales, sobre la fuerza bruta puede 
prevalecer el derecho, que es una idea, pero que es también una fuerza! 

(Aplausos en la Cámara y en la Barra) 

América tiende, desde sus orígenes, por el pensamiento consciente de sus 
emancipadores, de los fundadores de los pueblos que la constituyen, a formar 
una confederación de naciones. Esta confederación de naciones será primero 
una confederación moral, una armonía de intereses, de sentimientos, de ideas. 
Será, algún día muy lejano, una gran unidad política, como la soñaba el li- 
bertador Bolívar, cuando pensaba que en el Istmo de Panamá, que une las 
dos mitades del continente americano, se reuniría algún día el congreso an- 
fictiónico que mantendría con lazos perdurables la unidad de los pueblos del 
nuevo mundo. 

Hechos como el que va a realizarse, manifiestan, señor Presidente, que 
esa idea grandiosa no fue sólo una utopia nacida de las fiebres del genio: 
que hay en el fondo de esa idea el presentimiento de un porvenir, remoto 
quizá, pero seguro. 


459 



1909 


Yo, señor Presidente, no quiero molestar por más tiempo la atención de 
la Cámara. Diré sólo para terminar, que a los nombres recordados por el 
señor Ministro de Relaciones Exteriores, de los que en el Brasil han con- 
tribuido a asegurar el resultado que hoy celebramos, debemos unir también 
en nuestro recuerdo el de los obreros de nuestro país que han cooperado, en 
diversas épocas, al mismo fin; gobernantes y diplomáticos, desde los primeros 
tiempos de nuestra nacionalidad hasta los actuales, en que el triunfo se con- 
sagra con honor para el Presidente de la República, a quien le ha cabido la 
honra de presidir el Gobierno que quedará en los anales de nuestro país con 
este timbre histórico, y para el señor Ministro de Relaciones Exteriores que, 
por su acción inteligente y enérgica, tiene gran parte en tan hermoso triunfo 
de la justicia. 

(Aplausos en la Cámara y en la Barra) 

(D.S.C.RR. T. 202. Págs. 224 -226) 

A continuación, se vota el proyecto por aclamación, pasando a la Cámara de 
Senadores, donde es sancionado al día siguiente. Es la Ley N* 3577 de 13/11/909. 


460 



1909 


M. 

29) REGLAMENTACION DEL EJERCICIO DEL COMERCIO DE FARMACIAS. 

El 21/9/908, el Poder Ejecutivo envía mensaje y proyecto de ley sobre el te- 
ma. La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Representantes, 
el 7/10/909, aconseja su aprobación con modificaciones. En la sesión del 21/10/ 
909, comienza a ser considerado en Sala. Luego de un debate y aprobación en ge- 
neral, pasa nuevamente a Comisión. En la 47’ Sesión Extraordinaria del 30/11/ 
909, comienza la discusión particular. Al discutirse el Art. 1, se produce una bre- 
ve intervención de Rodó. Dice el Diputado Salterain: 

SEÑOR SALTERAIN. — Algunos compañeros me han hecho una obser- 
vación que me parece que no va a dar lugar a discusión, por ser perfecta- 
mente justa. 

En el inciso se dice: “Sin embargo, se admitirá la validez de un contrato 
de sociedad en comandita, entre uno o varios farmacéuticos y uno o varios 
socios capitalistas”. 

Esta redacción me parece que puede dar lugar a discusión, porque no 
está claro si la sociedad puede ser entre varios farmacéuticos, o socios capi- 
talistas, farmacéuticos también. 

El señor Rodó me proponía una modificación de una simple partícula, 
y yo la acepto. Es la siguiente: 

Donde dice — “entre uno o varios farmacéuticos, y uno o varios socios 
capitalistas”, que se dijera: entre uno o varios farmacéuticos con uno o varios 
socios capitalistas. 


SEÑOR RODO. — De uno o varios farmacéuticos con uno o varios so- 
cios capitalistas. 


(D.S.C.RR. T. 202. Pág. 391) 

Se vota el artículo en la forma propuesta. En la sesión del 2/12/909 se aprue- 
ba el proyecto, que pasa al Senado, donde se sanciona el 22/4/910. Es la Ley N v 
3609 de 25/4/910. 


461 




1910 


c. 


30) DESIGNACION COMO MIEMBRO DE LAS COMISIONES 

DE REPRESION DEL ALCOHOLISMO, DE TRABAJO, DE REFORMA DE 
LA CONSTITUCION Y DE BIBLIOTECA. 

En la 2» Sesión Preparatoria del 12/2/910, la Mesa da cuenta de la designa- 
ción de las Comisiones permanentes para el tercer período de la XXIII Legisla- 
tura. Rodó integra las mismas Comisiones que en el período anterior y la de 
Represión del Alcoholismo. La de Trabajo, con Juan Paullier, Alberto Zorrilla, 
José Repetto, Felipe Iglesias, Carlos Roxio y Eduardo Pittaluga. La de Reforma 
de la Constitución con Juan P. Castro (y en su ausencia el Dr. Guaní), Eugenio 
J. Lagarmilla, Pedro Manini Ríos, Diego Martínez, Gregorio L. Rodríguez, Julio 
Muró, Carlos Roxio, Aureliano Rodríguez Larreta, Carlos Oneto y Viana, Juan C. 
Blanco, Juan J. Amézaga, Javier Mendiondo, Rosalío Rodríguez y Julio M. Sosa. 
La de Biblioteca, conjuntamente con Juan J. Amézaga y Eugenio J. Lagarmilla. 
Y la de Represión del Alcoholismo con J. de Salterain, D. Arena, A. Guaní, V. 
Ponce de León, F. Aragón y Etchart y C. Roxio (D.S.C.RR. T. 203. Págs. 5-6). 


463 




1910 


P. 


31) MONUMENTO AL, “GRITO DE ASENCIO”. 

En la 10* Sesión Ordinaria del 12/3/910, Rodó y varios diputados presentan 
un proyecto de ley sobre el referido hecho histórico, el cual dispone: 


PROYECTO DE LEY 

Artículo l 9 — Destínase de Rentas Generales la cantidad de pesos 15.000, 
para completar los fondos reunidos por la Comisión Popular establecida en 
el Departamento de Soriano, con el objeto de erigir un monumento que con- 
memore el hecho histórico conocido por el “Grito de Asencio”, de conformi- 
dad con la Ley de 12 de julio de 1901. 

Art. 2 9 — Con los fondos completados por dicha cantidad se atenderá, no 
solamente a la adquisición y colocación del monumento, sino también a todas 
las demás erogaciones que motive su solemne inauguración y los festejos que 
en tal oportunidad se realicen. 

Art. 3 9 — Confírmase, con carácter oficial, la Comisión Popular a que se 
refiere el artículo l 9 , encargándosele de todas las diligencias relativas a la 
erección del monumento y a la organización de festejos, para lo cual deberá 
proceder de conformidad con el Poder Ejecutivo. 

Art. 4 9 — La Comisión organizará un concurso histórico, cuyo tema será 
el acontecimiento que se trata de conmemorar. 

Art. 5 9 — La inauguración del monumento se realizará solemnemente 
dentro del primer semestre del año 1911. 

Art. 6 9 — Comuniqúese, etc. 


Montevideo, 12 de marzo de 1910. 

José Enrique Rodó — Salvador T. Miláns — Sebastián Puppo — San- 
tiago Rivas. 


465 



1910 


EXPOSICION DE MOTIVOS 

El proyecto que presentamos a consideración de la H. Cámara, no nece- 
sita otros justificativos que los que, espontánea e inmediatamente, fluyen del 
sentimiento patriótico que lo ha inspirado. Se aproximan los días en que los 
acontecimientos más grandes y trascendentales de nuestra historia nacional 
llegarán, en la memoria de las generaciones presentes, a la fecha solemne de 
su centenario, y en que, cumplido el primer siglo de su desenvolvimiento 
histórico, la República puede y debe considerarse habilitada para mirar a su 
pasado con un criterio definitivo y con sentimiento inconmovible, respecto 
de los hechos y los hombres de la época de su formación. 

El levantamiento de Asencio exige, entre los acontecimientos de esa épo- 
ca, una especial rememoración. Su trascendencia excede los límites de nues- 
tra historia nacional, puesto que contribuye, en momentos críticos, a confirmar 
y entonar la iniciativa revolucionaria de 1810. Siendo, en cierto modo, el 
punto de arranque de la revolución oriental, la sintetiza en su carácter esen- 
cialmente popular y democrático, obra de la espontaneidad de las masas cam- 
pesinas, mucho más que de la cultura de la ciudad. Y esta espontaneidad 
popular del grito de Asencio, contribuirá a singularizar el significado de la 
estatua que lo glorifique. Los otros gloriosos episodios de la independencia 
nacional que se perpetúen en el mármol o el bronce, se representarán casi 
siempre por la efigie de alguna personalidad culminante. Pero es necesario 
que entre nuestras estatuas, haya una consagrada a esa entidad anónima del 
pueblo, que, siendo la primera en el sacrificio, es siempre la última en la 
recompensa de los contemporáneos y en el recuerdo de la posteridad. 

La realización de esta idea, aparte de su general interés patriótico, deja- 
rá cumplido un anhelo vehemente de los ciudadanos del Departamento de 
Soriano, que con sentimiento de fundado orgullo, por la parte principal que 
les toca en la gloria nacional que se trata de conmemorar, han acariciado des- 
de hace tiempo la aspiración que tiende a satisfacer este proyecto, consagrando 
a ella iniciativas y gestiones que los Poderes Públicos no harían sino coim 
plementar. 

Hace, efectivamente, algunos años, que hay constituida en la ciudad de 
Mercedes una Comisión Popular, compuesta por vecinos honorables, con el 
objeto de allegar fondos destinados a la erección del monumento conmemora- 
tivo de Asencio, (ya autorizado por Ley de 12 de julio de 1901), y de ges- 
tionar, con el mismo fin, la cooperación de los Poderes Públicos. Esta Comi- 


466 



1910 


sió’n tiene en su poder una suma no menor de pesos 5.500, reunidos, por sus- 
cripción popular, en el país y fuera de él; pero, como se comprende, lo re- 
lativamente exiguo de estos fondos y las dificultades con que se tropieza para 
llevar adelante ese género c^e suscripciones después de pasar de cierto límite, 
impondrían una demora indefinida si la Comisión continuase librada a sus 
solas fuerzas. Tal es el motivo determinante del auxilio oficial que propo- 
nemos . 

Datos que la referida Comisión posee, permiten asegurar que, integrados 
sus fondos con la cantidad que se fija en el proyecto, se estará en aptitud de 
costear, no sólo el monumento mismo, en condiciones modestas, pero artísti- 
camente decorosas, sino también todas las demás erogaciones que sean nece- 
sarias, incluyendo en ellas las de los festejos de inauguración, que deberá 
efectuarse en forma solemne y con su lucimiento proporcionado a la magni- 
tud del hecho que se trata de glorificar. 

Por lo demás, creemos que será acto de justicia confiar al criterio de la 
misma Comisión Popular todo lo relativo a la mejor realización de esta pa- 
triótica idea: sin perjuicio de que proceda, en general, de conformidad con el 
Poder Ejecutivo. 

Dejamos así expuestos los fundamentos del proyecto que elevamos a la 
consideración de la Honorable Cámara. 


Montevideo, 12 de marzo de 1910. 

José Enrique Rodó — Salvador T. Miláns — Sebastián Puppo — San- 
tiago Rivas. 


(D.S.C.RR. T. 203. Págs. 166 -167) 

El proyecto pasa a la Comisión de Legislación, que informa el 13/4/910, acon- 
sejando la aprobación del proyecto, pero elevando a $ 20.000 la contribución del 
Estado y suprimiendo los Arts. 2, 3 y 4, estableciéndose en su lugar, que el Poder 
Ejecutivo adoptaría las medidas conducentes a la ejecución de la obra. En la 25* 
Sesión Ordinaria del 26/4/910, se aprueba, sin discusión, el proyecto, que pasa a 
la Cámara de Senadores. En este órgano es sancionado el 17/6/910. Es la Ley 
N* 3626 de 20/6/910. 


467 




1910 


M. 

32) REGLAMENTO DE LA CAMARA. PRESENTACION 

DE ARTICULOS SUSTITUTIVOS. 

Al discutirse en la 21* Sesión Ordinaria del 14/4/910, un artículo sustitutivo 
del proyecto sobre pavimentación de varias calles de la Capital, se origina un 
amplio debate acerca del momento en que pueden presentarse los artículos susti- 
tutivos. Se sostiene que debe hacerse cuando se discuten los artículos originales del 
proyecto y no antes. Rodó interviene brevemente en el debate: 

SEÑOR RODO. — Señor Presidente: este es un punto que está resuelto 
clarísimamente por el artículo 121 del Reglamento. 

Los artículos sustitutivos tienen que ser discutidos conjuntamente con el 
artículo original, y la Cámara tiene que tomar conocimiento de esos artículos 
sustitutivos conjuntamente con el artículo original, durante la discusión del 
mismo. 

SEÑOR BLANCO. — Pero fue por un error de la Mesa que no se dió 
cuenta de ese artículo. Como hubo ese error, la Mesa está siempre en tiempo 
de subsanarlo. 

SEÑOR RODO. — No está en tiempo de subsanar el error: ha pasado el 
término. 

(D.S.C.RR. T. 203. Pág. 463) 

Finalmente, se soluciona el problema reconsiderando el artículo ya aprobado 
y poniendo a votación el artículo original y los sustitutivos. 


469 




1910 


p. 


33) EXENCION DE IMPUESTOS DE ADUANA A LOS LIBROS 
QUE SE INTRODUZCAN EN LA REPUBLICA. 

En la 31* Sesión Ordinaria del 12/5/910, Rodó presenta su proyecto de ley 
sobre exención impositiva a los libros que se introduzcan al país. El mismo ex- 
presa: 


PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uru- 
guay, etc.. 


DECRETAN: 

Artículo 1° — Quedan eximidos de todo impuesto de Aduana los libros 
que se introduzcan en el territorio de la República. 

Art. 2 9 — Exceptúanse del alcance de esta ley las obras impresas en el 
extranjero por cuenta de autores o editores establecidos en el país. 

Art. 3^ — Comuniqúese, publíquese, etc. 

Montevideo, 12 de mayo de 1910. 

José Enrique Rodó 
Diputado por Montevideo 


EXPOSICION DE MOTIVOS 

Contadísimos son los países que hacen extensivo a los libros el impuesto 
de Aduana. Fuera del Brasil, Suiza, Haití, Cuba y el Uruguay, rige universal- 
mente la exención de derechos para la circulación internacional del libro, vehícu- 
lo de civilización y de cultura cuya difusión fácil y amplia es de interés huma- 


471 



1910 


no. Y si este interés alcanza a las naciones capaces de elaborar por sí mismas 
la suma de producción intelectual suficiente para satisfacer sus necesidades 
espirituales, en el orden científico y en el literario, aún más alcanza a aquellos 
pueblos nuevos que por lo incipiente de su cultura necesitan indispensable- 
mente la asimilación de los frutos del pensamiento extraño, para formar y 
estimular su propia capacidad de producción. 

Parece, a primera vista, que esta franquicia debiera concederse con limi- 
taciones fundadas en la distinta calidad e influencia de los libros. No todos 
ellos tienen igual valer educador y útil, ni todos ellos responden a un objeto 
digno y noble, y los hay que manifiestamente se oponen a esa superior fina- 
lidad. Pero si se considera que, en la práctica, sería punto menos que impo- 
sible trazar la línea divisoria que separase a unos libros de los otros, y que en 
esta tarea habrían de intervenir forzosamente las preocupaciones o parciali- 
dades derivadas de las distintas opiniones humanas y que hacen odioso y con- 
traproducente cualquier procedimiento de censura, se llegará a la conclusión 
de que en esto, como en todas las cosas, debe confiarse en la única eficacia 
de la libertad para subsanar sus propios inconvenientes y peligros. 

Contribuye a reforzar los fundamentos de este proyecto la consideración 
de que el impuesto de Aduana, en la parte relativa a los libros, es de casi 
insignificante rendimiento. En el año económico de 1907-1908 último, del que 
hay datos en orden sobre el particular, la introducción de libros empastados 
y a la rústica comprendiendo no sólo los derechos específicos, sino también los 
impuestos de almacenaje, de construcción diel puerto, la patente consular, etc., 
etc., produjo únicamente 6.394 pesos con 91 centésimos. 

La excepción que establece el artículo 2? del proyecto, se inspira en la 
justicia debida a los intereses de la industria tipográfica nacional. Siendo, noto- 
riamente, más reducido el costo de las impresiones hechas en Europa que el 
de las realizadas en nuestro país, el único factor que puede contribuir rela- 
tivamente a equilibrar esa diferencia, es el impuesto que grava los impresos 
venidos del exterior. La permanencia de este impuesto es, pues, el medio de 
evitar que los autores o editores nacionales aprovechen de las ventajas que la 
nueva ley les concedería, para imprimir sus publicaciones en el extranjero, 
privando así de una importante fuente de recursos a una industria nacional 
tan merecedora de protección y respeto como lo es la de la imprenta. 

Montevideo, 12 de mayo de 1910. 

José Enrique Rodó 

(D.S.C.RR. T. 204. Pág. 21) 

Pasa a la Comisión de Hacienda (VER Nos. 35, 36). 


472 



1910 


M. 

34) HOMENAJE CON MOTIVO DE LA MUERTE DE AGUSTIN DE VEDIA. 

Al iniciarse la 32’ Sesión Ordinaria del 14/5/910, Rodó pide la palabra- y ex- 
presa: 

SEÑOR RODO. — Es notorio, señor Presidente, que la República acaba 
de sufrir, con la muerte de don Agustín de Vedia, la pérdida de uno de los 
ciudadanos que más le honraron intelectual y cívicamente. 

Por el temple de sus virtudes ciudadanas y por el vigor de sus dotes in- 
telectuales, don Agustín de Vedia era de aquellas personalidades que, cuales- 
quiera que sean las filas en que hayan militado, se levantan por encima de los 
partidos políticos y entran a formar parte del patrimonio moral e intelectual 
de la Nación; y como estos merecimientos tienen que ser siempre enaltecidos 
para honor del país, y como el homenaje póstumo rendido a aquellos que mue- 
ren dejando un nombre esclarecido es el terreno en que más fácilmente con- 
fraternizan los hombres bien inspirados y como, además, don Agustín de Ve- 
dia consagró largos años de su vida al servicio del país, no sólo como periodis- 
ta, sino como miembro de esta Cámara de Representantes, donde su palabra 
resonó en defensa de las libertades públicas por las cuales sufrió más de una 
vez persecuciones y destierros, creo interpretar el sentimiento unánime de la 
Cámara haciendo moción para que ella se ponga de pie en homenaje a la 
memoria de aquel eminente ciudadano. 

( Apoyados ) 

(¡Muy bien!) 


(D.S.C.RR. T. 204. Págs. 36-37) 

Luego de una constancia negativa de Julio M. Sosa, se aprueba la moción de 
Rodó. 


473 




1910 


M. 

35) EXENCION DE IMPUESTOS DE ADUANA A LOS LIBROS 

QUE SE INTRODUZCAN EN LA REPUBLICA. 

Al comienzo de la 43’ Sesión Ordinaria del 11/6/910, con relación a su pro- 
yecto (VER N 9 33), solicita Rodó: 

SEÑOR RODO. — Está incluida en la orden del día la ley proyectada 
sobre exención de derechos a los libros impresos. 

Hago moción para que, si no existe inconveniente, se incluya en primer 
término en la orden del día del martes próximo, en ambas discusiones. 

Se trata de un proyecto sencillo, y además, hay una consideración de orden 
interno. 

La biblioteca de la Cámara actualmente tiene pendiente de despacho en 
la Aduana, una partida considerable de libros que podría ampararse a los re- 
sultados de esta ley, si fuera sancionada. 

(Apoyados) 


(D.S.C.RR. T. 204. Pág. 274) 
Se vota afirmativamente la moción (VER N 9 36). 


475 




1910 


M. 

36) EXENCION DE IMPUESTOS DE ADUANA A LOS LIBROS 

QUE SE INTRODUZCAN EN LA REPUBLICA. 

En la 45* Sesión Ordinaria del 16/6/910, comienza a considerarse el proyecto 
de Rodó (VER Nos. 33, 36), que la Comisión de Hacienda ha aconsejado favo- 
rablemente el 24/5/910, con la modificación que importa la exclusión de los libros 
en blanco, de los beneficios del Art. 1. Manini Ríos propone excluir también de la 
exoneración a los libros encuadernados, de lujo. Rodó toma la palabra: 

SEÑOR RODO. — Yo acepto algunas de las modificaciones propuestas 
por el señor miembro informante, pero no otras. 

Me parece conveniente la aclaración que se establece en el sentido de 
dejar excluidos los libros en blanco: no es otra la mente en que se inspiró el 
proyecto; pero no estoy conforme con la excepción que se hace respecto de los 
libros encuadernados. 

Me parece que con esa excepción se tiende a hacer una ley desigual y 
que no satisfaría el propósito en que el proyecto se funda. 

Este proyecto tiende a facilitar la circulación del libro, como medio de 
divulgación de cultura; y todos los libros adecuados para satisfacer ese fin, 
sean encuadernados o no, deben ser favorecidos por la ley, siempre que por 
las condiciones de su encuadernación, por su lujo excepcional, no salgan fuera 
del alcance de las clases populares y sean solamente accesibles a las personas 
pudientes, 

Es notorio, señor Presidiente, que en el comercio de librería, además de los 
libros que llegan a la rústica, se introducen muchos otros ya encuadernados, 
y hay bibliotecas y colecciones enteras que se publican en Europa, y de las 
más populares y divulgadas y de las que mejor contemplan ese fin de cultura 
fácil y económica, que debe tenerse principalmente en vista, hay muchas co- 
lecciones y bibliotecas así, que no se publican a la rústica, sino que se editan 
solamente encuadernadas. 

Estas obras vendrían siempre al país en las mismas condiciones en que 
vienen hoy, es decir, encuadernadas, en pasta, media pasta o en tela. De ma- 
nera que, no pudiendo venir a la rústica, no darían motivo en qué ocupar a la 
industria nacional de encuademación. 


477 



1910 


Lo que me parece que debe ser exceptuado, por equidad y por justicia, 
es el caso de los libros que por el lujo excepcional de su encuadernación, salen 
fuera, como decía, del alcance de las clases populares. 

Por ejemplo: hay devocionarios y otros libros análogos, encuadernados en 
marfil, nácar, en cueros finos, que, en realidad, más que libros propiamente 
dicho, entran en la categoría de artículos de bazar. 

En esta parte convengo perfectamente con el señor miembro informante 
de la Comisión, que se impone una excepción a la ley. 

Por eso voy a votar en contra de la modificación propuesta, en cuanto 
excluye la totalidad de los libros encuadernados, reservándome proponer un 
artículo aditivo que diga más o menos lo siguiente: “Exceptúanse del alcance 
de esta ley los libros que, por sus condiciones de encuadernación, puedan ser 
considerados como artículos de bazar” 

Estas eran las objeciones que tenía que hacer. 

(D.S.C.RR. T. 204. Págs. 327-328) 

Manini insiste en su moción, originándose un amplio diálogo con Joaquín de 
Salterain, quien apoya la fórmula de Rodó. Este vuelve a intervenir: 

SEÑOR RODO. — Yo he aceptado algunas de las modificaciones que pro- 
pone el señor miembro informante. De manera que propongo como artículo 
sustitutivo del primero del proyecto, ese mismo que la Comisión ha redactado, 
pero suprimiendo la excepción hecha de los libros encuadernados. 

Se pondrá, pues, en discusión el artículo tal como lo propone el miembro 
informante, y después el mismo artículo con esa supresión. 

Además, voy a hacer notar una cosa: aún en el caso de que tuviera razón 
el doctor Manini Ríos, cuando propone la excepción contra los libros encua- 
dernados, me parece que el impuesto aduanero debiera gravarlos sólo teniendo 
en cuenta la diferencia del importe de la encuadernación y no el importe total 
del libro. Eso sería de elemental equidad aun cuando triunfaran las ideas del 
doctor Manini: que se gravara únicamente la encuadernación y no el importe 
total del libro, desde que los libros en sí mismos quedan excluidos del pago 
de todo impuesto. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Lo mejor es dejar el impuesto tal como está, 
porque la mente es proteger la industria nacional de encuademación, y el im- 
puesto tal como está no puede gravar mucho el valor del libro, porque sabe 


478 



1910 


muy bien el señor diputado Rodó que aparte de ser el impuesto una cuota 
ínfima, está establecido sobre un aforo también muy bajo. 


SEÑOR RODO. Perfectamente; pero no es de equidad que los libros 
encuadernados paguen como libros y como encuadernación, y los otros no pa- 
guen nada. 

(D.S.C.RR. T. 204. Págs. 330-331) 

A continuación, Guaní adhiere a la moción de Rodó, en tanto que Grauert 
apoya la fórmula de la mayoría de la Comisión de Hacienda. Cuando sostiene que 
la fórmula de Rodó de dejar subsistente el impuesto para las encuadernaciones de 
lujo, es de difícil aplicación en la práctica, éste responde: 

SEÑOR RODO. — Diciendo simplemente — artículos de bazar — queda- 
ría salvada la dificultad. 


(D.S.C.RR. T. 204. Pág. 333) 

Se origina, luego, un debate entre Grauert, Guani, Manini Ríos, G. L. Rodrí- 
guez, Blanco, Amézaga. Cuando G. L. Rodríguez aduce que los libreros importa- 
dores uruguayos pueden pedir a Europa los libros en rústica y luego encuader- 
narlos en el país, Rodó replica: 

SEÑOR RODO. — Las obras de importancia no se introducen a la rús- 
tica. 


( Murmullos ) 

SEÑOR MANINI RIOS. — Pido la palabra. 


SEÑOR RODRIGUEZ (don G. L.). — Pero la mente es que el libro lle- 
gue abaratado en su precio a nuestro mercado y que no se le quite esa im- 
portante industria de la encuadernación. 


SEÑOR RODO. — No se le quita nada, señor diputado. 


(D.S.C.RR. T. 204. Pág. 334) 

Continúa el debate con intervención de los legisladores mencionados, así co- 
mo de Lagarmilla, López y Pelayo. Cuando finaliza el debate, se plantea el pro- 
blema de cuál proyecto votar primero. Lagarmilla sostiene que debe votarse pri- 
mero el del autor. Manini aclara que el del autor está modificado. Rodó interviene: 


479 



1910 


SEÑOR RODO. — Yo he aceptado las modificaciones del señor diputado 
Manini Ríos, a excepción de la que está en discusión. He aceptado una modi- 
ficación referente a aclarar que no están incluidos los libros en blanco, y que 
están incluidas las impresiones musicales. 

/ 

( Murmullos ) 

SEÑOR PRESIDENTE. — Para votar el del autor, señor diputado La- 
garmilla, hay que votarlo tal como figura en el proyecto primitivo, y el propio 
autor en esa forma lo ha retirado, porque ha propuesto una enmienda que ha 
sido apoyada en Cámara. 

SEÑOR RODO. — Entrará a votación después de votado el de la Co- 
misión. 

(D.S.C.RR. T. 204. Pág. 337) 

Se vota primero el artículo propuesto por la Comisión en mayoría. Resulta ne- 
gativa. A continuación se vota el propuesto por Rodó, que expresa: 

Artículo 1° — Queda eximida de todo impuesto de Aduana la importación 
de los libros destinados a la lectura y estudio, y las composiciones musicales 
impresas. 

Exceptúame de los favores de esta ley, los libros cuya encuademación 
de lujo pueda ser considerada como artículos de bazar. 

(D.S.C.RR. T. 204. Pág. 338) 

Se vota afirmativamente. Manini pide reconsideración del artículo por enten- 
der que la expresión “artículo de bazar” da lugar a un sinnúmero de dificultades. 
El Diputado López propone una enunciación a título de ejemplo de cuales libros 
se considerarían en estas condiciones. Rodó interviene, originándose el siguiente de- 
bate: 

SEÑOR RODO. — Yo no tengo, señor Presidente, inconveniente en acep- 
tar la modificación que propone el doctor López, aunque no la considero in- 
dispensable. En cuanto a la otra modificación más radical de esta fórmula, no 
la aceptaré porque, sin desconocer que ésta puede dar lugar a dudas, creo 
que no llegará a proponerse otra que no las pueda suscitar, y que debe de- 
jarse cierta libertad al criterio administrativo para interpretar los artículos de 
la ley. 


480 



1910 


El objeto de esta excepción, es eximir de los beneficios de la ley a los li- 
bros en que prevalece el carácter de objetos de lujo, de objetos suntuarios, 
que son los que deben ser gravados especialmente por los impuestos de 
aduana. 

Ahora, que un libro que verdaderamente se destine a la lectura, y no a 
un uso de ostentación y de adorno, venga con una encuadernación más o me- 
nos rica, no es motivo para que la ley no lo ampare en su exención. 

Por eso insisto en que esta fórmula es la más clara y la que mejor* inter- 
preta el espíritu del proyecto. 

SEÑOR MANINI RIOS. — El señor diputado no puede tener inconvenien- 
te en aceptar la fórmula que convinimos ayer en Comisión, y que decía así: 
“Queda eximida de todo impuesto de Aduana, la importación de libros de en- 
cuademación común, y las composiciones musicales impresas”. 

SEÑOR RODO. — Eso es mucho más dudoso. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Permítame el señor diputado Rodó. 

El señor diputado sabe y lo aceptó en la reunión de ayer, expresamente, 
esto: que en el artículo 2?, poníamos además de la excepción referente a las 
obras impresas en el extranjero por cuenta de los autores del país, otra acla- 
ratoria de la disposición contenida en el primero y que dice así: 

“2^ Exceptúanse del alcance de esta ley, los libros que tengan encuader- 
nación de lujo o fantasía”. 


En estos términos textuales, después de una larga deliberación, el señor 
diputado Rodó aceptó . . . 

SEÑOR RODO. — Perfectamente; pero considero más ventajosa la fór- 
mula que propongo ahora; me parece más clara. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Pero la de “artículos de bazar” va a dar lugar 
a una serie de dificultades administrativas. 

SEÑOR RODO. — A mayores dudas va a dar lugar la fórmula del señor 
diputado Manini Ríos, que dice — encuadernación común. ¿Dónde empieza 
y dónde acaba el lujo de la encuademación?. . . 


481 



1910 


SEÑOR MANINI RIOS. — Esto no puede dar lugar a duda. En cambio, 
con la fórmula propuesta por el señor Rodó, un despachante va a insistir so- 
bre que un artículo no es de bazar, va a sostener que el libro de más lujo se 
vende en las librerías, y en eso tendrá mucha razón, y triunfará contra todas 
las objeciones que le hiciera la Aduana. 

Señor Presidente: esta fórmula la adoptamos en Comisión ayer, después 
de una larga deliberación. 

De manera que no adoptada la que propuso la Comisión en mayoría hace 
un momento, a nombre de la Comisión propongo esta otra. 

SEÑOR GUANI. — Yo creo que debe darse lectura a todo el articulado 
completo, porque la fórmula que propone la Comisión, si sólo se votara la pri- 
mera parte, no complementa suficientemente lo que ha querido decir la Co- 
misión: es necesario leer todo el articulado. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Sí, señor; es lo que se va a hacer. 

La primera parte del artículo propuesto por el señor diputado Manini a 
nombre de la Comisión es: “Quedan eximidos de todo impuesto de Aduana los 
libros de encuademación común. . 

SEÑOR GUANI. — No, señor; los libros a la rústica o de encuademación 
común. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Eso es. 

“Queda eximida de todo impuesto de Aduana la importación de libros a 
la rústica o de encuadernación común destinados a la lectura, y las composi- 
ciones musicales impresas. . 

SEÑOR PELAYO. — .Sería mejor dicho: y los de encuademación común, 
y no o los de encuademación común. 

SEÑOR MANINI RIOS. — . . .“y los de encuadernación común destina- 
dos a la lectura o estudio, y las composiciones musicales impresas. 

“Artículo 29 — Exceptúanse del alcance de esta ley: 19 Las obras im- 
presas en el extranjero”, y lo demás tal como sigue hasta el final; “29 Los libros 
que lleven encuademación de lujo o fantasía.” 


482 



1910 


De manera que el 29 inciso complementa el pensamiento contenido en el 
19 : explica de una manera más patente el que el alcance de la exoneración 
es sólo para la importación de los libros de encuadernación común. 

SEÑOR SALTERAIN. — Lujo es una cosa; fantasía no es equivalente: es 
completamente distinto. 

SEÑOR RODO. — Hay encuademaciones de fantasía que son econó- 
micas. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Se puede retirar lo de fantasía. Yo, por mi 
parte, lo retiro. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Los libros de encuadernación de lujo. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Eso es. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Se van a leer los dos artículos que propone el 
señor diputado Manini a nombre de la Comisión. 

(Se lee:) 

Artículo I 9 — Queda eximida de todo impuesto de Aduana, la importa- 
ción de los libros a la rústica y los de encuadernación común destinados a la 
lectura o estudio, y las composiciones musicales impresas. 

Art. 29 — Exceptúame del alcance de esta ley: 

19 Las obras impresas en el extranjero por cuenta de autores o editores 
establecidos en el país. 

29 Los libros que lleven encuademación de lujo. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Eso es. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Están en discusión los dos artículos en la nue- 
va forma propuesta. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Pero hay que votar primero el artículo 19. 


483 



1910 


SEÑOR PRESIDENTE. — Sí, señor; pero varios señores diputados mani- 
festaron el deseo de conocer ambos artículos para poder votar. 

SEÑOR RODO. — Yo, por mi parte, insisto, señor Presidente, en que 
permanezca el artículo tal como fue votado, con la adición del señor diputado 
López. 

(D.S.C.RR. T. 204. Págs. 339-340) 

Finalmente, se vota afirmativamente el proyecto en la forma propuesta por 
la Comisión. El proyecto queda aprobado y pasa al Senado, donde es sancionado 
el 13/7/910. Es la Ley N* 3681 de 23/7/910. 


484 



1910 


M. 

37) PROPIEDAD LITERARIA Y ARTISTICA. 

En la XXn Legislatura, el 12/6/907, el Diputado Carlos Roxlo presenta un 
proyecto de ley sobre protección de la propiedad literaria y artística. La Comisión 
de Legislación y Constitución de la XXIII Legislatura se pronuncia el 13/6/910, 
aconsejando la aprobación de un proyecto sustitutivo. En la 51* Sesión Ordinaria 
del 30/6/910 comienza la deliberación. Al discutirse el Art. 1 que declara de pro- 
piedad particular todas las obras literarias y artísticas que se escriban y se pu- 
bliquen o ejecuten en el país, el primer orador es Rodó, originándose el siguiente 
debate: 

SEÑOR RODO. — Me parece que la mente de este artículo, y en general 
la mente del proyecto, es garantir la propiedad de todas las obras de autores 
nacionales, es decir, de todas las obras que formen parte integrante de la cul- 
tura literaria o artística nacional, y en ese concepto, como el texto se refiere 
solamente a las obras que se escriban o publiquen en el país, me parece que 
sería conveniente ampliar sus términos para que quedara aclarado que se en- 
tienden igualmente protegidos por la ley, las obras que un autor nacional re- 
sidente en el extranjero publique en el punto de su residencia, o bien las obras 
que un autor que resida dentro del país mismo, haga imprimir por cualquier 
circunstancia en el extranjero. 

Propongo, pues, que se agreguen al final del artículo estas palabras: “y 
las procedentes del extranjero, cuando sean de autores nacionales”. 


(Apoyados) 

SEÑOR MANINI RIOS. — Ciudadanos nacionales. Podría entenderse que 
autores nacionales son ciudadanos, porque si se tratara de un autor extranjero 
con larga residencia . . . 

SEÑOR RODO. — Cuando sus autores sean ciudadanos de la República. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Eso es; porque podría tratarse de un autor 
extranjero que tuviera una larga residencia en el país, y después lo abandonara. 

SEÑOR RODO. — Cuando sus autores sean ciudadanos de la República. 


485 



1910 


SEÑOR MANINI RIOS. — La Comisión había pensado eso; pero des- 
pués tuvo presente que tratándose de los casos de que habla el señor diputado 
Rodó, que son los menos, no convenía establecer la excepción para evitar que 
al amparo de ella se pudieran cometer abusos. Sin embargo, la mente de la 
Comisión no podía ser otra. 

Si el señor diputado Rodó insiste, no hay inconveniente en aceptarla... 

SEÑOR RODO. — A mí me parece conveniente porque ha sucedido en 
muchos casos que . . . 

SEÑOR MANINI RIOS. — Pero en ese caso convendría restringir el sig- 
nificado de la modificación con la palabra que he indicado. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Y las procedentes del extranjero, cuando sus 
autores sean ciudadanos de la República. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Eso es. 

SEÑOR RODO. — Por mi parte, acepto esa forma. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Está en discusión el artículo con ese agregado. 

SEÑOR SALTERAIN. — Voy a proponer, a mi vez, una modificación al 
artículo l 9 , que considero necesaria y que lo aclara más. 

Es cierto que por obra literaria puede entenderse toda obra de carácter 
científico; pero el artículo 2 9 restringe el alcance de la palabra, y al enumerar 
lo que significa la expresión — “obras literarias”, no se refiere a ningún trabajo 
científico. 

SEÑOR MANINI RIOS. — No, señor. . . ¿Me permite, doctor Salterain? 

La expresión “obra literaria”, es una expresión genérica, que comprende 
también la parte científica. 

Precisamente en el Tratado Internacional de Montevideo de 1888 que cita 
la Comisión en su informe, se emplea simplemente la expresión “obras litera- 
rias y “artísticas”, y declara textualmente en el artículo 2 9 — porque el ar- 
ticulo 2 ° no es más que la copia textual de uno que figura en dicho tratado de 
Montevideo — lo que se entiende por obra literaria y artística, y en eso está 
incluida la “científica”. 


486 



1910 


Pero en todos los tratados de obras literarias y artísticas, figuran esas dos 
palabras, porque las obras científicas están comprendidas dentro de las lite- 
rarias: es el género. 

SEÑOR SALTERAIN. — Lo que acaba de decir el señor Manini Ríos, 
con las mismas palabras, pero un poco más breve, lo acababa de decir yo: por 
obra literaria se entiende cualquier género de producción científica; perfecta- 
mente bien. Pero como el artículo 2° define lo que en el espíritu de esta ley 
quiere decir “obra literaria”, y no está comprendido ningún trabajo científico. . . 

SEÑOR MANINI RIOS. — Sí, señor; dice — los libros, folletos y cuales- 
quiera otros escritos. De manera que comprende las científicas o no científicas. 

SEÑOR ROXLO. — Dice: Artículo 2*? En la expresión “obras literarias 
y artísticas” se comprenden los libros, folletos y cualesquiera otros escritos. 

De manera que científicas o no científicas . . . 

SEÑOR MANINI RIOS. — Y más abajo dice: “y en fin, se comprende 
toda producción del dominio literario o artístico que pueda publicarse por cual- 
quier modo de impresión o reproducción”. 

De manera que cualquier libro . . . 

SEÑOR SALTERAIN. — Perfectamente; pero aquí no está claro. 

Voy a poner un ejemplo . . . 


SEÑOR RODO. — Nada se perdería con agregar la palabra “científicas”. 

(D.S.C.RR. T. 205. Págs. 12-13) 

Continúa luego el debate, y a determinada altura, Rodó expresa: 

SEÑOR RODO. — Este punto podría resolverse perfectamente cuando se 
llegue a la discusión del artículo 2*?. 

En las palabras finales del artículo, se dice: “se comprende toda produc- 
ción del dominio literario o artístico”. Aquí es donde sería oportuno agregar: 
“literarias, científicas o artísticas”, y terminar la enumeración. 

Hago moción en ese sentido. 

(D.S.C.RR. T. 205. Pág. 15) 


487 



1910 


Se vota afirmativamente el Art. 1 con la modificación propuesta por Rodó. 

Al discutirse el Art. 2, la Mesa anuncia la moción de Rodó, originándose el 
siguiente debate: 

SEÑOR MANINI RIOS. — Debo hacer notar de nuevo que este artículo 
es la reproducción literal, en la parte a que se refiere, del Tratado Interna- 
cional de Montevideo. 

No hay ningún inconveniente en admitir la palabra que pide el señor dipu- 
tado Rodó; pero en mi concepto, ella no aclara absolutamente nada. 

Todo está de sobra aclarado por la generalidad de los términos empleados 
en la redacción de ese artículo; y la inclusión de esa palabra podría tener el 
inconveniente de que se pretendiera agregar al mismo título o a mayor título 
que ella, la misma inclusión respecto de las obras topográficas y litográficas, 
que no son precisamente a las que se refiere . . . 

SEÑOR RODO. — Yo insisto, señor Presidente. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Sin embargo, por mi parte, no insistiría. 

Vale más evitar el debate, que hacer cuestión por estas palabras. 

(Apoyados) 

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar el artículo 2° con ese agregado 
propuesto por el señor diputado Rodó. 

SEÑOR ROXLO. — Yo, por mi parte, declaro que no lo acepto, por la 
sencilla razón de que la palabra literatura no se aplica solamente a las obras 
que se llaman estéticas o artísticas: se aplica a todas las obras en general. 

Una obra geográfica es una obra que se puede considerar como de ca- 
rácter mixto: tiene carácter literario y tiene carácter didáctico. 

En la palabra literatura están comprendidas todas las producciones litera- 
rias puras y no puras, — las que tienen por fin a la belleza, lo mismo que las 
que tienen por fin a la verdad. 

SEÑOR SAL1ERAIN. — Pues haberlo dicho. 


SEÑOR ROXLO. — Todo el mundo lo sabe. En literatura, — en retórica 
y poética, hay una parte destinada a las obras didácticas, y las obras didác- 


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1910 


ticas son científicas. Están comprendidas todas las obras escritas, folletos o li- 
bros, en el artículo que nosotros hemos propuesto. 

SEÑOR SALTERAIN. — Si están comprendidas, ¿para qué hacer la enu- 
meración? 

SEÑOR RODO. Hay obras científicas que no son didácticas y hay obras 
científicas que sirven para la enseñanza. 

(D.S.C.RR. T. 205. Pág. 16) 

Se vota afirmativamente el artículo sin la modificación propuesta por Rodó. 
Se aprueban los Arts. 3 a 16. El Art. 17 define los casos de reproducción ilícita 
de obras: en el literal A), las de obras literarias y en el B), las de obras tea- 
trales o musicales. Rodó interviene, originándose un debate: 

SEÑOR RODO. — Encuentro incluido en el inciso B un caso de repro- 
ducción ilícita que me parece que sería mucho más oportuno en el inciso A. 
Es el que se refiere a las adaptaciones, arreglos o imitaciones que supongan 
una reproducción disimulada del original. 

Una obra literaria que no sea teatral, es susceptible también de ser imi- 
tada, en forma que pase de lo lícito, que constituye una usurpación, un plagio. 
De manera que este caso me parece mucho más conveniente que se incorpo- 
rara al inciso A, que se refiere a las obras literarias en general. 

SEÑOR MANINI RIOS. — ¿Me permite? 

SEÑOR RODO. — Sí, señor. 

SEÑOR MANINI RIOS. — La inclusión de la disposición a que se refiere 
el señor diputado Rodó, está ya prevista en el inciso A, en el número 4?, nú- 
mero que dice: “En las transcripciones parciales o adaptaciones de una obra, 
sin autorización del propietario”. 

SEÑOR RODO. — Pero no es precisamente ese caso. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Sí, es el caso. 

SEÑOR RODO. — Por adaptaciones puede entenderse, por ejemplo, el 
hecho de hacer un compendio de una obra para adaptarla a la enseñanza o 


489 



1910 


para cualquier otro objeto análogo, mientras que en el caso a que se refiere 
el número 3 del inciso, alude evidentemente a lo que en literatura se llama 
plagio, que es lo que no debe ser permitido por la ley. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Lo único que falta en el número 4, son las 
palabras "arreglos o imitaciones”, que son las que están de más en el número 
3 del inciso B. 

Estas palabras se han puesto aquí, porque con el nombre de arreglos o 
imitaciones se concede en general cierta manera de abusar de los motivos de 
una composición musical perteneciente a otro autor. Se conoce en la música 
con el nombre de imitación, generalmente. 

Sin embargo, eso no daría lugar a que existiera algún inconveniente para 
poner esas palabras que faltan en el número 4: “arreglos o imitaciones”. 

SEÑOR PRESIDENTE. — En el número 4. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Se podría decir: imitaciones parciales, adap- 
taciones, arreglos o imitaciones. 

SEÑOR RODO. — Este inciso A, cuando habla de obras literarias, habla 
de obras literarias en general. De manera que en estas obras están incluidas 
las obras dramáticas y las obras teatrales. 

SEÑOR MANINI RIOS. — No: en este inciso hay un error de copia. 
Aquí debió haberse impreso de esta manera: "Las obras literarias propiamente 
dichas” — para distinguirlas de las dramáticas y dramático-musicales. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Las obras literarias propiamente dichas. 

SEÑOR RODO. — Yo creo que sería más preferible poner: las obras li- 
terarias en general. 

SEÑOR MANINI RIOS. — U obras literarias en general. 

SEÑOR RODO. — Además, señor Presidente, voy a proponer... 

SEÑOR PRESIDENTE. — Un momento, señor diputado Rodó: se va a 
corregir el inciso 4 ° tal como lo propone el señor miembro informante para 
contemplar la enmienda del señor diputado. 


490 



1910 


(Se lee:) 

En las transcripciones parciales o adaptaciones, “arreglos o imitaciones”. . . 

SEÑOR MANINI RIOS. — ... Y lo demás puede quedar como sigue. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Lo demás como está. 

Tiene la palabra el señor diputado Rodó. 

SEÑOR RODO. — Iba a proponer además que se agregara a los casos 
expresados en el inciso A de reproducción ilícita, uno tendiente a garantir a 
los autores que enajenen la propiedad de sus obras, que será respetada siem- 
pre la integridad de éstas y las condiciones decentes de su presentación; es 
decir, debe garantirse al autor que el editor que adquiera en propiedad sus 
obras no podrá nunca hacerlas objeto de mutilaciones ni de supresiones no 
autorizadas por el mismo autor, ni podrá tampoco presentarlas en condiciones 
tipográficas que, por su descuido o por la abundancia y la gravedad de los 
errores que contengan, importen una verdadera adulteración de las obras. De- 
ben ser consideradas ediciones ilícitas aquellas en que el editor no guarde es- 
tas consideraciones elementales, como sucede con frecuencia en bibliotecas o 
colecciones populares, donde las obras de mayor mérito aparecen mutiladas 
sin escrúpulo, para adaptarlas a las condiciones materiales de la biblioteca, y 
a veces hasta para suprimir páginas que no concuerdan con las tendencias so- 
ciales o filosóficas que se quiere halagar. 

Propongo, pues, que se incluya con el número 5 en el inciso A, el siguien- 
te caso, de que pido tome nota el señor Secretario: “En la publicación de una 
obra con supresiones o modificaciones no autorizadas por el autor o con erro- 
res tipográficos . . . 

SEÑOR MANINI RIOS. — Habría que precisar un poco qué errores ti- 
pográficos. 

SEÑOR RODO. — Voy a continuar. 

. . .que por su número e importancia constituyan grave adulteración.” 

SEÑOR PRESIDENTE. — Va a leerse el inciso 5*? aditivo que propone 
el señor diputado Rodó al inciso A del articulo. 

(Se lee:) 


491 



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En ia publicación de una obra con supresiones o modificaciones no auto- 
rizadas por el autor, o con errores tipográficos que por su número o importan- 
cia constituyan grave adulteración. 

¿Ha sido apoyada la enmienda? 

(Apoyados) 

Está en discusión. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Yo acepto por mi parte. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Léanse las enmiendas propuestas al artículo 
17 y aceptadas por la Comisión informante. 

(Se lee: ) 

A En las obras literarias en general. 


49 En las transcripciones parciales o adaptaciones, arreglos o imitacio- 
nes de una obra, sin autorización del propietario. 

59 En la publicación de una obra con supresiones o modificaciones no 
autorizadas por el autor, o con errores tipográficos que por su nú- 
mero e importancia constituyen grave adulteración. 

Se va a votar. 

Si se aprueba el artículo 17 con las enmiendas que se han leído. 

Los señores por la afirmativa, en pie. 

— Afirmativa. 


(D.S.C.RR. T. 205. Págs. 21-22) 

El Art. 18 define los casos en que la reproducción no es ilícita. El inc. 7 in- 
cluye la impresión por el autor o sus causahabientes de las obras literarias ena- 
jenadas, siempre que hayan pasado cinco años, desde que la existencia en libre- 
rías haya sido agotada. Rodó toma la palabra y se produce un amplio debate: 

SEÑOR RODO. — El inciso 79 de este artículo está inspirado en una 
idea de justicia. Es indudable que después de cierto tiempo que el editor haya 


492 



1910 


dejado de hacer uso de sus derechos, sustrayendo una obra a la publicidad, 
el autor debe volver al libre uso de esa obra. 

Sin embargo, me parece exagerado el término que se concede al editor, 
cinco años, para reservarse su facultad de propietario de la obra sin publi- 
carla. 

Creo que nadie debe tener derecho de sustraer a la publicidad por tanto 
tiempo una obra de la inteligencia. El propietario de una obra agotada, cuando 
desaparecida esta obra del comercio de librería, no la reimprime, es porque esa 
reimpresión ya no le ofrece interés, o bien porque no tiene elementos con que 
proceder a reimprimirla, y en cualesquiera de esos casos, es justo y de con- 
veniencia social que el autor que quiera que su obra vuelva a la publicidad 
pueda hacer por su cuenta la reimpresión que el editor no puede o no quiere 
hacer. 

Pero es más: yo creo que debe irse más allá, y debe prescribirse resuelta- 
mente que cuando el editor de una obra agotada deja pasar tres años y no la 
reimprime, si el autor desea, hacerlo por su cuenta, el derecho de propiedad de 
la obra debe volver definitivamente, y eri toda su integridad, al autor. 

El interés de la sociedad es que nadie pueda guardar una obra ajena, un 
fruto de la inteligencia ajena, escondiendo en la sombra, por decirlo así, como 
un objeto que se reserva para encarecerlo por su rareza o por la mucha de- 
manda de él. 

Voy a proponer, pues, una modificación a este inciso en el siguiente sen- 
tido: en primer lugar, que se reduzca el término de cinco años a tres, y luego 
que se agreguen al final las siguientes palabras: "entendiéndose que desde el 
momento de esa impresión, vuelve la exclusiva propiedad de la obra en toda 
su integridad al autor o a sus causa-habientes. El autor que quiera hacer uso 
de ese derecho, deberá anunciar su propósito al propietario de la obra seis me- 
ses antes de expirar el término de tres años”. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Va a leerse la enmienda que propone el se- 
ñor diputado Rodó al inciso 7 9 de este artículo. 

(Se lee:) 

. . .entendiéndose que desde el momento de esa impresión vuelve la ex- 
clusiva propiedad de la obra al autor o a sus causa-habientes. El autor que 


493 



1910 


quiera hacer uso de ese derecho, deberá anunciar su propósito al propietario 
de la obra seis meses antes de expirar el término de tres años. 


Y en la primera parte de este inciso, se reduce el término de cinco años 
a tres años. 

¿Ha sido apoyada la enmienda del señor diputado Rodó? 

(Apoyados) 

Está en discusión. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Esa notificación de seis meses, ¿se refiere al 
autor que quiere recuperar la propiedad de la obra? 

SEÑOR RODO. — Eso es; porque se entiende que si el autor no hace 
esa notificación, el propietario de la obra, a pesar de no publicarla, sigue con 
la propiedad de la obra. 

SEÑOR RODRIGUEZ (don G. L.) — Creo que, si bien no debe consi- 
derarse como reproducción ilícita la de leyes, actos oficiales y documentos pú- 
blicos en general, no debe suceder lo mismo con respecto a los Códigos, se- 
ñor Presidente. 

Los cuerpos de leyes codificadas, deben publicarse siempre bajo la vigi- 
lancia y por cuenta del Estado, a fin de que tengan el carácter de autentici- 
dad que requieren las obras de tanta trascendencia. 

No me explico cuál es la razón que ha podido tener la Comisión de Le- 
gislación y Constitución, para considerar que no es reproducción ilícita la de 
publicación de los Códigos, dándole derecho a cualquier particular para que 
los publique o imprima por su cuenta. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Voy a contestar en primer término al doctor 
Rodríguez. 

La Comisión entiende que es de interés público la mayor difusión de 
todas las leyes y actos oficiales, y es por esa razón que ha redactado el ar- 
tículo 5*? en los términos en que figura en el Proyecto de Ley. 

La distinción que propone el señor diputado Rodríguez entre los Códigos 
y las demás leyes, no tiene, a mi juicio — porque estoy hablando en nombre 
propio en este momento y no en el de la Comisión — una importancia capi- 
tal. 


494 



1910 


Los códigos, tienen la diferencia con las otras clases de leyes, de que son 
leyes más orgánicas, más completas, que tratan de una materia más vasta; pe- 
ro son, al fin y al cabo, leyes que amparan derechos que muchas veces no son 
tan valiosos como los que ampara una ley especial cualquiera. 

De manera que la restricción que propone el doctor Rodríguez para los 
códigos, debería proponerse más bien para todas las leyes y actos oficiales; pe- 
ro esto no conviene por la razón que expresé al principio. 

La publicidad de la legislación es tan necesaria como la existencia de la 
legislación misma. 

Desde el momento que las leyes nacionales exigen a todos los habitan- 
tes del país que en ningún momento podrán alegar como excusa la ignoran- 
cia respecto de ellas, es necesario que ellas se publiquen con la mayor difu- 
sión posible, y los códigos a la par de las demás leyes del país. 

Esto, en cuanto a la indicación del señor diputado Rodríguez. 

En cuanto a la enmienda del señor diputado Rodó, yo iba a decir que la 
Comisión temió, cuando redactó este artículo, que levantara resistencia en la 
Cámara por su índole un tanto revolucionaria. 

El principio fundamental del derecho de propiedad, es el de usar o no 
usar de la cosa. 

De manera que el dueño del derecho que actualmente legislamos, del de- 
recho de propiedad literaria, debería ser dueño también de no hacer uso 
de él. 

SEÑOR RODO. — Pero la propiedad intelectual está en un caso muy 
distinto. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Permítame; voy a llegar a la misma conclu- 
sión del señor diputado Rodó. 

Por eso la Comisión estableció un plazo — a mi juicio un poco largo — te- 
miendo encontrara en la Cámara cierta resistencia el artículo propuesto. 

La modificación que propone el señor diputado Rodó, hace la disposición 
más avanzada todavía, y a mi juicio, la haría verdaderamente peligrosa, pe- 
ligrosa hasta para los propios intereses del autor, que tendría, en frente de 
ellos, el derecho de defensa de los editores, lo que haría así encarecer la re- 
producción de las obras, si no fuera que esa disposición en virtud de la cual 
seis meses antes debe — creo que dice en términos imperativos el señor Ro- 
dó... 


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SEÑOR RODO. — Sí, señor, «debe». 

SEÑOR MANINI RIOS. — ...debe el autor notificar al editor— salva, 
hasta cierto punto, los derechos de éste. 

De manera que los editores que deseen continuar publicando las obras, 
no tienen más que proceder en consecuencia de la notificación, y continuar 
reimprimiéndolas, y de esa manera no pierden sus derechos. 

Yo creo que esa es la mente del señor diputado Rodó. 

SEÑOR RODO. — Sí, señor. 

SEÑOR ALONSO y TRELLES. — ¿Y si en ese plazo no pudiera publi- 
carla el editor? 

SEÑOR MANINI RIOS. — Basta que el editor se prepare. 

SEÑOR RODO. — Basta que esté prevenido. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Supóngase que el editor tenga las pruebas ti- 
radas al expirar ese plazo de seis meses: hay que suponer que lógicamente el 
autor no podrá sostener entonces que ha expirado el plazo de la notificación. 

SEÑOR ALONSO y TRELLES. — Entonces no hay un plazo fijo para 
la prescripción del derecho. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Está el plazo de seis meses de expirar los tres 
años. 

SEÑOR ALONSO y TRELLES. — Existe el de tres años. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Seis meses antes de expirar los tres años. 

SEÑOR RODO. — El autor le notificará al editor que si a los seis me- 
ses no aparece su obra publicada, él la reimprimirá. 

SEÑOR ALONSO y TRELLES. — Después de hecha la notificación y 
comenzada, por ejemplo, la impresión de la obra. 


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SEÑOR MANINI RIOS. — El editor continúa con su derecho de publi- 
cidad, tal como lo tenía antes. 

El fin de esta disposición ha sido proteger, no ya los intereses mate- 
riales del autor, sino la reputación intelectual, por decirlo así, del autor. . . 

SEÑOR RODO. — Y el interés de la sociedad, que es más conveniente 
que la otra. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Y el interés de la sociedad, porque no es jus- 
to que un editor, por el hecho de haber adquirido por una cantidad cualquie- 
ra la propiedad de la obra, la sustraiga a la cultura nacional y quite, de esa 
manera, un provecho intelectual a la sociedad, desde el momento que no se 
ilustra con esa obra que él ha sustraído a la circulación; y provecho para la 
mayor gloria del autor, cuyo nombre no se difunde por la negligencia del editor. 

SEÑOR ALONSO y TRELLES. — No hay duda alguna; pero me pare- 
ce que puede ser un perjuicio para los propios autores la perención de un de- 
recho que adquieren los editores, si tan pronto puede fenecer para ellos el de- 
recho de editar una obra. 

SEÑOR RODO. — No, señor diputado; porque si el autor no manifies- 
ta al editor su deseo de reimprimir la obra por sí mismo, el editor continúa 
con la propiedad de la obra, aunque no la publique indefinidamente. 

SEÑOR ALONSO y TRELLES. — Quiere decir que hay importancia na- 
da más que para el autor, y no para la sociedad. 

Si la sociedad tiene interés en que se publique la obra . . . 

SEÑOR RODO. — El editor, en caso de que el autor no le haga mani- 
festación alguna, puede publicarla a los seis u ocho años o no publicarla nun- 
ca. Para eso no tenemos remedio. 

SEÑOR ROXLO. — A mí me parece muy oportuna, muy avanzada, muy 
generosa, la indicación del señor Rodó; pero creo que no está en armonía con 
nuestro medio ambiente. 

Si se desea favorecer nuestra producción literaria, y si se desea favorecer 
el desenvolvimiento actual del país, hay que contemplar un poco a los editores. 

(Apoyados) 


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Debemos contemplarlos por las dificultades con que se tropieza en nues- 
tro medio ambiente, no sólo para obtener editores, sino para obtener editores 
que se encuentren en condiciones de reeditar o reproducir las obras a plazo 
fijo. 

Yo no encuentro malo el término de cinco años propuesto por la Comi- 
sión, porque si como quiere el señor Rodó, a los dos años y medio yo comu- 
nico a un editor que deseo volver a hacer uso de mis derechos sobre una obra 
agotada, y si ese editor, que es un editor pobre, está en ese momento empe- 
ñado en la publicación de otra obra, no podrá hasta dentro de seis, siete u 
ocho meses volver a reproducir la obra agotada. El perjuicio que en ese ca- 
so sufrirá el editor, lo hará valer y pesar en sus transacciones futuras con los 
músicos o los literatos. 

En ese caso, creo que no vamos a favorecer a los autores, al contrario: 
los vamos a perjudicar, porque el editor no va a tener el mismo interés en 
comprar las obras que si nosotros le aseguramos más liberalmente la propiedad 
de las obras agotadas. 

El medio nuestro es chico, es pobre, señor Presidente, y no podemos con- 
siderar a los autores sino relacionándolos con las exigencias de nuestra plaza, 
con el desenvolvimiento de nuestra cultura. Es preciso, pues, atender un poco 
a los editores, que no son tan malos como se cree, dado nuestro medio y nues- 
tra producción. 

Esa misma idea me guió a mí y a todos los señores miembros de la Co- 
misión, a quienes más que a mí pertenece este proyecto, por lo bien que lo 
han acogido y por la excelente forma que le han dado, a sostener que aún 
en las obras hasta hoy publicadas, los derechos de los editores debían ser igua- 
les a los derechos de los autores. 

Por ejemplo, se establece que la propiedad durará durante toda la vida 
del autor y que radicará en su familia hasta los veinticinco años después d|e 
su muerte. Lo mismo acontece con la propiedad adquirida por el editor. Da- 
do nuestro medio, dado lo poco que un editor paga una obra literaria o mu- 
sical, dada la amplitud que dentro de veinticinco años tendrá nuestro merca- 
do de libros, ese principio de igualdad absoluta es injusto si se considera irri- 
sorio el precio que tienen aquí las obras nacionales. Sin embargo, lo sostuve 
y lo sostuvo sin discrepancias la Comisión. ¿Por qué? Porque entendimos que 
se debe favorecer, en beneficio de la cultura pública, no sólo a los autores, a 
los que escriben, sino a los editores, a los que publican, despertando en aqué- 
llos el deseo de producir haciendo, por el estímulo de la ganancia y de la pro- 


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1910 


piedad, que aumente el número de nuestras pobres casas editoriales. Más tar- 
de, dentro de un tiempo, tal vez yo apoyaría, porque es muy noble, muy legí- 
timo y muy justo, lo propuesto por el señor Rodó; pero yo, por el momento 
me contentaría con lo que hace la Comisión: cinco años; y si después de esos 
cinco años no se publica la obra, ésta vuelve a poder del autor, aunque eso 
sea relativamente injusto y sólo explicable por lo muy poco que aquí se paga 
la producción intelectual. 

Eso es lo que deseaba manifestar, salvo el caso, y en ese caso no se ade- 
lantaría nada, en que el editor dijera: «Yo deseo volver a reimprimir la obra 
este año o el que viene, cuando me sea posible». Si ese deseo hiciera inútil 
la notificación * del autor, no adelantaríamos nada, siendo preferible diez ve- 
ces marcar una prescripción de cinco años. 

SEÑOR MANINI RIOS. — ¿Con un año de anuncio? 

SEÑOR ROXLO. — Con un año. Es lo que a mí me parece y estoy con- 
forme. 

SEÑOR RODRIGUEZ (don G. L.). — A mí no me han convencido las 
razones aducidas por el señor miembro informante para demostrar la proce- 
dencia del agregado que figura en el artículo. 

Está bien que haya interés general en la difusión y conocimiento de las 
leyes, y a ese fin generalmente se publican en todos los diarios, para que to- 
dos los habitantes del país las conozcan; pero los códigos, que son los que re- 
gulan los actos de la vida en toda sociedad política y a los que se apela a 
cada momento para dirimir las diversas contiendas, requieren tener una au- 
tenticidad indiscutible. 

No es posible que los individuos estén atenidos a cuerpos de leyes impre- 
sas por quienquiera y hagan uso de ellos y citando sus artículos como verídi- 
cos y auténticos cuando nadie ha controlado las publicaciones de esas leyes 
codificadas. 

Los códigos, o deben ser impresos por el Estado o bien por cuenta del 
mismo o con su autorización expresa, y controlada su impresión en forma que 
no ofrezca dudas de ningún género. Es a esto a lo que se refería mi obser- 
vación, — que no sea cualquiera quien pueda imprimir un código y lanzarlo 


* En el original del Diario de Sesiones: modificación en lugar de notificación. 


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a la venta. Su impresión debe estar refrendada en debida forma para que pue- 
da hacer fe en cualquier momento, y es asi como se ha procedido siempre 
en nuestro país y se procede en todas partes del mundo. 

De manera que yo no votaré el inciso 5? tal como se halla redactado, 
comprendiéndose la reproducción de los códigos por quien quiera editarlos. 

SEÑOR MANINI RIOS. — ¿Qué diga «la reproducción auténtica», dice 
el señor diputado? 

SEÑOR RODRIGUEZ (don G. L.). — Auténtica. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Pero, ¿de códigos? 

SEÑOR RODRIGUEZ (don G. L.). — De códigos o colecciones de leyes. 

SEÑOR MANINI RIOS. — El señor diputado aceptaría que se dijera: 
«La reproducción auténtica de leyes y códigos»; en fin, como está, agregan- 
do solamente a la palabra reproducción la de «auténtica». 

SEÑOR BLANCO. — Pero todas las reproducciones tienen que ser au- 
ténticas, porque si no es un delito. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Podría también hacerse una referencia al in- 
ciso 5 9 que propuso el señor diputado Rodó, respecto al artículo anterior so- 
bre errores de impresión, errores tipográficos. 

SEÑOR MANINI RIOS. — El artículo propuesto por el señor Rodó se 
refiere a otro orden de relación que no tiene nada que ver con esto. La re- 
producción «fiel», se podría poner, por ejemplo. 

(Murmullos) 

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿Cuál sería la redacción definitiva del inciso 
5° / señor miembro informante? 


500 



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SEÑOR MANINI RIOS. — El señor diputado Rodríguez propone, y 
acepto, que se diga,: «reproducción auténtica de leyes, códigos», etcétera. 

SEÑOR ALONSO y TRELLES. — «O fiel. Auténtica», habría que au- 
tenticar. 

SEÑOR MANINI RIOS. — «Reproducción fiel» en lugar de «auténtica», 
para evitar la duda a que se refiere el señor diputado Trelles, que se supu- 
siera que el Gobierno tuviera que autenticar. 

SEÑOR RODO. — Yo insisto, señor Presidente, en la modificación que 
he propuesto al inciso 69. 

Esta es una ley, más que de presente, de porvenir. 

Se trata de organizar fundamentalmente la propiedad literaria y artística, 
no por la importancia que actualmente tenga en el país — que la tiene bien 
poca — , sino por la importancia que es de suponer adquirirá mediante el des- 
envolvimiento progresivo del país. 

Pero aún dentro del presente, el grave perjuicio que el señor diputado 
Roxlo supone que puede haber para los editores con la modificación que pro- 
pongo, es un perjuicio que no existe, si atentamente se piensa. 

Es necesario tener en cuenta que se trata de obras agotadas, de obras de 
las cuales no exista ningún ejemplar en el comercio de librería, y que una 
obra en esas condiciones, que haya llegado a agotarse, es muy raro que al 
cabo de tres años no ofrezca ningún incentivo al editor para que haga una 1 
nueva edición. 

Además, aún en el caso de que el editor deje de hacer uso de su derecho 
para reimprimirla, podrá seguir siendo propietario de la obra indefinidamen- 
te, siempre que el autor no intervenga para manifestarle que está dispuesto a 
reimprimirla por su cuenta. 

Estos son casos excepcionales que sólo ocurrirán rara vez. Ocurre sólo 
por excepción que una obra que haya llegado a agotarse, al cabo de tres años 
no sea reimpresa por el editor, y sin embargo, el autor tenga interés en reim- 
primirla por su cuenta. 

El perjuicio material, por otra parte, no existe para el editor, puesto que 
por el hecho de no reimprimirla manifiesta implícitamente que esa reimpre- 
sión no le ofrece ningún interés positivo. 

Por estas consideraciones yo insisto en la modificación que he propuesto. 


501 



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SEÑOR MANINI RIOS. — En la modificación propuesta por el señor Ro- 
dó, hay dos cuestiones. La primera, que es la sustancial, se refiere a la re- 
troversión al autor del derecho de propiedad sobre su obra. Esto es lo más 
radical de lo propuesto por el señor Rodó, y es lo que ninguno de nosotros 
tiene inconveniente en aceptar. 

En lo que difería el señor Roxlo con el señor Rodó, es en el plazo me- 
diante el cual tiene derecho el autor a notificarle al editor su voluntad de vol- 
verse a apropiar de la obra en caso de que el editor no la ponga en circula- 
ción. 

El señor Roxlo decía que, dados los escasos medios mecánicos de que dis- 
ponen los modestos talleres de la generalidad de nuestros editores, no sería 
muy difícil que ocurriese más de una y otra vez que cuando un editor recibie- 
ra el anuncio del autor, de que si no continuaba publicando la obra, ésta pa- 
saría a ser de su propiedad, — tuviera comprometidos sus talleres para la 
publicación de otras y no tuviera tiempo disponible para reimprimir la obra 
en cuestión. 

El señor Rodó sabe perfectamente que esta situación de la generalidad 
de los talleres de impresiones en Montevideo, es exacta. De manera que se- 
ría conveniente, — para bien de los editores y sobre todo para bien de los au- 
tores, a fin de evitar que los editores en sus tratos del porvenir con dichos 
autores, se muestren duros, — sería conveniente ampliar un poco más el pla- 
zo como lo propone el señor Roxlo. 

El señor Rodó no puede tener inconveniente en eso en cuanto se respeta 
lo fundamental de su proposición . . . 

SEÑOR RODO. — Pero manteniendo el plazo de tres años. 

SEÑOR MANINI RIOS. — No, señor Rodó, habría que ampliar también 
ese plazo, porque entonces resultaría lo siguiente: que bastaría que la obra 
estuviera sustraída dos años a la circulación para que no se pudiera hacer la 
notificación . . . 

( Murmullos ) 

Podría fijarse el plazo de cinco años, con un año para hacer la notificación. 

SEÑOR RODO. — Cuatro años. 


502 



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SEÑOR MANINI RIOS. — O cuatro años, con un año. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Va a leerse. 

SEÑOR ROXLO. Yo me voy a sostener un poco, señor Presidente, y 
es raro que sea yo el que me sostenga, porque a mí, y como a mí a todos los 
que escriben, les conviene lo propuesto por el señor Rodó; pero me voy a 
sostener hasta por espíritu de justicia. 

Se sabe lo que se llama crisis de librería. Un editor, en un momento de- 
terminado, puede no querer volver a editar el libro, porque hay un abarrota- 
miento de libros en plaza, una crisis de librería; y en cambio al año siguiente, 
habiendo desaparecido esa causa, la obra puede convertirse en una obra fá- 
cilmente vendible. 

Pero hay más, señor Presidente. 

¿Por qué ha de volver la obra al autor, en ese caso, si el autor ha ven- 
dido todos sus derechos, renunciando en absoluto a la propiedad? Si el au- 
tor no se los ha reservado en el contrato y no ha dicho: «si pasado tal tiem- 
po de agotada mi obra usted no la reimprime, yo me encargo de la reimpre- 
sión de esa obra», ¿por qué ha de volver al autor la propiedad, cuando en 
realidad debiera ser del dominio público? No es del autor, ni sería del edi- 
tor, en ese caso, sino de cualquiera que tendría el derecho de reproducir la 
obra, si entendiera que es beneficiosa para la cultura del país. 

Porque es curioso, señor Presidente; por ejemplo: yo me entiendo con un 
editor, le vendo la propiedad absoluta de mi obra, se la vendo con todas las 
ventajas que la ley me pueda conceder, y el editor, en aquel momento, ha- 
ciendo un sacrificio, me la compra en las condiciones impuestas por mí. Pa- 
san tres años, se abarrota el mercado, y el editor comprende que no va a sa- 
car nada si reproduce la obra, porque no basta que una obra se agote para 
que el ambiente del mercado cambie. 

El editor se encuentra con que, en aquel momento, no le conviene la 
reimpresión. 

Es lo que se llama, en lenguaje de librería, un verdadero «clavo», y vuel- 
ve la obra al autor, y el autor, al año siguiente, porque han desaparecido las 
condiciones del mercado, la vuelve a reimprimir, siendo la venta de la nue- 
va edición un grande y maravilloso éxito. Sin embargo, él ha vendido en ab- 
soluto toda la propiedad de la obra. En ese caso, si a lo que atendemos es 


503 



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al interés social, a la cultura social, cuando un editor no publica la obra a los 
tres años, esa obra no debería volver al autor, deberá volver al dominio pú- 
blico. 

¿Por qué? Porque le quitamos al editor un derecho, y un derecho bien 
ganado por medio de un contrato de compra. Pues con doble motivo se lo 
deberíamos quitar al autor, que ha vendido el derecho de propiedad. 

Si no se lo quitamos, es atendiendo, precisamente, a la índole de nues- 
tro mercado y al escaso valor de nuestra propiedad literaria. 

SEÑOR RODO. — El editor que compra la obra conoce la ley y sabe 
a lo que se expone. 

SEÑOR ROXLO. — Le agradezco al señor Rodó que me dé esa venta- 
ja. Entonces, en vez de favorecer a los autores, los perjudicamos, porque en- 
tonces más draconianas serán las condiciones que impondrán los editores a 
los autores . . . 

SEÑOR RODO. — Favorecemos el interés social, que es lo que hay que 
tener en cuenta en primer término, más que el interés del editor. 

SEÑOR ROXLO. — Favorecemos el interés del autor, más que el interés 
social. 

En todos los casos favoreceríamos el interés social, y la razón es muy 
sencilla: si hay ambiente y mercado para la obra, si la obra representa una 
ventaja para el editor y por lo tanto tiene ambiente social, la obra volverá a 
reimprimirse por el editor, porque nadie quiere hacer malos negocios y todos 
tratan de hacerlos buenos. 

SEÑOR RODO. — En ese caso el editor no pierde nada. 

SEÑOR ROXLO. — El editor pierde porque, en realidad, hacemos una 
ley injusta, le reconocemos al autor un derecho que ya no tiene, ese derecho 
que él ha vendido. En cambio, el autor puede exigirle condiciones al editor 
al vender, y puede decirle: «una vez agotada esta primera edición, si usted 
no la reproduce en tal tiempo, en ese caso volverá a mi dominio»; pero no 
puede decirlo la ley, porque si la ley reconoce el derecho de vender, no pue- 
de declarar que, porque no se halle en condiciones de hacer uso de ese de- 
recho que adquiere, pierde el editor ese derecho: o la obra vuelve al domi- 


504 



1910 


nio público en las mismas condiciones, o la obra continúa siendo del editor 
durante un tiempo razonable y prudencial, que no puede ser nunca menos de 
cinco años. 

Y esto que digo, señor Presidente, indica la sinceridad con que procedo 
en este debate, porque aunque sean «mamarrachos» los que uno escribe, me 
convendría mucho que pudieran volver los libros a propiedad de los autores. 

(Suena la hora reglamentaria) 

(D.S.C.RR. T. 205. Págs. 23-30) 

(VER N 9 45) 


505 




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P. 

38) PENSIONES GRACIABLES. PROCEDIMIENTO PARA SU VOTACION. 

En la 63* Sesión Ordinaria del 14/7/910, se da cuenta de un proyecto, de re- 
solución presentado por Rodó y Federico Díaz: 


EXPOSICION DE MOTIVOS 

La práctica ha demostrado la inconveniencia de la disposición incorpo- 
rada al Reglamento de la Honorable Cámara sobre procedimiento para la vo- 
tación de las pensiones graciables. La acumulación de estos asuntos en el ul- 
timo mes del período ordinario, produce como consecuencia que se estudien 
y voten sin la necesaria detención, precipitándose las resoluciones de la Cá- 
mara a medida que se acerca la clausura de las sesiones. 

Inspirándonos en esa consideración, hemos creído conveniente proponer 
a la Honorable Cámara el adjunto 


PROYECTO DE RESOLUCION 

Artículo l 9 — Las mociones o peticiones de pensión o gracia especial se- 
rán votadas en la última sesión del mes en que hayan sido informadas por 
la Comisión respectiva. 

Art. 2 9 — La sesión en que se traten dichos asuntos será secreta, siem- 
pre que algún señor diputado así lo solicite, sea para todas esas cuestiones o 
sólo para alguna de ellas. 

Montevideo, julio 14 de 1910. 


José Enrique Rodó — Federico Díaz. 
(D.S.C.RR. T. 205. Pág. 392» 


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39) DIETAS DE LOS LEGISLADORES PARA LA XXIV LEGISLATURA. 

En la 15* Sesión Ordinaria del 14/7/910, se considera en la Asamblea Gene- 
ral, el tema de las dietas para la XXIV Legislatura. Rodó propone: 

SEÑOR RODO. — Hago moción para que se fijen esas dietas en la mis- 
ma cantidad actual, de diez pesos diarios. 

(Apoyados) 

(D.S.A.G. T. Xn. Pág. 103) 

Se vota afirmativamente la moción de Rodó. 


509 




1910 


P. 


40) MODIFICACIONES PRESUPUESTALES. ALCAIDE DE LA ADUANA 
DE MONTEVIDEO. 

En la 6* Sesión Extraordinaria del 20/8/910, se da cuenta de las mociones pre- 
sentadas proponiendo modificaciones al Presupuesto Gral. de Gastos, entre las cuales 
la siguiente de Rodó: 


MOCION 


Señor Presidente de la H. Cámara de Representantes: 


Hago moción para que en la planilla núm... del Presupuesto General de 
Gastos, se eleve a pesos 2.970 anuales, la asignación del Alcaide de la Adua- 
na de Montevideo, que actualmente goza de pesos 2.592; y a pesos 2.340 anua- 
les, la asignación de los adjuntos a la Alcaidía, que actualmente gozan de pe-» 
sos 2.106. 

Montevideo, 20 de agosto de 1910. 


José Enrique Rodó. 


FUNDAMENTOS 

La razón fundamental de este aumento, es una consideración de equidad. 
Se tiende, con nuestra moción, a equiparar la situación del jefe y los adjun- 
tos de la Alcaidía de Aduana, a la de los jefes primero y segundo, respecti- 
vamente, de la Visturía, Contaduría, Control y Resguardo, cuya asignación 
actual es, para los primeros jefes, de pesos 2.970 anuales, y para los segun- 
dos de pesos 2.340. 

Ninguna diferencia de labor o de importancia en los servicios, puede jus- 
tificar una excepción desfavorable para los referidos empleados superiores de 
la Alcaidía. 

Esta repartición tiene a sus órdenes un personal de 103 empleados, lo que 
constituye una complejidad de organización bastante para dar idea de las res- 


511 



1910 


potabilidades y atenciones de sus directores. Bajo la vigilancia de la Alcaidía 
están 28 depósitos fiscales; y las funciones propias de la oficina abarcan come- 
tidos de la mayor importancia y delicadeza, como el de llevar la cuenta de 
«Entradas Generales» de todps los vapores y buques que hacen operación en 
el puerto; el de llevar, asimismo, la cuenta corriente de cada una de las casas 
de comercio que tengan mercaderías en depósito; el de tramitar todos los per- 
misos a despacho y reembarcos; el de tener abierta, en cada depósito, una cuen- 
ta de «Entradas Generales» y otra de «Cuentas Corrientes», a cada casa de co- 
mercio; el de autorizar la entrega de mercaderías para su despacho, etc. 

Son también atribuciones de tan importante repartición aduanera, dar trá- 
mite a los expedientes de Aduana, emitiendo, en muchos casos, opinión sobre 
cuestiones de verdadera entidad; cumplir y remitir a las visturías todos los per- 
misos a despacho para ser aforados; remitir a Contaduría los permisos aforados 
para su liquidación; efectuar los balances de todos los vapores y buques que 
descargan en la Aduana; intervenir directamente en todas las operaciones rela- 
tivas a entrada y salida de bultos; llevar el registro y archivo de las transferen- 
cias generales, y distribuir las cargas de todas las embarcaciones que entren en 
el puerto. 

Basta esta rápida indicación para patentizar que la suma de tareas a car- 
go de la Alcaidía no es, en ningún caso, inferior, ni por su importancia ni por 
los afanes que impone, a la de las reparticiones análogas, cuyo personal supe- 
rior goza de injustificada ventaja en sus asignaciones. Equiparar el monto de 
los respectivos sueldos, será, pues, acto de equidad. 

José Enrique Rodó. 


(D.S.C.RR. T. 206. Págs. 122-123) 
Pasa a la Comisión de Presupuesto. 


512 



1910 


41) LICENCIA PARA AUSENTARSE DE LA CAPITAL EN REPRESENTACION 
OFICIAL DE LA REPUBLICA. 

En la 13* Sesión Extraordinaria del 15/9/910, se vota afirmativamente la soli- 
citud de licencia por veinticinco días presentada por Rodó, varios días antes, con 
motivo de su designación como integrante de la representación oficial de la Repú- 
blica al Centenario de Chile (D.S.C.RR. T. 206. Pág. 264). La delegación ya había 
partido y el 17/9/910, Rodó pronunciará su discurso ante el Congreso chileno. En 
la sesión del 27/9/910, se reincorpora a la Cámara. 


513 




1910 


V. M. 

42) REFORMA DE LA CONSTITUCION. 

En la 18* Sesión Extraordinaria del 29/9/910, se discute ampliamente acerca de 
la posibilidad de que el Parlamento considere el tema de la Reforma Constitucional 
durante las sesiones extraordinarias, aun cuando el Poder Ejecutivo no haya inclui- 
do el tema previamente entre los asuntos a considerar durante el receso (Cabe se- 
ñalar que en un pasaje de la discusión, J. M. Sosa recuerda que en la Comisión de 
Reforma, Rodó presentó un proyecto que concentraba todo el Poder constituyente 
en una Convención única, que se expediría en un plazo de seis meses y sin ninguna 
intervención del Parlamento). La votación se hace en forma nominal, resultando 
afirmativa por unanimidad. Al fundamentar el voto dice Rodó: 

SEÑOR RODO. — Afirmativa, por considerar que esta Cámara puede ocu- 
parse de este asunto en cualquier período, sin necesidad de que se lo indique 
el Poder Ejecutivo. 

(D.S.C.RR. T. 206. Pág. 371) 

El tema es considerado en las sesiones siguientes (VER Nos. 43, 44). 


515 




1910 


M. 


43) REFORMA DE LA CONSTITUCION. 

En la 19» Sesión Extraordinaria del 1/10/910, comienza a tratarse el tema de 
la reforma (VER N* 42) . Las aconsejadas por la Comisión se refieren justamente 
al procedimiento para la reforma constitucional, único tema sobre el que pudo re- 
gistrarse un principio de acuerdo político. Existen cuatro fórmulas al respecto. 
Una denominada “de conciliación”, otra propuesta por Rodó, una tercera presen- 
tada por Sosa y una última redactada por Amézaga. Al iniciarse la discusión, Ma- 
nirá Ríos propone una quinta fórmula. Mora Magariños aboga porque se discutan 
todas las modificaciones a la Constitución en sus diversas partes y que fueran pro- 
puestas oportunamente, originándose un amplio debate con varios legisladores in- 
tervinientes. Mora Magariños insiste en que las mociones por él presentadas no 
sean desechadas y sean consideradas y votadas en Sala. Rodó interviene en el de- 
bate: 

SEÑOR RODO. — Lo único que puede ser motivo de discusión, es el or- 
den en que deben entrar al debate las mociones propuestas. 

SEÑOR MORA MAGARIÑOS. — Muy bien: voy a eso. 

De manera que, en primer término, estamos de acuerdo en que todas las 
mociones, lo mismo que lo que aconseja la Comisión, deben entrar a discu- 
sión y votación, ya sea en un orden en el cual vaya primero el proyecto de la 
Comisión, o que se discutan primero las enmiendas propuestas por los señores 
diputados. 

Mi deseo es que no se consideren desechadas las enmiendas mías y las de 
los demás diputados, sin discusión, ni votación, como se afirmaba antes. 

SEÑOR RODO. — Yo creo que si los autores piden que sus proyectos sean 
discutidos, debe accederse. 

(Apoyados) 

SEÑOR RODRIGUEZ (don G. L.). — Después del informe de la Comi- 
sión, es lo que sostenemos nosotros. 

SEÑOR RODO. — A pesar del informe de la Comisión. 

(D.S.C.RR. T. 206. Pág. 382) 


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Continúa la discusión y como se recuerda que Rodó ha suscrito el informe que 
rechaza todas las mociones, éste responde: 

SEÑOR RODO. — Yo creo, efectivamente, que, si se consultara a la Cá- 
mara, y la. Cámara, por dos terceras partes más uno de sus votos, manifiesta el 
deseo de no considerar otros proyectos relativos a reforma constitucional que 
los atingentes a la reforma del procedimiento, esto implicaría que los demás 
están desechados; pero yo creo que para aumentar la liberalidad del debate, di- 
ré así, y para no oponerse de una manera expresa a los deseos de los autores 
de proyectos, no cLebe haber inconveniente en que, a su tiempo, se pongan a 
la discusión. 

(D.S.C.RR. T. 206. Págs. 383-384) 

Se pasan a votar las diversas fórmulas que integran el informe de la Comisión. 
El voto afirmativo permite simplemente que las fórmulas pasen a la Legislatura 
siguiente a efectos de su consideración y eventual aprobación. La primera fórmula 
denominada “de conciliación” es apoyada. A continuación entra a considerarse la 
de Rodó: 

Artículo 1° — La Comisión de Reforma Constitucional, informará a la Ho- 
norable Cámara de Representantes en el sentido de que la actual Legislatura 
se limite a proponer a la venidera la modificación de los artículos referentes a 
los procedimientos de reforma de la Constitución. 

Art. 2? — Aconsejará dicha modificación en la siguiente forma: 

A) Que el artículo 152 diga sólo: «Corresponde exclusivamente al Poder 
Legislativo interpretar o explicar la presente Constitución»; suprimién- 
dose las palabras restantes. 

B) Sustituir los artículos 153 a 158 por los siguientes: 

Artículo 153. — Para la reforma de la Constitución de la República, se re- 
quiere la previa declaración de la conveniencia nacional de esa reforma, por las 
dos terceras partes de votos de ambas Cámaras Legislativas. 

Art. 154. — Inmediatamente de sancionada la declaración a que se refiere 
el artículo anterior, el Poder Ejecutivo convocará al pueblo a la elección de 
una Convención Nacional, encargada de revisar la Constitución. 

Art. 155. — < Esta elección se hará por el sistema de la representación pro- 
porcional. 

Art. 156. — El número de convencionales se fijará a razón de uno por ca- 
da cinco mil habitantes, y las condiciones que deberán reunir serán las mismas 
que se requieren para ser electo senador. 


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Art. 157. — La Convención dará cumplimiento a sus tareas dentro del tér- 
mino de seis meses a contar desde su instalación. 

Art. 158. — Después de reformada la Constitución, no podrá declararse nue- 
vamente la conveniencia nacional de su reforma, hasta pasados seis años. 

SEÑOR RODO. — Como autor de esta fórmula, considero conveniente de- 
cir algunas palabras para explicar ante la Cámara lo que ya oportunamente 
dije en el seno de la Comisión, es decir, el carácter en que esta fórmula fue pre- 
sentada y las razones que tuve para proponerla. 

Es notorio que el pensamiento que predominaba ai principio en el seno 
de la Comisión, era el de que se ambara de inmediato a la reforma constitu- 
cional, proponiendo ya la presente Legislatura a la siguiente las reformas de 
fondo que estimara convenientes. 

Yo, considerando desacertado este medio de llegar a la reforma de la Cons- 
titución, presenté una fórmula de reforma inmediata, para oponerla a ese otro 
procedimiento de reforma inmediata también. 

Es necesario tener en cuenta que si la presente Legislatura entrara al fon- 
do de la revisión constitucional y recomendara reformas expresas a la Legisla- 
tura siguiente, la reforma sería inmediata, abarcaría muy escaso espacio de 
tiempo. En los últimos meses de este año, la actual Legislatura discutiría los 
puntos a reformarse, y en los primeros meses del año entrante, la Legislatura 
venidera podría sancionarlos. De manera que todos los procedimientos de re- 
forma constitucional, en rigor se desenvolverán en muy reducido espacio de 
tiempo. 

Por eso se me ocurrió a mí presentar una fórmula de reforma inmediata 
también, pero que tuviera indiscutibles ventajas respecto de la otra. Esas ven- 
tajas que yo encuentro en mi proyecto, están especificadas en la exposición de 
motivos incluida en el primer informe de la Comisión. Creía yo que una Asam- 
blea legislativa ordinaria, por mucho y muy merecido que fuese su prestigio, 
nunca tendría una suma de fuerza moral tan considerable como la que podría 
reunir una convención expresamente elegida por el pueblo para resolver un 
asunto de tal magnitud como la reforma de la Constitución. 

Además, creía que en una Asamblea política ordinaria no están representa- 
dos con la suficiente amplitud todos los elementos de opinión, todas las fuer- 
zas morales e intelectuales del país que deben ser convocados tratándose de 
una cuestión de tan excepcional entidad. 


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Nunca fué mi propósito presentar esta fórmula de reforma como un pro- 
cedimiento definitivo que debiera quedar incorporado al texto constitucional 
después de la reforma misma. No: yo soy partidario de que los procedimientos 
de reforma constitucional definitivos sean un tanto conservadores, para que la 
Constitución resista los movimientos instables de las pasiones y de las ambi- 
ciones que puedan tener cabida dentro de determinada situación. 

Pero como en las actuales circunstancias políticas y en las circunstancias 
políticas que pueden preverse para el porvenir inmediato, yo no veo peligro en 
abordar una reforma de la Constitución por procedimientos rápidos, y creo que 
dicho inconveniente de orden general no tiene aplicación a la oportunidad pre- 
sente. 

Por razón de tiempo quizá, y quizá también por la persuasión que poco a 
poco se ha hecho en el ánimo de todos, de que no conviene ir a la reforma 
constitucional por el procedimiento que se pensaba, se ha desistido, al parecer, 
por la mayoría de la Cámara y seguramente por la mayoría de la Comisión, de 
entrar a fondo en la reforma constitucional en esta Legislatura; y por eso fue 
que sobre la base de ese desistimiento convenimos los miembros de la Comi- 
sión en cambiar ideas para arribar a una fórmula conciliatoria en cuanto al pro- 
cedimiento; es la fórmula que encabeza las que están incluidas en el segundo 
informe de la Comisión y que acaba de ser votada afirmativamente. Pero esa 
fórmula conciliatoria tiene carácter definitivo; es una fórmula de reforma cons- 
titucional que se hizo teniendo en cuenta el porvenir definitivo, es decir, se 
trató de llegar a una fórmula que pudiera permanentemente servir para la re- 
forma constitucional. 

Sin embargo, yo me felicito de que la primitiva fórmula mía haya venido 
a ser propuesta conjuntamente con las demás a la Honorable Cámara, porque 
considero que para esta primera reforma constitucional que va a hacerse, en- 
cierra grandes ventajas. Yo he sido siempre partidario de que no se demore la 
reforma constitucional; yo creo que después de ochenta años que han pasado 
desde que la Constitución de la República está en vigencia sin que nunca se 
la haya modificado, hay gran conveniencia en no demorar la reforma de la 
Constitución, tanto más cuanto que en las presentes circunstancias creo que 
la reforma constitucional puede ser un medio eficaz para solucionar muchas 
dificultades y problemas políticos. 

De aquí que la fórmula primitiva que presenté encierre en mi sentir gran- 
des ventajas y ningún peligro, porque, lo repito, en las presentes circunstancias 
políticas y en las que pueden preverse para un porvenir inmediato, nada in- 


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duce a creer que una reforma de la Constitución hecha en términos rápidos pue- 
da servir de instrumento para la ejecución de ningún propósito contrario a la 
integridad de nuestras instituciones fundamentales. 

Como decía el señor diputado Manini Ríos al empezar esta sesión, creo que 
es de gran conveniencia que esta Cámara preste el número de votos necesario a 
todos los proyectos relativos a la reforma del procedimiento, para que todos 
ellos pasen a la consideración de la próxima Legislatura. 

Es sabido que esta Legislatura tendrá que decidir sobre esos proyectos 
y nada más que sobre ellos, sin poder tomar la iniciativa de otro alguno. 

De manera que cuantos más sean los proyectos que pasen a la considera- 
ción de ella, tanta más libertad die elección tendrá y tantas más garantías ha- 
brá de que su elección sea acertada. 

Quería exponer esto, señor Presidente, a propósito del proyecto primitivo 
mío para aclarar el carácter que tuvo su presentación, y porque yo lo consi- 
dero el más conveniente de todos. 

Nada más. 

(D.S.C.RR. T. 206. Págs. 385-387) 

A continuación, se aclara por varios legisladores que el apoyo a las fórmulas 
no importa su adhesión a las mismas, sino la apertura de la posibilidad de que to- 
das eligís sean consideradas en la siguiente Legislatura, postergando el debate de 
fondo para ese entonces. Se apoya la fórmula de Rodó por unanimidad. Lo mismo 
ocurre con las de Sosa, Amézaga y Manini Ríos. Pasan luego a considerarse las en- 
miendas a diversas disposiciones constitucionales propuestas por Mora Magariños. 
Se origina un debate sobre la forma de consideran los proyectos y Rodó aclara: 

SEÑOR RODO. — Pero que la Cámara se pronuncie primero sobre si quie- 
re ocuparse de ellos. 

(D.S.C.RR. T. 206. Pág. 391) 

El debate continúa extensamente. Cuando comenzaban a considerarse indivi- 
dualmente las enmiendas propuestas por aquel legislador, Rodó propone: 

SEÑOR RODO. — Hago moción para que se prorrogue la sesión por 
media hora más. 

(D.S.C.RR. T. 206. Pág. 397) 

Manini Ríos propone, en cambio, que se fije un día especial para considerar to- 
das estas modificaciones. Así se resuelve (VER N 9 44). 


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M. V. 


44) REFORMA DE LA CONSTITUCION. RECTIFICACION DE UNA VOTACION. 

En la 21 * Sesión Extraordinaria del 5/10/910, continúa la discusión de las en- 
miendas propuestas por el Diputado Mora Magariños (VER Nos. 42, 43), des- 
echándose todas ellas. El Diputado Paullier propone que se considere separadamen- 
te la enmienda propuesta por Oneto y Viana relacionada con el art. 5 de la Cons- 
titución (religión del Estado). Se vota la moción de Paullier para considerar el 
asunto, pero se desestima el apoyo a la enmienda. Se pide reconsideración de la 
votación, pero la Cámara queda sin número. Al iniciarse la 22* Sesión Extraordina- 
ria del 6/10/910, se plantea nuevamente la reconsideración. Rodó interviene, origi- 
nándose un amplio debate: 

SEÑOR RODO. — Yo creo que esa rectificación no procede. 


(Apoyados) 


Yo creo que lo que procede aquí, es que se entre sencillamente a reconsi- 
derar el punto. La rectificación no procede, porque cuando un diputado pide 
que se rectifique una votación, es porque abriga la sospecha, de que la Secre- 
taría se ha equivocado al hacer el recuento de los votos . . . 

SEÑOR SOSA. — Exactamente. 

SEÑOR RODO. — . . .y de una sesión a otra, esa rectificación es 
ble de verificar, porque la composición de la Cámara, dado el número 
te de diputados, no es la misma. 

Creo, pues, que aquí lo procedente es pedir la reconsideración del 

(No apoyados) 

SEÑOR SOSA. — Pero entonces, el señor diputado sostiene este absurdo: 
que la Secretaría no puede equivocarse, o que si se equivoca, su error no puede 
corregirse. 

Y si ese error provoca una sanción equivocada a causa de la declaración de 
la Secretaría, ¿la Cámara tiene que aceptarla forzosamente, porque no puede 
rectificar la votación? 


imposi- 

presen- 

asunto. 


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SEÑOR RODO. — No, señor: la Secretaría puede equivocarse, pero es im- 
posible comprobar si se ha equivocado o no de una sesión a otra; y el mismo 
objeto se consigue yendo directamente a ia reconsideración del asunto, con la 
ventaja, todavía, de que será un punto más estudiado, y por consiguiente, vo- 
tará mejor. 

SEÑOR SOSA. — Pero, si puede haber un tercio de votos para apoyar una 
moción de reforma, como se trata en el caso, puede no haber dos tercios de 
votos para reconsiderar el asunto. La exigencia de la reconsideración vendría 
a ser así un arma, más que de obstruccionismo, un arma no compatible con la 
lealtad a las prescripciones reglamentarias, la de los que creen que han triun- 
fado por equivocación de la Secretaría, no imputable a la Cámara. 

SEÑOR RODO. — Si el señor diputado puede probar que es posible rec- 
tificar en esta sesión si hubo o nq error de la Secretaría al hacer el recuento de 
los votos . . . 

SEÑOR SOSA. — Y yo pregunto al señor diputado si es posible no recti- 
ficar una votación que está acusada por un diputado de equivocada. . . 

SEÑOR RODO. — No hay medios prácticos para resolverlo. 

SEÑOR SOSA. — Si no hay medios prácticos, debe resolverse con el cri- 
terio más ecuánime y más justo, y en este caso lo justo y ecuánime es rectifi- 
car la votación. 

SEÑOR LAGARMILLA. — Yo, señor Presidente, deseo manifestar que es- 
toy de acuerdó con lo que sostiene el señor diputado Sosa. 

El error del señor diputado Rodó consiste en confundir la petición de la 
rectificación con la rectificación en sí. Lo que se exige es que se pida inme- 
diatamente la rectificación, pero no puede hacerse pasibles a los diputados que 
la piden los hechos de que son ajenos, como el de levantarse varios diputados 
y dejar a la Cámara sin número. 

Lo que tiene que ser inmediato, es la petición de la rectificación; pero es- 
to no quiere decir que sea sancionada de inmediato, cuando hechos ajenos a 
la voluntad de los diputados lo prohíben. 

Una votación observada, sobre la cual hay dudas, sobre la que se pide 
una rectificación, no es una votación declarada con los atributos de la cosa 


524 



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juzgada, definitiva: es como una sentencia apelada: no hay, por lo tanto sen- 
tencia hasta tanto que por una nueva votación se determine en un sentido u 
otro . . . 

SEÑOR ARAGON y ETCHART. — Y habiendo sentencia, la Cámara pue- 
de reconsiderar, como ha sucedido en muchos casos, señor diputado. 

SEÑOR RODO. — ¿Por qué no ir a la reconsideración? 

SEÑOR SOSA. — Porque se necesitan dos tercios. 

SEÑOR LAGARMILLA. — Porque está pendiente la rectificación. Se pi- 
dió la rectificación y la Cámara, por una causa ajena a la voluntad de los dipu- 
tados, no pudo pronunciarse sobre ella, — no se pronunció. Lo que proce- 
de es que lo que está pendiente se resuelva. ¿Qué es lo que está pendiente? 

. . .el pedido de rectificación. ¿Hay número ahora?, la Cámara debe pronun- 
ciarse. 

SEÑOR RODO. — Yo creo que el señor diputado encara mal la cuestión. 
La Cámara se pronunció por medio de una votación; lo único que se insinuó 
por un señor diputado fue que la Secretaria se había equivocado al hacer el 
recuento de los votos. 

Yo creo que hay imposibilidad práctica de verificar en esta sesión si hu- 
bo o no error por parte de la Secretaría . . . 

(D.S.C.RR. T. 207. Págs. 3-4) 

Se vota afirmativamente la moción de reconsideración. Se pone nuevamente en 
discusión la enmienda al art. 5 de la Constitución. Se toma votación nominal. En 
ella Rodó expresa: 

SEÑOR RODO. — Negativa, por las razones que he expuesto repetidas 
veces sobre la forma cómo debe irse a la reforma constitucional, y sin que im- 
plique esto, de ninguna manera, oposición a esta reforma concreta que traduce 
una aspiración de todo espíritu liberal. 

(D.S.C.RR. T. 207. Págs. 7-8) 

La votación resulta afirmativa. Luego resultan apoyadas todas las enmiendas 
presentadas sobre el tema. 


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M. 


45) PROPIEDAD LITERARIA Y ARTISTICA. 

En la 27* Sesión Extraordinaria del 18/10/910, continúa la discusión del pro- 
yecto sobre propiedad literaria y artística (VER N* 37). La Mesa da lectura del 
inciso 7 del art. 18 y la adición propuesta por Rodó. Manini Ríos, en nombre de 
la Comisión, manifiesta que no acepta la enmienda. Rodó expresa: 

SEÑOR RODO. — En la última sesión en que se trató este asunto, queda- 
ba con la palabra el señor diputado Roxlo, que había empezado a impugnar la) 
modificación propuesta por mí. 

Lamento que no se halle presente en esta sesión, porque los argumentos 
que empezó a aducir el señor Roxlo, quedaron inconclusos. 

Sin embargo, recuerdo algunos de ellos. 

El señor Manini Ríos, a nombre de la Comisión, ha manifestado que és- 
ta retira su conformidad a la modificación propuesta por mí y adhiere a los 
argumentos del señor Roxlo. 

Yo, señor Presidente, no tengo motivo alguno para renunciar a mi modi- 
ficación; al contrario; estoy cada vez más persuadido de la conveniencia de 
ella. 

En este asunto hay comprometidos tres órdenes de intereses cuya armo- 
nía debe buscarse; hay el interés del autor que enajena la propiedad de su 
obra, el interés del editor que la adquiere, y el interés de la sociedad que, 
efectivamente, tiene que interesarse en todo lo que refiera a la publicación y 
difusión de los libros, como cosa que afecta a su ilustración, a su cultura, a 
su vida intelectual. Y bien: yo creo que el acuerdo de estos intereses resulta 
favorable a la modificación propuesta por mí. 

Cuando el editor que ha adquirido en propiedad una obra literaria, deja 
de reeditarla una vez que ésta se ha agotado; cuando después de cierto tiem- 
po de agotada, renuncia a su derecho de darla nuevamente a la publicidad, 
lo hará, o bien porque carece de medios materiales suficientes para proceder 
a esa reimpresión, o bien porque considera que esa reimpresión no le trae con- 


527 



1910 


veniencia alguna, o por cualquier otra causa análoga, sin que debamos olvidar, 
entre esas causas posibles, el interés que alguna vez puede haber, del punto 
de vista moral, en sustraer a la circulación obras que expongan y propaguen 
determinadas ideas. 

Bien, señor Presidente: me parece muy dudoso que el derecho de un edi- 
tor — cualquiera que sean los motivos que tenga para proceder de ese modo — 
alcance hasta mantener sustraída a la publicidad, hasta mantener oculta, en la 
sombra, una producción del pensamiento ajeno, porque con esto se vulnera, 
no solo un derecho del autor, sino también un derecho de la sociedad. 

No se puede aplicar a este género de propiedad, a la propiedad intelec- 
tual, el criterio común que se aplica a las de otra índole. Si es axiomático en 
materia de propiedad, que ésta es susceptible de uso y abuso, que se puede 
usar y abusar de ella, tratándose de la propiedad de las obras de la inteligen- 
cia ajena creo que hay sobrado fundamento para establecer una excepción. 

Cuando el autor de una obra se desprende de la propiedad material de 
ella, está en un caso muy distinto del individuo que se desprende de la pro- 
piedad de otro objeto cualquiera. 

Si yo enajeno la propiedad de un objeto material que me pertenece, una 
casa, un terreno o un mueble, enajeno la propiedad de un objeto que desde 
ese instante puede estar en manos de otra persona en iguales condiciones que 
lo estaba en las mías. Desde que dejo de ser dueño de ese objeto, ya no hay 
vinculación alguna entre ese objeto y mi personalidad. Pero si yo me despren- 
do de la propiedad de una obra que he escrito, no por eso queda anulada la 
vinculación entre mi personalidad y la obra: esa vinculación existirá siempre; 
mi nombre seguirá vinculado a esa obra, que es como una parte exteriorizada 
de mi personalidad; ella es la expresión de mis ideas y sentimientos; quizá 
sobreviva a mi propia existencia y sirva de fundamento al juicio que forma- 
rán de mí los que vengan después. 

De manera que, teniendo en cuenta tan excepcional carácter, creo que no 
es posible aplicar a este caso especialísimo de propiedad el criterio general 
que se aplica en los otros casos. 

Pero decía al empezar, que en este asunto intervienen, además del inte- 
rés del autor y del editor, el interés de la sociedad afectada en su vida inte- 
lectual por la circulación o propagación de los libros. 


528 



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La sociedad tiene derecho a que una producción del pensamiento de uno 
de sus hijos no sea sustraída a la circulación por intereses egoístas. 

La sociedad tiene derechos sobre la producción de la inteligencia indi- 
vidual. 

Por mucha que sea la originalidad de una obra, por mucho que el autor 
haya puesto en ella de su propia personalidad, es indudable que deberá siem- 
pre gran parte de lo que escribe a esa colaboración anónima e insensible del 
conjunto social, a la obra de los que le han precedido y de los que viven y 
piensan en el mismo tiempo que él. Además, la sociedad ha habilitado al es- 
critor a hacer uso de su inteligencia, proporcionándole los medios de instruc- 
ción y de cultura. 

Consideradas las cosas de este punto de vista, me parece insostenible que 
el interés, o el capricho, o la voluntad, de un editor, pueda llegar hasta man- 
tener indefinidamente oculta en la sombra una obra de la inteligencia ajena, 
cuyo natural destino es el de ser conocida, el de ser propagada. 

Decía el señor Manini Ríos, que este beneficio es ilusorio para el autor; 
que redundará, por el contrario, en perjuicio del autor mismo, porque hará 
que el editor le imponga condiciones más precarias al adquirir la propiedad de 
su obra. Yo no creo que esto sea así, en la práctica, señor Presidente. 

Es necesario tener en cuenta que el caso que se prevé en la modificación 
que propongo, es un caso que ocurrirá muy raras veces. 

Muy rara vez el editor de una obra que se ha agotado, — lo que supone 
ya que el público la ha recibido con cierto interés y le ha dispensado una pro- 
tección eficaz, — muy rara vez el editor de una obra que se ha agotado, de- 
jará pasar cuatro años sin hacer uso de su derecho de reimprimirla; y sobre 
todo, si esto ocurre, será muy poco frecuente que el autor tenga los medios 
de hacer por su cuenta y afrontando los riesgos, esa reimpresión que al edi- 
tor no le ofrece aliciente alguno, hasta el punto de haber hecho abandono de 
sus derechos sobre el libro. 

Se trata, pues, de un caso que ocurrirá pocas veces y que, por consiguien- 
te, no creo que influya de una manera apreciable en las condiciones del tra- 
to que se haga entre el editor y el autor. 

No sé si el señor diputado Roxlo insinuaba en las palabras que pronun- 
ció, que consideraría más equitativo que, una vez pasado ese término, la pro- 


529 



1910 


piedad de la obra no volviera al autor, pero volviera a la sociedad, en el sen- 
tido de que fuese un derecho de todos el reimprimirla. 

Me parece que esta solución no ofrece ventajas: en primer lugar sería mu- 
cho más perjudicial para los intereses del editor, sin que el autor recibiese por 
su parte beneficio alguno. 

Según lo proyectado por mí, el editor sólo perderá la propiedad de su 
obra, transcurrido cierto término de tiempo en el caso de que el autor quie- 
ra imprimirla por su cuenta; de lo contrario, el editor sigue con la propiedad, 
aunque no use de ella; pero, si pasado dicho lapso de tiempo, cualquiera pue- 
de reimprimir la obra cuya propiedad ha perdido el editor, esa es una pérdi- 
da irremisible para éste. 

Por estas consideraciones, señor Presidente, yo insisto en la modificación 
que he propuesto, aceptando, — como me parece que ya lo dije en la sesión 
en que se trató este asunto, — aceptando que en vez del término de 3 años 
que yo fijaba, se fije el término de 4 años, y aceptando también el plazo de 
doce meses para el aviso que debe pasar el autor al editor. 

Nada más, señor Presidente. 

(D.S.C.RR. T. 207. Págs. 107-109) 

Manini Ríos insiste en su posición, originándose un amplio debate con Rodó: 

El señor diputado Rodó argumenta contra esto, diciendo que no es pro- 
bable que agotada una obra, dpspués de cinco años, cuando ella ha desper- 
tado interés público, el editor se pase sin publicarla. 

Sin embargo, el señor diputado Roxlo hacía, en la sesión a que me he re- 
ferido, argumentos prácticos que, en mi concepto, son ilevantables. 

El demostró cómo los talleres tipográficos de nuestro país son de una ca- 
pacidad restringida, y cómo muchas veces un editor, obligado por contratos 
ineludibles a ocupar sus talleres quizás por años en la impresión de obras, no 
pudiera, en un plazo restringido de tiempo, comprometerse a la reimpresión 
de la obra. 

El editor que se encontrara en estas condiciones, estaría de sobra casti- 
gado por el proyecto de la Comisión. 


SEÑOR RODO. — Tiene un año de plazo para poder hacerlo. 


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1910 


SEÑOR MANINI RIOS. — En un año puede tener comprometido su ta- 
ller para la impresión. Esta de sobra castigado, como decía, por el proyecto 
de ley formulado por la Comisión: ese editor se tendrá que ver en concurren- 
cia, para la reproducción sucesiva de la obra, con el autor de la misma obra, 
que tendrá la facultad de editarla y largarla a la circulación, que podrá, por 
consiguiente, comerciar con un bien de cuya propiedad ya se había despren- 
dido; pero una vez pasada esa edición que haga el autor, el editor, si quiere 
volver a reimprimirla, podrá hacerlo. 

Después de lanzada su nueva edición, recobrará, como es legítimo, la pro- 
piedad por todo el término que marca la ley. 

Debo agregar, como lo dije al principio, que no hay ningún país del mun- 
do — y conviene de cuanto en cuando citar por vía de ejemplo las legislacio- 
nes de países en los cuales una propiedad que es tan nueva para nosotros, co- 
mo lo sería la propiedad literaria, está bien desarrollada, — en ninguna legis- 
lación de ningún país del mundo, decía, está extendido ese derecho excepcio- 
nal de la manera como lo admitimos en el proyecto de ley. 

Las naciones más avanzadas en esta materia admiten, después de un lar- 
go plazo de agotada la obra, una expropiación por el Estado, pero esa expro- 
piación por el Estado significa, por consiguiente, una justa compensación al 
editor, a quien se le saca de esa manera la propiedad de la obra que había 
comprado, y significa, por consiguiente, también, que la obra no vaya a manos 
del autor que se ha desprendido de ella por contrato irrevocablemente, sino 
que vaya al dominio público, que vaya a beneficio de la sociedad, a provecho 
de todos los que quieran publicarla y hacerla circular. 

He dicho. 

SEÑOR RODO. — Desde luego, no me hace fuerza el argumento del se- 
ñor diputado Manini Ríos, en el sentido de que esta proposición mía no ten- 
ga precedentes en otras legislaciones. 

Es necesario tener en cuenta que se trata precisamente de legislar sobre 
un punto que en nuestro país es más de porvenir que de presente. De modo 
que no habiendo aquí, en lo relativo a propiedad literaria, esa suma de inte- 
reses creados que en otros países existe y que, en esto como en todo, es un 


531 



1910 


obstáculo para innovar en materia de leyes, creo que no debemos concederle 
demasiada importancia al hecho de que carezca lo que propongo de preceden- 
tes en otras legislaciones. 

SEÑOR MANINI RIOS. — ¿Me permite, para no volver a hablar? Yo ci- 
té la legislación extranjera precisamente por una circunstancia, por la circuns- 
tancia de que este derecho die propiedad lo vamos a crear recién nosotros 
aquí. . . 

SEÑOR RODO. — Y lo podemos crear con plena libertad. 

SEÑOR MANINI RIOS. — . . .y en el hecho casi no existe, porque sabe 
muy bien el señor diputado, — que es literato y que ha conseguido obtener una 
publicidad deslumbrante para sus obras — que en este país la propiedad li- 
teraria, de hecho, casi no existe; recién la vamos a crear en virtud de esta 
ley. 

Por consiguiente, debe andarse con mucho más tiento, con mucha más 
cautela de la que se ha andado en países extranjeros, que tienen una propie- 
dad ya creada preexistente a la misma ley. De manera que debemos usar de 
una prudencia; muchísimo mayor. 

SEÑOR RODO. — Yo entiendo lo contrario, señor diputado: entiendo 
que este es un motivo para que podamos legislar con más libertad sin tener 
ese respeto que imponen los intereses creados que, en esta materia, aquí no 
existen. 

Pero dejando eso aparte, el señor diputado Manini Ríos decía que en lo 
fundamental el inciso de la^ Comisión y la modificación propuesta por mí, con- 
cuerdan, responden al mismo orden de consideraciones. 

Esto es cierto, pero creo que no hay motivo para detenerse donde la Co- 
misión se detiene y que debe resueltamente llegarse a donde yo propongo que 
se llegue. 

Desde luego se me ocurre esta objeción. 

Dice el inciso que la Comisión aconseja: 

«La impresión por el autor o su causa-habiente de las obras literarias 
enajenadas, siempre que hayan pasado cinco años desde que la existencia en 
librerías haya sido agotada». 


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Un autor, amparándose a este derecho, hace una edición de su obra, con 
los desembolsos y con los riesgos materiales que esto implica. Al día siguiente, 
el editor — a quien debe suponérsele de ordinario dueño de medios de publi- 
cidad más fáciles y más baratos que el autor, — hace una edición más econó- 
mica, y resulta que el autor saldrá perjudicado, saldrá burlado, por el hecho 
de haber querido usar del derecho que le acuerda esta ley de devolver su obra 
a la publicidad. 

SEÑOR MANINI RIOS. — No, porque el autor busca un nuevo editor 
que se la haga tan barata como el otro, en condiciones de igual baratura, y 
el perjudicado sería el editor, a quien se le aparece un nuevo concurrente des- 
pués de haber comprado todas las ediciones de la obra. 

SEÑOR RODO. — Puede suceder asi y puede suceder lo contrario. De 
manera que me parece justo que se garanta al autor que una vez que él ha 
hecho uso de ese derecho, el editor no le hará competencia. 

Cuando el editor propietario de un libro hace una impresión de él por 
su cuenta, está bien seguro de que nadie hará otra; pero según este inciso el 
autor que edite alguna vez una obra por cuenta propia, no está seguro de que 
el editor al día siguiente no se convierta en su competidor. 

SEÑOR MANINI RIOS. — Sí, señor; pero habrá ganado en prioridad el 
autor, y habrá conseguido su objeto, que es evitar que su nombre desaparezca 
en la sombra . . . 

SEÑOR RODO. — Ese es una de las fases de la cuestión; pero tampoco 
es justo que el autor que ha hecho el sacrificio de editar por su cuenta una 
obra propia, se encuentre al día siguiente con que el editor le hace una edi- 
ción más económica o más fácil de vender, que le arruina o inutiliza la que 
él ha hecho. 

SEÑOR MANINI RIOS. — . . .y después habrá comerciado con una obrai 
de la cual ya había recibido el precio. 


533 



1910 


SEÑOR RODO. — En fin, señor Presidente: yo creo que con lo dicho he 
expuesto suficientemente los motivos que tengo para insistir en esto. 

Nada más. 

(D.S.C.RR. T. 207. Págs. 111-113) 

Finalmente, se aprueba la fórmula primitiva de la Comisión, descartándose la 
enmienda de Rodó. Se aprueba el resto de los artículos, pasando el proyecto al Se- 
nado, donde es aprobado, con modificaciones, el 27/9/911. En la sesión del 12/3/912, 
la Cámara de Representantes acepta las modificaciones introducidas por el Senado, 
sancionando el proyecto que pasa al Poder Ejecutivo. Es la ley N 9 3956 de 15/3/912. 


534 



XXIV LEGISLATURA 




1911 


1) INCORPORACION A LA CAMARA DE REPRESENTANTES. 

En la 1* Sesión Preparatoria del 8/2/911, se aceptan los poderes de los Re- 
presentantes electos para la XXIV Legislatura, entre los cuales José E. Rodó, por 
el Departamento de Montevideo (D.S.C.RR. T. 208. Págs. 3, 4). 


537 




1911 


M. 

2) HORA DE COMIENZO DE LAS SESIONES. 

Cuando se discute, en la 2* Sesión Preparatoria del 10/2/911, la fijación de dias 
y horas de sesión, Rodó expresa: 

SEÑOR RODO. — Lo importante es que se abran las sesiones a la hora 
o un poco después de la hora de citación: sin eso, no se remedia nada. 

(Apoyados) 


(D.S.C.RR. T. 208. Pág. 15) 


539 




1911 


o. 


3) DESIGNACION COMO MIEMBRO DE LAS COMISIONES DE INSTRUCCION 

PUBLICA, BIBLIOTECA Y REFORMA DE LA CONSTITUCION. 

En la 3* Sesión Preparatoria del 14/2/911, la Mesa da cuenta de la designación 
de las Comisiones permanentes para el primer período de la Legislatura (D.S.C.RR. 
T. 208. Pág. 23). Rodó es designado en las de Instrucción Pública, Biblioteca y Re- 
forma de la Constitución. Integra la primera, junto a Francisco Soca, Joaquín de 
Salterain, Ambrosio L. Ramasso, Alberto Zorrilla, Salvador T. Milans y Ubaldo 
Ramón Guerra. La segunda, con Juan J. Amézaga y Eugenio J. Lagarmilla. La úl- 
tima, conjuntamente con Jacobo Varela Acevedo, Eugenio J. Lagarmilla, Pedro Ma- 
nirá Ríos, Juan Blengio Rocca, Juan J. Amézaga, Juan C. Blanco, Gregorio L. Ro- 
dríguez, Carlos Oneto y Viana, Javier Mendívil, Luis Melian Lafinur, Julio M. Sosa, 
Pedro Díaz, Ricardo García Fuentes y Juan A. Cachón. 


541 




1911 


c. 


4) DESIGNACION COMO PRESIDENTE DE LA COMISION DE INSTRUCCION 
PUBLICA. 

En la 3* Sesión Ordinaria del 21/2/911, el Diputado Ramasso da cuenta de que 
se ha instalado la Comisión de Instrucción Pública designando como su Presidente 
al Diputado Rodó (D.S.C.RR. T. 208. Pág. 63). 


543 




1911 


X 


V. M. 


5) INTERPELACION AL MINISTRO DEL INTERIOR SOBRE FUNCIONA- 
MIENTO DE CASAS DE JUEGO Y DEPORTACIONES DE EXTRANJEROS. 

En la 18* Sesión Ordinaria del 18/2/911, Frugoni presenta una moción para 
que se invite al Ministro del Interior a fin de que dé explicaciones sobre funciona- 
miento de casas de juego y detenciones y deportaciones de viajeros procedentes de 
Europa. Se aprueba la moción. Luego de un incidente previo sobre concurrencia 
de los Secretarios de Estado a dar explicaciones, concurre el Ministro a brindarlas, 
en la 8* Sesión Ordinaria del 26/2/911. Luego de un amplísimo debate, se vota no- 
minalmente la siguiente moción propuesta por el Diputado A. M. Rodríguez: 

La Honorable Cámara de Representantes reconoce la sinceridad de las ex- 
plicaciones suministradas por el Poder Ejecutivo, por intermedio del señor 
Ministro interino del Interior, respecto de las cuestiones comprendidas en la 
interpelación del señor diputado Frugoni; pero expresa 6U opinión de que la 
facultad constitucional contenida en el inciso 29 del artículo 79 de la Cons- 
titución debe ser objeto de una ley especial para tener eficacia y para que 
pueda armonizarse con el artículo 147; y en cuanto a los garitos cuyo funciona- 
miento se ha denunciado, manifiesta su anhelo de que mientras no se dicte la 
ley reglamentaria del juego, actualmente en trámite en el Poder Legislativo, y 
que ha merecido ya la sanción de esta Honorable Cámara, las autoridades ju- 
diciales y policiales competentes procuren, por los medios adecuados, su inme- 
diata clausura. 


(D.S.C.RR. T. 208. Pág. 279) 


Rodó vota así: 

SEÑOR RODO. — Afirmativa, porque creo que, dentro de esta fórmula, 
cabe sin violencia mi modo de pensar en este asunto en cuanto se reconoce 
la sinceridad de móviles del Poder Ejecutivo, y en cuanto se reconoce también 
implícitamente que, después de las explicaciones oídas, queda en pie grave y 
justo descontentamiento sobre el fondo de los hechos denunciados, desconten- 
tamiento que hay verdadero interés público en satisfacer. 


(D.S.C.RR. T. 208. Pág. 280) 
La moción resulta aprobada. 


545 




1911 


V. 


6) ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA EL PERIODO 
1911 - 1915 . 

En la 3* Sesión Ordinaria de la Asamblea General del 1/3/911, se procede a la 
elección de Presidente Constitucional de la República. Rodó, como todos los legis- 
ladores colorados, vota por don José Batlle y Ordóñez (D.S.A.G. T. XII. Pág. 163). 
Este resulta electo por un total de 96 votos. 


547 




1911 


M. 

7) REGLAMENTO DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES. REFORMA. 

En el comienzo de la 10» Sesión Ordinaria del 2/3/911, expresa Rodó: 

SEÑOR RODO. — Con motivo de la constitución de la Comisión de 
Asuntos Internos voy a hacer una indicación a la Mesa, por si la estima opor- 
tuna. 

Hace dos Legislaturas, formando parte yo de esta Cámara, hice moción 
para que se constituyera una Comisión encargada de estudiar el Reglamento 
de la Honorable Cámara y de proponer las modificaciones que estimase con- 
venientes . . . 

SEÑOR PRESIDENTE. — Y hay un buen trabajo del señor diputado so- 
bre ese particular. 

SEÑOR RODO. — Formé parte de esa Comisión, y propuse un proyec- 
to de reglamento reformado, pero no entró a la consideración de la Cámara 
porque ésta se hallaba en el último período de sus sesiones. 

En la Legislatura siguiente también se constituyó la Comisión de Regla- 
mento, y entiendo que el entonces diputado doctor Pérez Olave, sobre la ba- 
se del proyecto mío, formuló otro que ignoro por qué causa no llegó nunca 
a ponerse en la orden del día. Otro tanto sucedió en la Legislatura pasada; 
pero como creo que la reforma de nuestro Reglamento en muchos puntos es 
conveniente, y como los antecedentes de este asunto deben encontrarse en las 
carpetas de la Comisión de Asuntos Internos, indico a la Mesa la convenien- 
cia de que recomiende a la atención de esta Comisión ese asunto, encarecién- 
dole la mayor brevedad en el despacho del mismo. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Pasan todos los asuntos a que se ha referido 
el señor diputado Rodó a estudio de la Comisión de Asuntos Internos, y se le 
recomienda preferente atención. 


549 



1911 


SEÑOR MIRANDA. — Precisamente, en antesalas, con varios miembros 
de la Comisión de Asuntos Internos, había cambiado ideas respecto al trabajo 
a que se ha referido el señor diputado Rodó, y en consecuencia iba a pedir en 
esta misma sesión — como lo hago en este momento — que la Mesa indicara a 
los señores diputados la conveniencia de que manifestaran, durante un término 
que la Mesa podría determinar, todas aquellas reformas, adiciones o amplia- 
ciones que les sugiera el Reglamento actual de la Honorable Cámara, pava con 
estos antecedentes y los que ha mencionado el señor diputado Rodó, la Comi- 
sión pueda entrar a sus tareas y confeccionar el nuevo Reglamento de la Ho- 
norable Cámara. 

SEÑOR PRESIDENTE. — La Mesa se permitiría ampliar la indicación 
del señor diputado en el sentido de que se mande imprimir nuevamente el 
trabajo del señor diputado Rodó, porque de esa manera los nuevos diputados 
de la presente Legislatura tendrían un elemento de juicio por delante que po- 
drían compararlo con el Reglamento vigente. 

SEÑOR RODO. — Y el trabajo del doctor Pérez Olave también. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Y el trabajo del doctor Pérez Olave también. 

Además, la Mesa, para estimular el celo de la Comisión de Asuntos Inter- 
nos iba a hacerle presente que se hace indispensable proceder a una nueva edi- 
ción del Reglamento Interno . . . 

SEÑOR MIRANDA. — Lo tomará en cuenta la Comisión. 

SEÑOR PRESIDENTE. — . . .por estar agotada la anterior y existir ade- 
mas muchas disposiciones en contradicción con las adiciones posteriores, lo que 
reclama una revisión urgente. 

Todos estos motivos hacen doblemente recomendable la indicación del se- 
ñor diputado Rodó. 

SEÑOR RODRIGUEZ (don G. L.). — Me permito llamar la atención del 
señor Presidente y demás miembros de la Comisión de Asuntos Internos respec- 


550 



1911 


to del trabajo casi concluido, que debe existir en las carpetas, a que se ha re- 
ferido el señor diputado Miranda, sobre el proyecto de nuevo Reglamento pa- 
ra la Honorable Cámara. 

La Comisión Especial de Reglamento que en la penúltima Legislatura se 
nombró y fue presidida por el doctor Vásquez Acevedo trabajó con bastante 
empeño en esa obra. 

Revisó el proyecto del señor diputado Rodó, tomando varias de las dispo- 
siciones que consideró oportunas y aplicables, y tomó también del trabajo del 
doctor Pérez Olave, incorporando a la vez disposiciones convenientes de regla- 
mentos de cámaras americanas y europeas, que todas las tenían a la vista y to- 
das deben encontrarse en las carpetas. 

No ultimó sus trabajos esa Comisión de Reglamento porque en las últimas 
sesiones a que fue citada no concurrían todos sus miembros. 

El doctor Massera formaba parte también de esa Comisión. 

De manera que sería conveniente que la Comisión tuviera a la vista las dis- 
tintas actas y modificaciones hechas al proyecto de Reglamento del señor dipu- 
tado Rodó, porque le facilitará enormemente la tarea. 

Era lo que tenía que decir. 

SEÑOR MIRANDA. — La Comisión tendrá presente también todos esos 
antecedentes. 

Me parece que debe hacerse la impresión del proyecto del señor diputado 
Rodó y el del doctor Pérez Olave, y publicarse los demás antecedentes que se 
refieren directamente al asunto, para que puedan ser estudiados por los seño- 
res diputados, dejando, sin embargo, subsistente mi moción de que se señale 
un término para la indicación o presentación de las nuevas reformas o amplia- 
ciones que se les haya ocurrido en estos últimos tiempos a los señores diputa- 
dos, a fin de que la Comisión pueda entrar a hacer un trabajo más completo. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Con la aclaración que formula el señor Presi- 
dente de la Comisión de Asuntos Internos, va a votarse su moción. 

Si se aprueba. 

Los señores por la afirmativa, en pie. 

Afirmativa. 


551 



1911 


La Mesa, una vez que se haya impreso el trabajo a que se refiere la mo- 
ción de los señores diputados Rodó y Miranda, fijará un término de quince 
días, si no hubiera oposici|ón, para que todos los señores diputados presenten 
sus enmiendas. 

( Apoyados ) 

Habiendo sido apoyado, se reputa aceptado el término referido. La Se- 
cretaría se preocupará de la impresión inmediata de estos antecedentes. 

(D.S.C.RR. T. 208. Págs. 285 - 286) 


552 



1911 


P. 

8) MONUMENTO AL “GRITO DE ASENCIO”. 

En la 11* Sesión Ordinaria del 4/3/911, se resuelve tratar sobre tablas el si- 
guiente proyecto presentado por Rodó y otros Representantes, el 20/2/911, por el 
que se prorroga el plazo para la inauguración del monumento al “Grito de Asencio”: 


PROYECTO DE LEY 
El Senado y Cámara de Representantes, etc. 


DECRETAN: 

Artículo 1° — Prorrógase el término fijado por el artículo 3° de la ley 
de 20 de junio de 1910 para la solemne inauguración del monumento al «Gri* 
to de Asencio». 

Dicha inauguración se efectuará inmediatamente después de terminada la 
obra y ésta se realizará a la mayor brevedad. 

Art. 2 C - — Comuniqúese, etc. 

Montevideo, 20 de febrero de 1911. 

Jaime Ferrer Oláis — Sebastián Fuppo — José Enrique Roció — San- 
tiago Rivas. 


(D.S.C.RR. T. 208. Pág. 309) 

(En la Sesión del 24/2/911, con la firma del Diputado Ferrer y Oláis) aparece 
presentado un proyecto similar). Se aprueba el proyecto, que pasa al Senado, donde 
es sancionado el 10/3/911. Es la ley N* 3741 de 13/3/911. 


503 




1911 


M. 

9) DESIGNACION DE VICEPRESIDENTE DE LA CAMARA DE REPRESEN- 
TANTES. 

En la 13* Sesión Ordinaria del 9/3/911, se propone considerar la elección de 
ler. Vicepresidente de la Cámara, vacante por el nombramiento de Blengio Rocca 
como Secretario de Estado. Se plantea la cuestión de si puede considerarse en el 
acto o si debe convocarse una sesión especial, en cuya oportunidad dice Rodó: 

SEÑOR RODO. — Cualquiera que sea la verdad del punto que se deba- 
te, me parece que hay un motivo de conveniencia para no apresurar esta elec- 
ción; y ese motivo consiste en las ventajas que hay siempre en acordar ideas 
fuera de la Cámara respecto de candidatos. 

Yo no tengo noticia, por lo menos, de que se hayan acordado ideas sobre 
el particular y me parece que nada se perdería con dejar algún tiempo inter- 
medio con ese objeto. Por eso me adhiero a la opinión del señor Presidente. 

(Apoyados) 

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿Hace moción el señor diputado en ese sen- 
tido? 

SEÑOR RODO. — Sí, señor. 

(D.S.C.RR. T. 208. Pág. 349) 

Se vota afirmativamente la moción de Rodó. 


555 




1911 


10) INVESTIGACION HISTORICA A REALIZAR EN LOS ARCHIVOS ESPA- 
ÑOLES. 


En la 20» Sesión Ordinaria del 25/3/911, Rodó presenta el siguiente proyecto 
de ley: 


PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uru- 
guay, etc., etc. 


DECRETAN: 

Articulo 1° — El Poder Ejecutivo comisionará a una persona idónea en 
estudios históricos, para que verifique, en los archivos de España, una inves- 
tigación encaminada a reproducir o extractar los documentos de interés que 
se relacionen con la historia nacional. 

Art. 2? — De acuerdo con la persona que sea designada, el Poder Ejecu- 
tivo fijará el tiempo que deba prudencialmente durar dicha investigación. 

José Enrique Rodó 
Diputado por Montevideo 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En noviembre de 1906, el representante diplomático de la República 
en Alemania, doctor don Luis Garabelli, se dirigía por nota al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, manifestando que un reputado historiador alemán, de 
regreso de España, habíale encarecido la conveniencia que habría para el Uru- 
guay en designar sin demora una persona entendida en su historia nacional, 
a fin de proceder en los archivos españoles a la copia de documentos de cu- 
ya profusión e importancia había tenido ocasión de formar idea, al investigar, 
con otro objeto, aquellos archivos. 


557 



1911 


Agregaba el doctor Garabelli que, en concepto de su autorizado infor- 
mante, urgía dar principio a esa investigación, porque, el tiempo deterioraba 
los pergaminos y papeles,, a tal punto, que pronto se perdería para nuestra 
historia tan preciosa fuente de conocimientos. 

Esta comunicación vino a avivar, en el espíritu de los que se interesan 
por los estudios históricos nacionales, el sentimiento de una necesidad de que 
ha tiempo tenían conciencia, y que nunca se había tendido a satisfacer, pues 
ni por encargo oficial, ni por iniciativa privada, se han realizado nunca, en los 
archivos españoles, investigaciones metódicas y asiduas, del punto de vista del 
interés histórico de nuestro país. 

En lo que se refiere a la historia general del Río de la Plata, los historia- 
dores argentinos han atendido a esa necesidad, e investigadores como el ge- 
neral don Bartolomé Mitre y el doctor don Vicente Quesada han explorado 
con fruto en los copiosos legajos del € Archivo de Indias»; pero es evidente 
que esos estudios de conjunto, o de aplicación especialmente argentina, no pue- 
den llenar las exigencias de un conocimiento particular y preciso de la historia 
uruguaya; sin contar con que, aún tratándose de hechos de común interés, el 
criterio para guiar la investigación y valorar los testimonios puede diferir pro- 
fundamente entre los que se inspiren en el sentimiento de una y de otra na- 
cionali/dad. 

La obra más completa y fundamental que hasta hoy poseemos sobre la 
dominación española y la revolución de 1811 — la «Historia» del señor Bauzá, 
fue preparada por su ilustre autor con amplia base de erudición bibliográfica; 
pero, en punto a investigación de archivos, sólo le fué dado poner a contri- 
bución los del propio país y algunos de los de Buenos Aires. 

Vasto campo queda, seguramente, para quien busque ensanchar la ex- 
tensión de esas primeras noticias, en ios depósitos de documentos de la an- 
tigua metrópoli. 

El «Archivo de Indias», radicado en la ciudad de Sevilla, atesora inago- 
table manantial histórico relativo al descubrimiento, conquista, colonización 
y gobierno de las que fueron posesiones españolas de América. Sólo una par- 
te de esta riqueza documental ha sido ordenada y publicada en colecciones 
muy interesantes y meritorias, sin duda, pero necesariamente incompletas del 


558 



1911 


punto de vista de nuestra historia propia y de las investigaciones a ella re- 
ferentes, como las dos extensas compilaciones de Documentos inéditos sobre 
las colonias españolas de América y Oceanía; las Cartas de Indias, las Rela- 
ciones Geográficas de Indias, y algunas otras obras semejantes, a las que hay 
que agregar los documentos obtenidos por la investigación personal de eru- 
ditos americanos. 

Fuera de ese importantísimo deposito, ofrecen abundosa cosecha de ma- 
terial histórico americano algunos otros de los archivos españoles. Así, en el 
famoso de Simancas, se guardan numerosos papeles de los antiguos Consejos 
de Indias. El «Histórico Nacional» de Madrid, a donde confluyeron las colec- 
ciones particulares de los monasterios y conventos clausurados en el transcur- 
so del pasado siglo, contiene la correspondencia epistolar enviada de Indias 
a aquellas instituciones religiosas. En los archivos eclesiásticos y los de pro- 
piedad privada, será fácil también al investigador orientado por un dominio 
suficiente de las fuentes históricas realizar más de una exploración eficaz. 

Puede contarse de antemano con la benévola disposición del gobierno y 
de los archiveros españoles, para ayudar a una tarea que tendrá, por otra par- 
te, provechosas guías en obras de descripción de los archivos de España, co- 
mo el libro monumental de Rodolfo Beer, publicado en Viena en 1894, y otros 
análogos citados por el ilustre historiógrafo Rafael Altamira en su interesan- 
te monografía de los archivos, museos y bibliotecas de aquel país. 

Dando resultado la investigación que propone mi proyecto de ley, no de- 
berá ser sino el primer paso de un plan más vasto de estudios de ese orden, 
que abarque los archivos de otras naciones europeas, como la Inglaterra y 
Portugal, y los de las repúblicas americanas, especialmente las limítrofes de 
la nuestra, donde, además de los depósitos públicos, consta que existen, en 
poder de particulares, colecciones preciosas en lo relativo a nuestro interés 
nacional y cuya adquisición se haría, más de una vez, con relativamente es- 
caso dispendio. 

Complemento necesario de este plan de investigaciones sería también la 
institución de becas para el estudio, en los centros europeos, de los cursos de 
diplomática y trabajos prácticos de bibliotecas y archivos: aplicaciones que 
constituyen en todo país de plena civilización una aptitud profesional dife- 
renciada. 


559 



1911 


Mientras preparamos estos investigadores técnicos urge comenzar la ta- 
rea utilizando la laboriosidad y las luces de algunos de los emditos, formados 
por propia vocación, con que contamos en materia histórica. 

Por lo que toca a los archivos de España, a que se concreta el ensayo pro- 
puesto en mi proyecto, la diemora puede no significar en todos los casos una 
mera pérdida de tiempo. El estado de conservación de aquellos archivos, a 
pesar de la labor inteligente y esforzada del benemérito cuerpo de archiveros 
españoles, tiene que resentirse aún de las vicisitudes y de la desorganización 
de muchos años y de la instalación inapropiada en que permanecen algunos 
de ellos, como en el de Simancas; por lo cual el peligro de desaparición de 
verdaderas riquezas, que apuntaba el señor ministro Garabelli en su nota, es 
muy real y digno de tqmarse en cuenta. 

Apenas me parece necesario entrar en otro género de consideraciones. 

No sólo la creciente complejidad de nuestra cultura científica requiere 
ya que concedamos verdadera atención a un orden de estudios tan relacio- 
nado con los más altos intereses sociales como los que se refieren a la histo- 
ria, sino que, en nuestro país más que en otro alguno, esa atención debe ser 
considerada una exigencia imperiosa de la conciencia nacional. Hasta hace 
poco tiempo, nuestra literatura histórica fue siempre tributaria de la de paí- 
ses vecinos, cuya actividad en tales estudios se adelantó en mucho a la nues- 
tra; y esa circunstancia, además de reducir considerablemente el campo de 
investigación relativo a lo peculiarmente nuestro, contribuyó a presentar amen- 
guada y privada de sus más legítimos prestigios la participación de nuestro 
pueblo en páginas de la historia americana que al criterio extraño interesaba 
interpretar de modo adverso a la integridad de nuestras tradiciones patrióti- 
cas. Sólo el instinto popular salvó, durante muchos años, el culto de aquellos 
hechos y personalidades del pasado que no podíamos reivindicar, contra apa- 
sionadas detracciones, con la autoridad, de una historia que no teníamos es- 
crita. El esfuerzo meritísimo de investigadores y escritores que han carecido 
de otro estímulo que su noble y desinteresada vocación, tiende a llenar desde 
hace algún tiempo tan deplorable vacío; comenzamos a tener historia nues- 
tra; pero es necesario que a la iniciativa individual se una, para la prosecu- 
ción de esa obra, la cooperación decidida del Estado, única que puede tender 
eficazmente a acumular los elementos de investigación y de estudios cuya de- 


560 



1911 


ficiencia es el más poderoso obstáculo con que han luchado hasta ahora los 
que han querido dedicar sus afanes a escribir de historia nacional. 

Montevideo, 25 de marzo de 1911. 

José Enrique Rodó 

(D.S.C.RR. T. 208. Págs. 424-426) 

Pasa a la Comisión de Instrucción Pública. (VER Nos. 16, 50, 57). 


561 




1911 


P. 

11) CONMEMORACION DE LAS FECHAS DE DUELO NACIONAL. 

En la 20» Sesión Ordinaria del 25/3/911, Rodó presenta otro proyecto de ley: 


PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uru- 
guay, etc., etc. 


DECRETAN: 

Artículo 1^ — Desde la promulgación de la presente ley dejarán de con- 
memorarse las fechas declaradas, por leyes anteriores, de duelo nacional. 

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc. 

José Enrique Rodó 
Diputado por Montevideo 


EXPOSICION DE MOTIVOS 

La consagración, por la ley, de fechas permanentes de duelo nacional, es 
una extravagante originalidad de nuestras costumbres cívicas, que sólo pue- 
de subsistir por la inercia con que suelen mantenerse, en medio de la general 
indiferencia, los más absurdos legados de la tradición. 

Desde luego, la perpetuidad de estas conmemoraciones fúnebres pugna 
con todo concepto real de la vida y del espíritu de una sociedad humana. 

Se comprende, — y aún se justifica, — que, bajo la inmediata impresión 
de un acontecimiento que conmueve dolorosamente el ánimo público, quiera 
extenderse al porvenir la sombra de esa pena, y que, por más o menos tiem- 
po, se evoquen, como manifestación sensible del recuerdo, los signos de aque- 


563 



1911 


lia primitiva impresión. Pero no se justifica ni comprende que esto no haya 
de tener término con el paso de los años y la renovación de las generaciones. 
Aún en la limitadla din-ación de la vida doméstica, los duelos de familia de- 
ben ceder, y ceden, a la normalidad de la existencia, que vuelve a su cauce, 
y recobra su tono habitual, comenzando por abandonar las exterioridades del 
luto. 

Las fechas gloriosas, los días de júbilo y orgullo para la comunidad, tie- 
nen sí títulos suficientes con que perpetuarse y motivar imperecederas conme- 
moraciones, porque son en sí mismos una afirmación de vida, un estímulo 
perenne de los sentimientos que exaltan la vitalidad social y vinculan al por- 
venir con el pasado por el lazo de continuidad que se sobrepone a la muer- 
te, a los contrastes, a los dolores, y lleva triunfalmente adelante la entidad 
colectiva de un pueblo. 

Sólo una sociedad que se reconociera en condiciones persistentes de hu- 
millación y de luto; en secular esclavitud, como los polacos, o en perdurable 
expatriación, como los judíos, podría buscar naturalmente retemplar su sen- 
timiento patrio consagrando fechas constantes de duelo público, que en pue- 
blos progresistas, y libres no tienen razón de ser sino, a lo sumo, hasta cier- 
to tiempo después del infortunio o la calamidad que hayan interrumpido el 
ritmo normal de su existencia. 

Aún más de relieve aparece la anomalía de estas conmemoraciones en 
nuestro país si se consideran los motivos que las determinan. 

Nuestros duelos nacionales conmemoran el fallecimiento, en tiempos le- 
janos, de hombres ilustres de nuestra historia, que pagaron su tributo a la Na- 
turaleza después de haber desenvuelto ampliamente su personalidad y su obra, 
ganando gloria para sí y para su patria. 

Vincular al recuerdo del hecho natural de la muerte de un hombre, — des- 
pués de medio siglo, o más, de haber desaparecido de la tierra, y cuando han 
desaparecido también casi todos los que fueron sus contemporáneos, — la afec- 
tación de un dolor público imposible de sentir, es un convencionalismo repul- 
sivo en fuerza de su falsedad. 

A los hombres ilustres se les honra recordándoles en las mil formas con- 
sagradas por el uso universal: perpetuando su imagen en estatuas, y su vi- 
da en la historia; festejando el aniversario de sus triunfos, o de sus grandes 


564 



1911 


hechos, o el centenario del día en que vinieron al mundo: conmemoraciones 
todas que se asocian a sentimientos de entusiasmo y de júbilo, muy justifica- 
dos en las generaciones que se enorgullecen de ser las herederas y mantenedo- 
ras de su gloria: no se les honra señalando eternamente, con falsos signos de 
dolor, el día en que el cumplimiento de una ley natural dió necesario desen- 
lace a la obra fecunda que les sobrevive y constituye como la personalidad 
ideal en que se inmortalizan. 

Que, en algún caso, la muerte haya sido prematura o violenta, trayendo 
consigo la gloria del martirio, no basta para desvirtuar lo fundamental de las 
razones que he invocado: la absoluta impropiedad de «duelos» sempiternos en 
la vida de un pueblo que avanza y se renueva; tanto más cuanto que la abo- 
lición del «duelo oficial» no significa, para la historia, olvido ni renuncia a la 
aplicación severa de sus fallos y de sus castigos en la forma conciliable con 
la influencia aquietadora del tiempo. 

Nada más plausible y edificante, para la educación cívica de nuestro pue- 
blo, que la obra d,e fomentar en él la admiración y el culto de lo que hay de 
grande en su pasado; pero, precisamente, en interés de esa obra, deben pros- 
cribirse las falsedades y las vetusteces que tienden a que el sentimiento popu- 
lar no vea sino vanas ficciones en la conmemoración de los recuerdos que de- 
ben representársele con una viva y gloriosa realidad. 


José Enrique Rodó 


Montevideo, marzo 25 de 1911. 

(D.S.C.RR. T. 208. Págs. 426-427) 

Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación. (VER N’ 113). 


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1911 


M. 


12) EQUIPARACION DE LA COMPAÑIA DE INFANTERIA N* 7 CON LAS 
DEMAS UNIDADES DEL EJERCITO. 

El 21/12/910, el Poder Ejecutivo envía mensaje y proyecto de ley sobre el te- 
ma. La Comisión de Presupuesto de la XXIII Legislatura aconseja la aprobación 
del proyecto. La nueva Comisión de Presupuesto de la XXIV Legislatura ratifica 
el informe. Comienza a discutirse en la sesión del 25/3/911. En la 21* Sesión Ordi- 
naria del 23/3/911, continúa la discusión. Ante una moción, pidiendo el pase a Co- 
misión de un artículo a fin de enmendar un error en una planilla, expresa Rodó: 


SEÑOR RODO. — Yo creo, señor Presidente, que no vale la pena de pos- 
tergar para otra sesión una cuestión que se presenta tan sencilla como ésta. 

Me parece que basta considerar este asunto unos cuantos segundos para 
ver que no tiene otra solución que la que ha expuesto el doctor Mora Maga- 
riños. 

La planilla incluida aquí es la planilla íntegra, los gastos indicados son 
los gastos complementarios, son los que se agregan. 


SEÑOR AMEZAGA. — Porque están en la planilla número 58. 


SEÑOR RODO. — Con decir, como indicaba el doctor Mendívil, «com- 
plementarios* todo queda arreglado. 

Creo que la Honorable Cámara se dará cuenta de esto, y considerará la 
falta de necesidad de diferir más la consideración de este asunto. 


(D.S.C.RR. T. 208. Pág. 479) 

En principio, se vota negativamente la postergación, pero luego de un corto 
debate, pasa el asunto a Comisión. El proyecto es aprobado en la sesión del día 
13/6/911, pasando al Senado. 


567 




1911 


I. 


13) MAESTROS BECADOS EN MISION DE ESTUDIOS AL EXTRANJERO. 

Ante un proyecto de los Diputados Ferrer Oláis, L. Melian Lafinur y Martínez 
Thedy, la Comisión de Instrucción Pública se expide el 5/4/911, aconsejando el si- 
guiente informe y proyecto de ley: 


INFORME 


Comisión de Instrucción Pública. 

H. Cámara de Representantes: 

Vuestra Comisión ha estudiado con el detenimiento necesario, el proyec- 
to de ley que antecede, presentado por los diputados señores Ferrer Oláis, Me- 
lián Lafinur y Martínez Thedy, por el que se introducen algunas modificacio- 
nes a 1a ley de 13 de julio de 1909, sobre envío de maestros becados en mi- 
sión de estudios al extranjero; modificaciones referentes a las asignaciones que 
percibirán dichos maestros, pero que no alteran en lo más mínimo la índole y 
fines de la citada ley, y muy por el contrario, tienden a facilitar sus buenos 
resultados. 

Los fundamentos que se aducen en la respectiva exposición de motivos, 
son tan concluyentes y de una fuerza tal, que creemos innecesario agregar otros, 
para llevar al ánimo de la H. Cámara el convencimiento de que se hace in- 
dispensable la sanción de las alteraciones proyectadas. 

No hay por qué insistir con respecto a la exigüidad de las asignaciones 
actualmente fijadas, con las cuales habrán de solventar los maestros becados 
los gastos inherentes a la misión en sí, que los lleva a países extraños, lejanos, 
y con que harán frente a todos los gastos ordinarios de la vida. ¿Acaso no es 
de todos conocido el encarecimiento de las primeras necesidades, en los paí- 
ses de destino de los becados, principalmente en Estados Unidos de Norte Amé- 


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1911 


rica y Canadá, — para comprender que con